21 DE OCTUBRE DE 2017 |
Salud

Tras un convenio entre el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) producirán en el país ese aceite para tratar la epilepsia refractaria, entre otras patologías.

El impulso a la producción pública de medicamentos a través de un convenio de la cartera sanitaria y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) con 22 laboratorios permitirá fabricar en el país aceite de cannabis para epilepsia refractaria y proveer al programa de Cobertura Universal de Salud (CUS), informó el médico Adolfo Sánchez de León.

“Estamos trabajando esa línea de producir aceite medicinal de cannabis para la epilepsia refractaria llevando un registro, con capacidad de producción e investigación sobre un producto”, dijo a Télam Sánchez de León, experto en salud pública y presidente de Anlap.
 
La ley de cannabis medicinal -que habilita para el cultivo y la investigación al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Conicet- fue sancionada por el Congreso en marzo a iniciativa de organizaciones de pacientes -como 'Mama Cultiva' de Chile, Argentina y Uruguay-, en busca de la contención del Estado y un marco regulatorio para acceder a la sustancia con estándares de calidad.

Fuente: Télam

Lo afirmó a Conclusión Gabriela Bes, del Observatorio de Precios de Medicamentos, quien participó de un plenario de las comisiones de Salud y de Comercio de la Cámara de Diputados, donde se abordó el tema de aumento de precios de medicamentos.

Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)

A mediados de la semana pasada, en un plenario de las comisiones de Salud y de Comercio en Diputados, que contó con la presencia del ex ministro Ginés González García, se abordó el aumento de precios de medicamentos y la falta de control del Estado. La apertura de la diputada nacional Carolina Gaillard, de Entre Ríos, presidenta de la Comisión de Salud, estuvo signada por el interrogante acerca del por qué se dio un “aumento desproporcionado de los precios de los medicamentos, y cuáles son las políticas de control que se llevan adelante desde el Poder Ejecutivo Nacional”.

Entre los objetivos propuestos por la Comisión, se mencionó concebir diferentes estrategias para el control de precios por parte del Ejecutivo, pero también otras alternativas que se plasmen en iniciativas parlamentarias tomando la opinión de los especialistas para avanzar en legislación concreta, que puede ser a través de establecer precios de referencia o precios testigos.

Expusieron, la responsable del área del IPC del Indec, Alejandra Clemente, quien fue consultada por la titular de la Comisión de Economía sobre la evolución de precios en el último lustro y respondió que solo tenían una comparación entre 2016 y 2017 ; el titular del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete y otras organizaciones vinculadas a la salud. La representación del Pami -a pesar de estar invitada- no asistió.

Por si faltaran elementos para cuestionar la política oficial, la farmacéutica Gabriela Bes, del Observatorio de Precios de Medicamentos, miembro de Adef y la agrupación Ricardo Laguzzi, denunció desmedidos aumentos de precios que superaron ampliamente la inflación, los aumentos salariales, las jubilaciones y pensiones o asignación, y dio ejemplos concretos de aumentos de noviembre de 2015 a mayo de 2017.

“Con la situación económica actual, en la que los aumentos están muy por encima de las paritarias y los salarios, mucha más gente se vuelca al sistema público con la gravedad de que hay falta de insumos”, dijo la facultativa.

En diálogo con  Conclusión , Gabriela Bes dijo que “independientemente de la ideología política que tenga cada uno, es el Estado quien tiene que proteger a la población”, y agregó que “los medicamentos son un bien social que tienen que estar fuera del concepto de mercado. Esto es una puja y hay quienes no ven ni interpretan que los medicamentos son parte del derecho a la salud, para ellos es un negocio”.

Consultada si la valoración del mercado quita al hombre de la centralidad que tiene que ocupar poniéndolo al servicio de la economía, la farmacéutica manifestó que “confrontan dos modelos completamente diferentes, el Estado anterior regulaba y la Secretaría de Comercio interpelaba a la industria de los medicamentos y establecía topes de rentabilidad, porque hay límite entre usura y ganar dinero. Así el limite del incremento lo fijaba el Gobierno con políticas públicas”.

Según la profesional “el precio de los medicamentos es un obstáculo para acceder a los mismos y los sistemas de salud universales financiados públicamente. Pero resulta esencial saber cómo se determina el precio de los medicamentos”, y agregó que para evitar abusos “hay que inventar o diseñar formas de intervención pública que puedan modificar las perspectivas de bienestar social que permita efectivamente acceder a los medicamentos”.

La formación del precio de los medicamentos recientemente introducidos en el mercado, que están habitualmente protegidos por derechos de exclusividad, es muy distinta a la de los medicamentos que están desde hace años en el mercado y cuyos derechos de exclusividad han caducado y que están, por tanto, sujetos a la competencia efectiva o potencial de proveedores genéricos.

—¿Cual es el criterio que se utiliza para aumentar el precio de un medicamento?

—Según un informe del Observatorio de Políticas públicas, el 85% de los medicamentos aumentaron más que la inflación, las razones para que ello suceda se encuentran en los lineamientos de la política económica de los últimos 18 meses que llevaron a relajar los controles de la Secretaria de Comercio, y también en términos estructurales se destaca el alto grado de concentración del mercado.

—¿A qué se denomina mercado en el sector de medicamentos?

—Los actores se encuentran en las droguerías y quienes distribuyen los medicamentos. La cadena de valor de los medicamentos comienza con la producción local o la importación como bienes finales. Según la secretaria de Política Económica y Planificación del Desarrollo del actual Ministerio de Hacienda y Finanzas, 250 empresas conforman el sector farmacéutico del país, incluyendo firmas que producen localmente e importadoras.

—¿Qué cantidad de firmas son las que producen medicamentos?

—Existen 110 establecimientos productivos de los cuales 93 (85%) pertenecen a laboratorios de origen nacional y un 15 % a laboratorios extranjeros. En Argentina se venden mensualmente 60 millones de unidades de medicamentos, 20 laboratorios concentran alrededor del 80% de la facturación y de las 10 principales firmas, 5 son extranjeras, ocupando el primer lugar la firma Bayer. Pero el circuito continua con la comercialización mayorista a través de distribuidoras y droguerías que comercializan directamente a clínicas y hospitales y finaliza con la comercialización minorista en las farmacias.

—¿Qué cantidad de droguerías hay en Argentina y que influencia tienen en el “mercado”?

—Actualmente están registradas aproximadamente 445 droguerías y 4 de ellas concentran el 70% del mercado. Las empresas se llaman Del Sud, Monroe Americana, Suizo Argentina y Barraca. Este mismo efecto oligopólico se produce en las distribuidoras, donde 4 concentran cerca del 99% de las ventas y son: Rofina, que pertenece al laboratorio Rommers, Diprofarma -vinculada a Bagó-, Farmanet, Sociedad de Laboratorios Casasco, Gador, Bayer, Novartis, Boeringer Ingelheim Global Farm, vinculada a la boratorios estadounidenses.

 —¿Y el mercado minorista?

—Está atomizado, se distribuye entre 13.000 farmacias. Inicialmente, la devaluación del peso argentino tuvo un impacto directo en el precio de los insumos importados fundamentalmente para la producción -sobre todo principios activos y envases-; al mismo tiempo de este incremento de costos por el alza de los servicios públicos afectó a las empresas del sector y esto lo trasladaron a los precios. También los incrementos se deben a las estructuras concentrada del mercado, en la cadena de producción y comercialización.

—¿Qué beneficio les aporta a estos actores esta situación?

—Les facilita fijar los valores del mercado. El incremento promedio de los precios se posiciona no sólo encima de los aumentos de salarios de trabajadores y jubilados o pensionados, sino además por sobre el aumento del nivel general de precios.

—¿Cuáles son los efectos sociales?

—La caída en la capacidad de compra de la población, de estos productos que son esenciales para la calidad de vida de quien lo necesita. Pero a pesar de los cuantiosos incrementos de precios, las empresas del sector siguen presentando mejoras en sus niveles de venta: según el último informe del Indec, la comercialización de medicamentos en Argentina para el último semestre de 2016, la facturación llegó a los 37.404.000 de pesos. En 2016 se observó un aumento en la facturación total de 40% respecto de 2015.  Pero esto no termina allí, la industria de los medicamentos es inelástica, porque anula la posibilidad de que las cantidades consumidas presenten saltos pronunciados entre un año y otro. Esto explica que han avanzado por sobre la inflación, reparemos cual fue la evolución de los medicamentos y notaremos lo que afirmé. Un informe del Observatorio de la Cofra, Confederación Farmacéutica Argentina, arrojó algunos precios si consultamos el manual farmacéutico on-line del Grupo Alfa Beta y si lo comparamos con los precios de mayo de 2017 vemos que desde noviembre de 2015 a hoy aumentaron: Actron 67%, Lotrial 86%, Tafirol 130%, Pervinox 86%, Aspirineta 224%, a pesar que bajan la cantidad de comprimidos, Bayaspirina 153% , Anapril 86%,  T4 (Levotiroxina) 106%, Macril (crema) 108% y Atomastatina marca Lipitor 94%, por nombrar algunos. Hay que considerar que muchos de estos medicamentos se usan en patologías crónicas y está claro que estos aumentos superaron a la recomposición de ingresos de salarios y jubilaciones o subsidios de programas nacionales, como lo afirmamos en un comienzo. La pregunta es, ¿qué hace el Estado?

Fuente: "Conclusión"

Esta semana y mediante la publicación de una carta documento -con fecha del 27 de abril- los farmacéuticos nos enteramos que el PAMI decidió poner en conocimiento su intención de revisar y re configurar el convenio que mantiene con la Industria farmacéutica para la provisión de medicamentos. En la nota, que lleva la firma de Sergio Cassinotti, se afirma que la entidad “decidió hacer uso de la facultad de revisión prevista en el convenio PAMI-Industria” (art 45).

Cabe destacar que la finalización del vínculo fue establecida para el 31 de mayo de 2017. Es decir que las farmacias seguiremos entregando, de acuerdo al último convenio, los medicamentos a los jubilados hasta esa fecha.

En la carta enviada a la Industria – y a la que los farmacéuticos tenemos acceso por medio de terceros -  se argumenta que “la medida se adopta a fin de hacer sustentable la prestación y en resguardo de los intereses de los afiliados de este Instituto, debido a que las proyecciones financieras basadas en los acuerdos efectuados en el convenio vigente arrojan desvíos que no reflejan las previsiones presupuestarias con las que contaría este organismo”.

En este contexto, una vez más, las farmacias quedamos en medio de una disputa ajena. En donde los intereses económicos se ponen por delante de las necesidades de los afiliados y profesionales farmacéuticos.

Según trascendidos, esta semana comenzarán las reuniones entre las partes. A la que por supuesto los farmacéuticos no hemos sido convocados. Por estos días no hay certezas sobre cuáles serán los puntos centrales de la renegociación, pero las versiones indican que el achicamiento en los medicamentos que se entregan al 100% será un punto central. Cabe recordar que el PAMI viene realizando recortes en las prestaciones desde junio del 2016. En esa oportunidad, de 200 principios activos que la obra social financiaba al 100% -desde 2005 por la resolución 337-, más de 150 fueron quitados del listado.

En este contexto, desde nuestra filial nos preguntamos qué sucedió con las promesas de ser parte de una mesa de discusión donde el PAMI, la Industria y las farmacias trabajaríamos de manera conjunta en las negociaciones importantes.

“Una vez más las farmacias somos rehenes de los negocios que la Industria y el PAMI desarrollan de manera autoritaria y unilateral. Sabemos que estas medidas siempre afectan la sustentabilidad de nuestra farmacias y la compleja realidad de los jubilados”, manifestó la Presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, Graciela Lujan.

El titular del PAMI justificó la criticada decisión del gobierno de revisar los criterios para la entrega gratuita de medicamentos a los afiliados a la entidad de asistencia de los jubilados y advirtió que había "distorsiones innegables" en ese servicio.

"Es un acto de estricta justicia, esto es realmente la justicia social; queremos corregir distorsiones allí donde las haya, y donde el subsidio esté bien entregado, ahí el PAMI va a estar, porque fue concebido para eso y no se puede dejar que los recursos no vayan a quién realmente los requiere", señaló hoy Regazzoni en una entrevista radial.

Por la decisión, el PAMI dejará de solventar el 100% de las medicinas a los afiliados que tengan también una cobertura médica prepaga, un vehículo con menos de 10 años de antigüedad o cobren 1,5 veces más del haber mínimo.

Esta reducción, que el Gobierno justifica en la necesidad a optimizar los recursos del Estado, fue blanco de críticas opositoras. Tanto referentes del massismo y el kirchenrismo la calificaron como un "ajuste".

El titular del PAMI, en tanto, dijo que el Gobierno busca promover "un cambio que lo único que va a traer más equidad".

Regazzoni explicó los alcances de los cambios en la entrega gratuita de medicamentos a jubilados y aseguró que el corte del subsidio alcanzará a las personas que tengan una "embarcación, un automóvil de lujo o un avión". En otros casos, se activarán "los mecanismos de revisión".

"Hay personas que tienen autos de 10 años y que necesitan el subsidio, y lo van a tener; hay personas que ganan tres jubilaciones, pero tienen muchas enfermedades que requieren muchos remedios, y también lo van a tener; pero una persona que tiene un buen pasar y que está recibiendo el subsidio, no lo necesita", indicó.

Resaltó también que el beneficio no se va a "cortar" de forma indiscriminada, sino que "se revisan los criterios al momento de renovar", y afirmó que el PAMI "va a poner el 100 por ciento del subsidio cuando corresponda y en los medicamentos que corresponda, pero no de la forma permisiva en la que venía dándose".

"Se habían dado subsidios a 53 personas que tenían aviones, a casi 2.500 personas que tenían embarcaciones y a personas que tenían autos de lujo o vivían en countries de lujo. Además se encontró que el subsidio estaba siendo utilizado para comprar medicamentos para las mascotas", advirtió.

El funcionario precisó que los jubilados "no tienen que hacer ningún trámite" para saber si serán alcanzados por esta medida, sino que "aquellos que tengan los criterios que promuevan la mayor revisión, ahí se va a ver".

Regazzoni parafraseó a Macri para defender la decisión de recortar los subsidios: "Como dijo Mauricio una vez. Antes teníamos un Estado tan grande, enorme, pero que no llegaba a la gente que más necesitaba", sostuvo, y agregó que "eso queremos cambiar, que el Estado sea el que llegue a quién más necesite. Para eso hay que tomar medidas que a veces pueden generar polémica, pero la única intención que tiene es que podamos hacer una medicina y una salud como corresponde".

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