19 DE FEBRERO DE 2017 |
Política

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió al juez federal Claudio Bonadio que se envíe a juicio oral a la ex presidenta Cristina Kirchner y los demás procesados en la causa por venta de dólar futuro al final de su gobierno, según un dictamen de un centenar de carillas.

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió este miércoles que la ex presidenta Cristina Kirchner, su ex ministro de Economía Axel Kicillof y otros 13 procesados por defraudación al Estado a raíz de la venta de dólar futuro al final de su gobierno sean enviados a juicio oral y público, en un dictamen entregado al juez federal Claudio Bonadío.

"Los imputados sabían que su accionar, contrario a la normativa que debían respetar, implicaba un serio menoscabo al patrimonio público" y fue la ex Presidenta quien "impartió las directivas", advirtió Taiano en un dictamen de 95 carillas al que accedió Télam.

Allí, pidió juicio a todos por el delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", que prevé una pena de hasta seis años de prisión.

Ahora Bonadío deberá dar vista -es decir, pedir opinión- a las defensas de todos los procesados y, luego, quedará en condiciones de enviar la investigación a sorteo para que se designe un Tribunal Oral.

"La responsable política de la administración general del país durante el periodo investigado era la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien junto a su ministro de Economía, Axel Kicillof, tenían a su cargo la administración y el cuidado del patrimonio del Estado", argumentó el fiscal.

Al describir la operatoria de venta del dólar futuro y el contexto en el que se ordenó en el final del kirchnerismo, cuando regía un tipo de cambio regulado, Taiano advirtió que "todo se hizo de acuerdo a las directivas impartidas" por la ex Presidenta.

Esas órdenes fueron dadas por "Cristina Fernández de Kirchner, y su ministro de Economía, Axel Kicillof, los Directores del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli Long Biocca, Miguel Ángel Pesce, Flavia Matilde Marrodán, Bárbara Emilia Domatto Conti, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán David Feldman, Pedro Martín Biscay y Sebastián Andrés Aguilera", enumeró Taiano.

Los funcionarios utilizaron "de manera impropia las atribuciones y competencias de sus respectivos cargos, y adoptaron las medidas de carácter técnico administrativas que permitieron a la entidad vender entre los meses de septiembre y noviembre de 2015 contratos de dólar futuro a valores inferiores al precio de mercado", argumentó el representante del Ministerio Público Fiscal.

"Aquellas operaciones de la autoridad monetaria fueron realizadas con la anuencia de los directores de la Comisión Nacional de Valores, Cristian Alexis Girard, Guillermo Mario Paván y David René Jacoby, quienes llevaron a cabo diversas acciones de carácter técnico administrativas en violación directa de las competencias y deberes de sus cargos, coadyuvando a la operatoria ilegal que estaba realizando el BCRA".

Además y en alusión a los argumentos de las defensas relativos a las medidas económicas tomadas por el macrismo desde el 10 de diciembre de 2015, Taiano consideró que "el perjuicio a la propiedad quedó consumado en cada caso con la celebración de cada contrato, lo que torna irrelevantes a los fines del delito imputado, las consideraciones formuladas por los imputados acerca de las decisiones económicas adoptadas posteriormente".

Taiano pidió juicio oral para la ex presidenta, Kicillof y para el ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli Long Biocca.

También para Miguel Ángel Pesce, Flavia Matilde Marrodán, Bárbara Emilia Domatto Conti, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán David Feldman, Pedro Martín Biscay y Sebastián Andrés Aguilera, Cristian Alexis Girard, Guillermo Mario Paván y David René Jacoby.

La ex Presidenta está además procesada por "asociación ilícita" en la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz, a cargo del juez federal Julián Ercolini.

Además, Bonadío la citó otra vez a declaración indagatoria para el 7 de marzo próximo en la causa que investiga a su sociedad "Los Sauces", por el alquiler de propiedades a empresarios favorecidos con obra pública en su gobierno.

Fuente: Télam

El ex jefe de Gabinete y actual asesor del Frente Renovador Alberto Fernández consideró "insólito" y una "zoncera" que la Justicia "pierda tiempo" investigando el audio de una conversación entre la ex presidenta y el ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones.

La escucha que trascendió periodísticamente en el marco de una charla sobre el ex espía Antonio "Jaime" Stiuso motivó la investigación sobre supuesta existencia de delito y abuso de autoridad para determinar si le habrían 'armado' causas al ex hombre fuerte de la ex SIDE.

"Es insólito que la Justicia pierda tiempo en esto, es una zoncera. La (ex) presidenta le habla al (ex) jefe de los espías y éste dice 'no tengo idea de qué pasa porque no me llegó La Nación'. Mi queja no es a los medios que lo difundieron, es al que entrega la información, creo que esta denuncia debe ser desestimada por inexistencia de delito", consideró Fernández.

"Cristina va a sexta y Parrilli no arranca el auto. Es un hombre particularmente pasivo. Es una charla entre dos personas que se tienen confianza", analizó Fernández sobre el modo en que la ex jefa de Estado trata a su entonces jefe de la AFI, a quien en el audio califica de "pelotudo".

Sobre la expresión de Cristina "a este tipo hay que matarlo", por declaraciones que hizo Stiuso a un diario durante un reportaje, el ex jefe de Gabinete dijo en TN: "Yo, al zaguero de Argentinos Juniors, yo pedí que lo maten. Ella no le dijo encargale a alguien que lo mate".

Alberto Fernández explicó además que "las denuncias se arman, pero hay que darles sustento legal. Es todo un gran disparate. Hay cosas que Cristina debería explicar mejor, como su patrimonio. Esto es una zoncera", insistió.

Asimismo, analizó que en la actualidad "hay infinidad de problemas y hablamos de que ella dice pelotudo, todo para instalar la idea de que Cristina es una maltratadora".

Sobre los servicios de inteligencia en general Fernández dijo que "existe una crisis" en el sistema y que la ex presidenta "intentó hacer un mejor control creando la AFI".

Fuente: Télam

El juez Julián Ercolini procesó ayer a la ex presidenta Cristina Kirchner por asociación ilícita y ordenó un embargo por $10.000 millones por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó ayer procesada y embargada por 10.000 millones de pesos como supuesta integrante de una "asociación ilicita" que habría funcionado durante sus dos gobiernos y el de su fallecido marido, Néstor Kirchner, para la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Baéz.

En igual situación y con montos de embargos similares quedaron el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ya detenido y procesado ex secretario de Obra Pública, José López; el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Pierotti; el ex coordinador de la cartera de Planificación, Carlos Santiago Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner--, y el también detenido y procesado Báez.

En una extensísima resolución de 794 carillas, el juez federal Julián Ercolini consideró que los nombrados integraron "una asociación ilícita que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015".

Para el magistrado "se habría verificado que los proceso licitatorios en cuestión fueron asignados a las empresas de Lázaro Báez por sumas mayores en promedio al 15 por ciento del presupuesto original".

Al ponderar el perjuicio que ello habría ocasionado al Estado, consideró que "el monto de los contratos actualizados de las 52 obras adjudicadas a las empresas vinculadas al nombrado Báez asciende a las suma de 46.230.902.061,62 millones de pesos".

La resolución agrega que la asociación ilícita invocada habría estado "destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada" de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz.

Para el juez Ercolini, el montaje de esa asociación se habría iniciado con "la conversión formal de Báez, amigo de los nombrados Kirchner y Fernández, con el que establecieron numerosas operaciones comerciales, en empresario de la construcción", actividad a la que era ajeno antes del 2003.

"A tal fin, pocos días antes de que Néstor Carlos Kirchner asumiera la Presidencia de la Nación, el 8 de mayo de 2003, Báez, junto con dos socios -Guido Santiago Blondeau y Sergio Leonardo Gotti- formó la firma Austral Construcciones S.A", resume Ercolini.

"En pos de llevar adelante las maniobras del plan primigenio, el mentado ex presidente montó la estructura institucional de su gobierno con distintas personas de su confianza, quienes en su mayoría formaron parte de diferentes áreas gubernamentales de la provincia de Santa Cruz, a las que ubicó en cargos estratégicos. añadió.

"Dicha estructura fue mantenida por (la ex presidente Cristina) Fernández tras asumir la presidencia de la Nación con fecha 10 de diciembre de 2007".

La decisión de Ercolini recayó además sobre otros seis funcionarios indagados en la causa, a los que también les adjudicó cometer el delito de "administración fraudulenta agravada por cometerse en perjuicio de la administración pública" con diversos roles dentro de los "planes delictivos" investigados.

Se trata de los ex funcionarios de vialidad y provinciales Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Raúl Santibáñez, quienes fueron embargados por 2.500 millones de pesos cada uno.

"Se advierte un complejo entramado delictivo realizado en mas de una jurisdicción pero en donde cada uno de los intervinientes tuvo un rol concreto en razón del cargo en que fueron colocados", remarcó el fallo.

Todos los funcionarios públicos procesados "conocían el pacto que los unía", agregó el juez al fundamentar el procesamiento por el delito de asociación ilícita.

Para el juez, todos los nombrados "habrían perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional" con el fin de "procurar un lucro indebido propio o de terceros, como por ejemplo, el del empresario Lázaro Antonio Báez".

El eje de la investigación giró en torno a una auditoria de las actuales autoridades de Vialidad Nacional y una anterior, del 2008, de la diputada Elisa Carrió sobre supuestas irregularidades en la concesión de tramos de la ruta nacional 3 y la ruta 9 de la provincia patagónica, luego unificadas a instancias de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

Según la denuncia de Vialidad, "de un total de ochenta y ocho obras llevadas acabo en esa jurisdicción en el período 2004-2015, cincuenta y dos obras se contrataron con empresas relacionadas con Báez que, recordemos, devino en empresario de la construcción en el año 2003", resaltó Ercolini en su fallo.

Durante ese período las obras se concentraron en un único grupo de empresas relacionadas con Báez: Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A. y "Sucesión Adelmo Biancalani", con un "constante incumplimiento de los plazos de obra, y una marcada desigualdad en el plazo de pagos con relación a otras empresas contratistas con esa dirección nacional", señala el fallo.

Además, el magistrado ordenó congelar la totalidad de las cuentas bancarias de todos los procesados, salvo aquellas donde se cobren pensiones, jubilaciones o salarios y que se realice un estudio socioambiental sobre cada uno de ellos ademas de toma de huellas dactilares.


Esta es la primera causa por delitos de corrupción en la que resulta procesada la ex Presidenta, quien ya va camino a juicio oral en la investigación por la venta de dólar futuro al final de su gobierno, a cargo del juez federal Claudio Bonadio.

La decisión de Ercolini podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña y como en la causa hay detenidos -Báez y López- podría habilitarse la feria judicial de enero.

Fuene: Télam

El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, rechazó las críticas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación a supuestos recortes presupuestarios en el área, y sostuvo que, durante la gestión de Mauricio Macri, “se han mantenido las líneas fundamentales” aunque reconoció “un cierto cambio de prioridades debido al contexto”.

El domingo Fernández de Kirchner dijo -a través de las redes sociales- que Barañao “fue ministro de una política realmente exitosa del kirchnerismo; y ahora, también como ministro pero del gobierno de Macri se transformó en el rostro inverso: una política de recortes presupuestarios que desmorona los avances conseguidos en Ciencia y Tecnología".

La crítica de la ex mandataria llegó tras una semana de conflicto con los becarios del Conicet, que mantuvieron ocupado el edificio del ministerio, y finalmente el viernes alcanzaron un acuerdo con las autoridades para extender las becas hasta diciembre de 2017.

Para Barañao, la declaración de Fernández de Kirchner “es una expresión desafortunada” y consideró que “en parte, deriva de un cierto grado de desinformación y, en parte, hay un uso político en esta situación”.

“No podemos ser inocentes. Es un área en la que se apostó mucho y hay mucha expectativa, y cualquier atisbo de cambio de rumbo o en el presupuesto es criticado”, sostuvo Barañao en declaraciones a radio Vorterix.

En ese marco, el ministro aseveró que “la repatriación de científicos continúa, todo científico que se forma en el exterior entra automáticamente al Conicet” y, tras recordar que “la decisión de continuar en el Ministerio fue avalada” por la ex mandataria, ratificó que se han “mantenido las líneas fundamentales”.

“Ha cambiado el contexto económico obviamente. Este gobierno quiere balancear las cuentas y, por lo tanto, los presupuestos se discuten de otra manera. Pero confío en que el presupuesto que tenemos va a ser el adecuado. Queda claro que la capacidad de reforzar las partidas siguen estando y la voluntad de apoyar la ciencia continua”, destacó aunque reconoció que “lo que hay es un cierto cambio de prioridades debido al contexto”.

Al ser consultado sobre las versiones que hablaron de su posible renuncia, Barañao dijo que está “cumpliendo adecuadamente la tarea de defender el tema y darle sentido a la inversión de ciencia y tecnología” y añadió: “Yo no estoy para defender a los científicos sino para apoyarme en los científicos para lograr el desarrollo del país”.

Asimismo recordó que estuvo en la actividad gremial del Conicet durante 18 años y que ahora le toca "defender los intereses de toda la sociedad”, y, en ese marco, afirmó que “no siempre coincide lo que un investigador quiere para sí con lo que es lo más conveniente para el país”.

“Cuando asumí como ministro en 2007 dije que necesitaba contar con los fondos necesarios para llevar adelante mi tarea dentro de lo razonable. Esta es y seguirá siendo mi posición”, concluyó el funcionario.

    

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