21 DE ENERO DE 2018 |
Salud

Sobre la modificación de impuestos a cigarrillos, bebidas azucaradas y alcohólicas, FIC Argentina advierte sobre ciertos requisitos que una medida fiscal sobre productos no saludables debe contemplar para tener un impacto en la protección de la salud.

A raíz de los recientes anuncios, FIC Argentina advierte sobre ciertos requisitos que una medida fiscal sobre productos no saludables debe contemplar para tener un impacto en la protección de la salud.

(Buenos Aires, 8 de noviembre) El martes 31 de octubre, el Ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, presentó un proyecto de reforma tributaria que incluye un nuevo esquema impositivo para productos no saludables como cigarrillos, bebidas alcohólicas y azucaradas.
 
El proyecto establece una modificación en las alícuotas de impuestos internos a estos productos. En el caso de bebidas alcohólicas como whisky, coñac y otras bebidas blancas, la alícuota pasaría del 20% al 20-29%; en las cervezas, del 8% al 17%; en espumosos y champañas, de 0% a 17% y, por último, la alícuota para vinos y sidras sería del 10% (actualmente es 0%). En relación a las bebidas gaseosas y otras sin alcohol que hoy tienen una alícuota de 4%-8%, el proyecto estipula un 0% para las bebidas sin azúcar añadido y 17% para las que tienen azúcar añadido. Para los cigarrillos, por su parte, el proyecto establece un impuesto mínimo y una alícuota del 70%.

Al momento FIC Argentina no pudo tener acceso al texto completo del proyecto para hacer estimaciones y modelar el impacto sanitario de la medida. “Si bien durante el anuncio el Ministro señaló que la medida está en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es necesario conocer detalles de la norma para poder evaluar si realmente tendrá impacto en la reducción del consumo de los productos alcanzados”, señaló Belén Rios, codirectora de FIC Argentina. “A partir de la información disponible hay cuestiones que nos preocupan. En el caso de los cigarrillos, por ejemplo, se propone una baja de los impuestos del 75% al 70%, lo cual implicaría un retroceso en la protección de la salud”, agregó.

Para que una medida fiscal logre desincentivar el consumo de productos no saludables debe haber sido diseñada con un objetivo de salud pública y contemplar ciertos requisitos. En primer lugar, el incremento de impuestos debe trasladarse a un aumento de los precios, tal como lo establecen los estándares internacionales. De lo contrario, se trataría de una política meramente recaudatoria y no de salud. A su vez, estas medidas deben incluir un sistema de control y actualización de los precios para evitar que la inflación y el crecimiento de los ingresos licuen su impacto.
 
Por otro lado, un eje clave de las medidas fiscales que persiguen objetivos de salud pública, es que su proceso de diseño e implementación debe estar libre de la interferencia de las industrias involucradas para evitar torcer el rumbo de la política. Por último, es necesario promover políticas integrales que abarquen otros aspectos del entorno como por ejemplo la exposición constante a publicidad de alimentos no saludables, el aumento de la exhibición de paquetes de cigarrillos en los kioscos, entre otros.
 
“Celebramos que sea un tema en discusión en la agenda del gobierno y quedamos a disposición desde la sociedad civil para colaborar con el diseño de una política efectiva que se proponga reducir el impacto del tabaquismo y del consumo excesivo de bebidas azucaradas y alcohólicas en nuestra población”, concluyó Belén Rios.

Las enfermedades no transmisibles (cardio y cerebro vascular, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas) constituyen la primera causa de muerte en nuestro país y en el mundo. Sus principales factores de riesgo son el consumo de tabaco, la mala alimentación, el sedentarismo y el consumo excesivo de alcohol. Por eso, es necesario avanzar con políticas públicas efectivas que prevengan estos factores y promuevan la creación de entornos saludables.

El Gobierno prorrogó hasta fin de año la rebaja del impuesto adicional a los cigarrillos y mantuvo el incremento de los impuestos internos sobre el tabaco, que vencían el 31 de diciembre de 2016.

La primera de las medidas fue adoptada a través del decreto 14/2017 publicado este jueves en el Boletín Oficial, a través del cual el Gobierno dispuso mantener la disminución de la alícuota de 21% a 7% en el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos.

La medida rige desde el 1 de enero de este año, regirá hasta el 31 de diciembre próximo y deberá ser comunicada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación.

En 2000 se había establecido un cronograma de disminución de la alícuota del impuesto que vencía el 31 de diciembre de 2016, y por esa razón se los prorrogó.

En tanto, el mantenimiento del gravamen de 75% previsto en la Ley de Impuestos Internos para cigarrillos fue adoptado a través del decreto 15/2017 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

Fuente: Télam

Así lo comprobó FIC Argentina en un relevamiento realizado en kioscos e internet. Con estas acciones, las principales tabacaleras apuntan a sostener el consumo de tabaco, lo cual debilita el efecto positivo del aumento de precios de los cigarrillos para la salud pública. Según datos de la propia industria, en agosto las ventas de paquetes de cigarrillos prácticamente volvieron a los valores previos a la suba de impuestos.

(Buenos Aires, 19 de octubre) A partir del aumento de los impuestos a los cigarrillos producto de la entrada en vigencia del decreto 626/2016, las dos principales tabacaleras comenzaron a desplegar estrategias de marketing que apuntan a levantarle el perfil a sus marcas más baratas (segundas marcas). De esta manera, las empresas buscan debilitar el impacto de la medida fiscal para reducir la prevalencia del tabaquismo en la población ya que el aumento de precios de los cigarrillos vía impuestos es la medida más eficaz para prevenir la iniciación en niños, niñas y adolescentes y reducir el consumo en las personas que fuman.

El relevamiento, realizado por FIC Argentina en internet y en puntos de venta de distintas ciudades argentinas, permitió identificar 4 estrategias que reflejan este cambio en las acciones de las tabacaleras. Por un lado, se detectó la asociación de segunda marcas de cigarrillos con las primeras marcas más reconocidas. Esto se observa, por ejemplo, en los exhibidores de cigarrillos ubicados en los kioscos donde se ven paquetes de Viceroy o Chesterfield (box $37) intercalados con paquetes de Philip Morris y Lucky Strike (box $48 y $52, respectivamente).

Otra de las estrategias es destacar a las segundas marcas en los kioscos. Por ejemplo, a través de paquetes de grandes dimensiones de Chesterfield o Rothmans (cuyo precio, en formato box, es $32) que son utilizados como objetos decorativos y de la presencia de anuncios de estos cigarrillos al lado de las cajas.

También se observó que la industria tabacalera apuesta a lanzar nuevas marcas que compiten en el segmento de bajo precio. Este es el caso del lanzamiento de “Rothmans” que ingresó al mercado hace pocos meses.


Por último, la cuarta estrategia relevada fue el lanzamiento de ediciones limitadas de las primeras marcas a $3 o $4 menos que las versiones originales, como la edición limitada de Philip Morris Caps Music a $37 promocionada tanto en kioscos como en el sitio web de la marca. “La ley nacional de control de tabaco y su reglamento prohíben las promociones de descuento, por lo tanto, la industria encontró este artilugio de las ediciones especiales para hacer descuentos en sus marcas Premium y no perder consumidores”, declara Verónica Schoj, directora ejecutiva de FIC Argentina.

Estas tácticas reflejan que la industria, en un marco de aumento de precios de los cigarrillos, despliega estrategias de marketing y promociones de precios que facilitan el acceso al tabaco y promueven que los fumadores se pasen a marcas más baratas y así no perder clientes. Estas estrategias son mundialmente utilizadas por las tabacaleras y minimizan el impacto sanitario de las políticas fiscales a los productos de tabaco que buscan reducir el consumo para proteger la salud.

Al respecto, Verónica Schoj sostiene: “La estrategia de la industria tabacalera está siendo efectiva. Si bien no hay datos independientes de la industria tabacalera, en mayo de 2016, luego del aumento de los impuestos las empresas reportaron una caída de sus ventas del 44% respecto del mes anterior. En agosto de 2016, sin embargo, informaron ventas por 155 millones de paquetes, valor similar al reportado durante 2015, antes de que se aplicara el impuesto a los cigarrillos". Y agrega: “El Ministerio de Economía de la Nación debe cumplir con su compromiso de presentar un proyecto de ley de impuestos al tabaco que le de continuidad al decreto 626/2016 y reduzca el margen de maniobra que tiene la industria tabacalera para debilitar la medida y sostener su negocio a costa de la salud de la población. En este sentido, el proyecto de ley debe contemplar ciertos requisitos indispensables para reducir el tabaquismo en el mediano y largo plazo, como por ejemplo: igualar la carga impositiva para todos los productos de tabaco, aplicar un impuesto específico (es decir, un monto fijo por paquete) que reduzca la brecha de precios entre marcas para evitar la sustitución por marcas más baratas y garantizar actualizaciones periódicas y sostenidas en el tiempo para que la inflación no “licue” el impacto sanitario de la medida”.

A su vez, y en lo que respecta a la publicidad de productos de tabaco, las estrategias publicitarias de segundas marcas ponen de manifiesto los vacíos legales que tiene la ley nacional de control de tabaco (n° 26.687) y la necesidad de avanzar con una normativa que también prohíba la publicidad directa a través de los sitios web de marcas y la publicidad en el punto de venta, incluida la exhibición de productos que hoy es un recurso ampliamente explotado por la industria tabacalera en los kioscos de nuestro país. Esta política es también fundamental ya que, como se comprobó, actualmente la industria tabacalera utiliza a la publicidad como una vía estratégica para promover la sustitución por marcas más baratas y así preservar su mercado ante una política de aumento de impuestos al tabaco.  

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