13 DE DICIEMBRE DE 2017 |
Política

La Legislatura porteña debatirá el miércoles los convenios de traspaso de la Justicia a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires; por lo que se buscará aprobar el de las “Relaciones de Consumo entre el Estado Nacional y la CABA”, la “Inspección General de Justicia”, el “Registro de la Propiedad Inmueble” y el fuero penal. Al respecto opinó para Télam Pablo Serdán, secretario de Cultura y Capacitación de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación.

Por Pablo Serdán (*)

La idea de una Poder Judicial que responda a los intereses del poder de turno no es una novedad dentro de la historia universal y, mucho menos, para nuestras jóvenes repúblicas latinoamericanas.

En Argentina, ha sido una tentación en la que han caído gobiernos de los más variados signos políticos.

El Consejo de la Magistratura de la Nación previsto en nuestra Constitución intenta que esa pulsión del poder político por controlar el judicial esté por lo menos reglamentada o sometido a un complejo sistema institucional.

Es este el ámbito imperfecto en el que los diferentes estamentos que componen el campo jurídico (jueces, académicos y abogados) y el Poder político representados en mayorías y minorías; dirimen la forma de nombrar y remover jueces. Para que esto ocurra, el sistema debe evitar que cualquiera de los sectores prevalezca permanentemente sobre los otros.

La independencia judicial como garantía para el ciudadano, intenta asegurarse a través de la pluralidad que surge de la negociación política permanente en el órgano de administración y gobierno del judicial.

Por otra parte, los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, como órganos extra-poder (independientes del resto de los poderes) a partir de la reforma de 1994 intentan que el servicio de justicia no responda hegemónicamente a una fuerza política en particular.

El traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires atenta contra esa incipiente pluralidad construida con muchas imperfecciones, pero en un claro avance desde que se constituyó en 1998'.

En este sentido los proyectos ingresados al Congreso Nacional, pretenden que sean traspasadas una gran cantidad de competencias penales, civiles, laborales y comerciales, a una jurisdicción que posee un diseño institucional que no responde a lo que entendemos como una independencia judicial íntegra.

Me refiero en particular a lo simple que le resulta al oficialismo en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad nombrar y remover jueces con un sistema de mayoría simple, fácilmente alcanzado por la fuerza que gobierna la ciudad hace más de una década.

Ni hablar de lo que implica la completa dependencia económica y administrativa del Ministerio Público de la Ciudad respecto del Poder Judicial; en relación a las garantías previstas por la CN para todos los ciudadanos argentinos incluso los que habitan en la CABA.

La idea de aquéllos proyectos es simple: transferir competencias y estructuras sin jueces, fiscales ni defensores, para poder nombrar con mayorías propias un poder judicial íntegro de un golpe y para siempre.

Veamos las implicancias concretas para dos de los fueros que se traspasarían de prosperar las iniciativas legislativas.
Al fuero penal se trasladarían el 80% de los delitos existentes y se nombrarían titulares de las 54 dependencias que investigarían esos delitos.

Con la mayoría con la que cuenta el oficialismo en el Consejo de Ciudad, no habría un solo juez en condiciones de investigar los delitos cometidos por la administración PRO de dicha jurisdicción, máxime cuando esa fuerza también cuenta con la mayoría para remover a esos magistrados.

El panorama es más complicado si analizamos que se transfieren todos los delitos relacionados con actos de corrupción, también las escuchas ilegales, violación de correo y el accionar de la policía metropolitana, cualquiera sea el delito que cometa, incluso durante la represión de una protesta.

No es un secreto para nadie el vínculo existente entre la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y la dirigencia de diferentes clubes de fútbol de la capital.

Por eso también nos resulta preocupante que se intente transferir la investigación de todos los delitos relacionados con la realización de espectáculos deportivos, como ser partidos de fútbol de la primera división y la responsabilidad de la dirigencia en esos hechos delictivos.

En el caso del fuero laboral, no habría jueces que pudieran libremente tener una mirada progresiva del derecho laboral y oponerse a las posturas oficialistas de bajar los costos laborales, es que ningún juez que quiera seguir siéndolo asumiría el riesgo se pasar por una situación como la de los Dres. GIbert y Marino, a quienes se les inició un juicio político solo por hacer su trabajo y homologar una convención colectiva de trabajo que rompía el techo impuesto por el Gobierno.

Las políticas de bajar costos laborales aún vulnerando derechos de los trabajadores no tendrían control jurisdiccional, si todos los jueces laborales fueran elegidos por el oficialismo en la ciudad.

Otra nota de opinión merecería hablar sobre la violación de los derechos de los judiciales nacionales quienes verían perjudicadas sus condiciones laborales en un claro intento del gobierno nacional de flexibilizar el empleo público en todos sus sectores. Por razones de brevedad solo decimos que el cambio de un ámbito al otro implica reducción del salario y cambio de régimen de la obra social y jubilaciones.

El proceso de traspaso de la Policía Federal a la órbita de la ciudad y el profundo perjuicio laboral y funcional que sufrieron los agentes de dicha fuerza crea un manto de desconfianza que justifica el temor de los empleados judiciales ante el cambio de jurisdicción.

(*) Secretario de Cultura y Capacitación de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación.

ALAI AMLATINA, 30/03/2017.- La crisis económica de 2008 fue utilizada como justificación para la adopción de medidas de austeridad en Europa.  Los resultados han sido catastróficos, especialmente en países como Grecia y España, por lo que incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI)[i] ha tenido que reconocer, por medio de estudios empíricos, que los recortes presupuestarios durante las recesiones económicas tienden a ampliar los déficits fiscales y prolongar la recesión, ampliando los niveles de desempleo y desacelerando la recuperación económica.

Por Grazielle David (*)

Con un efecto un poco más tardío de la crisis, actualmente es América Latina la que está siendo bombardeada con las mismas medidas de austeridad.  Entretanto, en lugar de tomar en cuenta su entendimiento sobre los efectos perjudiciales de las medidas de austeridad en casos de crisis económica, en esta región el FMI defiende a los gobiernos que adoptan medidas de ajuste fiscal extremo[ii].

Brasil se ha destacado por el volumen, intensidad y perversidad de las medidas de austeridad adoptadas.  El gobierno de Temer, que llegó al poder en 2016 después de la destitución de la presidenta democráticamente electa, ha adoptado un acelerado paquete de maldades contra el pueblo brasileño.  Es importante destacar que tanto el presidente como sus ministros están profundamente implicados en las denuncias de corrupción en proceso, el país vive un escenario de crisis institucional y política, y las propuestas del gobierno nunca fueron sometidas al voto popular.

Entre las medidas más perversas, el gobierno de Temer presentó y aprobó en el Congreso Nacional, en 2016, una propuesta de Enmienda a la Constitución[iii] para instaurar un “nuevo” régimen fiscal, el cual determina que los gastos primarios, donde están todos los gastos sociales, tendrán un techo a partir de 2017: corresponderán al valor pagado en 2016 reajustado apenas por la inflación.  En la práctica, eso representará un congelamiento de los gastos sociales por 20 años, o aun peor, como la población crecerá en un 9% y la población de tercera edad se duplicará en 20 años[iv], los gastos sociales per cápita serán de hecho reducidos.  Es importante destacar que existe en el país una normativa que permite contingencias presupuestarias para atender la meta de superávit primario, de acuerdo con la Ley de Directrices Presupuestales.  Si la meta fuese muy restrictiva, los gastos sociales no serían simplemente congelados, sino inferiores en comparación con el año anterior.  Ampliando el análisis, cuando el país vuelva a crecer, ninguna recaudación adicional del país podrá ser utilizada en gastos sociales para ampliar derechos, debido al techo de gastos primarios, y solamente podrá ser utilizada en gastos financieros, para pagar intereses y deuda.

Si bien se están adoptado medidas de control sobre los gastos primarios por el mundo, el caso brasileño es único: I.  Fue determinado por enmienda constitucional; II. Tiene un plazo excesivo de 20 años, lo cual inviabiliza la adopción de otras políticas fiscales por futuros gobiernos electos democráticamente; III. Imposibilita el crecimiento real de los gastos sociales al limitarlos a la corrección inflacionaria, en lugar de a la variación a mediano plazo del PIB como en muchos países europeos; IV. Hace abstracción de cualquier necesidad social que demande mayores inversiones sociales.  Por ejemplo, solamente el envejecimiento poblacional demandaría un crecimiento de 37% en el gasto de salud[v].

En perspectiva, si esa Enmienda hubiese sido aprobada desde 2013, el presupuesto de la salud en 2015 habría sido de casi la mitad de lo que fue realmente, R$ 55 billones en lugar de R$ 100 billones.  En los próximos 20 años se prevé una reducción del 25% a una política pública cuyo financiamiento ha sido históricamente seriamente insuficiente[vi].

De esta manera, la Enmienda Constitucional n.95/2017, previamente conocida como PEC 241 y después como PEC 55, es enteramente incompatible con las obligaciones en derechos humanos.  Así lo afirmó en una Declaración el relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston[vii], que considera que la enmienda afectará de forma más intensa a los brasileños más pobres y vulnerables, además de ampliar las desigualdades en una sociedad ya bastante desigual.

Observaciones de la ONU

El comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ya emitió direcciones específicas a ser observadas por los países que forman parte del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuando se adopten medidas en respuesta a crisis económicas.  Para estar en acuerdo con el Pacto, las medidas fiscales deben: ser temporales; estrictamente necesarias y proporcionales; no discriminatorias; tomar en consideración posibles medidas alternativas, incluyendo medidas tributarias; identificar y proteger el contenido mínimo y central de los derechos humanos; y ser adoptadas solamente después de un cuidadoso análisis con genuina participación social en el proceso de toma de decisión, especialmente de los grupos e individuos afectados[viii].

Con la EC 95, el gobierno de Temer falló en considerar todos esos criterios.  La Enmienda no es temporal, pues se extiende por 20 años y más allá del periodo de la crisis económica.  El techo a los gastos sociales afectará desproporcionalmente a los más vulnerables, como a las mujeres e infantes negros pobres, que son justamente los que más dependen de los servicios públicos como salud y educación.  No se consideraron medidas alternativas, especialmente las que podrían mejorar y ampliar las recetas de forma más equitativa.  Algunas posibilidades serían: I. Combatir la evasión fiscal que representaría un crecimiento del 27% del valor de recaudación[ix], lo que en 2015 correspondió a R$ 500 billones; II. Ampliar la contribución de los súper ricos con la revocación de la no tributación sobre los lucros y dividendos en el impuesto a la renta, que en 2015 hubiese correspondido a R$ 43 billones[x].  Con esas medidas se podría haber evitado recortes drásticos en el gasto social.  Finalmente, el gobierno y varios congresistas no realizaron análisis sobre los efectos de las medidas, ni permitieron la participación social adecuada, al apresurar la aprobación de la Enmienda e inviabilizar la realización de Audiencias Públicas que ya estaban previamente aprobadas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[xi] al considerar todos esos elementos presentados en Audiencia Pública instó al gobierno brasileño a respetar los principios de progresividad en la realización de los derechos humanos y de no regresión social, en conformidad con el Protocolo de San Salvador, que Brasil ratificó en 1996.  De acuerdo con ese documento, los países signatarios tienen prohibido adoptar medidas políticas y legales, sin justificación adecuada, que empeoren la situación de gozo de los derechos económicos, sociales y culturales por la población.

Protección al sector financiero

En la evaluación[xii] de la Inesc al presupuesto de Brasil para 2017 es posible observar los primeros indicios de irrespeto tanto a las orientaciones de la ONU como de la CIDH, lo que implicará una afrenta a los derechos sociales de las brasileñas y de los brasileños como resultado de la austera EC 95.  Entre 2016 y 2017 hubo un aumento del 17,20% de los recursos públicos para gastos financieros.  Por otro lado, los gastos primarios sufrieron una reducción del 14,2% en su tajada del pastel del presupuesto de la Unión.

Los datos presupuestarios evidencian que son las funciones y programas presupuestarios relacionados con las poblaciones en mayor riesgo los que más perderán.  Como ejemplo, la función “Derechos de la Ciudadanía” tuvo la mayor pérdida presupuestaria.  Nominalmente, esa función bajó de R$ 2,4 billones en 2016 a R$ 1,6 billones en 2017, un recorte del 47%.  Dentro de esa función, el programa más golpeado fue el de “Políticas para las Mujeres: Enfrentamiento a la Violencia y Autonomía” que tuvo una reducción del 52%.  Ese es el Programa que garantiza, por ejemplo, la atención a las mujeres en situación de violencia.  Esa acción presupuestaria se redujo en R$ 5,5 millones en 2017.  En contrapartida, para los intereses, en 2016 se pagaron como parte de la deuda interna y externa R$ 381 billones, y en 2017 la previsión es de R$ 557 billones, lo que representa un aumento de 46%.

Es decir, mientras el porcentaje del gasto financiero creció entre 2016 y 2017, los gastos primarios se redujeron, probando que la lógica de la EC 95 es fijar recursos cada vez más protegidos para el sector financiero y cada vez más limitados para los derechos humanos.  Esto atropella los principios de no regresión social, no discriminación y de uso máximo de recursos disponibles para la realización progresiva de los derechos humanos.  (Traducción: Latindadd y ALAI).

(*) Grazielle David es asesora política del Inesc, magister en economía de la salud, especialista en derecho sanitario y bioética.

[i]   FMI. Expansionary Austerity: New International Evidence. IMF Working Paper. 2011. Disponible en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11158.pdf

[ii]   IMF Fall Meeting, Outubro de 2016. Disponible en:  http://exame.abril.com.br/economia/gerente-do-fmi-defende-pec-do-teto-do-gasto-publico/

[iii]   Íntegra de la Enmienda Constitucional n. 95/16. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm

[iv]   IBGE. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/

[v]   Proyecto Salud Mañana de la Fiocruz. Disponible en:  http://bit.ly/2mD2yab

[vi]   Consejo Nacional de Salud y Consejo de los Secretarios Municipales de Salud. Disponible en:  http://www.conass.org.br/nota-conjunta-conass-e-conasems-sobre-a-pec-241/.

[vii]   http://bit.ly/2lZO7Jw

[viii]  ONU. Relatório sobre medidas de austeridad y derechos socioeconómicos, 2016. Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/RightsCrisis/E-2013-82_en.pdf.

[ix]   Estatal. Evasión Fiscal en Brasil llega a 27% del Total Recolectado, de acuerdo con la ONU. Disponible en: http://bit.ly/2j614Rm

[x]   Orair y Gobetti. Progresividad Tributaria: la agenda olvidada. 2015.  Disponible en:

http://bit.ly/2n06hQk

[xi]   Comunicado después de la Sesión 159ª de la CIDH. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2016/183A.asp

[xii]   INESC. A EC 95 en la real. 2017. [en el preludio]

Fuente: Servicio Informativo "Alai-amlatina"

La expresión fallida, grosera, del Presidente de la Nación Mauricio Macri trasluce rasgos de un pensamiento elitista y fatuo. En primer lugar, define  la elección de la escuela privada como un privilegio, como un ejercicio de poder y de superación social. La escuela privada daría al beneficiado un estatus superior al resto de la sociedad. Desde esa cúpula jerárquica de poder concentrado, alerta y se compadece de quienes la vida obliga o depara el terrible destino de caer en la escuela pública, sinónimo de lo peor, del escalón más bajo y miserable.

Por María Elena Naddeo - (Directora Centro de Atención Niñez, Adolescencia y Género - Defensoría del Pueblo)

Vergonzoso para un funcionario público, indigno para cualquier ciudadano que se precie de conocer la constitución y las leyes. Es un pensamiento que tiene el hedor de las oligarquías cerradas y antidemocráticas.

Por el contrario, podríamos argumentar que existen en el ámbito privado situaciones de exclusión y de discriminación que son francamente no recomendables para un pensamiento progresista y avanzado, que en muchas de las escuelas privadas el conocimiento es una mercancía y no un bien social y que se transforman en guetos cerrados que impiden al alumnado una educación integral  consustanciada con los principios de la modernidad.

Podríamos decir también que las escuelas del Estado son diversas, heterogéneas, y que ese es uno de sus méritos, albergar a distintos grupos sociales y culturales, constituyendo un ámbito de promoción de derechos para los sectores mas postergados de la sociedad y una escuela de participación y ejercicio de ciudadanía para el conjunto de la población.

Es necesario incluir en el análisis la variable que el presidente ignora deliberadamente. La dimensión social del problema educativo. El fuerte proceso de acentuación de las brechas de la desigualdad en los últimos veinte años a partir del menemismo, pasando por el derrumbe del Estado en el 2001 que generó un cambio estructural ahora afianzado por las políticas neoconservadoras.

La escuela estatal ha sufrido graves consecuencias de dichas políticas. Por un lado, se generaron normativas destinadas a incluir masivamente a los sectores sociales caídos en la pobreza y la desocupación, alcanzando niveles altísimos de escolaridad. Al mismo tiempo, tuvo que desarrollar dispositivos de atención social integral a través de comedores,  becas para los grupos de niños y adolescentes  excluidos y de las poblaciones migrantes, programas de seguimiento para adolescentes y jóvenes con distintos grados de vulnerabilidad. Los sectores acomodados de la sociedad buscaron espacios de mayor homogeneidad social y étnica, lo cual merecería un análisis crítico de mayor profundidad.

Hay un circuito de la reproducción cultural de la pobreza y la exclusión contra la cual la escuela pública lucha diariamente. Para los parámetros “oficiales” de los contenidos estándares el bagaje cultural que traen los chicos de los sectores populares que asisten a la escuela de los barrios más pobres de las ciudades es sin duda altamente negativo, resta. Sus valores sociales en términos de diversidad cultural no cuentan. Ésta es toda una dimensión ignorada por la evaluación educativa del Neoliberalismo, por ello el repudio masivo de la docencia y de las organizaciones impulsoras de los derechos humanos y de los derechos a la educación como un bien social.

Buenos Aires, martes, 14 de marzo - A partir del año 2016 la nueva administración contrajo cerca de cuarenta mil millones de dólares de deuda a nivel nacional y varias provincias imitaron esa conducta. Un gran porcentaje de ese endeudamiento fue para cerrar el conflicto con los holdouts y salir definitivamente del default, pero el resto fue para financiar el déficit fiscal y recomponer las menguadas reservas del Banco Central.

Por Federico De Cristo (profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral)

De seguir con este ritmo de endeudamiento para financiar el exceso de gasto público, Argentina corre el riesgo de deteriorar sus indicadores de deuda y generar desconfianza en los inversores. Esta desconfianza o mayor percepción de riesgo de default puede llevar a un aumento del costo de la deuda y a menor disponibilidad de financiamiento, lo que podría exponer al país a una crisis de balanza de pagos que resultaría en devaluación, inflación, caída de actividad y aumento del desempleo.

Los países emergentes tienen diferencias considerables respecto de los países desarrollados y una de ellas es que las monedas de los primeros no suelen ser aceptadas para pagos internacionales. Si un país emergente necesita cubrir pagos regulares de importaciones, intereses, dividendos o transferencias, debe hacerlo con divisas. Usualmente, la principal fuente de divisas son las exportaciones del país. Un país con esta característica contaría con superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos.

En forma extraordinaria, un país emergente puede recurrir al endeudamiento externo para hacerse con las divisas necesarias, pero ello genera la obligación de devolver el capital y de pagar regularmente el interés. Además, en algún momento esto haría necesario aumentar las exportaciones o disminuir las importaciones para cumplir con esos pagos. También en forma extraordinaria un país puede recurrir a altas tasas de interés que atraigan capitales internacionales especulativos de corto plazo que produzcan un ingreso de divisas, o a abrir oportunidades de negocios rentables para atraer inversión extranjera directa. Un país que recurra a estas vías podría tener déficit en su cuenta corriente, que sería financiado con el ingreso de divisas por la cuenta capital y financiera.

Si bien lo expuesto es válido para todos los países, los emergentes suelen tener algunas características peculiares que los diferencian de los desarrollados. Por un lado, los emergentes suelen preferir administrar sus tipos de cambio y evitar abruptas oscilaciones para no generar pánico o inestabilidad financiera. Este fenómeno es llamado "miedo a flotar" y suele estar acompañado por un contexto de mercado de capitales limitado, con ahorro insuficiente para financiar el déficit fiscal y con crédito a plazos menores a los requeridos para la inversión, y que suele financiar al consumo. El endeudamiento externo se presenta como la solución para acceder a montos, plazos y tasas más convenientes para financiar la inversión o el gasto público. Sin embargo, la acumulación de deuda en dólares, fenómeno denominado "el pecado capital de los pa&iacut e;ses emergentes", puede generar una crisis profunda en caso de devaluación, ya que en esa situación el peso de la deuda crecería de golpe. Como consecuencia, se acentúa el miedo a flotar y la administración del tipo de cambio.

En un contexto de endeudamiento en dólares, el miedo a flotar aumenta la dependencia del ingreso de divisas o capitales financieros del exterior para financiar un déficit en cuenta corriente, y expone a un fenómeno denominado parada súbita o "sudden stop", donde la creciente desconfianza en la capacidad de repago del país que se endeuda o recibe los capitales del exterior hace que se corte el crédito externo. El país no puede seguir endeudándose en el exterior y no tiene recursos para afrontar los vencimientos de deuda.

Este cierre de los mercados externos puede generar una crisis de balanza de pagos donde se produce una fuerte salida de capitales de inversores que buscan comprar divisas antes de que la devaluación quite valor a sus inversiones, lo que pone en jaque las reservas del Banco Central y lo lleva a devaluar. El pánico aumenta el salto cambiario, que genera una ola de quiebras por la acumulación de deuda en dólares, impago de compromisos públicos por falta de divisas, aumento de precios, caída del poder adquisitivo del salario, de la demanda y de la actividad, con notable crecimiento del desempleo.

Estas crisis desordenadas son el típico fin de ciclo argentino. Aún estamos a tiempo de evitarlo, ya que el nivel de endeudamiento todavía es moderado. Sin embargo, prolongar el déficit fiscal financiado con deuda externa nos puede volver a llevar a un desenlace no deseado.

Sobre la Universidad Austral: Con sede en la Ciudad de Buenos Aires, Pilar y Rosario, es una institución de educación superior creada por la Asociación Civil de Estudios Superiores -ACES-, entidad civil sin fines de lucro, con personería jurídica e inscripta en el Registro Nacional de Entidades de Bien Público. Destacada como la mejor universidad privada de Argentina según el Ránking QS de América Latina, la Universidad Austral promueve la investigación, imparte ensenanza de grado y postgrado, realiza programas de extensión, y brinda atención sanitaria desde su Hospital Universitario. Está constituida por las Facultad es de Ciencias Biomédicas; Ciencias Empresariales; Comunicación; Derecho; Ingeniería; Hospital Universitario Austral; Parque Austral; IAE Business School; Escuela de Educación; Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales; Instituto de Ciencias para la Familia; Instituto de Filosofía.

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