21 DE ENERO DE 2018 |
Salud

Sobre la modificación de impuestos a cigarrillos, bebidas azucaradas y alcohólicas, FIC Argentina advierte sobre ciertos requisitos que una medida fiscal sobre productos no saludables debe contemplar para tener un impacto en la protección de la salud.

A raíz de los recientes anuncios, FIC Argentina advierte sobre ciertos requisitos que una medida fiscal sobre productos no saludables debe contemplar para tener un impacto en la protección de la salud.

(Buenos Aires, 8 de noviembre) El martes 31 de octubre, el Ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, presentó un proyecto de reforma tributaria que incluye un nuevo esquema impositivo para productos no saludables como cigarrillos, bebidas alcohólicas y azucaradas.
 
El proyecto establece una modificación en las alícuotas de impuestos internos a estos productos. En el caso de bebidas alcohólicas como whisky, coñac y otras bebidas blancas, la alícuota pasaría del 20% al 20-29%; en las cervezas, del 8% al 17%; en espumosos y champañas, de 0% a 17% y, por último, la alícuota para vinos y sidras sería del 10% (actualmente es 0%). En relación a las bebidas gaseosas y otras sin alcohol que hoy tienen una alícuota de 4%-8%, el proyecto estipula un 0% para las bebidas sin azúcar añadido y 17% para las que tienen azúcar añadido. Para los cigarrillos, por su parte, el proyecto establece un impuesto mínimo y una alícuota del 70%.

Al momento FIC Argentina no pudo tener acceso al texto completo del proyecto para hacer estimaciones y modelar el impacto sanitario de la medida. “Si bien durante el anuncio el Ministro señaló que la medida está en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es necesario conocer detalles de la norma para poder evaluar si realmente tendrá impacto en la reducción del consumo de los productos alcanzados”, señaló Belén Rios, codirectora de FIC Argentina. “A partir de la información disponible hay cuestiones que nos preocupan. En el caso de los cigarrillos, por ejemplo, se propone una baja de los impuestos del 75% al 70%, lo cual implicaría un retroceso en la protección de la salud”, agregó.

Para que una medida fiscal logre desincentivar el consumo de productos no saludables debe haber sido diseñada con un objetivo de salud pública y contemplar ciertos requisitos. En primer lugar, el incremento de impuestos debe trasladarse a un aumento de los precios, tal como lo establecen los estándares internacionales. De lo contrario, se trataría de una política meramente recaudatoria y no de salud. A su vez, estas medidas deben incluir un sistema de control y actualización de los precios para evitar que la inflación y el crecimiento de los ingresos licuen su impacto.
 
Por otro lado, un eje clave de las medidas fiscales que persiguen objetivos de salud pública, es que su proceso de diseño e implementación debe estar libre de la interferencia de las industrias involucradas para evitar torcer el rumbo de la política. Por último, es necesario promover políticas integrales que abarquen otros aspectos del entorno como por ejemplo la exposición constante a publicidad de alimentos no saludables, el aumento de la exhibición de paquetes de cigarrillos en los kioscos, entre otros.
 
“Celebramos que sea un tema en discusión en la agenda del gobierno y quedamos a disposición desde la sociedad civil para colaborar con el diseño de una política efectiva que se proponga reducir el impacto del tabaquismo y del consumo excesivo de bebidas azucaradas y alcohólicas en nuestra población”, concluyó Belén Rios.

Las enfermedades no transmisibles (cardio y cerebro vascular, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas) constituyen la primera causa de muerte en nuestro país y en el mundo. Sus principales factores de riesgo son el consumo de tabaco, la mala alimentación, el sedentarismo y el consumo excesivo de alcohol. Por eso, es necesario avanzar con políticas públicas efectivas que prevengan estos factores y promuevan la creación de entornos saludables.

Inspectores del ministerio de Salud de la Provincia clausuraron una distribuidora de bebidas alcohólicas de Lomas de Zamora, de donde secuestraron más de 740.000 botellas por no contar con la licencia Reba que habilita la venta de alcohol, y vender sus productos a comercios que tampoco estaban autorizados para el expendio de bebidas alcohólicas.

La clausura forma parte del relevamiento que lleva adelante la dirección provincial de Registro y Control de la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (Reba) en toda la Provincia, con el objetivo de verificar dónde comienza la cadena de venta de alcohol en forma ilegal.

El operativo se realizó durante la última semana en una de las distribuidoras más grandes de Lomas de Zamora. En total, los inspectores secuestraron 741.744 botellas, una cifra récord hasta el momento, que supone un 45 por ciento de aumento respecto de las botellas secuestradas durante todo 2013.

El ministro de Salud, Alejandro Collia, expresó que “si un kiosco, un bar, o un boliche venden alcohol sin tener licencia Reba es porque alguien lo abastece de manera ilegal, y las distribuidoras no pueden expender bebidas alcohólicas a comercios que no estén habilitados”.

Las leyes de Nocturnidad y de Comercialización de Bebidas Alcohólicas vigentes en la provincia de Buenos Aires, regulan la venta y expendio de alcohol y exigen requisitos comunes a almacenes, supermercados, hipermercados, restaurantes, deliverys, casas de comidas,  bares discotecas y pubs. Todos deben contar con la licencia que expide el Reba, tienen prohibida la venta a menores de 18 años, la venta ambulante y límites horarios, entre otras regulaciones.

El titular del Reba, Juan Lauro, señaló que “todo lo que estamos controlando figura en las leyes de nocturnidad vigentes; los comerciantes y empresarios ya fueron notificados por escrito sobre la obligatoriedad de contar con la licencia y el resto de los requisitos, y saben que en caso de no cumplir con ninguna de estas reglas serán infraccionados con sanciones que incluyen, según el caso, clausuras, arrestos y multas”.

Además, el Reba también realizó inspecciones en los municipios de Almirante Brown, Adrogué, Florencio Varela, Ituzaingó, La Matanza, La Plata, Morón y Quilmes, donde clausuraron un total de 22 comercios sobre 124 inspeccionados, y se secuestraron más de 348 botellas. Del total de locales infraccionados, 19 fueron por falta de licencia Reba, mientras que los 3 restantes por vender alcohol fuera del horario permitido.

En lo que va del año, se controlaron 2.206 comercios de la costa atlántica y el Conurbano, de los cuales 461 fueron infraccionados, y se incautaron 760.205 botellas de alcohol.

Además, se realizaron 14.528 controles de alcoholemia a conductores de vehículos, que arrojaron como resultados 209 test punitivos (más del nivel de alcohol en sangre permitido) y 348 positivos no punitivos (con alcohol en sangre en cantidad tolerable), en tanto que el resto fueron negativos.

Con mayor cantidad de inspectores y controles, este verano la Provincia buscó profundizar los resultados que se vienen obteniendo en los últimos años y reducir las consecuencias del consumo abusivo como siniestros viales, intoxicaciones y hechos de violencia.

Un relevamiento del ministerio de Salud en las guardias hospitalarias de seis ciudades turísticas, evidenció que este verano hubo una disminución del 37 por ciento en relación a los pacientes atendidos durante el mismo período del año pasado, por abuso de sustancias. Y, en el caso del alcohol, su consumo abusivo se redujo un 46,5 por ciento al pasar de 152 a 81 los casos, en enero de 2013 y el mes pasado, respectivamente.

 

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