21 DE ENERO DE 2018 |
Salud

El diputado Eduardo Antonio Santamarina, con familiares del Dr. Finochietto

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso la colocación de una placa de mármol en el edificio ubicado en la calle Suipacha 1322, solar del barrio de Retiro donde vivió el doctor Enrique Finochietto (1881-1948) médico cirujano, docente e investigador argentino.

Finochietto fue el primer latinoamericano en recibir esta distinción en el campo de las ciencias a causa de una investigación vinculada al papel de las hormonas pituitarias en la regulación de la glucosa, es decir la cantidad de azúcar en la sangre, fundamental en la lucha contra la diabetes.

La presentación fue impulsada por los diputados Eduardo Antonio Santamarina y Benigno Emilio Raposo Varela (PRO).

Por sugerencia de la Comisión de Salud el cuerpo parlamentario resolvió también conmemorar el 70° aniversario de la entrega del premio Nobel a la Medicina al doctor. Bernardo Alberto Houssay que se celebró el 10 de diciembre.

Autores del proyecto fueron el diputado Diego Mariano García de García Vilas y María Graciela Ocaña (CP).

La Legislatura de la CABA  además designó a Personalidades Destacadas de las ciencias y la medicina, entre los que figuran el Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA, Miguel Ángel Schiavone.
Schiavone fue propuesto por los legisladores Daniel del Sol, José Luís Acevedo y Victoria Roldán Méndez.

En el ámbito de las Ciencias los legisladores porteños distinguieron también al oftalmólogo y docente Heriberto Mario Marotta, por iniciativa de la diputada Carolina Estebarena y su par Francisco Quintana (PRO).

El especialista en cirugías de mano, el doctor Guillermo Loda fue declarado Personalidad Destacada por iniciativa del diputado Agustín Forchieri y la diputada Victoria Roldán Méndez (PRO).

Por último y por autoría de la legisladora Silvia Gottero (BP), en el ámbito de la Salud fue destacado el médico clínico de 91 años,  Luis Schapira.

Las comisiones reunidas este martes dieron dictamen favorable al proyecto del oficialismo para concesionar la operación del Subte a un privado por hasta 15 años. El proyecto se tratará en el recinto el 2 de noviembre, dando paso al llamado a licitación, que se resolvería en el transcurso del próximo año. Prorrogarán a Metrovías por un año más.

Las comisiones de Obras y Servicios Públicos, Tránsito y Transporte y Presupuesto, que se reunieron este martes para discutir sobre el futuro de la operación del Subte, aprobaron un dictamen de mayoría favorable al proyecto oficial, que busca concesionar la operación de la red a un privado por un plazo de hasta 15 años.

Este paso allana el camino para que la iniciativa del gobierno sea tratada en el recinto el próximo jueves 2 de noviembre, tal como estaba previsto.

El oficialismo insiste en que el proyecto puede ser aprobado con mayoría simple, para lo que cuenta con votos suficientes. Sin embargo, desde la oposición apuntan que la Constitución de la Ciudad exige para la aprobación de las concesiones una mayoría especial de dos tercios (40 votos) y doble lectura, un número distante para el interbloque Vamos Juntos.

El ejecutivo busca apurar la tramitación de la norma luego de varios meses de estancamiento por el contexto electoral (la última reunión al respecto había sido en junio), que se tradujo en una virtual parálisis de la actividad legislativa. Esto permitiría abrir cuanto antes el llamado a una licitación pública nacional e internacional para seleccionar a un nuevo operador, que en ningún caso podría resolverse antes del 31 de diciembre, día en que vence el contrato vigente con Metrovías.

Por esta razón, la propia ley dispone la prórroga del contrato de Metrovías y de la emergencia del Subte por un plazo máximo de un año, que calculan suficiente para la transición a un nuevo operador.

Aunque aún no se conoce a ciencia cierta cuántas ni cuáles serán las empresas que se presentarán a la licitación. Entre mayo y junio Rodríguez Larreta sondeó a varias empresas estatales operadoras de metros de ciudades europeas (Madrid, París, Berlín, entre otras), mientras que se descuenta que Metrovías se presentará, aunque podría hacerlo asociada a alguna compañía internacional.

Los proyectos impulsados por la oposición (Evolución, el Peronismo, el Frente de Izquierda, el Partido Socialista Auténtico), que con diversos matices buscan que el Estado asuma la operación de la red a través de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), serán tratados en la cámara únicamente si el dictamen de mayoría no consigue su aprobación.

25 de octubre de 2017

Fuene: EnelSubte.com

La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableció multas a la Legislatura si no acredita la adopción de las medidas necesarias para garantizar el ejercicio inmediato de la Tribuna Popular.

Desde la Red Interparques y el Observatorio del Derecho a la Ciudad acudimos a la Justicia porque la Legislatura de la Ciudad hace más de 15 años que impide a los ciudadanos hacer ejercicio de la Tribuna Popular.

El Juez Franciso Javier Ferrer, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 23, en fecha 12 de mayo de 2017, en los autos caratulados “GARCIA MAURICIO HERNAN CONTRA LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BS AS SOBRE AMPARO”, Expte. N° A3638-2014/0, dispuso:

"Intimar a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que en el plazo de tres (3) días cumpla en adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio inmediato de la Tribuna Popular regulada en los arts. 76 y 77 de su Reglamento Interno. Si en dicho plazo no se acredita el cumplimiento, se procederá a aplicarle sanciones conminatorias.

Por lo tanto, luego de tres días y en forma automática, comenzará a recaer sobre la Legislatura una MULTA diaria y progresiva por el monto de mil pesos ($ 1000) la primer semana; tres mil pesos ($ 3000) a partir de la segunda semana; cinco mil pesos ($ 5000) a partir de la tercer semana; siete mil pesos ($ 7000) a partir de la cuarta semana y así sucesivamente."

La Tribuna Popular es un derecho que permite a cualquier persona efectuar planteos al Cuerpo Legislativo en forma previa al desarrollo de las sesiones de la Legislatura sobre temas de especial interés para la Ciudad. Es decir, las personas que soliciten hacer uso de la Tribuna Popular podrían expresar sus posiciones, ideas, problemas o propuestas a la totalidad de los legisladores de la Ciudad reunidos para iniciar una sesión legislativa.

Este derecho se encuentra reconocido en los arts. 76 y 77[1] del Reglamento interno de la Legislatura de la Ciudad y son operativos del art. 1 de la Constitución de la Ciudad que establece la Ciudad "organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa". La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires negó el ejercicio de este derecho con el argumento de que no se encontraba reglamentado y durante quince (15) años se presentaron distintos proyectos de reglamentación que no fueron tratados ni aprobados en el recinto.

En su oportunidad, La Sala III de la Cámara en los Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, con el excelente voto mayoritario de los Dres. Hugo Zuleta y Gabriela Seijas, entre los considerandos de la sentencia que resolvió la cuestión de fondo expresó:

"En síntesis, el reglamento interno de la legislatura es norme vigente, y prevé el derecho a participar del debate en sesión plenaria mediante el instituto de la Tribunal Popular. La negativa a implementar esta posibilidad fundada en la omisión de la reglamentación viola los límites razonables para demorar la puesta en vigencia efectiva de las normas. El incumplimiento de la obligación de la legislatura  de implementar lo necesario para poner en ejecución su propio reglamento interno en un lapso excesivamente prolongado configura una conducta ilegal y carente de justificación".

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó en la la última sesión un proyecto presentado en el 2015 por el ex diputado Aníbal Ibarra, que establece la incorporación al Régimen de Licencias de la Ley 471 -de Empleo Público de la Ciudad- de la licencia por procedimientos o técnicas de fertilización asistida, por lo que "los/as trabajadores/as que requieran la utilización de técnicas o procedimientos de reproducción humana médicamente asistida, podrán gozar por año calendario de hasta treinta (30) días de licencia con goce íntegro de haberes, por los días continuos o discontinuos que certifique el médico actuante".

A partir de ahora "el personal que requiera la utilización de técnicas o procedimientos de reproducción humana médicamente asistida, podrá gozar de licencia con goce íntegro de haberes por los días continuos o discontinuos que certifique el médico actuante".

Los fundamentos del proyecto presentado por Ibarra destacan que "al haberse sancionado la Ley Nacional 26.862, de acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, consideramos que el derecho laboral debe acompañar a las personas que requieran hacer  uso de las técnicas o procedimientos de reproducción humana asistida,  y amerita que sean incluidas las licencias necesarias de acuerdo a lo que el médico actuante determine en cada caso en particular, garantizando así el derecho a la salud y a la salud sexual y reproductiva y procreación responsable".

"Estamos en una década de ampliación de derechos y de derechos humanos fundamentales, por eso nos parece importante que puedan acompañar esta medida, tan importante para un sector de personas que vienen requiriendo del uso de las técnicas de reproducción humana asistida y que por una cuestión económica no podían concretar su deseo de lograr un embarazo y llevarlo a término".

"La legislación tiene que adaptarse a las realidades que se van produciendo en la sociedad, en este caso, frente a los procedimientos de fertilización asistida que son una herramienta que permiten llegar a la maternidad a quienes tiene que atravesar grandes dificultades", dijo Ibarra sobre la aprobación del proyecto y agregó "va a permitir poder afrontar ese procedimiento con la tranquilidad y el respaldo indispensable que da el marco de la Ley, sin llegar a tener que pasar por el pedido 'de permisos informales de los jefes'".

El proyecto fue aprobado y este año fue impulsado por los legisladores Claudio Heredia y Gabriel Fuks.

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