21 DE AGOSTO DE 2017 |
Política

La Agencia Gubernamental de Control informó, a través de un Comunicado de Prensa, que en el día de la fecha a las 6.29AM tres hombres y una mujer encapuchados ingresaron al organismo y robaron parte de la recaudación.

Los delincuentes se anunciaron en la entrada de Tte. Gral Perón 2933 diciendo que venían a los cursos de Manipulación Higiénica de Alimentos que se dicta diariamente en este organismo. Una vez situados en la recepción procedieron a reducir al personal de seguridad y se dirigieron directamente al sector de tesorería llevándose parte de la recaudación.

Cabe destacar que la encargada de administrar los fondos recaudados en la AGC es la Tesorería del Gobierno de la Ciudad. Afortunadamente, el hecho sucedió antes del horario de apertura de atención al público y al ingreso masivo de los colaboradores que desempeñan tareas en esta dependencia.

Tras dar aviso a la comisaría 7ma, ya interviene fiscalía 40 a cargo de la Doctora Androvetto, aún investiga el hecho.

Más de cincuenta referentes de la cultura y la comunicación, periodistas, cineastas y diputados nacionales, participan con la diputada Liliana Mazure en una acción de amparo contra el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) por el flagrante incumplimiento a la garantía de emisión de películas nacionales y telefilmes producidos por productoras independientes nacionales, de acuerdo a lo obligado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente.

La denuncia, suscripta entre otros por el Presidente de la DAC (Directores Argentinos Cinematográficos), Domingo Galettini, por Luis Puenzo, David “Coco” Blaustein y Marcelo Piñeyro y Julieta Laborde, junto a los diputados Liliana Mazure, Carlos Castagneto, Marcos Cleri, Eduardo Seminara y Adrián Grana, del Frente para la Victoria, fue presentada el 7 de junio pasado, y se radicó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2 Secretaría N°3. Patrocinan la causa los Dres. Eduardo Barcesat, Arístides Corti, y Jorge Cholvis, directivos del Instituto Arturo Sampay.

También se suman en apoyo a esta acción de amparo como adherentes, en nota  anexa a la causa, numerosos protagonistas de actividades creativas, periodísticas, sindicales y vinculadas a las industrias culturales, que vienen compartiendo su indignación ante la ignorancia y desidia del actual Gobierno sobre el cumplimiento de las obligaciones determinadas por Ley de la Nación, y por ello peticionan que la Justicia obligue al Poder Ejecutivo a funcionar acorde al derecho de todos los argentinos.

No respetan a las producciones nacionales

En lo referente al incumplimiento de la cuota de pantalla audiovisual, el propio Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, reconoció en el Informe N° 99 al Congreso de la Nación de marzo de 2017, un mínimo cumplimiento por parte de los licenciatarios de televisión con relación al artículo 67° de la Ley N° 26522, y las inexistentes actuaciones del ENACOM en el ejercicio de sus deberes de contralor y/o sanción.

Concretamente, se exige que estén presentes en todas las pantallas reguladas por la Ley, películas argentinas de estreno en horario central, producidas mayoritariamente por productoras nacionales independientes,  en función de preservar las fuentes de trabajo, la difusión y el financiamiento indirecto de la industria audiovisual.

Por otra parte, resulta evidente el incumplimiento del Gobierno con la determinación de eventos deportivos y acontecimientos informativos de interés relevante (art. 77 LSCA), y el olvido de programación para la niñez, del funcionamiento del Directorio de Radio y Televisión Argentina y de los Consejos Federal, Honorario de Medios Públicos y Asesor de la Infancia y la Adolescencia, además de la subejecución de las partidas destinadas al fomento de medios comunitarios, de frontera y Pueblos Originarios.

Sobrevuela a todo esto la derogación de pautas anticoncentración y la intervención institucional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia 267/15 por el cual el Presidente Macri avasalló las políticas de comunicación en democracia, situación denunciada en oportunidades reiteradas por referentes políticos e instituciones del sector audiovisual.
 
Que cumplan la Ley vigente, ampliamente debatida y votada en el Congreso Nacional

El artículo 67 de la Ley N° 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual dispone en forma literal: 

"Cuota de pantalla del cine y artes audiovisuales nacionales. Los servicios de comunicación audiovisual que emitan señales de televisión deberán cumplir la siguiente cuota de pantalla:

Los licenciatarios de servicios de televisión abierta deberán exhibir en estreno televisivo en sus respectivas áreas de cobertura, y por año calendario, ocho (8) películas de largometraje nacionales, pudiendo optar por incluir en la misma cantidad hasta tres (3) telefilmes nacionales, en ambos casos producidos mayoritariamente por productoras independientes nacionales, cuyos derechos de antena hubieran sido adquiridos con anterioridad a la iniciación del rodaje.

Todos los licenciatarios de servicios de televisión por suscripción del país y los licenciatarios de servicios de televisión abierta cuya área de cobertura total comprenda menos del veinte por ciento (20%) de la población del país, podrán optar por cumplir la cuota de pantalla adquiriendo, con anterioridad al rodaje, derechos de antena de películas nacionales y telefilmes producidos por productoras independientes nacionales, por el valor del cero coma cincuenta por ciento (0,50%) de la facturación bruta anual del año anterior.

Las señales que no fueren consideradas nacionales, autorizadas a ser retransmitidas por los servicios de televisión por suscripción, que difundieren programas de ficción en un total superior al cincuenta por ciento (50%) de su programación diaria, deberán destinar el valor del cero coma cincuenta por ciento (0,50%) de la facturación bruta anual del año anterior a la adquisición, con anterioridad a la iniciación del rodaje, de derechos de antena de películas nacionales".

Juan Carlos Juárez, referente en materia de seguridad social del GEN afirmó que el Gobierno Nacional avanza en silencio con un proyecto que buscará elevar la edad y la cantidad de años de aportes necesarios para jubilarse. Señaló que el cierre de la Unidad Fiscal que investiga a la ANSES busca reducir los controles e impedir el acceso a la información sobre esa iniciativa y otros manejos.

En primer lugar, el referente del espacio que lidera Margarita Stolbizer rechazó la decisión del Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Emilio Basavilbaso, quien dio de baja el convenio que mantenía con la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social, que recientemente había denunciado a IECSA, firma de la propiedad del primo de Mauricio Macri, y se encontraba investigando una presunta malversación de fondos del propio organismo previsional.
        
A través de una resolución fechada el 2 de junio y que lleva la firma del propio Basavilbaso, ANSES notificó a la UFISES el "no ejercicio de la prórroga" del convenio que mantenían entre ambos. Dicho acuerdo había sido firmado en el año 2002, tras haber sido impulsado por el propio Juárez (quien en esa época se desempeñaba como Gerente de Investigaciones administrativas) y por Sergio Massa (quien estaba al frente de la Dirección Ejecutiva) con el objetivo de fijar acciones conjuntas tendientes a la creación de una unidad especializada en materia de delitos vinculados a los recursos de la seguridad social.
        
Al respecto, el Secretario del Congreso Nacional del GEN, expresó que “siembra muchas dudas que el Gobierno haya decidido el cierre de dicha unidad, restando transparencia a su gestión” y denunció que “llamativamente eso se suma a una fuerte intención de Basavilbaso, junto al Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de avanzar en silencio en un supuesto código de seguridad social para extender la cantidad de años de aportes de los trabajadores y la edad necesaria para acceder a la jubilación”.
        
Además, sostuvo que “con la desaparición de la UFISES ya no se va a poder controlar cómo se administra y a qué se destina el Fondo de garantías de Sustentabilidad que tiene ANSES y que incluye miles de millones de pesos que pertenecen a los jubilados, ni tampoco cómo se manejan los recursos del blanqueo de capitales que se utilizan para abonar las sentencias previsionales”.
        
Finalmente, Juan Carlos Juárez dijo que “esa decisión del Gobierno no hace más que cerrar cualquier posibilidad de obtener transparencia en el manejo de los fondos de ANSES y siembra muchas sospechas sobre la conducción del organismo”.

Oscar Parrilli presentó hoy en la Justicia Federal una nueva denuncia contra el juez Claudio Bonadío por abuso de poder y por haber falseado el testimonio de dos testigos. El Juez ordenó la tasación por vía judicial de un inmueble de su propiedad ofrecido como caución, cuando ya constaban en el expediente dos tasaciones. 

El ex Secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli presentó un escrito esta mañana en el que solicita se aparte al Dr. Claudio Bonadío de la causa 7992/16 por “enemistad manifiesta y la comisión de presuntos delitos en sus funciones”. Se trata de la causa en la que el Juez procesó a Parrilli por la impresión de un libro encargado por la Secretaría General de la Presidencia a la Casa de la Moneda.

Parrilli denunció que en el día de hoy el Juez ordenó, sin previa notificación, una tasación por vía judicial de su casa en la ciudad de Neuquén, en la que actualmente vive un hijo suyo: “Lo denuncio por abuso de autoridad y prevaricato, porque sus resoluciones no se ajustan a derecho y, como siempre, actúa para salir en La Nación, Clarín e Infobae. He presentado en el expediente dos tasaciones de un bien que yo mismo ofrecí a embargo, de reconocidas inmobiliarias de la ciudad de Neuquén. Que además supera en su valor el requerido en la causa. Pero eso no le alcanzó”, afirmó. 

“Como consecuencia de desconocer lo que he presentado —continuó— ordenó realizar una tasación por vía judicial. Algo absolutamente innecesario y que muestra su animosidad y falta de imparcialidad contra mi persona, como vengo denunciando. No me ha notificado, está violentando mi derecho de defensa e incumpliendo todas las normas procesales”. “Su actitud es arbitraria, persecutoria y difamatoria. Este acoso es impensable dentro de un estado democrático de derecho, es un auténtico abuso de poder”, subrayó el titular del Instituto PATRIA.

Además, el ex funcionario agregó que Bonadío, para forzar su procesamiento en la causa “dijo que testigos dijeron algo que nunca dijeron” y eso fue omitido deliberadamente por la Cámara.

El escrito presentado puede descargarse aquí: https://goo.gl/rLDw4f

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