22 DE AGOSTO DE 2017 |
Sociedad

La fundación de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) aclaró que "cumple con todas las leyes, regulaciones ministeriales y normas internas" el título universitario del ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial Daniel Scioli, en respuesta a una denuncia.

La denuncia había sido presentada por la Fundación por la Paz y Cambio Climático por supuestas irregularidades en la obtención del título universitario del ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial Daniel Scioli.

En un comunicado oficial la fundación indicó que "cumple con todas las leyes, regulaciones ministeriales y normas internas" y aclaró que "dentro de estas, la ley no nos permite brindar información de alumnos ni graduados, salvo requerimiento judicial".

Recordó asimismo que el año pasado "la justicia pidió información de un alumno por demanda de la fundación presidida por Fernando Míguez" y aclaró que la casa de estudios cumplió "en tiempo y forma con todos los requerimientos de la justicia".

"En el marco de la misma, en fecha 15 de abril de 2016, el Juzgado Criminal Correccional y Federal número 9, secretaría número 17 desestimó la denuncia por inexistencia de delito", según precisó el comunicado.

Asimismo, la fundación de la universidad aclaró que "la fuente utilizada en recientes notas periodísticas corresponde a un ex docente que no tuvo participación alguna en los hechos objetos de este comunicado y, que a pesar de haber sido desvinculado en el marco de denuncias de alumnos, mantiene un reclamo contra la universidad".

Por último, el comunicado indica que "hasta la fecha no hemos recibido ningún otro requerimiento ni citación judicial".

Fuente: Télam

El juez de instrucción en lo criminal Luis Zelaya desestimó por inexistencia de delito una denuncia penal y sostuvo que se trata de un tema de competencia comercial, en un fallo que ya fue apelado y debe resolver la Cámara del Crimen, informaron fuentes judiciales.

"Todo parece girar en derredor de la disconformidad de los denunciantes con la aparición de un competidor comercial. Sin embargo, todo indica también que este fuero penal no es la vía apropiada para resolver el conflicto", sostuvo Zelaya en su fallo al desestimar la denuncia penal, dijeron las fuentes.

El fallo del magistrado ya fue apelado por el estudio de abogados Cúneo Libarona, en representación de los taxistas y el tema será resuelto por la sala V de la Cámara del Crimen.

En el fallo de primera instancia Zelaya dio la razón al fiscal del caso, Jorge Ballestero, quien había dictaminado a favor de archivar la denuncia por inexistencia de delito.

“Más allá de la conflictividad que -sobre todo mediáticamente- ha desatado la aparición de UBER, lo concreto, lo real, es que, no se observa que en la vida cotidiana de los porteños se haya visto alterada la regularidad y eficiencia del servicio público de transporte individual de pasajeros ni cualquier otro, por cierto”, sostuvo el juez.

Para Zelaya los choferes de Uber realizan "una actividad comercial lícita" con posibilidad de cometer faltas administrativas o de tránsito que no son delitos penales.

Los 33 choferes de Uber habían sido denunciados por supuesto "entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita”.

“No parece lógico que la intención de los acusados esté o haya estado orientada a entorpecer el transporte al que pretenden sumar sus servicios”, concluyó Zelaya en el fallo.

Fuente: Télam

El gobernador de Formosa se desligó "cualquier tipo de vinculación" familiar en la causa judicial que investiga la detención en las rutas provinciales de un camión, supestamente propiedad de un familiar suyo, que transportaba gran cantidad de marihuana.

En una solicitada titulada "La Calumnia" y publicada en distintos matutinos porteños, Gildo Insfrán hizo su descargo sobre los acontecimientos y ratificó: "No me preocupa que se hagan operaciones de todo tipo, ya que no van a lograr que me calle ni que ceje en la defensa de los intereses de todos los formoseños".

"Ante trascendidos periodísticos que intentan vincular mi nombre a una causa judicial relacionada con un hecho de narcotráfico, ocurrido en días pasados, estimo necesario poner evidencia la falta de fundamentos y la intencionalidad política de esta operación maliciosa", comienza el texto.

"Esta práctica deleznable se ha vuelto habitual entre quienes no conocen otra herramienta política que no sea el agravio, la difamación y el daño a la dignidad de individuos y de la comunidad fomoseña general", remarcó.

Para el gobernador "a esta nueva operación no solo se suman dirigentes políticos opositores con sus mezquinos intereses y medios de comunicación afines, sino que el principal vocero de la misma es un ex intendente de la Unión Cívica Radical de la ciudad de Formosa y actual periodista de Radio Nacional que ya fuera condenado por la Justicia por mancillar la memoria de mi hijo y los sentimientos de mi familia".

Según Insfrán, "lamentablemente también forma parte activa de este accionar ruin el senador nacional de mi provincia por la minoría, quien debería obrar con mayor responsabilidad dada su investidura institucional".

"A partir de declaraciones periodísticas temerarias se pretende involucrarme con distintas personas que son objeto de una investigación judicial. Expreso enfáticamente que ni mis hermanos ni sus hijos se encuentran vinculados a causa judicial alguna. Se dan por ciertos, hechos que son falsos o circunstancias que corresponden ser investigadas por la Justicia", sostuvo.

Para el caudillo peronista, quien gobierna Formosa desde el 1995, "por todo ello espero que las instancias judiciales competentes avancen con rapidez y rigurosidad que el caso amerita, a fin de llegar a la verdad y sancionar a quienes resulten responsables con todo el peso de la ley".

"Ratifico mi compromiso personal y el de mi Gobierno de Tolerancia Cero para con el Narcotráfico, que tanto daño provoca a nuestras comunidades, y seguiremos fortaleciendo nuestras políticas integrales para la prevención y asistencia frente a la problemática de las adicciones", reafirmó.

Finalmente, reiteró "lo que expresé públicamente y frente a mi pueblo días atrás: no me preocupa que se hagan operaciones de todo tipo, ya que no van a lograr que me calle ni que ceje en la defensa de los intereses de todos los formoseños".

Fuente: Télam

En la denuncia se había señalado que el Estado habría financiado mediante una contratación directa 25 capítulos de una novela protagonizada por Andrea del Boca y producida por “a+A Group”, dirigida por dicha actriz y su hermano, Nicolás del Boca.

El fiscal Federico Delgado imputó este jueves al ex ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo, Julio De Vido, y a la actriz Andrea Del Boca por destinar fondos públicos para la grabación de una telenovela que, finalmente, nunca se exhibió.

De esta forma, dio impulso a la investigación de una denuncia presentada la semana pasada por el abogado Ricardo Monner Sans, titular de la Asociación Civil Anticorrupción, que apuntaba al financiamiento y la contratación directa para la producción y grabación de 25 capítulos de una novela producida por parte de la empresa 'a+A Group' a través de un convenio con la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

Ahora, el juez federal Sebastián Casanello deberá analizar si da lugar a las medidas de prueba requeridas por el fiscal Federico Delgado, entre ellas que se cite a prestar declaración testimonial a “todas las personas que intervinieron en la novela, es decir a actores, camarógrafos, iluminadores, sonidistas, entre otros”.

Además, en el dictamen que emitió este jueves, el representante del Ministerio Público Fiscal entendió que “el juez debería convocar a expertos en derecho administrativo para determinar si la contratación se realizó conforme a la normativa vigente”.

En su denuncia, el abogado Ricardo Monner Sans había señalado que “el Estado Nacional habría financiado mediante una contratación directa 25 capítulos de una novela protagonizada por Andrea del Boca y producida por “a+A Group”, dirigida por dicha actriz y su hermano, Nicolás del Boca”.

“El dinero público, que ascendió a 36.582.468 de pesos, habría salido del presupuesto del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, por entonces a cargo de Julio De Vido, para ser entregado a la productora previa firma de un convenio con la Universidad Nacional de San Martín”, agregó.

En ese marco, al imputar a Andrea Del Boca y a Julio de Vido, entre otros denunciados, el fiscal Federico Delgado sugirió al juez Casanello solicitar a la Oficina Anticorrupción que informe “si se han iniciado actuaciones al respecto y, en su caso, remita copias”.

También, recomendó “convocar a expertos en derecho administrativo para determinar si la contratación se realizó conforme a la normativa vigente”.

A su vez, indicó que “correspondería establecer el criterio con que se decidió suministrar el dinero, las cuentas bancarias utilizadas para canalizarlo y obtener el acta constitutiva de la productora 'a+A Group'”.

En tanto, en relación a un escrito de ampliación de su denuncia presentado por Monner Sans, Delgado pidió convocar al testigo “para que ratifique la información aportada, especifique cómo la obtuvo y brinde razón de sus dichos”.

También, planteó que “debería evaluarse si corresponde reservar su identidad como lo solicita el denunciante”.

Fuente: Télam

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