23 DE MARZO DE 2017 |
Política

El reciente incremento en el porcentaje de recursos que le corresponden a la CABA sobre la recaudación a cargo de la Nación, dispuesto por decreto presidencial y que eleva la tasa del 1,4 al 3,7%, reedita la cuestión de la relación financiera entre el estado nacional y las provincias. Este tema se reinstaló con fuerza a partir del fallo de la CSJN de diciembre último, en el que se dispuso el cese de la afectación de fondos coparticipables destinados desde la década del ‘90 al financiamiento del Anses y su devolución a tres provincias. La cuestión, sin dudas, forma parte de la más postergada agenda del país.

Por Alejandro Otero (*)

Baste solo recordar que la Cláusula Transitoria Sexta de la CNA mandó sancionar una nueva ley de coparticipación antes del 31/12/96 y sigue incumplida.

Sin embargo, la medida no enfrenta el tema y reitera la “solución tipo parche” ante problemas de fondo que más temprano que tarde reedita el problema que se pretende resolver. En efecto, una vez más la cuestión tiende a centrarse en la puja por los recursos antes que en la discusión sobre el federalismo argentino. Bien hicieron notar desde el bloque del FPV que la Ciudad es el distrito más rico del país, cuenta con el mayor nivel de autofinanciamiento y goza de otros beneficios (como los subsidios a tarifas de servicios públicos por ejemplo) que otras jurisdicciones no tienen. Sin dudas no es la Ciudad el distrito prioritario del país para recibir más recursos de la Nación. Pero el tema es complejo y la asignación de más recursos a la Ciudad no puede ser tomada como una mala noticia. ¿Por qué? ¿Cómo es esto?.

En primer lugar, la CNA dispone en su artículo 75 que no hay traspaso de funciones sin su correspondiente financiamiento. Y dado el traspaso de la Policía Federal corresponde transferir más recursos a la Ciudad. Pero bien hicieron notar también nuestros diputados, la suma a transferir duplica al menos los recursos que financian a la Federal. Se estima que el costo de la Federal ronda los $ 9.000 millones año. Y el nuevo porcentaje le girará a la Ciudad unos $ 19.000 millones en 2016. 

Pero también existen otras razones para que la Ciudad obtenga más recursos. En efecto, el porcentaje de 1,4% fue uno de los mayores progresos en el financiamiento de la Ciudad Autónoma. Hasta 2003 la Ciudad recibía una suma fija por parte de la Nación. El incremento de la recaudación nacional que comienza con la recuperación económica tras la crisis de 2001 resultaba indiferente para la Ciudad. En concreto, los porteños aportaban más pero recibían lo mismo. El acuerdo entre los gobiernos de Aníbal Ibarra y Duhalde estableció ese porcentaje y la transferencia del impuesto de Sellos. A partir de entonces la Ciudad se “asoció” a los incrementos de la recaudación nacional. Sin embargo, la Ciudad nunca dejó de plantear la asimetría entre los recursos que aporta y los que recibe. Naturalmente, la Ciudad es un distrito llamado a aportar más de lo que recibe, dada su condición de distrito relativamente más rico. La cuestión no es la asimetría entre lo que aporta y lo que recibe la Ciudad. La cuestión es el tamaño de la brecha. Similar en esto es la situación de la Pcia de Bs As. O incluso más grave y más urgente.

Desde esa perspectiva, la asignación de un porcentaje mayor a la Ciudad repara y atiende una vieja demanda de todos quienes pugnamos por la Ciudad Autónoma.

El problema no es entonces la asignación de mayores recursos a la Ciudad a costa de los recursos de la Nación (y no de las Provincias como han confundido algunos, toda vez que el porcentaje en cuestión aplica sobre la porción que corresponde al estado nacional y no sobre la que compete a las provincias). El problema se presenta si una vez más se evita discutir la cuestión que subyace: el agotamiento del federalismo fiscal argentino. Es decir, la necesaria discusión sobre qué federalismo queremos y cómo lo financiamos. Es en ese marco que conviene situar la cuestión Capital. De lo contrario otra vez nos sometemos al tironeo que se parece mucho al problema de la ”frazada corta”, cuando el país está en condiciones de generar suficientes recursos para atender las necesidades de un federalismo que promueva la igualdad de un piso de bienestar a lo largo y ancho de todo el territorio.

Pero se requiere tematizar algo más que la razonabilidad del reciente incremento de la alícuota de la Capital. Se requiere al menos plantear si vamos a avanzar en la centralización o no de la recaudación o como vamos a avanzar hacia los coeficientes objetivos que manda la CNA para identificar la verdadera condición de obligaciones, necesidades y capacidades de financiamiento con la que cuenta cada jurisdicción. Debatir por fin de qué modo vamos a gravar las rentas y de qué modo al resto de las manifestaciones de riqueza, lo cual supone revisar el vetusto sistema tributario vigente. 

De lo contrario y más allá de la entendible disputa política, el federalismo decimonónico seguirá agonizando lentamente en el siglo XXI, como empezó a hacerlo durante el último cuarto del siglo XX. No hay nada que lamentar en ese deceso. El problema es que muera sin que nazca una instancia superadora capaz de potenciar los impulsos democráticos y de progreso que aún laten en el suelo argentino.  

(*) Vicepresidente Frente Grande Capital

Las provincias tienen razón en su reclamo. Al margen de que se demoró demasiado -y sin dudas fue inoportuno, al complicar la programación financiera de un gobierno entrante- el fallo de la Corte que benefició a las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis, sobre la inconstitucionalidad de la detracción del 15 por ciento de la masa coparticipable para financiar a la Anses, y del 1,9 de la recaudación neta total de los tributos y de los recursos aduaneros, para solventar los gastos de funcionamiento de la AFIP.

Por Félix Piacentini (*)

Al margen, además, de la benevolente interpretación de CFK de extender el fallo por decreto a todas las provincias con el mismo timing inoportuno, que deja lugar a interpretaciones maliciosas en cuanto a su repentino ataque de federalismo fiscal.

La excusa de colaboración y esfuerzo provincial en la financiación de la Administración de la Seguridad Social, a donde esos fondos son destinados, tuvo su origen cuando aparecieron en escena las AFJP y había riesgo de desfinanciamiento del sistema previsional público. Pero estatizadas las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones en 2008, esta detracción resulta difícil de justificar.

Las provincias ya sufrieron en los últimos años una creciente disminución de recursos coparticipables y hoy sólo reciben un 24 por ciento del total recaudado por la AFIP, es decir, el equivalente a tres meses de recaudación.

Los giros automáticos establecidos en el régimen de coparticipación fueron perdiendo cada vez más terreno a favor de los discrecionales, esos que dependen más de la alineación política de cada provincia con el gobierno central de turno que de criterios objetivos.

Y es en la minimización de las transferencias discrecionales de donde surge la oportunidad de conformar a todas las partes, ya que esos fondos son prácticamente de la misma magnitud que los 15 puntos de coparticipación en debate.

Si el gobierno nacional redujera al mínimo las trasferencias discrecionales lograría compensar la desfinanciación de la Anses y permitiría a las provincias que los 15 puntos adicionales sean distribuidos a través de los criterios objetivos, aunque discutibles, del actual régimen de coparticipación.

Esto, a su vez, daría un poco más de equidad al actual esquema de reparto -que aún así es sumamente injusto- al distribuir de acuerdo con los coeficientes fijados por la ley y no por la política, hasta que se pueda encarar el mandato constitucional de reforma del régimen de coparticipación, ya demorado 20 años.

La fuerte posición de los gobernadores peronistas, a la que se sumaron también algunos aliados como Mendoza y Corrientes, se entiende porque con estos recursos complementarios la mayoría de las jurisdicciones resolverían sus problemas financieros.

En 2015 el déficit consolidado de las 24 provincias se estima en torno de los 26 mil millones de pesos. Si las provincias hubieran contado con los 15 puntos en discusión, sus ingresos adicionales habrían llegado hasta 60 mil millones, con los cuales hubieran cubierto con creces el bache fiscal. Incluso Buenos Aires habría reducido sustancialmente su rojo, al disponer de 11 mil millones más.

Que el régimen de coparticipación actual no conforma a nadie ya no es ninguna novedad. Si ni siquiera están satisfechas las provincias que reciben más de lo que aportan, se hace evidente que urge sentarse en la mesa a diagramar uno nuevo que logre el tan difícil equilibrio entre los criterios devolutivos y redistributivos, y en donde la importancia relativa de las transferencias discrecionales tienda a cero.

Pero como para hacerlo se necesita mayoría absoluta del Congreso y la unanimidad de todas las provincias, una situación muy difícil de lograr, la única manera de que todos queden contentos es que en el nuevo esquema de distribución sea el gobierno nacional el que ceda recursos aumentando la masa coparticipable. Irónicamente, al derogar el decreto de devolución de los 15 puntos, hasta ahora hizo todo lo contrario.

(*) Director de la consultora NOAnomics, con sede en Salta

En condiciones normales, un mes de mandato sería insuficiente para analizar una gestión de gobierno y plantear conclusiones, ya que suele tratarse de un periodo de adaptación, diagnósticos y conformación de equipos de trabajo.

Por Santiago Pirolo,
Referente Nuevo Encuentro Avellaneda

En el caso de Macri, sin embargo, un mes bastó y sobró para conocer los lineamientos generales de su gestión, plasmados mediante medidas concretas que permiten ver con claridad quiénes serán los beneficiarios de las políticas de los próximos 4 años.  

En el plano económico y social, en estos 30 días se provocó una importante devaluación (afectando severamente los salarios), se eliminaron las regulaciones a las importaciones (poniendo en riesgo nuestra industria), se quitaron retenciones a las exportaciones primarias (permitiendo así el aumento del precio de los alimentos, a la vez que se desfinancia al Estado), se tomó deuda externa multimillonaria, se anunció el fin de los subsidios al transporte y servicios públicos y se despidieron empleados públicos sin previa auditoría.

Estas medidas redundarán indefectiblemente en una gran transferencia de recursos de las capas medias y populares hacia los sectores más concentrados de la economía, tanto nacionales como externos, que fueron los que promovieron y alentaron la candidatura de Macri, viendo en su figura a uno de los pocos representantes de la derecha capaces de encontrar aceptación en el electorado, aunque por supuesto con auxilio de una monumental campaña mediática que incluyó la instalación de una supuesta buena gestión en la Ciudad de Buenos Aires, el ocultamiento de su programa económico y la denostación sistemática del kirchnerismo (incluso con denuncias penales totalmente infundadas).

En el plano institucional la situación no es menos desalentadora: decretos que anulan leyes, nombramiento de jueces de la Corte sin acuerdo parlamentario, represión injustificada a trabajadores, entrega de puestos clave a CEOs de corporaciones, persecución a militantes y comunicadores.

Sólo para quien haya creído en el discurso de campaña de Macri (conciliador y de reconocimiento hacia muchas políticas del kirchnerismo) puede resultar sorprendente e inesperado su accionar como presidente. En cambio, para quien recuerde los cientos de vetos siendo Jefe de Gobierno, la represión en el Borda, las aulas container y obstáculos a la inscripción escolar, el contraste entre las políticas orientadas al norte y sur de la ciudad, el cierre de centros culturales, la persecución a personas en situación de calle mediante la UCEP, entre otras... es decir, para quien recuerde los últimos 8 años de Macri, estos 30 días no presentaron grandes novedades. Y mucho menos teniendo en cuenta los referentes económicos del macrismo, responsables directos del saqueo que sufrió la Patria en 2001.

Dado el perfil antipopular de la gestión, el PRO entiende que sólo mediante una inmensa cobertura mediática puede gobernar sin ganarse el repudio de amplios sectores sociales, incluidos muchos de sus propios votantes.

Es por esto que ha empezado a desplegar una política tendiente a acallar toda voz disidente que pudiera presentarse: empezaron por los periodistas de los medios públicos y continuaron por los privados, haciendo que los propios medios de comunicación fueran los que quitaran del aire a valiosos y reconocidos comunicadores.

El paso más grave dado en esa dirección fue el de eliminar el AFSCA por decreto, suspendiendo por ende la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual y permitiendo así que Clarín continúe gozando de su posición dominante, monopólica e ilegal.

Se avecinan sin dudas 4 años difíciles para el campo popular, donde será cada vez más importante encontrarnos unidos y organizados en pos de la construcción de un gran espacio que sepa interpretar las demandas de un pueblo que tiene en su memoria reciente el recuerdo de los últimos 12 años, donde aun con todos los errores que debamos asumir, se llevó adelante un modelo de inclusión que generó trabajo, distribución de la riqueza, desendeudamiento, contención social y educación para los más débiles, respeto y reconocimiento de la diversidad (cultural, sexual, étnica) y soberanía nacional ante un mundo cada vez más complejo.

En ese camino arduo pero imposible de no emprender, y en el que seguramente no faltarán dudas e interrogantes, los militantes populares tenemos una certeza ineludible: contamos con la conducción y liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner.

 
NUEVO ENCUENTRO Avellaneda
 
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Mauricio Macri, además de ser un socio de mérito de la ofensiva derechista latinoamericana, sabe mejor que nadie que lo que se hace en los primeros cien días de gestión gubernamental es fundamental para establecer un "estilo", o en términos actuales, un "relato", sobre lo que será el porvenir. Como ocurre con los precios de los artículos de primera necesidad, que cuando suben, luego es muy difícil que luego vuelvan a su tarifa original, Macri desafía a propios y extraños con los peligrosos Decretos Nacionales de Urgencia, dando por sentado que muy pocos de estos DNU autoritarios habrán de ser anulados por una eventual decisión del Parlamento.

Por Carlos Aznárez - (Resumen Latinoamericano)

Lo que ocurre es que una vez más (ya ocurrió cuando el actual Presidente se hizo cargo de la Gobernación de la Ciudad de Buenos Aires hace unos años) la llamada "oposición partidaria" ha subestimado el poder que se escondía detrás del macrismo (una pseudo-ideología que hoy hace furor entre los escuálidos venezolanos y el uribismo colombiano), y ahora se dan cuenta que en este primer mes de prepotente gestión, muchas cosas han cambiado para peor. Sobre todo, afectando a importantes sectores populares de la franja más golpeada por la crisis económica, que obviamente no comenzó con Macri, pero que el actual Presidente acentúa en base a recetas de manual de lo peor del neoliberalismo.

La lista de agravios, medidas provocativas, actividades represoras y promesas de aplicación de políticas desestructuradoras de la economía, la soberanía y la producción cultural, es lo suficientemente importante como para que alguien aún tenga dudas de que los cambios anunciados como slogan electoral hoy se van transformando en molesta pesadilla de duración indefinida.

Si la devaluación que tanto se negó en tiempos de "Macri candidato", se está pudiendo poner en marcha día a día, es por que ya existía un piso para lanzarla, producido de antemano por toda la corporación empresarial, que al igual que en Venezuela, no sólo son generadores de recetas especuladoras sino que maniobran sobre los precios de artículos indispensables como si fueran marionetas. La liberación del dólar (tan requerida por sectores ligados a la inexcrupulosidad financiera y por franjas amplias de una clase media boba) fue acompañada por otras iniciativas como el levantamiento de las retenciones a la oligarquía agrícola-ganadera y sus amanuenses "nuevos ricos" de la "patria sojera", logrando en cada una de esas corridas, recompensas de millones de dólares y una deuda de eterno agradecimiento al macrismo.

En un andarivel complementario de esta misma gestión se inscriben otros decretos por los cuales se plantea la revisión de la legalidad en la contratación de empleados públicos durante los últimos años del gobierno saliente. Una medida que podría llegar a afectar a más de 60 mil trabajadores. Es verdad que todos los gobiernos utilizan en extremo (y para su propio engorde de funcionarios) la capacidad laboral del Estado, es también cierto que el kirchnerismo no perdió tiempo en ese aspecto, pero lo que no resulta admisible es que ahora la topadora prepotente del macrismo quiera desemplear con metodología dictatorial a miles de hombres y mujeres que eran poseedoras de un contrato legal, y cuyo futuro debería ser, aplicando un marco de la pregonada igualdad de oportunidades, el de un contrato efectivo en base a sus conocimientos y entrega en la gestiones para las que han sido convocados. Es paradójico hablar de "cargos de acomodo" o "ñoquis K" en el área estatal nacional (aunque los haya) cuando el propio gobierno macrista de la Ciudad tiene atiborradas las distintaAsociación de Trabajadores del Estados áreas de gestión con amigos, familiares y alcahuetes de su partido, sumados a un auténtico batallón de ineficaces y burócratas.

Lo real es que como bien informa la Asociación de Trabajadores del Estado, en los primeros quince días del nuevo gobierno ya se contabilizan 10 mil estatales despedidos, amen de implementarse políticas demonizadoras del empleo público buscando a corto plazo desmantelar los servicios públicos y achicar el Estado, como ya lo hiciera Carlos Menem en los devastadores años 90.

Sólo en el Senado de la Nación ha sido dejados en la calle por decisión de la vicepresidenta Gabriela Michetti, 2035 trabajadores, en una decisión que contó con la bochornosa complicidad del jefe de la bancada del kirchnerista Frente para la Victoria, Miguel Pichetto. A esta cifra hay que sumar los más de 600 cesanteados en el Centro Cultural Kirchner, y otros más en las oficinas del AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), en Vialidad y en Nación Seguros.

Un caso especial que complementa esta embestida patronal por parte del Gobierno derechista es lo que ocurre con trabajadores que cumplían tareas en distintas municipalidades e intendencias del Gran Buenos Aires, como son los ejemplos de Lanús, Quilmes, Chascomús, Coronel Vidal, Coronel Suárez, Adolfo Alsina. Cientos de despidos en cada una de esas localidades bonaerenses y alrededor de 4.500 contratos "caídos" en La Plata, donde los trabajadores comenzaron una serie de movilizaciones que esta semana culminaron con durísimas cargas represivas por la policía local. Por las redes circulan, a manera de ejemplo, las fotos y los videos de mujeres y hombres con sus espaldas llenas de orificios por los perdigones policiales.
Otros trabajadores y trabajadoras puestas en la mira por Macri y sus "Chicago boys" son los cooperativistas. Así, se quedaron sin trabajo alrededor de 2000 que cumplían funciones de mantenimiento en la ex ESMA, y la misma amenaza pende sobre otras dependencias.

El equipo económico macrista tampoco se ha quedado atrás en marcar el territorio en cuanto a lo que pueden ser las próximas discusiones salariales, y ya han anticipado, poniendo en alerta a más de un dirigente sindical, que las paritarias tendrán un riguroso techo, pero que además, los gremialistas deberán ser "responsables" para que los empresarios privados no se vean tentados a pensar en despidos por falta de "madurez" laboral por parte de los asalariados. Un chantaje sin más vueltas.

La política aplicada en lo social por el macrismo es transparente y generalmente la usan profusamente  regímenes similares en el continente: generar miedo en los ocupados mostrando las escenas de lo que les ocurre a los nuevos desocupados. Algunos, aceptando el "castigo" sin chistar, y otros, con más dignidad y espíritu de pelea, resistiendo en la calle a la prepotencia patronal-policial.

En otro rubro que el macrismo se descargó con todo, es en el  comunicacional. Por un lado disolviendo el AFSCA e interviniendo en los aspectos nodales de la Ley de Medios, poniendo toda esa estructura bajo el mando de un Ministerio de Comunicaciones a su medida. Por el otro, otorgándole más luz verde de la habitual a los medios concentrados, liderados por Clarín, La Nación e Infobae, gestores de la "nueva imagen" de un gobierno que se vanagloria de ejercer el poder sin consultar ni siquiera a sus parlamentarios.

En política exterior, Washington sonríe a Macri. Le agrada el tono antichavista del nuevo presidente, sus relaciones carnales con Leopoldo López, Capriles Radonsky o Alvaro Uribe Vélez. Festeja su complacencia con el sionismo y las caras de enojo con Irán. Es a todas luces un "buen vasallo" este muchacho, diría en los pasillos de la Casa Blanca, John Kerry.

Pero también le han surgido otros entrañables amigos al gobernante argentino. Desde Uruguay, el converso Tabaré Vazquez, que años atrás estuvo a punto de pedir ayuda militar a Bush para guerrear contra Argentina por culpa de la pastera Botnia y la resistencia del pueblo de Gualeguaychú, hoy se ha convertido en acaramelado colega de Macri y promete relaciones encomiables.

Toda esta ofensiva macrista puede hacerse en el plano de la oposición institucional sin mayores palos en la rueda, por la inexplicable lentitud con que se mueve el andamiaje parlamentario. Es sabido que el Frente para la Victoria tiene mayoría en el Senado y un buen porcentaje de escaños en Diputados, pero más allá de algunas declaraciones y muy pocos amagues, siguen sin decidirse a convocar al Congreso a Sesiones Extraordinarias. Algunos, los más, porque disfrutan de su período vacacional en medio del incendio de la pradera por culpa de las acciones macristas, y otros porque están trenzando sin vergüenza con el oficialismo y también con el ex kirchnerista Sergio Massa, un aliado del macrismo que comulga en intenciones non sanctas con gobernadores y algunos ex funcionarios que han pegado el salto sin ningún tipo de rubor.

Por último, está la calle. La pelea en la calle. Allí donde habitualmente se juegan los destinos de un país a cara o cruz, sin demasiadas especulaciones. No son pocos los que están resistiendo las maniobras disciplinadoras del gobierno. Pueden dar cuenta de ellos varios sindicatos de base y organizaciones sociales. Aún lo hacen como respuesta a la agenda represora de la Casa Rosada, pero otros más precavidos están dándose cuenta sobre la marcha que si no se unen fuerzas y no se encara una mínima coordinación en las luchas, este primer mes de Decretos prepotentes se podría extender en el tiempo o disfrazarse con otras vestimentas. Quizás la clave para que el engranaje de una resistencia adecuada funcione, podría estar en gestar una fuerza de amplio espectro ideológico pero asentada abajo y a la izquierda del sistema actual. Peleona y formada en un alto nivel ideológico. Un arco donde quepan todos, incluidos los miles de jóvenes kichneristas , siempre que unos y otros entiendan, con humildad, que para luchar contra esta derecha pro imperialista nadie tiene ganado el liderazgo de antemano, y que se necesita entender que el 10 de diciembre comenzó una nueva época, que no obligatoriamente se salva con expresiones de deseos retornistas.

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