21 DE OCTUBRE DE 2017 |
Salud

La ministra de Seguridad rechazó la "utilización política" de la desaparición del joven, en un fuerte cruce que mantuvo con senadores del kirchnerismo al brindar un informe sobre el caso en el Senado y aclaró que se investigan "todas las hipótesis" y no sólo la que sostiene que se trató de "una desaparición forzada".

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, refutó a senadores del Frente para la Victoria (FPV) que insinuaron comparaciones del gobierno nacional con la última dictadura y reclamó "no estigmatizar" a los gendarmes con intentos de asemejar el accionar actual con el ocurrido durante el gobierno de facto, al exponer durante tres horas ante la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado.

"Yo no voy a cometer la injusticia de tirar a un gendarme por la ventana y de echarle la responsabilidad si no la tienen", advirtió la ministra al responder uno de los cuestionamientos de parte del FPV respecto de los motivos por los cuales no se tomaron medidas para apartar a los jefes de los escuadrones de Gendarmería nacional que participaron del operativo de desalojo tras el cual desapareció Maldonado.

Bullrich aclaró que "no hay indicios de que Gendarmería haya actuado con violencia y haya tenido algún detenido", pero aclaró que "tampoco hay que cerrarse a ninguna hipótesis" en torno a la búsqueda del joven que fue visto por última vez el 1 de agosto tras un operativo de Gendarmería para desalojar la ruta 40 en la localidad chubutense de Cushamen que había sido ocupada por una protesta de la comunidad mapuche.

Fuente: Télam

La Cámara alta convalidó con reformas, el proyecto que propone prohibir el sistema de semi detención o de salidas transitorias para imputados por delitos de homicidio agravado, de índole sexual y robo con armas.

El Senado de la Nación aprobó con reformas, y devolvió a Diputados, el proyecto de ley que propone un nuevo régimen de excarcelaciones y prohíbe el sistema de semi detención o de salidas transitorias para los imputados por delitos de homicidio agravado, de índole sexual y robo con armas, entre otros.

La iniciativa fue aprobada gracias a los votos del oficialismo y de una parte de la oposición, mientras que el sector kirchnerista del Frente para la Victoria votó en contra.

El debate cobró impulso tras el crimen de la joven Micaela García (21), cometido presuntamente por Sebastián Wagner (30), quien había sido excarcelado por un juez de Entre Ríos tras cumplir solo dos años de su condena de nueve por dos violaciones.

El proyecto volverá a Diputados porque el pleno de la Cámara aceptó las modificaciones que se le introdujeron durante el debate que se llevó a cabo en la Comisión de Justicia este mediodía.

Entre los cambios más importantes efectuados al proyecto está la exclusión de los delitos de homicidio simple, contra el orden económico y contrabando simple como causante para impedir al condenado acceder a los beneficios de las salidas anticipadas.

Los que sí quedaron fueron los delitos de tortura seguida de muerte, narcotráfico, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, robo con arma en banda y despoblado, contrabando agravado y delitos con el fin de aterrorizar a la población.

Asimismo, se moderó la actuación del Servicio Penitenciario, que de acuerdo con el nuevo proyecto seguirá funcionando como auxiliar del juez de ejecución, pero sus informes no serán determinantes para el otorgamiento o no de salidas anticipadas, como proponía la reforma.

Otro de los cambios introducidos es que la víctima tendrá participación en toda la cuestión vinculada con el régimen de progresividad de la pena, ya que podrá controlar su ejecución por parte del juez y proponer informes o peritos.

La iniciativa aprobada hoy también excluye de las salidas transitorias a quienes posean una causa abierta y a los reincidentes.

El proyecto indica que el desempeño del condenado en actividades que realice mientras cumpla su pena debe ser registrado e informado para su evaluación, lo que resultará relevante a la hora de recibir algún beneficio de libertad anticipada.

Los delincuentes, al ingresar al establecimiento correccional, deberán ser evaluados psicológicamente para individualizar el tratamiento que deben seguir en la cárcel.

Además, para poder ingresar en un régimen de "pre-socialización", el interno deberán poseer buena conducta, no haber sido sancionado, trabajar con regularidad y cursar estudios.

El Servicio Penitenciario corroborará el domicilio del imputado en el caso de que sea beneficiado con la posibilidad de dormir fuera del establecimiento.

Los imputados por delitos vinculados con explotación sexual deberán llevar una pulsera electrónica y en los casos en que sean beneficiados con visitas a familiares fuera del establecimiento, deberán ser acompañados por agentes del Servicio Penitenciario.

En tanto, los condenados por delitos que ahora están excluidos del régimen de semi libertad tendrán que ser ingresados a un Régimen Preparatorio de Liberación un tiempo prudencial previo a cumplir su condena.

Finalmente, el proyecto de ley prohíbe expresamente el uso de dispositivos móviles dentro de los establecimientos carcelarios y se asegura de que no puedan ser utilizados celulares que puedan ser ingresados de contrabando, ordenando el bloqueo de las señales telefónicas.

El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el opositor Pedro Guastavino, reconoció que “por ahí no alcanza con una ley” y advirtió que “claramente fracasó el Estado en la ejecución de la pena y en cómo se resocializa al condenado”.

Mientras el oficialista cordobés Ernesto Martínez mencionó que existe una “inflación punitiva” que comenzó “en 2005 con las llamadas ‘leyes Blumberg’”, el radical Julio Cobos reconoció que “si la situación económica y social mejora, el delito va a disminuir”, aunque destacó que “algunos van a delinquir, independientemente de su condición”.

En ese aspecto, aseguró que “el setenta y cinco por ciento de los delincuentes vuelve a delinquir” y sostuvo que ese índice es del noventa por ciento en los delitos aberrantes.

El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, aseveró que “en estos últimos veinte años falta la mirada sobre la víctima” que “no aparece en los tratados de derecho penal”.

Además, admitió que la sanción del proyecto se produce tras la conmoción que causó el crimen de Micaela García y cuestionó duramente a los jueces que dejaron libre al autor del asesinato.

“La justicia de Entre Ríos le daba salidas transitorias para que se vaya resocializando con las futuras víctimas para ver cómo las violaba”, destacó.

En cambio, la ultra kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti rechazó la reforma y la consideró una “puesta en escena de la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) y de algunos legisladores de poca monta” y que el proyecto “busca la tapa de los diarios”.

Fuente: Télam

Con 58 votos a favor, la cámara Alta convalidó y transformó en ley la iniciativa que propone un marco regulatorio para el uso de medicinal y científico del cannabis y sus derivados.

El proyecto sobre la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y de sus derivados para el tratamiento de enfermedades como la epilepsia o el alzheimer, fue convertido en ley por la Cámara de Senadores por unanimidad y sin debate.

La iniciativa fue apoyada por todos los bloques y votada en un rápido trámite a pedido del senador del Frente para la Victoria, Juan Manuel Abal Medina, quien requirió que se apuraran los tiempos debido a que la sesión se venía extendiendo durante cinco horas por otros asuntos y un grupo de madres y niños que apoyaban la sanción esperaban en un salón contiguo.

El proyecto aprobado hoy establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de cannabis y crea un programa nacional para el estudio y la investigación de su uso.

El Ministerio de Salud, además, debe garantizar el aprovisionamiento de los insumos necesarios, ya sea a través de la importación o la producción por parte del Estado nacional, para lo que autoriza el cultivo de plantas de marihuana al Conicet y al INTA.

Por su parte, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) permitirá la importación de aceite de cannabis, cuya provisión será gratuita para quienes estén incorporados al programa a través de un registro nacional.

Finalmente, el proyecto establece que el Estado impulsará la producción pública de cannabis y su industrialización para uso exclusivamente medicinal, terapéutico y de investigación.

El proyecto fue rápidamente debatido en comisión por la Cámara alta, ya que ayer obtuvo dictamen y hoy fue aprobado sobre tablas en la que fue la primera sesión ordinaria del año del Senado.

Sobre el alcance de la iniciativa, Abal Medina afirmó que “este proyecto quiere acompañar a las madres y padres en la búsqueda de aquellos tratamientos que mejoren la salud o colaboren con el bienestar de sus hijos”.

“El Estado no puede ser indiferente ante ese dolor y esa búsqueda. Y es importante que esta ley sea puesta en marcha de manera inmediata”, enfatizó el senador bonaerense.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Salud, la radical Silvia Elías de Pérez recordó que “el Estado estará a la cabeza de la investigación científica y clínica de los beneficios del cannabis en distintas enfermedades”.

“El proyecto no solo promueve la concientización, sino que garantiza el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis a toda persona que se incorpore al programa”, anunció.

María Laura Alasi, la primera madre en obtener la autorización de la Anmat para importar ese producto a fin de tratar la epilepsia refractaria que padece su hija de cuatro años, aseguró que la ley es "un sueño cumplido" para todas las familias que lo necesitan y corona "tanta lucha" para lograrla.

Alasi, quien es fundadora de Cannabis Medicinal Argentina (Cameda), se mostró satisfecha con el aporte realizado por su familia a esta causa al impulsar el primer pedido de importación, tras el cual otras 200 familias obtuvieron respuestas similares.

En octubre de 2015 la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) autorizó la la importación de aceite de Cannabis "Charlotte" para la hija de Alasi, que experimentó una evolución importante de su enfermedad.

La nena "fue diagnosticada de síndrome de West a los 7 meses, pero con el tiempo se le transformó en una epilepsia refractaria", que "le produce crisis convulsivas y un consecuente retraso madurativo", contó.

Cuando empezó a tratarse con el aceite de cannabis "tenía 100 convulsiones diarias que duraban 40 minutos, y ahora tiene algunos períodos de inestabilidad, por eso es importante que los médicos y científicos nos acompañen para dar con la dosis justa", explicó.

Ahora la nena "está conectada (con quienes la rodean), nos mira y nos sonríe", porque además pudo dejar las 10 pastillas anticonvulsivas que tomaba antes por día", dijo Alasi, que también quiere el autocultivo.

"A veces una sola variedad de aceite no cubre todas las necesidades y lo que aprendimos con médicos es que tiene que rotar el tipo de cannabis para que no se produzca el acostumbramiento", explicó.

Fuente: Télam

El Poder Ejecutivo no convocará a sesiones extraordinarias para febrero, por lo que una decena de iniciativas que tienen sanción en alguna de las cámaras del Congreso deberán ser archivadas hasta que el presidente Mauricio Macri inaugure el período ordinario de sesiones, el 1° de marzo, como establece la Constitución Nacional.

La aceptación de que el Congreso mantendrá sus puertas cerradas el mes que viene surge de fuentes tanto del oficialismo como de la oposición, que coincidien en afirmar que no fueron notificados sobre la posibilidad de un llamado a extraordinarias, como sí ocurrió durante diciembre.

Asimismo, desde el Poder Ejecutivo dejaron trascender la intención de retomar la actividad legislativa recién en marzo.
Las únicas labores en febrero serán las reuniones de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene a su cargo dictaminar sobre la validez del dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

De hecho, el presidente de la Bicameral, el diputado camporista Marcos Cleri, ya convocó oficialmente a la Comisión para este jueves 2 de febrero a las 10, con la intención de analizar la validez de varios DNU, entre los que figuran una modificación al Presupuesto 2016, cambios al alcance de los impuestos a los combustibles y la reducción del IVA a la venta de paquetes de cigarrillos.

Asimismo, Cleri confirmó a Télam que, una semana después, volverá a convocar a la Bicameral para analizar los DNU que reforman la Ley de Riesgos del Trabajo y la Ley de Feriados, firmados por el presidente Macri a fines de enero.

Ambos decretos fueron duramente cuestionados por la oposición que recordaron que dos iniciativas similares se encuentran en estudio en la Cámara de Diputados.

La iniciativa que modifica la Ley de Riesgos del Trabajo obtuvo amplio apoyo en el Senado y pasó a Diputados que, pese a que tenía aún dos semanas para debatirla en diciembre, no la llevó al recinto.

Al no convocar a Extraordinarias, Diputados deberá esperar hasta marzo para, tal vez, debatir la reforma al Ministerio Público Fiscal que busca recortarle poderes a la Procuración que encabeza Alejandra Gils Carbó.

Esa iniciativa tenía dictamen de comisión en la Cámara baja, pero fue archivada luego de que la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, primero, y algunos otros legisladores de la oposición después, cuestionaron el texto de la iniciativa.

En el Senado, en tanto, la agenda es más extensa e incluye el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que llegó de Diputados a mediados de 2016, fue sensiblemente modificado en comisiones, pero aún no obtuvo el consenso necesario para llegar al recinto de la Cámara alta.

Algo similar ocurrió con la Reforma Electoral que Cambiemos debió guardarse luego de que el Frente para la Victoria decidiera no brindarle su apoyo, pese a que el Frente Renovador encabezado por el diputado Sergio Massa, que funciona en tándem con el senador Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque de la mayoría en la Cámara alta, la respaldó.

También figuran en la lista de temas que quedaron para marzo un proyecto para limitar las comisiones que cobran los bancos por el uso de tarjetas de crédito que salió del Senado, fue modificado en Diputados y volvió a la Cámara alta.

Asimismo, quedarán para más adelante proyectos como el fomento al emprendedurismo, la escolaridad obligatoria para los niños de tres años, el uso de la marihuana con fines medicinales, el Programa de Fomento al Empleo Registrado y una iniciativa amplia, impulsada por el Gobierno, para combatir a las barras bravas en el fútbol.

Fuente: Télam

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