23 DE JUNIO DE 2017 |
Política

Los propios trabajadores denunciaron que esta madrugada un grupo de personas, con actitud violenta e intimidatoria, ingresó al edificio donde golpeó al personal que allí estaba y causó destrozos. El Gobierno repuidió el ataque.

La denuncia fue radicada en la seccional 31 de la Policía Federal Argentina bajo la carátula de "averiguación de violación de domicilio".

Según la denuncia, firmada por el periodista Javier Borelli, los hechos ocurrieron esta madrugada a partir de las 0.40.

Según explicaron los trabajadores del diario, un grupo de 20 personas ingresó a la redacción, y luego de sacar por la fuerza y con intimidaciones a quienes estaban en el lugar, procedieron a destrozar diversas pertenencias de los trabajadores.

También este grupo agredió a los trabajadores con matafuegos y rompieron registros de la cooperativa que administra el periódico.

Se espera que los trabajadores del diario brinden una conferencia de prensa para brindar más detalles de lo ocurrido.

El diario Tiempo Argentino es administrado por sus trabajadores a través de una cooperativa luego de que los empresarios Sergio Szpolsky y Matías Garfunkel dejaran de abonar los salarios a partir de diciembre pasado.

Cristina Fernandez de Kirchner, Jueves 30 de junio de 2016

En los últimos días, el Partido Judicial, con inusitada virulencia, instado por el Gobierno y con el explícito incentivo que le brindan los medios hegemónicos de comunicación han intensificado su campaña de persecución y difamación contra el Gobierno que presidí, con un evidente doble objetivo:

1) Instalar en la opinión pública que el anterior gobierno durante los doce años y medio de gestión tuvo como único propósito cometer delitos de manera indiscriminada.

Se intenta crear un nuevo tipo penal: el delito de haber pertenecido al gobierno durante el período 2003/2015.

2) Distraer a la población mientras el ajuste y la debacle económica aumentan la pobreza, la desigualdad y la inseguridad de manera ya inocultable y exponencial.  

Hechos y medios  

I.- El viernes 24 de junio, casi todos los medios de prensa concentrados destacaron la medida requerida por el fiscal Gerardo Pollicita, pidiendo el levantamiento del secreto fiscal respecto de mi familia. Pretendían instalar que de ello derivaría un agravamiento de mi situación procesal. 

Vale aclarar que la información requerida por el fiscal –cuando pide el levantamiento del secreto fiscal- ya se encuentra incorporada en la causa “Hotesur” desde diciembre del año 2014.  Si, desde el 2014 está incorporada la información y consta en 40 cajas de documentación que se encuentran a disposición del juzgado.
Es más, respecto de tal documentación -entre otras obrantes en la causa- el juez Ercolini ordenó hace casi 60 días, el inicio de una pericia contable que el fiscal de manera inexplicable viene dilatando.  

II.- El 27 de junio del corriente año, también se dio extraordinaria difusión a la denuncia por asociación ilícita presentada por la diputada oficialista Margarita Stolbizer en las causas judiciales existentes. 

Tal presentación carecía de toda originalidad que justificara semejante difusión, máxime cuando ese supuesto delito –de contornos dudosamente constitucionales y que se presenta cuando no se tiene prueba concreta de alguna infracción penal- viene siendo denunciado e investigado desde ya hace varios años y sin que ninguna prueba concreta permita avalarlo.  
 
III.- En la misma fecha, Bonadío, cuando no, me impuso de manera arbitraria e ilegítima la obligación de tener que concurrir nuevamente a su juzgado para cumplir un trámite procesal totalmente insustancial, esto es, notificarme de una resolución que ya conozco y que apelé a través de mi defensa hace más de un mes.  
Puede advertirse, una vez más, cómo el poder jurisdiccional conferido a este personaje viene siendo ejercido con fines de venganza.

Simplemente, me permito recordar que el mismo “juez” hace apenas unas semanas, para recibir declaración testimonial en la misma causa, utilizó una vía elemental que da la tecnología, esto es, la videoconferencia, utilizable sobre todo cuando las personas tienen domicilio real a más de 2000 kilómetros de distancia del juzgado.  
 
IV.- En el día de la fecha, nuevamente este oscuro personaje, que cuenta naturalmente con la protección del Consejo de la Magistratura, comandado por el oficialismo y el Partido Judicial, volvió a ordenar nuevos allanamientos en la provincia de Santa Cruz, incluso en domicilios que ya fueron allanados en más de una oportunidad en este último año. Todo ello, con el inequívoco propósito de que la prensa militante en el oficialismo pudiera difundirlos con títulos catástrofe. 
  
V.- Sin embargo, faltaba la frutilla del postre. La pusieron, otra vez, los jueces de la Sala II de la Cámara Federal, los “prestigiosos”, según la prensa hegemónica y oficialista, Eduardo Guillermo Farah y Martín Irurzun.  Debo recordar que estos mismos jueces se encuentran actualmente denunciados por el delito de prevaricato cometido en mi contra en la causa del “Dólar futuro”.
 
Esa causa tan particular donde Bonadío dice que la Presidenta, el Ministro de Economía y el directorio del Banco Central del gobierno anterior cometieron un delito para que ganaran plata los miembros del gobierno actual que fue el que devaluó nuestra moneda.  También se les ha requerido, a ambos, su juicio político ante el Consejo de la Magistratura, el cual, no lo dudo, obedientemente habrá de rechazarlo con fundamentos que repugnan el más elemental criterio de justicia. 

Estas mismas personas, abusando de su posición como jueces de cámara, se ponen al descubierto ahora con mayor claridad aún, como mis concretos y directos acusadores, pretendiendo imponerle a Casanello –a quien, repito una vez más, no conozco- la obligación de investigarme por hechos que ya se encuentran a conocimiento de otros juzgados.  

En síntesis, persiguen multiplicar las causas judiciales en mi contra por los mismos hechos, vulnerando así prohibiciones expresas que establece la Constitución Nacional y tratando de impedir toda posibilidad de defensa como la que debe otorgarse y a la que tiene derecho cualquier persona.  

¿Qué garantía de imparcialidad puede esperar cualquier ciudadano cuando los mismos jueces que deben evaluar de manera imparcial un caso, son los que acusan, valiéndose además de las falsas evidencias que vienen inventando los conocidos y conocidas denunciadores/as de siempre?  
En suma, se viven tiempos difíciles para el Estado de Derecho.

Lo que realmente nos debe preocupar no es ninguna situación personal, sino que todo esto resulte ser, como lo es en realidad, una tapadera para hacer retroceder a nuestro país a una situación de desigualdad social y subordinación al poder económico concentrado que creíamos definitivamente desterrados.     

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, denunció que rompieron a patadas la puerta de una casa perteneciente a sus suegros y sugirió la existencia de una "fuerza paraestatal" que persigue a funcionarios de su gestión.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció en las redes sociales la rotura y apertura de la puerta de una casa perteneciente a sus suegros, en donde ella y el ex presidente Néstor Kirchner vivieron cuando recién se mudaron a Río Gallegos. En la misma publicación la ex mandataria sugirió la existencia de una “fuerza paraestatal” que persigue a funcionarios de su gestión.

“Violencia de época”, lleva como título el texto publicado por Fernández en Facebook que después fue replicado en otras plataformas digitales. En ella se ve la foto de una puerta violentada, hecho que habría ocurrido en la noche del sábado 18 de junio.

La vivienda corresponde a los padres de Néstor Kirchner ubicada en 25 de Mayo 446, de la localidad de Río Gallegos.

En el texto, la ex Jefa de Estado hace referencia también a la supuesta existencia de una "fuerza paraestatal" que responde a organismos de Inteligencia y que habrían viajado a Santa Cruz semanas atrás.

La publicación de Cristina Fernández de Kirchner:

Violencia de época

Cristina Fernandez de Kirchner·Jueves, 23 de junio de 2016

En la madrugada del día sábado 18 de junio rompieron y abrieron, a patadas, la puerta de entrada de la vivienda de 25 de mayo 446 en Río Gallegos.
No es cualquier lugar. Es la casa de los padres de quien fuera mi compañero, en la que también viví junto a él y mi hijo recién nacido hasta que pudimos mudarnos. Allí también pasó parte de su infancia, junto a la abuela, su único nieto varón.   

Me enteré del hecho y sus características estando en El Calafate. Debo decir que cuando vi la foto me pareció un hecho absolutamente violento e intimidatorio, que refleja claramente un clima de época.

La lógica más elemental indica que alguien que se dedica al delito abriendo puertas para ingresar a domicilios ajenos lo hace sin necesidad de romperlas a patadas, y menos aún cuando esa puerta está expuesta en una calle como 25 de mayo, transitada y de gran visibilidad, teniendo además, la vivienda, puertas laterales mucho más frágiles y de mejor acceso. Es más, esa metodología -la de abrir las puertas a patadas- nos remite a épocas pasadas. Las dos marcas sobre la pintura blanca traen, además, el sello inconfundible de los borceguíes. La confirmación de que no se habían llevado nada despeja cualquier duda.   

No fue el único hecho. Unos días antes, la Policía de la Provincia de Santa Cruz identificó en el puesto de control de ingreso a Río Gallegos, en Guer Aike, a seis oficiales de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, procedentes de El Calafate: Leonardo Ariel Salazar, Juan Matías Pez, Ruth Elizabeth Vera, Gabriel Alejandro Isassi, Sergio Sebastián Sequeira, Mariela Fernanda Centurión.   

Los mismos sólo se dieron a conocer como tales al comenzar el control respectivo con los canes sobre los rodados en busca de estupefacientes y/o armas de fuego. Manifestaron que no se habían presentado como policías desde un primer momento ya  que en Buenos Aires no suelen hacerlo por diferencias con la policía de la Provincia (supongo que se referían a La Bonaerense).   

Es curioso que, en un principio, cuando se les consultó el destino y el motivo de su visita, como es de rigor, dijeron que iban a la ciudad de Río Gallegos y que estaban de paseo. Sin embargo, comenzado el operativo de control y al haber hallado una pistola Glock calibre 9mm., contaron que iban a dicha ciudad con el fin de llevar a cabo diligencias procesales de allanamientos. No sé si hicieron algún allanamiento. Lo que estoy segura es que no vinieron de paseo.   

¿Fuerza paraestatal?  

Esta semana, las palabras de Agustín Rossi durante la última sesión del Parlasur en la ciudad de Montevideo, reflejaron la violencia de época: "¿Se está construyendo una fuerza paraestatal (...) con apoyos de los servicios de inteligencia para perseguir a dirigentes que hemos sido funcionarios del gobierno anterior? ¿Es cierto que los dirigentes más conocidos del kirchnerismo estamos siendo espiados por los servicios de inteligencia del gobierno de Macri? ¿Es cierto que han desatado una cacería sobre nosotros?". Han pasado días y nadie del Gobierno Nacional contestó los graves interrogantes del ex Ministro de Defensa, ex Presidente del Bloque de Diputados Nacionales del FPV y actual miembro del Parlasur.  
 
Las preguntas tienen respuesta y, lamentablemente, no es negativa. Fueros mediáticos y judiciales, sumados a servicios o fuerzas paraestatales de inteligencia, son una combinación antidemocrática que tiene como inevitable resultado una Democracia de nula intensidad, como nunca se vio desde 1983. Persecución ideológica y hostigamiento mediático. Armado de causas judiciales de funcionarios del Gobierno anterior a diestra y siniestra, que se dan de patadas con la Constitución, los Códigos y los más elementales derechos y garantías de cualquier ciudadano. Y si es necesario, cárcel: hasta que declares y hagas lo que ellos quieren.  

Causas armadas que llegan a ser delitos en sí mismas, como la de "Dólar futuro", en la que se procesó a funcionarios del anterior Gobierno, incluida su Presidenta, su Ministro de Economía, y todo el Directorio del Banco Central por el precio de los contratos del dólar a futuro. El actual Gobierno fue el que tomó la decisión de devaluar después del 10 de diciembre. Hombres de negocios que el año pasado compraron esos contratos llegaron al Gobierno, y como funcionarios pactaron el precio de lo que habían comprado como empresarios. Un verdadero escándalo. Todo ello bajo la impunidad de un "juez", que para ocultar los delitos de los funcionarios del actual gobierno, procesa a los del anterior. La denuncia había sido efectuada por dos Diputados del actual Gobierno.   

Tan escandaloso y demostrativo de la persecución como el llamado a indagatoria efectuado por el mismo "juez" de 70 figuras relacionadas con la cultura, por una "supuesta" malversación de fondos públicos del INCAA. Como señala hoy el diario Página/12, la intención es clara: "hacer desfilar por su despacho de Comodoro Py a partir de esta semana y hasta noviembre, imputados (...)". El mismo periódico informa que desde el año 2010, en el que la causa quedó a cargo de Bonadío -"el juez"- "(...) comenzaron los allanamientos y las denuncias contra los artistas que se identificaban con el anterior Gobierno, bajo el señalamiento de que sus posicionamientos eran 'sobornados' con plata del Estado".   

El procesamiento, en el día de la fecha, de ex funcionarios en una causa contra lo que constituyó la verdadera recuperación del "Fútbol para Todos" los argentinos, tampoco es casual. Hoy, como es público y notorio, el Gobierno actual sí está negociando con los dirigentes de la AFA cómo se van a repartir el negocio entre ellos. Del negocio del fútbol, entre otros, provienen muchos funcionarios del Poder Ejecutivo. Empezando por su titular, y el Director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), quien aún no obtuvo el acuerdo del Senado, tal cual lo exige la Ley.    

Fueros mediáticos y judiciales. Su función. 
 
¿De qué otra manera que no sea a través de fueros mediáticos y judiciales puede entenderse que el mayor escándalo internacional en materia financiera de los últimos tiempos -el caso Panamá Papers-, que ha provocado la renuncia de Funcionarios y Primeros Ministros en el mundo; aquí en Argentina -donde apareció involucrado el Presidente, su familia y muchos de sus funcionarios y dirigentes- haya recibido un tratamiento tan superficial y liviano por parte de la prensa? A tal punto que llamó la atención del periodismo alemán -ámbito desde el cual se dio a conocer el escándalo- que sostuvo en su informe que "hubiera sido muy distinto en caso de tratarse del Gobierno de CFK".   

Más tarde también pudieron conocerse las impresiones reflejadas por el Consorcio Internacional de Periodistas, según las cuales sus colegas argentinos estaban "excitados" porque pensaban que iban a encontrar a los Kirchner, y al no hacerlo se mostraron desilusionados. Los fueros mediáticos van de la mano con los judiciales. ¿Alguien vio, siquiera, un allanamiento vinculado al caso? Si los hubo, ningún canal los televisó, por la impunidad mediática. Si no los hubo, fue por la judicial.  

Democracia de nula intensidad

Los fueros mediáticos y judiciales, sumados a servicios o fuerzas paraestatales de inteligencia, terminan produciendo, objetivamente, una Democracia de nula intensidad. Comenzó con la detención de la dirigente social Milagro Sala en Jujuy. El método: perseguir, o denunciar y hostigar, o procesar, o encarcelar. El objetivo: asustar y amedrentar a quienes no se van a callar frente a un plan económico que está haciendo estragos en el tejido social argentino.   

Trabajadores formales e informales. Comerciantes pequeños, medianos o grandes. Empresarios de casi todas las actividades industriales. Estudiantes, docentes y profesionales. Jubilados. Todos han sido tocados, averiados y hasta hundidos en esta batalla política y social que significa: precios sin control, facturas impagables - de luz, gas y agua-, que además disparan a las nubes los costos de las expensas -tanto para el inquilino como para el propietario-, aumentos del transporte, despidos, cierre de comercios, caída de la actividad industrial. Son sólo algunas de las preocupantes señales de que las cosas no están yendo bien para muchos argentinos.  
Todos los sectores han sido castigados, salvo el sector financiero y el primario concentrado. Sin embargo todo es ocultado, minimizado o directamente ignorado por la prensa hegemónica bajo el paraguas protector de los fueros mediáticos y judiciales. Los Fueros, que deben ser entendidos como inmunidad, cuando aparecen por fuera de la Constitución sólo se traducen en privilegio e impunidad.         

Violencia y sentido común

Los ataques permanentes, la persecución y el hostigamiento, en las formas más extremas y violentas, han sido una constante en la historia de los movimientos nacionales y populares. Su función: generar sentido común negativo contra la política en general, y contra lo nacional y popular como fundamento no sólo económico y social, sino esencialmente cultural.   

No tengo dudas. Los movimientos políticos fueron, son y serán juzgados, no por las individualidades, sino por los resultados de sus políticas públicas y la calidad de vida que sepan generar para todos sus ciudadanos.

Gente sin trabajo y sin alimentos suficientes. Mujeres que vuelven a ser el hilo más delgado de precarización laboral. Estudiantes que deben abandonar sus estudios por razones económicas. Científicos cuyos programas son suspendidos o directamente suprimidos.  Pequeñas y medianas empresas al borde del colapso, muchas sin poder hacer frente al pago del aguinaldo. Economías regionales quebradas. Obras públicas paralizadas. Alarmante crecimiento de la inseguridad. Son sólo algunas de las calamidades cotidianas que no se pueden tapar con nada. Ni siquiera con fueros mediáticos o judiciales.   

Los argentinos no piden, ni pretenden, que nadie les regale nada. Sólo necesitan que su país les vuelva a garantizar las oportunidades para poder organizar su vida y la de su familia, en libertad y con trabajo.  

No es tan difícil. El Gobierno, en algún momento, debería comprenderlo. Además y después de todo, las patadas en una puerta, finalmente, sólo le sirven a los carpinteros.

El ex juez federal denunció que le robaron una caja fuerte que contenía 200.000 pesos y dos escrituras, que tenía empotrada en su departamento del barrio porteño de Recoleta.

El hecho que se dio a conocer hoy ocurrió entre el domingo 12 y el lunes 13 de junio últimos en el departamento que Oyarbide tiene en el sexto piso de un edificio ubicado en Rodríguez Peña y Posadas.

Según denunció el ex juez, ese domingo salió durante toda la tarde, regresó por la noche y se fue a dormir sin notar nada extraño.

Sin embargo, al despertar la mañana del lunes descubrió que faltaba la caja de seguridad que tenía instalada dentro del placard de su dormitorio, en la cual guardaba 200.000 pesos, la escritura de su casa y la escritura de la sepultura de su madre, del cementerio Jardín de Paz de Pilar.

Los voceros consultados afirmaron que ni el ingreso al domicilio de Oyarbide ni ningún otro espacio de la vivienda fueron violentados, por lo que la principal hipótesis es que el hecho pudo haber sido cometido por alguien del entorno del ex magistrado que conocía exactamente la ubicación del cofre.

Uno de las cuestiones que procuraban determinar los investigadores es si el hecho ocurrió en el lapso del domingo en el que Oyarbide estuvo ausente y que éste no notó el faltante al regresar o si, en cambio, el ladrón pudo colarse en la casa mientras dormía.

En la causa caratulada como "robo" intervienen la comisaría 17ma. porteña, con jurisdicción en la zona, y la Fiscalía de Instrucción 2 porteña, a cargo de Marcelo Roma. (Télam)

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