27 DE MAYO DE 2017 |
Política

“Más allá de los términos concursales, estamos hablando de una empresa de la familia del Presidente de la República. Es un caso que excede una simple negociación entre un grupo económico y el Estado Nacional”, sostuvo ayer el diputado nacional Carlos Heller (Partido Solidario) al opinar sobre el acuerdo del Gobierno con el Grupo Macri, que implica la condonación de más del 98% de la deuda que el holding de la familia del Presidente tiene con el Estado por el Correo Argentino.

“Estamos frente a un gobierno en manos de empresarios que utilizan todo su poder para seguir acumulando beneficios y enriqueciéndose a costa del Estado”, agregó el Presidente del Partido Solidario (PSol).

“Esta negociación del Correo tiene que ver con la privatización que llevó adelante el menemismo, que ganó el Grupo Macri ofreciendo –porque pagar no pagó nunca- un canon muy por encima de lo que ofrecían los demás”, recordó Heller y rememoró también que la del Correo Argentino “fue la primera reestatización del gobierno de Néstor Kirchner allí por el 2003, porque la situación de la empresa era escandalosa, habían despedido a muchísima gente y el Correo estaba en una situación ruinosa”.

“Ahora aparece este grotesco de querer pagar al valor nominal la deuda que el grupo tiene con el Estado, prorrateándola de aquí hasta el 2033”, añadió el legislador.

Para Heller, el del Correo “no es un caso aislado”. “Este grupo es el mismo que el de las cloacas de Morón, es el mismo que el de los automóviles de contrabando, es el mismo del tema ITRON, de los Panamá Papers, de las innumerables cuentas en paraísos fiscales, de la estatización de la deuda privada dispuesta por Cavallo, y es el mismo –más allá de las fachadas- que hoy sigue ganando licitaciones de las obras más importantes del Estado”. “Estamos ante un tema de fondo, que excede el tema de un empresario que tiene un conflicto de intereses con el Estado Nacional. Es un grupo familiar, que integra el propio Presidente de la Nación, que ya acumula una importante cantidad de actos gravísimos reñidos con la ética”, finalizó diciendo el diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A partir de ahora, la Oficina de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial estará compuesta por dos jueces penales con rango de juez de Cámara, cuando hasta el momento estaba a cargo de un solo magistrado.

La medida, que se toma tras la polémica por la filtración de las escuchas judiciales entre el ex Secretario General de la Presidencia y ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, y la ex Presidenta Cristina Fernández, modifica el artículo cuarto del decreto 256, de diciembre de 2015.

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictará el reglamento de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación; dicho organismo estará a cargo de dos jueces penales con rango de Juez de Cámara", establece el decreto número 102/17, publicado este martes en el Boletín Oficial.

Allí se indica que estos magistrados serán serán designados por sorteo, actuarán como Director General y Subdirector General, respectivamente, y durarán en sus funciones por el plazo de tres años.

Transcurrido dicho plazo, el Subdirector General pasará a ejercer el cargo de Director General, procediéndose a la designación por sorteo de un nuevo Subdirector General, quienes durarán en sus funciones por un plazo de tres años.

Asimismo, quien haya actuado como Director General no podrá ejercer nuevamente ese cargo hasta transcurrido un periodo de seis años.

Asimismo, se establece que, por única vez, se mantienen en sus cargos a los jueces que fueran designados en su momento para esta función por la acordada 2/2016 de la Corte.

Se trata de los magistrados Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra, Director y Subdirector respectivamente de esta oficina de escuchas judiciales, y cuyos mandatos estaban próximos a vencerse.

La decisión oficial se produce en medio de la polémica por la filtración de intervenciones telefónicas hechas al ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, en una causa judicial, por las que la Corte Suprema de Justicia ya pidió informes a la Oficina de Captación de Comunicaciones y al juez federal Ariel Lijo, para determinar si hubo responsabilidades administrativas.

Se trató de las escuchas entre Parrilli y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa en la que el ex funcionario fue procesado por "encubrimiento agravado" del ex prófugo Ibar Pérez Corradi, a cargo del juez Lijo.

A raíz de la filtración, Parrilli recusó a Irurzun en esa causa debido a que las escuchas telefónicas fueron hechas por una oficina judicial a cargo de este magistrado, pero el camarista rechazó apartarse.

Fuente: Télam

El organismo librará los oficios correspondientes "fundamentalmente para tomar conocimiento del expediente" y pedir "información a los funcionarios involucrados", adelantó Laura Alonso.

La Oficina Anticorrupción (OA) comenzó a analizar el acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino en el marco del concurso preventivo, y librará oficios para "tomar conocimiento del expediente" y solicitar información "a los funcionarios involucrados", y a partir del análisis, "emitir una recomendación" o realizar aportes a la Justicia en su investigación del hecho.

Así lo reveló esta mañana la titular de ese organismo, Laura Alonso, quien señaló que ayer, tras la lectura "atenta" de los dos dictámenes presentados por la fiscal Gabriela Boquín ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, resolvieron "abrir un expediente" debido a la directa alusión que allí hace la representante del Ministerio Público Fiscal a la Ley de Ética Pública y su "presunta violación".

"Obviamente, como la Oficina Anticorrupción es la autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública, decidimos abrir un expediente", consignó Alonso en declaraciones a radio Mitre.

De esta forma, el acuerdo alcanzado el año pasado entre el Estado Nacional -representado por el Ministerio de Comunicaciones- y el Correo Argentino sumó una tercera investigación, dado que, merced a las cuatro denuncias que cosechó ayer el acuerdo en la Justicia Federal, se abrirá una investigación penal, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) inició una por la vía administrativa.

En este sentido, la titular de la Oficina Anticorrupción reveló hoy que, tras leer "atentamente" los dos dictámenes de la fiscal Boquín, el equipo técnico de la OA resolvió "abrir una actuación", con lo cual "se empezarán a librar los oficios correspondientes, fundamentalmente para tomar conocimiento del expediente, hacer el análisis que corresponda, y quizás pedir información a los funcionarios involucrados".

"Como hacemos siempre, lo que haremos es estudiar el caso y emitir una recomendación o un aporte que pueda solicitar quizás la Justicia en algún momento, porque entiendo que también se han presentado denuncias penales", aseveró la titular de la OA en la entrevista que concedió esta mañana.

Allí, defendió el trabajo de la OA al destacar su "solidez técnica", y puso como ejemplo de eso el dictamen emitido en septiembre pasado en el que se le recomendó al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, que se desprendiera de su participación societaria en la empresa Royal Dutch Shell Plc, en el marco de las normas sobre posibles conflictos de intereses.

Fuente: Télam

El secretario general de la UTA aseguró que "hay tiempo para buscar una solución para todos", al referirse a la movilización anunciada por la CGT el 7 de marzo próximo, en defensa del trabajo y producción nacional, paritarias libres, entre otros puntos.

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) aseguró que "hay tiempo para buscar una solución para todos", al referirse a la movilización anunciada por la Confederación General del Trabajo (CGT) el 7 de marzo próximo.

"El Gobierno se tiene que dar cuenta que la industria y que los empresarios no han cumplido con lo acordado, y que hay un momento muy difícil porque se pierden cada vez más fuentes de trabajo", aseveró el secretario general de la UTA en declaraciones formuladas a la radio La Red.

Allí, reafirmó que los gremios del transporte se sumarán tanto a la movilización del 7 de marzo como al paro de la segunda quincena de ese mismo mes, pero confió en que el gobierno "nos llame y el Presidente (Mauricio Macri) nos diga qué camino van a empezar a tomar".

"Acá se ha prometido mucho y no se hace nada, y los empresarios tampoco ayudan al gobierno", señaló Fernández, quien insistió en señalar que "no va a ser un paro político" el convocado por la central obrera para la segunda quincena de marzo, aún sin fecha definida.

"Hay un mes para conversar y buscar una solución para todos", deslizó Fernández, quien sostuvo, hasta el momento, "son palabras y palabras, pasó más de un año (del inicio de la gestión de Cambiemos), y se terminó la herencia".

Fuente: Télam

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