12 DE DICIEMBRE DE 2017 |
Salud

El primer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires de Unidad Porteña, Daniel Filmus, aseguró hoy que "es una vergüenza que el gobierno haya necesitado conocer la opinión de los ‘focus group’ y las encuestas para darse cuenta que la sociedad le reclama que se haga responsable de realizar una investigación sin encubrimientos sobre la desaparición de Santiago Maldonado".

"Es inconcebible que el Ejecutivo no haya tenido la sensibilidad necesaria ni el respeto por los derechos humanos más básicos como para colocar el tema en su agenda desde el primer día, y recién lo haga más de un mes después. Además es indignante que el presidente Macri no se haya referido a la desaparición de Santiago Maldonado en todo este tiempo. Más grave aún es que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en lugar de defender a una familia angustiada por la desaparición de su hijo, haya preferido salir en defensa del accionar de la Gendarmería sin realizar una investigación previa", señaló  en declaraciones a FM La Patriada.

"Igualmente lamentable es acusar a quienes salen a pedir por la aparición con vida de Santiago de hacer campaña electoral. Es el presidente Macri y su ministra Bullrich quienes toman recién ahora el tema, preocupados porque la memoria y la firme convicción de nuestros ciudadanos respecto de los derechos humanos repercutan en el resultado electoral de octubre. No cabe duda que Macri escucha más a sus asesores en comunicación electoral que a los cientos de miles de argentinos que el último viernes salieron a las calles en todo el país a exigirle al Estado que se haga responsable", finalizó.

Paula Marconi, secretaria general de la Asociación de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Empresas Aerocomerciales (ATCPEA) y candidata a diputada bonaerense por 1 País arremetió contra el Gobierno nacional al considerar que "sentencia de muerte al sistema aeronáutico por la ausencia de controles y de una política justa para la llegada de más líneas aéreas. A su vez, acusó al Estado "por generar un colapso en el sistema de aeronavegación que pone en riesgo la vida de los pasajeros".
 
“En un sistema que ya está debilitado por la cantidad de vuelos que abarca, además de cargar con las irregularidades de las empresas y la falta de controles, resulta imprescindible regular el ingreso de líneas aéreas para impedir la destrucción total del Sistema Operativo de Navegación y Control Aéreo”, aseguró Marconi.
 
Además, resaltó que tanto la Justicia como el gobierno nacional “conocen al detalle los problemas que enfrenta hoy la aeronavegación” por lo que resultan “cómplices al generar una sobrecarga de vuelos y al no controlar el acceso de nuevas compañías”.
 
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) convocó, por orden del ministerio de Transporte Nacional, a una segunda audiencia con las empresas para el 6 de septiembre en la que prevén avanzar con cientos de rutas pedidas nacionales e internacionales.
 
“Entre las rutas solicitadas se encuentran pedidos irrisorios como 7 vuelos semanales ida y vuelta desde Buenos Aires, Córdoba y Rosario a Isla de Sal en Cabo Verde lo cual muestra la poca seriedad con la que llegan estas empresas”, afirmó la dirigente.
 
Por último, Marconi resaltó que "esta falta de regulación, sumada a la falta de previsión y a la ausencia de una política consensuada en la materia ocasionará “serios problemas al sistema perjudicando en consecuencia la calidad del servicio aeronáutico y la seguridad de los pasajeros y de los tripulantes de cabina”.

5 de septiembre de 2017

Las PyMes cuestionan el plan de desindustrialización del Gobierno y las medidas de desarrollo sólo para los sectores primarios de la economía

Buenos Aires, 31 de agosto de 2017.- El presidente de la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones (CAPPITEL), Eugenio Hadges, aseguró hoy que “no hay motivos para festejar el Día de la Industria, en momentos en que el Gobierno lleva adelante un plan sistemático de desindustrialización” y cuestionó que “todas las medidas benefician solamente a los sectores primarios de la economía”.

“No se trata de medidas aisladas, ni de errores, el Gobierno lleva adelante un plan sistemático de desindustrialización, que busca desarrollar el campo y las grandes corporaciones petroleras y mineras, en detrimento del resto de los sectores de la industria y de las pequeñas y medianas empresas”, aseguró Hadges.

Al respecto, señaló que “todas las medidas que se han tomado desde el Gobierno dan muestra de esta decisión, como el permiso de importación para bienes de capital usado; la baja de aranceles para la importación (tanto para la industria petrolera como para maquinaria agrícola); la quita de incentivos fiscales para productos que se fabrican en el país, y la baja de retenciones para el campo y la minería, entre otras decisiones”.

Hadges mencionó que “como contrapartida, para las pymes no se han tomado medidas de fondo que alivien su situación y, por el contrario, siguen con los problemas que traen de arrastre de años anteriores, la no competitividad por costos de materia prime, elevado costo laboral (costo impositivo, los costos de las ART, el creciente ausentismo, la industria del juicio), como el accesos a financiamiento real, los costos de las ART, entre otros problemas”.

“En 2016 cerraron más de 5.000 pymes y en lo que va de este año bajaron sus persianas otras 2.000, estos números son los que muestran la decisión del Gobierno de desindustrializar el país, apostando a sectores primarios y más concentrados”, explicó el presidente de CAPPITEL.

En cuanto al sector de las telecomunicaciones, advirtió que “se está trabajando al 50 por ciento del nivel de producción con respecto a 2016, año en el que ya había caído la producción, situación que inevitablemente termina en la reducción de empleo”.

“Las pymes estamos fuera del plan del Gobierno, pese a que somos las mayores generadoras de empleo, representando más de siete de cada diez puestos de trabajo”, afirmó Hadges y lamentó que “nada indica que se vaya a revertir este plan de desindustrialización”.

Al respecto, el titular de CAPPITEL señaló que “si lo que las pymes fabrican no hace falta en el país y deben reconvertirse, tiene que haber un plan del Gobierno que ayude en el proceso”. “Tenemos que decidir qué país queremos ser y desde el Estado debe haber un plan a largo plazo y un fuerte apoyo para alcanzar ese objetivo. No se puede estar cambiando el plan cada cuatro años”, concluyó.

En el Gobierno estudian fórmulas legales para difundir las declaraciones patrimoniales, que al asumir los gremialistas entregan en sobre cerrado a la Superintendencia de Servicios de Salud.

Según el diario Clarín, "el Gobierno comenzó a explorar los caminos institucionales para hacer públicos los patrimonios de los jefes de las obras sociales sindicales".

La búsqueda de un mecanismo para exhibir las declaraciones juradas de los titulares de los sindicatos -en muchos casos, en sus sillones desde hace décadas- encontró una vía de exploración este fin de semana.

Se trata de la Ley de Obras Sociales (23.660), cuyo decreto de reglamentación de 1993 estableció para sus directores y administradores la obligación de detallar los bienes que componen su patrimonio en un sobre cerrado ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Un primer paso por parte del Gobierno será comprobar si la exigencia se viene cumpliendo y evaluar medidas para dar a publicidad esa información.

Una recomendación de la Oficina Anticorrupción en ese sentido o un nuevo decreto para equiparar la presentación a la de los funcionarios públicos aparecieron como primeras alternativas, mientras seguirán afinando la búsqueda.

En la Casa Rosada evaluaron que podría ser un buen comienzo, más allá de que con el marco legal actual los datos no son públicos y a su vez en muchos casos no alcanzarían directamente a los jefes gremiales.

“Los que manejan recursos públicos de los trabajadores deben presentar sus declaraciones juradas, por ahora no está contemplado en la ley. El Estado tiene la información sobre los administradores de las obras sociales y en principio lo que se está estudiando es cómo hacerla pública”, dijo uno de los abocados a esa tarea.

“La mejor solución sería avanzar con una ley del Congreso”, enunció el objetivo de máxima otro funcionario encargado del análisis, aunque en caso de ponerse en marcha ese recorrido sería más trabajoso.

Elisa Carrió presentó el año pasado un proyecto para que las autoridades de las organizaciones sindicales, las empresariales y las obras sociales presenten sus declaraciones juradas de los cinco períodos fiscales anteriores a la sanción de la ley, aunque no avanzó su tratamiento.

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