24 DE FEBRERO DE 2018 |
Salud

Empleados, socios y directivos de la empresa de servicios públicos rechazan la pérdida de la prestación que realizan hace 60 años, a manos de la Dirección de Energía de Corrientes (DPEC), que llegó esta tarde con la Policía provincial para hacer efectivo un decreto del Ejecutivo al que consideran "ilegítimo e ilegal" y que está, de hecho, judicializado. Federaciones y confederaciones apoyan el reclamo.

Pese al intento de diálogo con el gobernador correntino, Gustavo Valdes, por parte de la Cooperativa de Servicios Públicos de Gobernador Virasoro, al que se sumaron federaciones provinciales, nacionales y confederaciones, operarios de la DPEC llegaron hace algunas horas junto con varios uniformados a tomar posesión de la sub-estación transformadora que es propiedad de los socios de esa entidad.

De esa manera intentan hacer efectivo el decreto 3253/16, firmado por el anterior mandatario, Ricardo Colombi, para dar fin de la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica por parte de la Cooperativa, que de este modo pierde el 70 por ciento de sus ingresos y pone en riesgo las prestaciones de energía eléctrica, gas, agua, cloacas, sepelio y agua envasada, además de ochenta puestos de trabajo.

Así lo advirtieron desde hace varias semanas y hoy durante toda la jornada los directivos de la Cooperativa, que nació en 1960 para brindar electrificación rural y en las décadas siguientes fue incorporando todos los demás servicios para su comunidad.

Para defender esa trayectoria y su actual prestación eléctrica, decidieron cortar la Ruta 14 y reiterar el pedido de diálogo con las autoridades provinciales. Esta instancia fue requerida no sólo por las autoridades de la empresa sino también por la Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos (FACE), la Federación de Cooperativas de Corrientes (FEDECOOP), la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones (FECEM).

La propuesta de las instituciones del sector cooperativo, acercada a Valdés hace varios días, es revisar esta decisión administrativa, respetar el proceso judicial en curso y reabrir una instancia de diálogo que busque preservar el interés de los usuarios para "fortalecer el camino participativo, autogestivo y democrático que propone el cooperativismo".

La Cooperativa de Virasoro tiene más de 3.000 kilómetros de líneas eléctricas tendidas, más de 1.500 transformadores que son propiedad de sus 11.000 socios, mantenidas con recursos propios, que llegan a las localidades de Ituzaingó, San Carlos, Liebig, Garruchos, Garabí, Santo Tomé y Paraje San Justo. Actualmente, tiene el 85% de las líneas instaladas en el área de concesión. Según explicaron a medios locales, esta presencia permitió en los últimos veinte años la radicación de unas 70 industrias y el crecimiento de 700 a 3000 usuarios de energía en la zona.

El Gobierno es responsable

- Con salarios dignos
- Sin despidos ni precarización laboral
- Sin servicios diezmados ni cerrados
- Precariedades cotidianas y sanitarias

Transcurridos los primeros días del año 2018, ya se perfilan las dificultades que tendrán que atravesar lxs trabajadorxs  a medida que vayan pasando los meses. El anuncio del aumento en el transporte público y los combustibles, así como el incremento en las tarifas de los servicios con su consiguiente traslado a los precios de los bienes de primera necesidad, no hacen otra cosa que empeorar y precarizar la vida cotidiana de la mayor parte de la población. En este contexto general se enmarca el deterioro del funcionamiento de la Salud Pública en todos los niveles, situación que venimos advirtiendo y denunciando desde hace muchos años y que ha sido eje fundamental en nuestros reclamos.

En el Primer Nivel de atención, bajo responsabilidad de los gobiernos municipales, los bajos salarios y la precarización laboral en sus múltiples variantes (contratos temporarios, locación de obra, a destajo, programa médicos comunitarios, monotributistas) traen como consecuencia no sólo una conformación de equipos inestable que afecta el desarrollo de las tareas, sino que abre la puerta con enorme facilidad a los despidos y al intento de disciplinamiento de quienes pretenden organizarse para mejorar esas condiciones. La primera semana del año nos encuentra exigiendo que se reviertan los despidos de trabajadorxs de la Salud en Tres de Febrero, Quilmes y La Plata, decisiones que significan, además, dejar sin atención a numerosos sectores vulnerables de barrios y localidades.

El Gobierno nacional también viene sosteniendo relaciones laborales que no se ajustan a derecho, prolongando en el tiempo contratos precarios y utilizando ese mecanismo para despedir, cambiar las condiciones de trabajo unilateralmente y, otra vez, disciplinar a quienes se agremian y reclaman. El Hospital Nacional Posadas lleva muchos años en esa situación y ninguna de las administraciones anteriores tomó la decisión de modificarla. La conducción actual, por su parte, no cesa de profundizar aún más la inestabilidad, el amedrentamiento y el avance sobre los derechos de lxs trabajadorxs.

En los hospitales y centros de salud que dependen del Gobierno provincial,  como  resultado de muchos años de lucha sostenida, lxs profesionales de la salud trabajamos en condiciones de estabilidad, bajo un marco legal que estamos dispuestos a continuar defendiendo en todas las instancias que sea necesario hacerlo. En ese sentido, los conflictos en las paritarias de los dos últimos años tuvieron en el centro lo salarial, pero también la indispensable regularización de quienes habían ingresado en calidad de becarixs y permanecían sin acceder a la condición de interinos por falta de voluntad política de los gobiernos, el anterior primero y el actual después. En una de las paritarias de 2016 se acordó que, de ahí en adelante, ningún profesional más ingresaría a la Carrera Profesional Hospitalaria en otro carácter que no fuera el que prevé la ley. Se trata de una conquista de CICOP y, frente al panorama general, es necesario valorarla y hacerla valer.

En la misma línea, tanto en 2016 como en 2017, alcanzamos acuerdos para que se interinicen lxs profesionales becarixs del sistema. Ha sido una pelea muy dura lograr que se cumplan tales acuerdos, habiendo sido motivo de numerosos reclamos de nuestra parte a lo largo de este último tiempo. Aunque con bastante demora, hemos logrado que en la última semana de 2017, como consecuencia de nuestra fuerte presión, otros 260 becarixs accedieran a su interinización. Consideramos un nuevo paso en la lucha de CICOP por mejorar las condiciones laborales, promoviendo equidad de derechos de todxs lxs que laboran en el sistema. Seguiremos bregando para que todo el personal sanitario tenga su cargo estable, así como salarios dignos y acordes a las necesidades del sector que representamos.

La política de ajustar en Salud                                                            

El personal de los centros de salud y hospitales públicos bonaerenses no alcanza para cubrir las necesidades sanitarias de una población que ha crecido en número y en necesidades. Así lo venimos denunciando, exigiendo reuniones donde se aborde integralmente la compleja situación en la que nos encontramos. Al día de hoy, estamos lejos de tener asegurados los planteles básicos en la mayor parte de los establecimientos, ya sea en el conurbano o en las principales ciudades de la provincia.

La falta de cargos disponibles en todas las áreas, con salarios y condiciones de trabajo que no son ni dignas ni deseables, cuyo origen está en presupuestos notoriamente insuficientes, configuran un panorama por demás preocupante. Poner el acento principalmente en cubrir los servicios de emergencia, como ha hecho esta gestión, deja otros lugares peligrosamente diezmados y sin poder garantizar la atención. Así viene ocurriendo con los servicios de pediatría y neonatología de varios establecimientos del conurbano (Bocalandro, Cordero, Eva Perón, Fiorito, entre otros), lo que pone también en riesgo el funcionamiento de toda el área materno infantil.  Lo sucedido en el Hospital Magdalena V. de Martínez de Pacheco en estos días, con una Dirección que ordena por escrito que no se atienda a las mujeres embarazadas en lugar de exigir al Ministerio de Salud provincial que asuma de manera urgente su responsabilidad en la cuestión, es inadmisible.

CICOP rechaza todo intento de achicamiento del sistema de Salud Pública que vaya en desmedro de la atención digna y afecte el derecho de lxs trabajadorxs a desarrollar la tarea para cual están capacitados en el lugar en el que han sido designados. No estamos dispuestos a aceptar políticas de ajuste en ninguno de los niveles sanitarios y hacemos responsable al Estado de garantizar el derecho y  la accesibilidad a la atención de toda la población.

Gobernadores peronistas se reunieron en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires y acordaron solicitar una audiencia por la restitución de recursos del Fondo del Conurbano.

Gobernadores peronistas se reunieron hoy en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires y acordaron solicitar una audiencia a la Corte Suprema para plantear su postura de no ceder dinero ante el reclamo de la gobernadora María Eugenia Vidal por la restitución de recursos del Fondo del Conurbano, en un almuerzo en el que participaron mandatarios de distintos sectores del PJ y el senador Miguel Pichetto.

"Les vamos a solicitar a los miembros de la Corte Suprema una audiencia en la cual queremos participar todos los gobernadores, para hacerles conocer la posición del interior. A esa audiencia queremos invitar también a los demás gobernadores del interior, que sin ser del peronismo, tienen la misma preocupación que tenemos nosotros", dijo tras el almuerzo el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.


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El mandatario cordobés remarcó que hay "preocupación" entre los gobiernos provinciales por la demanda interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia por la provincia de Buenos Aires para recuperar recursos del Fondo del Conurbano, tema sobre el que la Corte solicitó opinión a las provincias.

La convocatoria en la Casa de Entre Ríos reunió a 12 gobernadores: Schiaretti, Gustavo Bordet (Entre Ríos), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Juan Manzur (Tucumán), Juan Manuel Urtubey (Salta), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Casas (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Domingo Peppo (Chaco), Hugo Passalacqua (Misiones), Gildo Insfrán (Formosa) y Carlos Verna (La Pampa).

Fuente: Télam

La organización Barrios de Pie realiza una jornada de protesta con la instalación de una olla popular en el Obelisco porteño, sin cortes de calles, que se replica en los accesos a la Ciudad y distintos puntos del conurbano para finalizar frente al Congreso con "un llamado de atención" a los legisladores que se comprometieron a iniciar el debate del proyecto de ley de emergencia alimentaria.

La jornada organizada por Barrios de Pie comenzó frente al Obelisco porteño con una olla popular y continuará en el Puente Pueyrredón, Puente La Noria, Panamericana y 197, Acceso Oeste y Autopista Buenos Aires-La Plata, entre otros puntos según confirmó a Télam el coordinador nacional de la agrupación, Daniel Menéndez.

Luego en el Congreso los integrantes de Barrios de Pie se reunirán con diputados de los distintos bloques para comenzar a tratar en comisión un proyecto de ley de emergencia alimentaria. 

Un reciente informe de la Universidad Católica Argentina, precisa que la pobreza entre niños y adolescentes de 0 a 17 años alcanza hasta el 58,7% y que ocho millones de personas sufren carencias básicas.

"Pedimos a los diputados que salteen un tiempo la agenda de campaña y cumplan con el compromiso de tratar la emergencia alimentaria", dijo Menéndez al precisar que tanto el oficialismo como los distintos bloques opositores se comprometieron a asistir a la mesa de trabajo que se realizará en la sala I del edificio anexo del Congreso.

Fuente: Télam

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