24 DE MAYO DE 2017 |
Salud

La Cámara alta convalidó con reformas, el proyecto que propone prohibir el sistema de semi detención o de salidas transitorias para imputados por delitos de homicidio agravado, de índole sexual y robo con armas.

El Senado de la Nación aprobó con reformas, y devolvió a Diputados, el proyecto de ley que propone un nuevo régimen de excarcelaciones y prohíbe el sistema de semi detención o de salidas transitorias para los imputados por delitos de homicidio agravado, de índole sexual y robo con armas, entre otros.

La iniciativa fue aprobada gracias a los votos del oficialismo y de una parte de la oposición, mientras que el sector kirchnerista del Frente para la Victoria votó en contra.

El debate cobró impulso tras el crimen de la joven Micaela García (21), cometido presuntamente por Sebastián Wagner (30), quien había sido excarcelado por un juez de Entre Ríos tras cumplir solo dos años de su condena de nueve por dos violaciones.

El proyecto volverá a Diputados porque el pleno de la Cámara aceptó las modificaciones que se le introdujeron durante el debate que se llevó a cabo en la Comisión de Justicia este mediodía.

Entre los cambios más importantes efectuados al proyecto está la exclusión de los delitos de homicidio simple, contra el orden económico y contrabando simple como causante para impedir al condenado acceder a los beneficios de las salidas anticipadas.

Los que sí quedaron fueron los delitos de tortura seguida de muerte, narcotráfico, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, robo con arma en banda y despoblado, contrabando agravado y delitos con el fin de aterrorizar a la población.

Asimismo, se moderó la actuación del Servicio Penitenciario, que de acuerdo con el nuevo proyecto seguirá funcionando como auxiliar del juez de ejecución, pero sus informes no serán determinantes para el otorgamiento o no de salidas anticipadas, como proponía la reforma.

Otro de los cambios introducidos es que la víctima tendrá participación en toda la cuestión vinculada con el régimen de progresividad de la pena, ya que podrá controlar su ejecución por parte del juez y proponer informes o peritos.

La iniciativa aprobada hoy también excluye de las salidas transitorias a quienes posean una causa abierta y a los reincidentes.

El proyecto indica que el desempeño del condenado en actividades que realice mientras cumpla su pena debe ser registrado e informado para su evaluación, lo que resultará relevante a la hora de recibir algún beneficio de libertad anticipada.

Los delincuentes, al ingresar al establecimiento correccional, deberán ser evaluados psicológicamente para individualizar el tratamiento que deben seguir en la cárcel.

Además, para poder ingresar en un régimen de "pre-socialización", el interno deberán poseer buena conducta, no haber sido sancionado, trabajar con regularidad y cursar estudios.

El Servicio Penitenciario corroborará el domicilio del imputado en el caso de que sea beneficiado con la posibilidad de dormir fuera del establecimiento.

Los imputados por delitos vinculados con explotación sexual deberán llevar una pulsera electrónica y en los casos en que sean beneficiados con visitas a familiares fuera del establecimiento, deberán ser acompañados por agentes del Servicio Penitenciario.

En tanto, los condenados por delitos que ahora están excluidos del régimen de semi libertad tendrán que ser ingresados a un Régimen Preparatorio de Liberación un tiempo prudencial previo a cumplir su condena.

Finalmente, el proyecto de ley prohíbe expresamente el uso de dispositivos móviles dentro de los establecimientos carcelarios y se asegura de que no puedan ser utilizados celulares que puedan ser ingresados de contrabando, ordenando el bloqueo de las señales telefónicas.

El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el opositor Pedro Guastavino, reconoció que “por ahí no alcanza con una ley” y advirtió que “claramente fracasó el Estado en la ejecución de la pena y en cómo se resocializa al condenado”.

Mientras el oficialista cordobés Ernesto Martínez mencionó que existe una “inflación punitiva” que comenzó “en 2005 con las llamadas ‘leyes Blumberg’”, el radical Julio Cobos reconoció que “si la situación económica y social mejora, el delito va a disminuir”, aunque destacó que “algunos van a delinquir, independientemente de su condición”.

En ese aspecto, aseguró que “el setenta y cinco por ciento de los delincuentes vuelve a delinquir” y sostuvo que ese índice es del noventa por ciento en los delitos aberrantes.

El presidente del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, aseveró que “en estos últimos veinte años falta la mirada sobre la víctima” que “no aparece en los tratados de derecho penal”.

Además, admitió que la sanción del proyecto se produce tras la conmoción que causó el crimen de Micaela García y cuestionó duramente a los jueces que dejaron libre al autor del asesinato.

“La justicia de Entre Ríos le daba salidas transitorias para que se vaya resocializando con las futuras víctimas para ver cómo las violaba”, destacó.

En cambio, la ultra kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti rechazó la reforma y la consideró una “puesta en escena de la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) y de algunos legisladores de poca monta” y que el proyecto “busca la tapa de los diarios”.

Fuente: Télam

Con 58 votos a favor, la cámara Alta convalidó y transformó en ley la iniciativa que propone un marco regulatorio para el uso de medicinal y científico del cannabis y sus derivados.

El proyecto sobre la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y de sus derivados para el tratamiento de enfermedades como la epilepsia o el alzheimer, fue convertido en ley por la Cámara de Senadores por unanimidad y sin debate.

La iniciativa fue apoyada por todos los bloques y votada en un rápido trámite a pedido del senador del Frente para la Victoria, Juan Manuel Abal Medina, quien requirió que se apuraran los tiempos debido a que la sesión se venía extendiendo durante cinco horas por otros asuntos y un grupo de madres y niños que apoyaban la sanción esperaban en un salón contiguo.

El proyecto aprobado hoy establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del dolor de la planta de cannabis y crea un programa nacional para el estudio y la investigación de su uso.

El Ministerio de Salud, además, debe garantizar el aprovisionamiento de los insumos necesarios, ya sea a través de la importación o la producción por parte del Estado nacional, para lo que autoriza el cultivo de plantas de marihuana al Conicet y al INTA.

Por su parte, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) permitirá la importación de aceite de cannabis, cuya provisión será gratuita para quienes estén incorporados al programa a través de un registro nacional.

Finalmente, el proyecto establece que el Estado impulsará la producción pública de cannabis y su industrialización para uso exclusivamente medicinal, terapéutico y de investigación.

El proyecto fue rápidamente debatido en comisión por la Cámara alta, ya que ayer obtuvo dictamen y hoy fue aprobado sobre tablas en la que fue la primera sesión ordinaria del año del Senado.

Sobre el alcance de la iniciativa, Abal Medina afirmó que “este proyecto quiere acompañar a las madres y padres en la búsqueda de aquellos tratamientos que mejoren la salud o colaboren con el bienestar de sus hijos”.

“El Estado no puede ser indiferente ante ese dolor y esa búsqueda. Y es importante que esta ley sea puesta en marcha de manera inmediata”, enfatizó el senador bonaerense.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Salud, la radical Silvia Elías de Pérez recordó que “el Estado estará a la cabeza de la investigación científica y clínica de los beneficios del cannabis en distintas enfermedades”.

“El proyecto no solo promueve la concientización, sino que garantiza el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis a toda persona que se incorpore al programa”, anunció.

María Laura Alasi, la primera madre en obtener la autorización de la Anmat para importar ese producto a fin de tratar la epilepsia refractaria que padece su hija de cuatro años, aseguró que la ley es "un sueño cumplido" para todas las familias que lo necesitan y corona "tanta lucha" para lograrla.

Alasi, quien es fundadora de Cannabis Medicinal Argentina (Cameda), se mostró satisfecha con el aporte realizado por su familia a esta causa al impulsar el primer pedido de importación, tras el cual otras 200 familias obtuvieron respuestas similares.

En octubre de 2015 la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat) autorizó la la importación de aceite de Cannabis "Charlotte" para la hija de Alasi, que experimentó una evolución importante de su enfermedad.

La nena "fue diagnosticada de síndrome de West a los 7 meses, pero con el tiempo se le transformó en una epilepsia refractaria", que "le produce crisis convulsivas y un consecuente retraso madurativo", contó.

Cuando empezó a tratarse con el aceite de cannabis "tenía 100 convulsiones diarias que duraban 40 minutos, y ahora tiene algunos períodos de inestabilidad, por eso es importante que los médicos y científicos nos acompañen para dar con la dosis justa", explicó.

Ahora la nena "está conectada (con quienes la rodean), nos mira y nos sonríe", porque además pudo dejar las 10 pastillas anticonvulsivas que tomaba antes por día", dijo Alasi, que también quiere el autocultivo.

"A veces una sola variedad de aceite no cubre todas las necesidades y lo que aprendimos con médicos es que tiene que rotar el tipo de cannabis para que no se produzca el acostumbramiento", explicó.

Fuente: Télam

El Poder Ejecutivo no convocará a sesiones extraordinarias para febrero, por lo que una decena de iniciativas que tienen sanción en alguna de las cámaras del Congreso deberán ser archivadas hasta que el presidente Mauricio Macri inaugure el período ordinario de sesiones, el 1° de marzo, como establece la Constitución Nacional.

La aceptación de que el Congreso mantendrá sus puertas cerradas el mes que viene surge de fuentes tanto del oficialismo como de la oposición, que coincidien en afirmar que no fueron notificados sobre la posibilidad de un llamado a extraordinarias, como sí ocurrió durante diciembre.

Asimismo, desde el Poder Ejecutivo dejaron trascender la intención de retomar la actividad legislativa recién en marzo.
Las únicas labores en febrero serán las reuniones de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene a su cargo dictaminar sobre la validez del dictado de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

De hecho, el presidente de la Bicameral, el diputado camporista Marcos Cleri, ya convocó oficialmente a la Comisión para este jueves 2 de febrero a las 10, con la intención de analizar la validez de varios DNU, entre los que figuran una modificación al Presupuesto 2016, cambios al alcance de los impuestos a los combustibles y la reducción del IVA a la venta de paquetes de cigarrillos.

Asimismo, Cleri confirmó a Télam que, una semana después, volverá a convocar a la Bicameral para analizar los DNU que reforman la Ley de Riesgos del Trabajo y la Ley de Feriados, firmados por el presidente Macri a fines de enero.

Ambos decretos fueron duramente cuestionados por la oposición que recordaron que dos iniciativas similares se encuentran en estudio en la Cámara de Diputados.

La iniciativa que modifica la Ley de Riesgos del Trabajo obtuvo amplio apoyo en el Senado y pasó a Diputados que, pese a que tenía aún dos semanas para debatirla en diciembre, no la llevó al recinto.

Al no convocar a Extraordinarias, Diputados deberá esperar hasta marzo para, tal vez, debatir la reforma al Ministerio Público Fiscal que busca recortarle poderes a la Procuración que encabeza Alejandra Gils Carbó.

Esa iniciativa tenía dictamen de comisión en la Cámara baja, pero fue archivada luego de que la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, primero, y algunos otros legisladores de la oposición después, cuestionaron el texto de la iniciativa.

En el Senado, en tanto, la agenda es más extensa e incluye el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que llegó de Diputados a mediados de 2016, fue sensiblemente modificado en comisiones, pero aún no obtuvo el consenso necesario para llegar al recinto de la Cámara alta.

Algo similar ocurrió con la Reforma Electoral que Cambiemos debió guardarse luego de que el Frente para la Victoria decidiera no brindarle su apoyo, pese a que el Frente Renovador encabezado por el diputado Sergio Massa, que funciona en tándem con el senador Miguel Angel Pichetto, jefe del bloque de la mayoría en la Cámara alta, la respaldó.

También figuran en la lista de temas que quedaron para marzo un proyecto para limitar las comisiones que cobran los bancos por el uso de tarjetas de crédito que salió del Senado, fue modificado en Diputados y volvió a la Cámara alta.

Asimismo, quedarán para más adelante proyectos como el fomento al emprendedurismo, la escolaridad obligatoria para los niños de tres años, el uso de la marihuana con fines medicinales, el Programa de Fomento al Empleo Registrado y una iniciativa amplia, impulsada por el Gobierno, para combatir a las barras bravas en el fútbol.

Fuente: Télam

La cámara alta aprobó y giró a Diputados el proyecto de ley que modifica el Impuesto a las Ganancias, elevando el mínimo no imponible a $37.000 brutos (30.500 de bolsillo) para casados con dos hijos y a $27.941 brutos (23.200 de bolsillo) para solteros.

El Senado Nacional aprobó esta tarde con el apoyo de más de dos tercios de los presentes, y envió a Diputados, el proyecto de ley que modifica el Impuesto a las Ganancias elevando el mínimo no imponible a 37.000 pesos brutos (30.500 de bolsillo) para casados con dos hijos y a 27.941 pesos brutos (23.200 de bolsillo) para solteros.

La iniciativa fue apoyada por el oficialismo, el peronismo disidente, la centroizquierda y la mayoría del Frente para la Victoria, mientras que el sector de ese bloque más cercano a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner votó en contra o se abstuvo.

El proyecto obtuvo 55 votos a favor, 2 en contra (Ruperto Godoy y Daniel Pérsico) y doce abstenciones y esta misma tarde será discutido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para darle dictamen y poder debatirlo mañana, con la intención de convertirlo en Ley.

En tanto, decidieron abstenerse los peronistas disidentes Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso y los ultrakirchneristas Marcelo Fuentes, María Labado, Liliana Fellner, Nanci González, Anabel Fernández Sagasti, Virginia García, Hilda Aguirre, María Pilatti Vergara, Ana Almirón y Marilin Sacnum.

Con la reforma votada hoy pasarían a pagar ganancias 1,4 millones de trabajadores, en lugar de los 2,2 millones que pagan actualmente.

Habrá beneficios para los trabajadores por viáticos y horas extras, y se establece en un 22 por ciento el monto que pueden deducir los trabajadores radicados en la Patagonia por zona desfavorable.

Se reconocen las horas extras y los viáticos con un límite de deducción de hasta el 40 por ciento, salvo en las actividades vinculadas con el transporte de larga distancia que no tienen límite.

Quienes ingresen al Poder Judicial, jueces o empleados, y al Ministerio Público, fiscales, a partir de enero de 2017 pagarán ganancias.

El impuesto al juego fue modificado. El tributo por máquinas fue reemplazado por un incremento a las ganancias de los juegos de azar de 35 al 41,5 por ciento. Además, los juegos de azar pagarán 0,75% por apuesta y los online un 2,5%.

Se estableció una deducción común a todas las categorías de 51.967 pesos anuales. En el proyecto anterior, esa cifra era de $48.666.

La deducción por cargas de familia se establece por cónyuge en 48 mil pesos, y por hijo de hasta 18 años en $24.432.

La deducción especial multiplica por 3,8 la cifra de 51.967 pesos anuales.

Para los jubilados la cifra no imponible pasó de cinco a seis jubilaciones mínimas, lo que equivale a 30 mil pesos mensuales.

Los alquileres también entran en la deducción hasta el 40 por ciento, tomando como monto máximo casi 52 mil pesos.

El techo del monotributo que estaba en 400.000 y 600.000 pesos anuales pasó a 700.000 y $1.050.000.

Esta ley origina un costo fiscal bruto de casi cincuenta mil millones de pesos que será compensado, en parte, con los nuevos impuestos con los que se recaudarían casi 6.800 millones de pesos.

A ese número se suma un recupero, a través del dinero que vuelve en consumo por la modificación de Ganancias de, por lo menos, 9.000 millones de pesos.

El proyecto establece una cláusula para 2017 según la cual el bache fiscal de las provincias será cubierto por el gobierno nacional a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Al abrir el debate, el senador kirchnerista Juan Manuel Abal Medina destacó el “consenso” alcanzado entre el oficialismo, la CGT y los gobernadores y admitió que “si bien es cierto que durante 12 años de gobierno no tocamos las escalas”, sostuvo que todas las fuerzas políticas han “manejado” de “manera incorrecta” las condiciones de este impuesto.

El debate, en el inicio de la sesión.


A su turno, el oficialista Julio Cobos, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, puso de relieve el acuerdo alcanzado por diferentes sectores para lograr un texto consensuado y se pronunció a favor de "reformular" el sistema tributario "para que sea simple y que todos sepan lo que tienen que pagar".

El cordobés Ernesto Martínez, de Cambiemos, elogió el acuerdo al que llegaron oficialismo y oposición al decir que “este es un acto de responsabilidad política que honra al Senado de la Nación”.

En tanto, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, cuestionó el proyecto original del Poder Ejecutivo y también respaldó la discusión que permitió destrabar la cuestión afirmando que “esta es la ley posible” que “implica una efectiva mejora para los trabajadores”.

Fernando ‘Pino’ Solanas, de Proyecto Sur anticipó su respaldo al proyecto aunque cuestionó la iniciativa y consideró “lamentable” la “claudicación” de los diferentes sectores frente al texto aprobado en Diputados hace dos semanas.

Dos de los que se expresaron en contra fueron los ultrakirchneristas Virginia García y Ruperto Godoy. La santacruceña, quien se abstuvo, recordó la promesa de campaña del presidente Mauricio Macri de que ningún trabajador iba a pagar Ganancias, mientras que el sanjuanino, quien votó en contra, dijo no sentirse representado por el acuerdo de la CGT y el gobierno nacional y sostuvo que se debería "haber respetado la media sanción de Diputados”.

Fuente: Télam

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