21 DE ENERO DE 2018 |
Salud

Sobre la modificación de impuestos a cigarrillos, bebidas azucaradas y alcohólicas, FIC Argentina advierte sobre ciertos requisitos que una medida fiscal sobre productos no saludables debe contemplar para tener un impacto en la protección de la salud.

A raíz de los recientes anuncios, FIC Argentina advierte sobre ciertos requisitos que una medida fiscal sobre productos no saludables debe contemplar para tener un impacto en la protección de la salud.

(Buenos Aires, 8 de noviembre) El martes 31 de octubre, el Ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, presentó un proyecto de reforma tributaria que incluye un nuevo esquema impositivo para productos no saludables como cigarrillos, bebidas alcohólicas y azucaradas.
 
El proyecto establece una modificación en las alícuotas de impuestos internos a estos productos. En el caso de bebidas alcohólicas como whisky, coñac y otras bebidas blancas, la alícuota pasaría del 20% al 20-29%; en las cervezas, del 8% al 17%; en espumosos y champañas, de 0% a 17% y, por último, la alícuota para vinos y sidras sería del 10% (actualmente es 0%). En relación a las bebidas gaseosas y otras sin alcohol que hoy tienen una alícuota de 4%-8%, el proyecto estipula un 0% para las bebidas sin azúcar añadido y 17% para las que tienen azúcar añadido. Para los cigarrillos, por su parte, el proyecto establece un impuesto mínimo y una alícuota del 70%.

Al momento FIC Argentina no pudo tener acceso al texto completo del proyecto para hacer estimaciones y modelar el impacto sanitario de la medida. “Si bien durante el anuncio el Ministro señaló que la medida está en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es necesario conocer detalles de la norma para poder evaluar si realmente tendrá impacto en la reducción del consumo de los productos alcanzados”, señaló Belén Rios, codirectora de FIC Argentina. “A partir de la información disponible hay cuestiones que nos preocupan. En el caso de los cigarrillos, por ejemplo, se propone una baja de los impuestos del 75% al 70%, lo cual implicaría un retroceso en la protección de la salud”, agregó.

Para que una medida fiscal logre desincentivar el consumo de productos no saludables debe haber sido diseñada con un objetivo de salud pública y contemplar ciertos requisitos. En primer lugar, el incremento de impuestos debe trasladarse a un aumento de los precios, tal como lo establecen los estándares internacionales. De lo contrario, se trataría de una política meramente recaudatoria y no de salud. A su vez, estas medidas deben incluir un sistema de control y actualización de los precios para evitar que la inflación y el crecimiento de los ingresos licuen su impacto.
 
Por otro lado, un eje clave de las medidas fiscales que persiguen objetivos de salud pública, es que su proceso de diseño e implementación debe estar libre de la interferencia de las industrias involucradas para evitar torcer el rumbo de la política. Por último, es necesario promover políticas integrales que abarquen otros aspectos del entorno como por ejemplo la exposición constante a publicidad de alimentos no saludables, el aumento de la exhibición de paquetes de cigarrillos en los kioscos, entre otros.
 
“Celebramos que sea un tema en discusión en la agenda del gobierno y quedamos a disposición desde la sociedad civil para colaborar con el diseño de una política efectiva que se proponga reducir el impacto del tabaquismo y del consumo excesivo de bebidas azucaradas y alcohólicas en nuestra población”, concluyó Belén Rios.

Las enfermedades no transmisibles (cardio y cerebro vascular, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas) constituyen la primera causa de muerte en nuestro país y en el mundo. Sus principales factores de riesgo son el consumo de tabaco, la mala alimentación, el sedentarismo y el consumo excesivo de alcohol. Por eso, es necesario avanzar con políticas públicas efectivas que prevengan estos factores y promuevan la creación de entornos saludables.

"Es muy grave la situación que se plantea con estas reformas. Tenemos esperanzas que esto se revise en forma urgente, tanto el Presidente como el ministro Peña han expresado que hemos entrado en una etapa de consenso y esperemos que se cumpla. Estas medidas significan un golpe tremendo a la vitivinicultura".

"Tenemos cinco mil productores que componen nuestras cooperativas y realmente esto es muy perjudicial, se ataca directamente a la producción primaria. No hay forma de trasladar esto al consumidor, como es la idea del proyecto, sino que afecta a una rentabilidad que el productor no tiene".

"Utilizan el argumento de que es una bebida insalubre para el ser humano, cuando esta comprobado que esto no es así. Más allá de eso, esa actitud hace mucho daño a la marca del vino argentino de cara al mundo".

"Plantear un impuesto interno que directamente va al precio final destruye el productor. Si estas medidas se aplican la industria del vino va a desaparecer, el productor vitivinícola va a dejar de existir".

"Confío que haya sido un error. Lo importante es que se reconozca el error urgente y no se quiera argumentar más defendiendo un error. Creo que se trata de un error del ministro de Economía, hace un mes hemos tenido una reunión con todo el sector de la vitivinicultura con el Presidente y él tiene claro lo que significa esta industria. Las señales que teníamos era positivas, me parece que en esto ha habido una confusión del Ministro."

AUDIO

Fuente: "MALDITA SUERTE" - http://www.fmlapatriada.com.ar)

El nuevo plan de facilidades se llama "Puente Fiscal" y es para que los contribuyentes morosos puedan regularizar la deudas generadas entre el primero de junio de 2016 y el 31 de mayo pasado.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanzará a partir del primero de agosto un nuevo plan de facilidades de pago denominado "Puente Fiscal", para que los contribuyentes morosos puedan regularizar la deudas generadas entre el primero de junio de 2016 y el 31 de mayo pasado, en 24 cuotas y con una tasa de interés de alrededor del 23% anual.

Así lo anunció esta tarde el titular de la AFIP, Alberto Abad, en una rueda de prensa, en la que señaló que existe en la actualidad una "morosidad de entre $25.000 a $30.000 millones de deuda nueva que se generó luego de la moratoria impositiva" que cerró a fines del año pasado.

Esta deuda acumulada no pudo regularizarse a través de los Planes Permanentes de Financiación, con un plazo de entre 3 y 6 cuotas, por lo que se dispuso este nuevo programa cuyo plazo de suscripción cerrará el 31 de octubre próximo.

“Los interesados tendrán 90 días para adherir a este Puente Fiscal, hasta que el primero de noviembre lancemos el nuevo plan Permanente” de Regularización Fiscal, que como los anteriores será de 3 a 6 cuotas, dijo Abad.

Podrán ingresar al Puente Fiscal quienes tengan deudas de Aportes, Retenciones y Percepciones.

Fuente: Télam

Buenos Aires, jueves, 9 de marzo - En diciembre pasado, el periodista Guillermo "Willy" Kohan consideró que Argentina "ya es impuestolandia". En enero, los bancos propusieron al Gobierno reemplazar el impuesto al cheque por un impuesto al depósito en efectivo del 2%, a efectos de bancarizar la economía. "Si no me asegurás que vamos a tener más bancarizada la economía y mayor nivel de recaudación, no sirve", fue la respuesta desde el Gobierno.

Por Luis García Ghezzi - (Profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral)

Rápidos de reflejos, pocos días después, los principales bancos privados comunicaron a sus clientes empresas que desde el 1 de marzo cobrarán el 1% más IVA por depósitos en efectivo en sus cuentas: cuando alguien deposite en su cuenta, se le acreditará el 99% del total, ya que automáticamente le deducirán el 1%. Si bien dicho cargo se presenta como una "comisión", se trata claramente de un "impuesto", ya que no hay contraprestación alguna para el cliente. Así, estarían creando el nuevo impuesto, quedándose ellos con la recaudación. Se trata de un nuevo y bizarro capítulo de "impuestolandia".

Afortunadamente, el BCRA acordó con los bancos posponer por 180 días el cobro a empresas por depósitos en efectivo. En ese período, se acelerará el proceso de destrucción de billetes y se discutirá la implementación de medios electrónicos de pago que reemplacen el efectivo.

En verdad es muy importante apuntar a la eliminación del impuesto a los débitos y créditos bancarios, ya que es totalmente distorsivo. Recordemos que todo buen impuesto debe calcularse en base a un indicador de capacidad contributiva, como son las ganancias, el patrimonio o el consumo. Pero el movimiento de una cuenta bancaria no refleja en absoluto capacidad contributiva: podría haber empresas que obtienen beneficios inmensos que sólo "rotan" una sola vez los fondos a través de los bancos, mientras que otras que tienen márgenes bajos, por la dinámica de su negocio, mueven muchos fondos en sus cuentas. Además, el impuesto al cheque desincentiva la bancarización de la economía y fomenta más bien la informalidad y el uso de efectivo.

En esto tienen cierta razón los bancos: se entiende así que se proponga un impuesto al depósito en efectivo. De hecho, en México existe, con una tasa del 3%. Pero los resultados no han sido buenos, ya que promovió que el dinero no vaya a parar a los bancos sino al circuito informal, por lo cual se está estudiando su eliminación.

Lo ideal sería, entonces, eliminar el impuesto a los débitos y créditos bancarios, o convertirlo en un pago a cuenta de Ganancias o IVA. Pero como entendemos que el Gobierno no quiere resignar recaudación, y que persigue el objetivo fomentar la bancarización, hay que pensar cómo reemplazarlo total o parcialmente. Una alternativa a considerar es que el nuevo impuesto grave la extracción de efectivo, y no el depósito.

Así, no se castiga a quien bancariza fondos, sino a quien los "desbancariza". Se fomenta que, tanto particulares como empresas, hagan sus pagos mediante tarjetas, transferencias y demás modalidades electrónicas, estrechando así el cerco sobre la economía informal. Probablemente la tasa de dicho impuesto debería rondar un 2 o 3% si se quiere que el monto a recaudar sea significativo y que, además, funcione como incentivo para los agentes económicos. No es lo ideal, pero puede ser un buen puente para la transición de la actual "impuestolandia" a un país con presión fiscal normal.

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