23 DE AGOSTO DE 2017 |
Sociedad

La diputada consideró que "hay que separar (al titular de la AFI) como se hizo con Juan José Gómez Centurión", en referencia a las denuncias sobre la supuesta transferencia de casi 600.000 dólares en cinco operaciones a una cuenta del funcionario.

No obstante el ministro de Justicia Germán Garavano, dijo a Télam que "por ahora, estamos simplemente frente a un cúmulo de insinuaciones, y a un hecho en el que se ha brindado una explicación".

Stolbizer afirmó en TN que la denuncia, presentada en la justicia por integrantes del bloque del FpV, "es terriblemente grave por la cercanía de Arribas con (el presidente) Mauricio Macri" y opinó que el mandatario debería ser "el primer interesado en que todo se aclare".

También lo consideró "grave", porque "Odebrecht en Argentina reconoce haber pagado 35 millones de dólares de coima. Ahí hay varias obras: una de las obras es el soterramiento del ferrocarril Sarmiento", afirmó, tras lo cual consideró que "el Presidente debe tener frente a esto una actitud mucho más firme y decir inmediatamente 'lo separo', como hicieron con Juan José Gómez Centurión, de separar a Arribas".

"Es lo que corresponde, es mucho más grave esta situación y además hay una investigación que empieza y puede tener muchas aristas", dijo, y ejemplificó con "no haber denunciado la UIF, esto acá falló, porque haber tenido el alerta y no haberlo llevado a la Justicia es muy complicado".

Además evaluó que se trata de "una trama que va a haber que desenredar, insisto, por la cercanía con el Presidente que era el Jefe de Gobierno para esa época donde también tenían ellos mucho que ver con el soterramiento del Sarmiento y la empresa IECSA, era la empresa líder, y después yo desconozco el motivo por el que IECSA deja de tener el liderazgo y lo tiene Odebrecht".

"Macri debería ser el primer interesado en que estas cuestiones se investiguen para despejar dudas", afirmó la diputada.

El jueves Garavano valoró que Arribas se haya expresado sobre la acusación, ya que el titular de la AFI reconoció haber recibido un pago de Leonardo Meirelles por más de 70.000 dólares por la venta de un inmueble en San Pablo, pero negó las otras cuatro operaciones que se le atribuyen.

"Él ya brindó rápidamente una explicación, seguramente aporte los elementos para dar esa explicación", opinó Garavano, quien no consideró que el jefe de los espías merezca ser separado de su cargo.

"Entiendo que no (debe ser apartado). Después, según como evolucione la cuestión, se verá, es una decisión del presidente", planteó el ministro.

En un artículo publicado por La Nación, se denunció que Meirelles, un cambista condenado en Brasil por el Lava Jato, hizo en septiembre de 2013 cinco transferencias por 594.518 dólares a una cuenta en suiza de Arribas.

La nota puntualiza que esos giros se produjeron un día después de que se revitalizara el contrato de la obra para el soterramiento del tren Sarmiento para Odebrecht.

Fuente: Télam

La Sala I de la Cámara de Casación Penal ordenó ayer investigar la denuncia que el fallecido fiscal Alberto Nisman presentó hace casi dos años contra la ex presidenta Cristina Kirchner por el supuesto encubrimiento del atentado a la Amia ocurrido en 1994. La denuncia de Nisman será investigada por el juez Ariel Lijo

En un fallo dividido, el máximo tribunal penal del país revirtió las resoluciones del juez federal Daniel Rafecas y de la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, que habían desestimado en dos oportunidades la denuncia del entonces titular de la UFI-AMIA.

Para ello, Casación no solo revocó esas sentencias, sino que los apartó de la causa, ordenando que por sorteo se designe un nuevo juez para que investigue la denuncia, lo que ocurriría mañana, en el último día de actividad judicial antes de la feria de enero.
Nisman hizo su presentación el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de ser hallado muerto en su departamento con un tiro en la cabeza.

El encargado de investigar el atentado a la mutual judía, ocurrido el 18 de julio de 1994, denunció que el Memorándum de Entendimiento con Irán, firmado en 2013, escondía "un intento de liberar de responsabilidades" a los funcionarios iraníes sindicados como autores de la voladura que provocó 85 muertos y centenares de heridos a cambio de incentivar las relaciones comerciales entre Argentina y la República Islámica.

Ademas de la ex presidenta, Nisman señaló al entonces canciller Héctor Timerman ; al diputado y jefe de La Cámpora, Andrés "Cuervo" Larroque; a Luis D'Elía y Fernando Esteche ; al supuesto agente inorgánico de la ex SIDE Allan Bogado, y al ex juez Héctor Yrimia.

Audio en el que Timerman dice "Si fueran otros (en vez de Irán) no hubieran puesto la bomba”

"La maniobra denunciada ameritaba por parte de los órganos jurisdiccionales intervinientes un tratamiento más profundo de las cuestiones que habían sido planteadas", sostuvo el camarista Gustavo Hornos, en un voto de mayoría.

También sostuvo "la necesidad de explorar los hechos denunciados desde su propia definición, confrontándolos con los elementos probatorios que las partes estimaron conducentes e interpretándolos a la luz del ordenamiento legal", lo que sólo podrá ser posible a partir de la realización de una pesquisa seria y genuina.

La resolución de Casación se adoptó por la mayoría que se constituyó con el voto de los camaristas subrogantes Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, mientras que la presidenta de la Sala, la camarista Ana María Figueroa, votó de manera diferenciada, aunque compartió con sus colegas que la DAIA sea tenida como querellante.

La entidad, que encarna la representación política de la comunidad judía, había reclamado en agosto la reapertura del expediente, cerrado hasta allí tanto por Rafecas como por la Cámara Federal, quienes desestimaron la denuncia de Nisman aduciendo la ausencia de delito.

En ambos casos, juez y camaristas fallaron contra el dictamen de los fiscales Gerardo Polllicita y Germán Moldes, respectivamente, en tanto el fiscal ante Casación, Javier De Luca, desistió de la acción penal.

Para ello, la DAIA reclamó ser tenida como querellante y adujo la existencia de nuevas probanzas, en especial un diálogo telefónico entre su ex directivo Guillermo Borger con Timerman.

En su fallo de mayoría, Hornos cuestionó duramente la resolución original de Rafecas, de abril de 2015, quien consideró innecesario realizar una batería de medidas pedidas por el fiscal Pollicita aduciendo que como el tratado nunca se había puesto en funcionamiento, entre otras cosas porque Irán no lo había refrendado, no existía delito.

Hornos resaltó en su voto "la imposibilidad de arribar válidamente a un pronunciamiento desestimatorio, hasta tanto no se produjeran las medidas de prueba conducentes para el esclarecimiento del delito. Ello así, en particular, cuando la gravedad del caso lo reclamara especialmente".

Criticó así "la desestimación de la denuncia (que) destruiría la posibilidad de investigar lo que aquellos elementos reclaman, que es, precisamente, la necesidad de descartar o acreditar la hipótesis imputativa esgrimida por el requirente".

A su vez, Borinsky resaltó en su voto que la declaración de inconstitucionalidad del Memorándum con Irán, "determinó definitivamente la imposibilidad de su aplicación", pero "de ello no se deriva necesariamente (al contrario de lo afirmado en las instancias anteriores) que corresponda descartar sin más el análisis reclamado por los acusadores en las instancias previas y la D.A.I.A."

Uno y otro reclamaron que no se hubieran concretado las medidas de prueba requeridas por la fiscalía de Pollicita y que hubiera priorizado su criterio de la "orfandad probatoria" de la denuncia de Nisman, lo que a su entender provocó un cierre "prematuro" del expediente.

Este criterio fue compartido por Figueroa, quien sin embargo, en un voto claramente diferenciado, consideró vulneratorio del principio del "juez natural" que el trámite hubiera recaído en la Sala I, que preside, y no en la Sala II, donde, según sostuvo, se habían tratado todas las causas conexas con el atentado de 1994, así como que deslizó críticas a que estuviera integrada mayormente por subrogantes.

La denuncia de Nisman será investigada por el juez Ariel Lijo

La causa contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, y otros ex funcionarios por presunto encubrimiento de los imputados iraníes por el atentado a la Amia será investigada por el juez federal Ariel Lijo, según determinó el sorteo de rigor realizado esta mañana por la Cámara Federal porteña tras el fallo de Casación que ordenó abrir una investigación en base a la denuncia que realizara el luego fallecido fiscal Alberto Nisman.

Al respecto, el ministro de Justicia, Germán Garavano, calificó de "valiente" la decisión de la Cámara de Casación de reabrir la causa que investiga la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman respecto del atentado de la AMIA, y consideró que era algo "extraño" que "un caso que había denunciado un fiscal y promovido otro, con muchas medidas de prueba, siquiera se abriera".

"Era una cosa extraña que un caso que había denunciado un fiscal y promovido otro, con muchas medidas de prueba, siquiera se abriera. Vemos todos los días que se abren causas contra funcionarios del actual gobierno y, haber cerrado este caso sin siquiera eso, era llamativo", dijo el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos en diálogo con radio Mitre. Agregó que en su decisión la Cámara de Casación tuvo "una decisión valiente y unánime para que se investigue y se verifique", y destacó que "ese es el ejercicio más valioso de este año, que el gobierno respeta la independencia judicial y la Justicia puede trabajar sin distorsiones, para que se abran los casos y puedan ser investigados".

Fuente: Télam

Gianfranco Macri

A partir de información provista por la fiscalía de Hamburgo, Alemania, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció penalmente a dos hermanos del presidente Mauricio Macri.

Se trata de Gianfranco y Mariano Macri, ambos investigados por evasión impositiva y lavado de activos a partir de maniobras detectadas en las sociedades BF Corporation SA, con base en Panamá, y EQT SA, de Uruguay, según informó La Nación este miércoles.

La denuncia fue realizada ante el juzgado de Sebastián Casanello, donde el fiscal federal Federico Delgado ya investiga a la familia Macri por las sociedades en paraísos fiscales.

La investigación surgió en Alemania a partir de los Panamá Papers. Allí detectaron que había cuentas y sociedades de 70 argentinos vinculados con bancos alemanes y paraísos fiscales.

Desde la justicia alemana enviaron la información a Interpol y desde allí al Ministerio Publico Fiscal, que recibió la documentación en agosto.

La Procelac remitió una parte de los datos hallados a la justicia alemana para que continuara la investigación. Por otro lado, inició con esa información investigaciones preliminares que concluyeron en 20 denuncias penales, los hermanos Macri y 18 casos más, mientras que 4 casos fueron archivados.

La mayoría fueron a parar al fuero Penal Económico. Las denuncias a la familia Macri fueron al juzgado de Casanello.

¿Qué encontró la justicia alemana? Dos empresas que aparecen vinculadas a los hermanos del presidente, BF Corporation SA y EQT SA, pero en la que Mariano y Gianfranco no aparecen como directivos. Las dos empresas realizaron movimientos sospechosos con el banco alemán UBS Deutschland.

Además de los hermanos Macri, aparece sospechado Santiago Lussich Torrendell, quien ya declaró en la causa madre que lleva Casanello como quien creó en las Bahamas la firma Fleg Traiding a pedido de Franco Macri, padre del presidente. En esa firma también aparece Mauricio Macri como vicepresidente y Mariano como secretario.

La diputada nacional, Elisa Carrió, los acusó de presuntas "negociaciones incompatibles con la función pública", por haber, supuestamente, beneficiado a empresas privadas de las que fueron empleados jerárquicos antes de asumir sus cargos

La denuncia quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadío, tras ser sorteada en la Cámara Federal porteña y el fiscal federal Carlos Rívolo deberá determinar si hay elementos para impulsarla.

Los denunciados son el secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda; el subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik; y el director nacional de Gas Licuado de Petróleo, Luis Barile.

Carrió pidió investigar si los tres pudieron haber firmado resoluciones, hecho gestiones o haberse interesado de manera personal "en operaciones vinculadas a empresas de las que fueron parte" antes de llegar a la función pública.

Ello habría afectado la "imparcialidad" y "fidelidad" en el desempeño de sus funciones, consideró la diputada en su denuncia, a la que accedió Télam.

En particular se refirió a la distribución entre las empresas fraccionadoras de gas licuado, de los cupos de gas propano para ser envasados, "fijando además las bocas de carga autorizadas para el aprovisionamiento del fluido".

"Esos permisos terminan definiendo la extensión de los beneficios de cada empresa, en el marco del mercado de las garrafas sociales", agregó Carrió.

La diputada argumentó que los denunciados desempeñaron "cargos jerárquicos en las principales petroleras" del país antes de ser nombrados por Aranguren en su cartera.

En este sentido, señaló el caso de Sureda, quien entre 1999 y 2015 fue vicepresidente de ventas de Pan American Energy, la mayor productora de crudo.

En tanto, sobre Popik argumentó que trabajó para Repsol YPF y, luego, en Exxon y Axion Energy.

Además, denunció que a través de resoluciones firmadas el 7 de junio y el 2 de agosto pasado, los funcionarios denunciados "habrían beneficiado directa yo indirectamente a tres empresas: Pan American Energy (PAE) y Panamerican SUR SA, eximiéndolas de sus respectivos aportes de fluidos previstos desde el año 2005, en beneficio de las garrafas sociales que se distribuyen en el mercado a menor valor".

En relación a una tercera empresa, Refinol SA, Carrió indicó que se habría beneficiado con una deducción sustancial de la carga que tenía impuesta.

"Estos posibles beneficios a las empresas mencionadas antes habrían derivado de actos administrativos en los que están directamente interesados los denunciados y en cuyas gestiones no sólo se han interesado, sino que han participado", agregó.

En ese contexto, remarcó que, en caso de que estos actos hayan sido "convalidados directamente por el propio Ministro Aranguren, no lo exime de las consecuencias del tipo penal, en tanto las jerarquías funcionales y su directo interés en ellos".

Además, en su denuncia, que primero deberá analizar el fiscal Rívolo, Carrió aseguró tener información sobre funcionarios de esa cartera que se negaron a convalidar los actos administrativos resueltos, a los que esa postura les habría valido "la inmediata separación".

"El incumplimiento en el que incurrieron las empresas habría sido subsidiado con gas importado provisto por Enarsa a las fraccionadoras", concluyó la diputada de la Coalición Cívica, aliada del frente oficialista Cambiemos.

FUente: Télam

Página 5 de 74

SEGUINOS. CONECTATE

Para comunicarte con GENTE-BA:

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

facebook.com/periodicogenteba

@genteba

Fotogaleria

Could not open a directory stream for /var/www/clients/client207/web310/web/images/stories/show/