22 DE AGOSTO DE 2017 |
Sociedad

Dos fiscales federales pidieron que se cite a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner y a otros 33 acusados por montar una "operatoria criminal" orientada a sustraer fondos públicos mediante la "asignación discrecional" de obra pública en Santa Cruz a favor del detenido empresario Lázaro Báez.

La acusación que recayó sobre la ex presidenta es por supuesta defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles al darse por probado que el 80 por ciento de la obra pública en esa provincia durante el kirchnerismo se adjudicó a Báez, por "más de 16.000 millones de pesos", según el dictamen al que accedió Télam.

El pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques se hizo al juez federal Julián Ercolini, en esta causa que se tramita de manera conexa a la de Hotesur, donde se investiga el alquiler de hoteles de esa sociedad de la familia de la ex presidenta a empresas beneficiadas con obra pública, informaron fuentes judiciales.

Fuentes del juzgado anticiparon que el dictamen será estudiado y luego se resolverá si se hace lugar al planteo de los fiscales.

Pollicita y Mahiques analizaron informes de Vialidad Nacional sobre 49 obras públicas adjudicadas a empresas de Báez en el kirchnerismo, y pidieron indagar a la ex presidenta, al ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido, al detenido ex secretario de Obras Públicas José López y al también preso Lázaro Báez, entre otros.

También se pidió la indagatoria del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y de un primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, y se pidió la inhibición general de bienes de todos los imputados.

Para los fiscales, se ideó una "operatoria criminal" para montar "una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos".

A través de ella -detalla el dictamen- "desde el Poder Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con intervención en materia de obra pública —en este caso, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz— se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, lo que representó contratación del Estado en favor de Lázaro Antonio Báez por más de 16.000 millones de pesos".

Esto se da en el marco de la investigación por la existencia de una supuesta asociación ilícita "dirigida desde la más altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en primer término por el ex presidente Néstor Kirchner y luego por su esposa, la ex primer mandataria Cristina Fernández de Kirchner".

Ambos, "conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos, entre los que se puede mencionar a Lázaro Antonio Báez, se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad ", recordaron los fiscales.

Báez era "el amigo y socio comercial de la ex familia presidencial", y resultó "el más beneficiado en los procesos de licitación, adjudicación y control de obra pública vial que eran asignados a las empresas de su grupo económico —entre ellas, Austral Construcciones, Kank y  Costilla, Gotti y sucesión de Adelmo Biancalani",  explicaron los fiscales.

En este sentido, señalaron que, "paralelamente, le garantizaba a los Kirchner, ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros, lo que evidencia que esta maniobra podría tratarse del paso previo de la hipótesis de lavado de dinero que se investiga en la causa conexa denominada “Hotesur”".

La ex presidenta ya está procesada en otra causa por la venta de dólar futuro al final de su gobierno y es investigada además por su sociedad Los Sauces, ambas a cargo del juez federal Claudio Bonadio.

En tanto Báez está detenido por orden del juez federal Sebastián Casanello en la causa que investiga lavado de activos a través de su empresa Austral Construcciones. (Télam)

En un nuevo informe del Barómetro de la Deuda Social advirtió al Gobierno sobre la falta de "protección social" ante las medidas adoptadas en 8 meses y le pide "una distribución socialmente más equitativa".

Un nuevo informe del Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) advirtió al gobierno de Mauricio Macri sobre la falta de "protección social" ante las medidas adoptadas en 8 meses de gestión, al tiempo que le atribuye la creación de 'nuevos pobres' y le pide "una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles".

Con el título "Tiempo de balance: deudas sociales pendientes al final del Bicentenario. Necesidad de atender las demandas del desarrollo humano con mayor equidad e inclusión social", el informe fue presentado esta tarde en el campus Puerto Madero de la UCA por el rector de la casa de estudios, monseñor Víctor Manuel Fernández; y el director de investigación del Observatorio de la Deuda Social, Agustín Salvia, con comentarios de José Nun, María del Carmen Feijoó y Daniel Arroyo.

Con la coordinación de Salvia, el equipo de la UCA relevó información de la situación social del país entre el 2010 y y el 2015, es decir, los últimos 5 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y lo difundió hoy como un "diagnóstico cierto de la efectiva situación social heredada" por la administración de Mauricio Macri y los "urgentes desafíos" que se plantean.

Silva explicó que el informe permitió establecer que, entre diciembre y abril último, la cantidad de pobres aumentó en un 1,4 millón y que "más de 400 mil personas se sumaron a la indigencia", en un contexto en el que -resaltó- "los programas sociales fueron un buen cinturón de seguridad" para los sectores más desprotegidos.

El trabajo mantiene un equilibrio entre "los graves errores cometidos en materia de política socioeconómica" de los últimos años que, según Silva, no contribuyeron a erradicar la "pobreza extrema" (que afecta a 4 millones de personas) y los "costos sociales que están generando las medidas de ajuste importante durante los últimos meses".

Como una de sus conclusiones finales, el estudio advirtió que "no cabe esperar un derrame social sin un modelo que integre subsidiariamente al sistema socioproductivo moderno y eleve la productividad de los sectores informales protegiendo los derechos de los trabajadores".

En una detallada síntesis, Silva resaltó como objetivos "imprescindibles para no profundizar la brecha de pobreza" que los sectores sociales más postergados accedan a la "seguridad social y a programas de transferencias de ingresos".

Del informe se desprende que entre 2010 y el 2015 "mejoró el empleo decente" para la franja de trabajadores con mejores condiciones laborales, que agrupa al 43 por ciento del total de personas con capacidad laboral plena en los centros urbanos, de acuerdo con un relevamiento sobre 5700 hogares y 14 mil entrevistados de 20 ciudades/localidades.

En la introducción, si bien se destaca que el gobierno de Macri busca "soluciones más estructurales en la lucha contra la pobreza a través de un régimen de mayor libertad económica y seguridad jurídica, a partir de lo cual confía en lograr un derrame de inversiones, empleo y bienestar" considera que se han tomado medidas de alivio para atravesar la "tan inevitable como dolorosa transición" pero que -por lo general- se adoptaron "de manera tardía".

Entre esas medidas se destaca el aumento en las prestaciones por jubilación y pensión, programas sociales y asignaciones familiares; decretos de transferencias extraordinarias; reducción del mínimo no imponible de ganancias; ampliación de las tarifas sociales; adelantamiento del consejo del salario mínimo; mantenimiento del sistema de precios cuidados; mejoramiento de los servicios públicos; reducción parcial del IVA a los alimentos para beneficiarios de programas sociales y jubilados.

En ese marco, advierte que "el mayor riesgo social no sólo lo está experimentando la población más vulnerable que depende de la ayuda social", sino también los "millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales", quienes -según señala el informe- no recibieron una "especial protección social frente a la actual fase de caída del consumo, aumento de los precios y mayor riesgo de despido o caída de la actividad".

El informe indica que a este segmento de la población "no llegan los aumentos por paritarias, ni las tasas de interés favorables, ni las tarifas sociales, ni el salario familiar, ni los aumentos en los programas sociales" y considera a esta "masa de segmentos vulnerables de clase media baja o sectores populares" como los "'nuevos pobres' que emergen de medidas normalizadoras adoptadas por el actual gobierno".

Asimismo se reconoce que el gobierno necesita "tiempo" para que la economía comience a crecer, pero advierte que "muy poco se logrará al respecto si durante este duro tránsito no hay una distribución socialmente más equitativa de los costos del ajuste y de los recursos disponibles".

En el primer capítulo del informe, en el que se presentan datos sobre la pobreza estructural a partir de la inseguridad alimentaria y las necesidades básicas insatisfechas, se indica que las tasas de pobreza experimentaron una "importante reducción" entre 2010 y 2011, pero que "esta situación cambia, y la pobreza tiende a crecer entre 2012 y 2015".

"La evolución en el tiempo de los indicadores de marginalidad estructural indica que tanto la Inseguridad Alimentaria (IA) como el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) evidencian un descenso entre 2010 y 2015", se remarca.

En cuanto a los ingresos monetarios, indica que "se registra una fuerte mejora en los ingresos reales entre 2010 y 2011, en el marco de un proceso de reactivación económica y mejoras en las políticas laborales y sociales; luego, se observa un descenso y posterior amesetamiento en 2012-2013, en un contexto económico crecientemente inflacionario y recesivo; y, por último, en ese mismo contexto de relativo estancamiento con inflación, se hacen presentes nuevos retrocesos en 2014 y 2015".

La audiencia entre la ex presidenta y la diputada del GEN terminó poco después de las 11.30. Antes, Fernández de Kirchner había adelantado su intención de presentar una denuncia por "asociación ilícita" contra Stolbizer y Bonadio, mientras que la legisladora anticipó que mantendría sus dichos.

La mediación entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la diputada nacional Margarita Stolbizer en la causa por daños y perjuicios que la ex mandataria impulsa contra la legisladora finalizó esta mañana sin acuerdo, y tras la firma de los letrados del acta correspondiente la instancia de conciliación terminó poco después de las 11.30, y el proceso se encamina a la apertura del juicio civil.

Stolbizer fue la primera en retirarse del estudio de la mediadora María Etelvina Notari ubicado en Viamonte al 1300 de esta capital.

La diputada no formuló declaraciones y partió entre los abucheos y reprobaciones de un grupo de manifestantes que se acercó a expresar su apoyo a la ex mandataria.

Cerca de las 11.40, Cristina Kirchner salió del edificio de Viamonte 1355 y, tras tomarse unas fotografías junto a algunos simpatizantes que lograron sortear el vallado dispuesto por el ministerio de Seguridad, se marchó rumbo a su departamento del barrio de la Recoleta junto a su custodia a bordo de un automóvil blanco.

La ex presidenta había arribado en primer lugar cerca de las 10.30 al estudio de Notari, junto al abogado Gregorio Dalbón, quien la representa en esta causa y que ya había adelantado a la prensa que su objetivo es avanzar con el juicio, desestimando la instancia de negociación.

Stolbizer había llegado poco después para enfrentar las acusaciones de la ex presidenta por "calumnias e injurias" y "daño moral".

"Se puede negociar cualquier cuestión pero el honor no se negocia", dijo Dalbón previo a la audiencia al traspasar el vallado dispuesto por el ministerio de Seguridad y que impidió a la prensa acceder a las puertas del estudio en el que se realizó la mediación, medida que fue criticada por el letrado previamente por las redes sociales y luego al dialogar con los medios en el lugar.


"La Constitución Nacional indica que la inmunidad de los legisladores tiene límites. Un legislador no puede salir difamando constantemente amparándose en el artículo 68", dijo Dalbón sobre Stolbizer, y recalcó que su defendida es "una persona de a pie, que no tiene fueros, que va a hacer una defensa de su honor, que no tiene nada que ver con las causas de corrupción de las que hablan".

Fuente: Télam

Lo indicó la ex presidenta, en el marco de una charla debate en la facultad de Filosofía y Letras de la UBA. "Cuando un gobierno tiene ideas cortas necesita bastones largos", disparó la ex mandataria.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió ayer que en la actualidad del país "la mano viene para bastones muy largos", en el marco de una charla debate en la facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Y añadió: "los bastones largos se comparecen con los gobiernos de ideas cortas, porque cuando un gobierno tiene ideas cortas necesita bastones largos".

Ante científicos, académicos y estudiantes, Cristina Kirchner reiteró: "Ojo, la mano viene para bastones muy largos", y agregó que "estos gobiernos tocan a todos los que quieren pensar un modelo social diferente".


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Al calificar al actual gobierno nacional, consideró que "por el modelo explicitado está más vinculado a una Argentina pre peronista y tiene que ver más con un modelo de reprimerización de nuestras exportaciones", en referencia al modelo agroexportador del siglo XIX y principios del XX.

Luego, Cristina Kirchner resaltó la gestión de su gobierno respecto de la educación universitaria, la ciencia y la tecnología, al afirmar que "la pesada herencia fue poner como principal objetivo la ciencia y la tecnología, lo que permitió repatriar más de mil científicos y crecer el presupuesto de la universidad pública, entre otras cosas".

La 'Noche de los bastones largos' se conoce a la represión militar del 29 de julio de 1966 a directores, profesores y estudiantes universitarios que estaban en las casas de altos estudios nacionales que habían sido intervenidas por un decreto del dictador Juan Carlos Onganía con el objetivo de la "depuración académica".

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