19 DE OCTUBRE DE 2017 |
Salud

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que la cartera a su cargo formuló una denuncia penal por los hechos registrados ayer en el desalojo de 2.000 manifestantes en la autopista Buenos Aires-La Plata, organizada por la Cordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) Aníbal Verón y Barrios de Pie en reclamo de fuentes laborales.

Por otra parte, negó que exista "un patrón determinado" en las amenazas recibidas a nivel nacional sobre la seguridad presidencial y las diferenció de las que recibió la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal: "Eso es otra cosa, ahí está investigando la provincia".

En cuanto al desalojo de ayer, la funcionaria dijo en radio La Red que "estamos firmando la denuncia penal por la rotura del patrimonio público y privado, de autos, ómnibus con vidrios rotos y la gente podrá también acercarse al ministerio a traernos sus denuncias", tras remarcar que la Gendarmería "actuó correctamente".

Gendarmería desalojó ayer con gases lagrimógenos y balas de goma el piquete que cortó el tránsito en la autopista durante varias horas, con el fin de normalizar el tránsito en ambas manos.

Con el correr de las horas, la fila de automóviles inmovilizados alcanzó los ocho kilómetros y el mal humor entre los conductores fue creciendo, a tal punto que se sucedieron enfrentamientos entre los automovilistas y quienes interrumpían el tránsito, que golpearon las carrocerías.

Frente a este panorama, el ministerio adelantó ayer en un comunicado que presentaría una denuncia penal por el "cúmulo de delitos cometidos por los manifestantes, quienes arrojaron piedras y generaron robos, destrozos de bienes y ataques a los automovilistas allí presentes, los cuales, a su vez, sufrieron roturas en los vidrios de sus autos".

La ministra confirmó hoy esa presentación y dijo que "fue terrible el nivel de violencia y agresión", tras felicitar "a la Gendarmería y a la policía provincial porque el protocolo de actuación salió muy bien".

Consultada sobre el accionar que indica el protocolo de Seguridad cuando hay menores en las protestas, respondió que "ayer, las personas con chicos salieron rápidamente de la autopista, intentaron hacer una barricada", pero la Gendarmería "avanzó".

La funcionario pidió "a las organizaciones que dejen de poner de escudos a los niños".

En tanto, consultada por los diferentes episodios en los que se registraron amenazas en las últimas semanas, Bullrich dijo que "no estamos viendo un patrón. Hay muchas personas con características psiquiátricas y muchos son menores", pero aclaró que "lo de la gobernadora María Eugenia Vidal es diferente y lo investiga esa jurisdicción". (Télam)

El abogado que denunció a la vicepresidenta entregó un "informe de transparencia" de la fundación SUMA en el que se alude al pago de salarios por 165 mil pesos en el 2014 pese a que "no tenía ningún empleado registrado", según el abogado.

El abogado que denunció a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, aportó hoy nueva documentación al juez federal Ariel Lijo luego de que el viernes último el fiscal Guillermo Marijuan la imputó y pidió que se investigue el origen del dinero que le robaron de su casa en noviembre pasado.

Así lo consignaron fuentes judiciales, quienes precisaron que Lijo recibió por parte del abogado Leonardo Martínez Herrero datos sobre la fundación SUMA, presidida por Michetti, y también objeto de investigación judicial.

El letrado entregó un escrito en el que se incluye un "informe de transparencia" de SUMA en el que se alude al pago de salarios por 165 mil pesos en el 2014 pese a que "no tenía ningún empleado registrado", según el abogado.

Además, aseguró que SUMA "no ha presentado balances en la Inspección General de Justicia", que "recién se ha inscripto como empleadora ante la AFIP con posterioridad a la denuncia promovida”, y que no hubo controles estatales.

El abogado entregó a Lijo un listado de empresas que donaron a SUMA y, también, información sobre pautas publicitarias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorgadas a la pareja de la vicepresidenta, Juan Martín Tonelli Banfi.

El viernes pasado, Marijuan imputó a Michetti y abrió una investigación en base a la denuncia del abogado y otra de los diputados Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade para determinar el origen del dinero y si estaba declarado.

También, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió que se investiguen denuncias contra la fundación de Michetti y otras dos ligadas al PRO.

En ese marco, Marijuan pidió medidas de prueba que, ahora, deben ser analizadas por el juez Lijo, quien tiene la potestad de ordenarlas, si lo considera oportuno. (Télam)

La decisión del fiscal federal Guillermo Marijuan de pedir que se abra una investigación sobre el origen del dinero robado de su casa, cerró una semana complicada para la presidenta del Senado además mantuvo una fuerte discusión con algunos legisladores acerca de su imposibilidad de hacer uso de la palabra durante las sesiones.

En el mediodía del viernes, el fiscal le entregó al juez Ariel Lijo un escrito a favor de abrir la investigación a partir de la denuncia de un abogado, Leonardo Martínez Herrero; a la que se acumuló otra de los diputados nacionales kirchneristas Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade.

En las denuncias se pidió investigar si la vicepresidenta incurrió en algún delito en torno al dinero (245 mil pesos y 50 mil dólares) robado de su casa el 22 de noviembre de 2015.

Por el robo fue procesado un custodio de la Vicepresidenta.

Y también establecer si el dinero estaba declarado y corroborar si 200 mil pesos provinieron de una donación recibida por la fundación SUMA, presidida por la funcionaria, como ella explicó.

La imputación de la fiscalía cierra una semana en la que la vicepresidenta, además, se peleó con la mayoría de los senadores presentes durante la sesión del último miércoles, ante quienes argumentaba que podía hacer uso de la palabra, cuando el Reglamento, en realidad, se lo prohíbe.

“Ustedes me pidieron la posibilidad de flexibilizar. Me parece que pueden escuchar dos minutos lo que yo puedo pensar”, argumentó Michetti, mientras que los legisladores, sobre todo el presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, le respondía que el Reglamento de la cámara alta le impide al Presidente del cuerpo tomar parte en los debates.

La última vez que un vicepresidente hizo uso de la palabra durante la discusión de una norma fue en julio de 2008, cuando el mendocino Julio Cobos fundamentó su voto “no positivo” a la ley que ponía en marcha la Resolución 125 sobre retenciones agropecuarias.

De hecho, el ex vicepresidente Amado Boudou nunca respondió cuando la oposición, en reiteradas sesiones, le pedía abiertamente en el recinto que deje la Presidencia de la Cámara por sus procesamientos judiciales.

“Este proyecto tiene una implicancia presupuestaria enorme. Porque es un tren desde Constitución hasta Bariloche y hasta Zapala. No estamos hablando de una pavada”, arrancó Michetti argumentando en contra de una iniciativa impulsada por la rionegrina de la Coalición Cívica-ARI, Magdalena Odarda, para poner en marcha tres nuevos ramales ferroviarios que finalmente fue aprobada y enviada a Diputados gracias a los votos de la centroizquierda y del peronismo.

Cuando la presidenta empezó a hablar, Pichetto, que no estaba presente en el recinto porque tenía un problema de salud, regresó para cortarla diciéndole que “no debería hablar”.

“Ya sé que no puedo hablar pero, ¿sabe qué?, hay una confusión”, argumentó Michetti, a lo que Pichetto volvió a enfatizar que “el Reglamento es estricto en ese sentido: usted no es senadora”.

Luego, Pichetto se quejó de que en el recinto no funcionaba el tablero de votación y de que “no anda nada”. Michetti le pidió tranquilidad, a lo que el rionegrino le volvió a decir que la vicepresidenta tampoco le podía contestar.

“¡Le voy a contestar porque soy una persona!”, levantó el tono Michetti.
El radical Angel Rozas, presidente del Interbloque Cambiemos, terció en la discusión indicando que la presidenta no podía participar del debate, tal como lo indica el artículo 33 del Reglamento de la Cámara, pero también le advirtió a Pichetto que modifique el tono con el que se refería a la vicepresidenta.

Finalmente, el legislador rionegrino, más calmo, le pidió disculpas a Michetti argumentando que no se trataba de “una cuestión de tipo personal”.

“Coincido en aquello de que el silencio de la presidenta en forma permanente es lo más sano para el funcionamiento de esta Cámara en tanto el Reglamento así lo impone”, cerró la discusión el cordobés Ernesto Martínez, senador por el Frente Cívico de Córdoba, que integra el Interbloque PRO.

Sin embargo, luego de que terminó la sesión, cerca de las 20, fuentes parlamentarias indicaron que la vicepresidenta se cruzó en una discusión con algunas senadoras de la oposición a las que les enrostró no haber participado de la discusión con Pichetto para defenderla por su condición de mujer.

Fuente: Télam

Gregorio Dalbón denunció a la diputada, al juez federal y al CEO de Clarín por una batería de delitos como supuesta extorsión y asociación ilícita a raíz de un tuit vinculado a las denuncias contra la ex presidenta Cristina Kirchner.

El abogado denunció a Margarita Stolbizer, al juez federal Claudio Bonadio y al CEO de Clarín, Héctor Magnetto por una batería de delitos como supuesta extorsión y asociación ilícita a raíz de un tuit de la diputada Elisa Carrió, vinculado a las denuncias contra la ex presidenta Cristina Kirchner.

En su posteo en la red social twitter, Carrió especuló que "es bueno que Stolbizer denuncie hoy con la ayuda de Clarín y Bonadio" y ese mensaje dio pie a Dalbón, abogado de la ex Presidenta en una demanda civil a Stolbizer, para radicar la denuncia penal que quedó a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Franco Picardi.

Dalbón hizo una exposición oral en la sala de sorteos de la Cámara Federal en la que acusó a Bonadío, Magneto y Stolbizer por "extorsión con amenaza contra el honor, asociación ilícita e intimidación pública", entre otros posibles delitos.

El abogado se presentó en Comodoro Py 2002, apenas concluída la audiencia de mediación a la que acompañó a Cristina Kirchner como medida previa a la demanda civil que se le iniciará a Stolbizer. (Télam)

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