11 DE DICIEMBRE DE 2017 |
Espectáculos

La votación de las PASO del 13.8 – una encuesta pre-electoral obligatoria donde no se elegía básicamente nada – dio lugar a una maniobra financiera que le ha costado muy caro a la Argentina.
El costo directo de estas supuestas  elecciones internas  se ha estimado en unos 2.800 M$ (Millones de Pesos) pero la movilización total de la ciudadanía y todos los servicios conexos inherentes a la jornada electoral es probable que eleven esa cifra mucho más arriba todavía.

Por Héctor Giuliano

Sin embargo, este costo directo no resulta tan relevante comparado con el negociado financiero que estas PASO han servido para inducir y enmascarar.

Con el falso argumento de un  pánico  o  temor  inexistente los grandes operadores financiero-bancarios y cambiarios – en el marco de una verdadera acción psicológica colectiva - consolidaron uno de los  zarpazos especulativos más grandes de los últimos tiempos y, lo que es peor, lo hicieron en connivencia fáctica con el Banco Central (BCRA) que, caso contrario, debiera haber denunciado este tipo de maniobras (una maniobra que, por otra parte, es también un clásico histórico de corrupción en casi todas las convocatorias electorales):

Los capitales financieros – locales e internacionales – provocaron la  escapada  del dólar mayorista de las últimas semanas previas al 13.8 (como ya lo habían hecho antes del mega-vencimiento de Lebac del 18.7) retrayendo unos parte de la liquidación de exportaciones (grandes grupos agro-exportadores, principalmente de soja) y pasando otros fuertemente sus posiciones de divisas a pesos (agentes bursátiles y bancos), coincidentemente con una retracción de ingresos y/o aumento de salidas de fondos especulativos externos o  dinero golondrina ,   que lucra con el arbitraje entre tipo de cambio y tasa de interés. Esto, como agravante, se habría dado en un momento de menores ingresos de divisas por nuevas deudas (siendo que las que entraron luego se usaron para atender la pérdida de reservas que ya se había producido).

El BCRA respondió a esta movida aumentando sus tasas de interés a corto y muy mediano plazo – por Lebac y por Pases Pasivos – en el mercado secundario (donde habría llegado a pagar tasas implícitas de hasta el 28 % anual los días previos al fin de semana de las PASO). Y también respondió con intervenciones directas en el mercado cambiario, donde en 10 jornadas se desprendió de más de 1.800 MD (Millones de Dólares) de Reservas debido al mismo proceso especulativo.

Como las PASO se daban sólo dos días antes del nuevo mega-vencimiento de Lebac, por 535.000 M$ 1  - el 56 % del stock total de estas letras, que suman más de 950.000 M$ (una cifra superior a la Base Monetaria, que al 7.8 era de 832.300 M$) - el BCRA terminó reconociendo a los acreedores bancarios otra vez una tasa del 26.5 % anual, la misma que la licitación anterior del 18.7.

Ergo, la movida artificial de los grandes oligopolios sobre la cotización del dólar sirvió para que el BCRA – como supuesta víctima de esta operatoria – mantuviera elevadas las tasas con que remunera a los grupos financieros que manejan el macro-negocio del arbitraje entre Dólar y Tasa de Interés; un negociado armado sobre la base de la extraordinaria sangría financiera que se viene produciendo y aumentando cada vez más a costa del BCRA.

Es decir, que se produjo una enorme masa de ganancia especulativa, financiera y cambiaria a la vez, por la acción combinada de especuladores y BCRA: ganancias que se dieron por el diferencial de cotización del dólar y ganancias por el aumento de las tasas de interés de las Lebac.
Los hechos reflejan crudamente las magnitudes que esta vez estuvieron en juego:

El martes 15.8 le vencían al BCRA Lebac por valor de 535.000 M$ (más de la mitad del total de las letras) cuya renovación – como todos los meses – deviene una necesidad inexorable para el Banco ya que nunca podría inyectar al mercado una suma ni mínimamente cercana a esa cifra.

De esos 535.000 M$ el BCRA renovó 453.400 M$ aceptando pagar – como el pasado mes de Julio – una tasa del 26.5 % anual por las letras más cortas (a 35 días), que son la mayoría, y elevando a la vez el resto de las tasas que abarcan la curva de rendimientos:

Fuente: Comunicado 50875, del 15.8.2017, del BCRA.

La diferencia de 81.600 M$ por letras no renovadas (535.000 – 453.400 M$) supuso obviamente una reducción del stock de Lebac pero, en forma simultánea y como contrapartida, significaba un fuerte aumento del circulante dentro de la Base Monetaria, con el consiguiente peligro cierto de presión inflacionaria.

El importe de los pesos inyectados el Martes pasado era, en realidad, mayor aún porque a los 81.600 M$ de Lebac no renovadas se sumó el pago en efectivo de intereses por unos 15.000 M$ correspondientes a las letras vencidas ese mes, junto con otras operaciones menores: en total, más de 100.000 M$.

El destino de este remanente de fondos de Lebac no renovadas no se informó oficialmente pero habría tenido varios canales de colocaciones alternativas:

Unos 21.000 M$ fueron reabsorbidos por el propio BCRA vía colocación de Pases Pasivos, que son títulos de cortísimo plazo (a 7 días) y pagan el 26.25 % anual (que es la Tasa de Interés de Referencia fijada por el Banco).

Otros 15.000 M$ fueron también reabsorbidos por el BCRA pero a través de ventas de Lebac de su cartera en el Mercado Secundario.

Una parte de los fondos de estas letras no renovadas habrían ido a la Bolsa para posicionarse en la compra de Títulos Públicos ajustables por Inflación (CER) y/o por Tasa Badlar.
 Una masa no cuantificada habría ido nuevamente a la compra de dólares, sumándose al leve rebote alcista que se dio después de la baja relativa inmediata posterior a la renovación de Lebac del 15.8.

A lo que cabría agregar otras sumas – igualmente no identificadas – que jugaron a contratos de Dólar Futuro en el Mercado Rofex, donde se pactan operaciones con dólar a 19.30 $ para fin de año pero se arbitra también con la fecha electoral del 22.10.

Bajo cualquiera de estas alternativas, lo cierto es que al costo de tales operaciones financieras del BCRA por Lebac tienen que agregarse así las correspondientes a las otras operaciones de esterilización complementarias que se hayan registrado en esta semana que pasó.

De las operaciones de venta de reservas internacionales del BCRA por 1.800 MD el Banco ya habría recomprado en Agosto algo más de la mitad – unos 1.000 MD – utilizando para ello divisas adquiridas a exportadores después de la suba del dólar y divisas ingresadas por desembolsos de deudas externas contraídas por el gobierno Macri.

Es importante destacar que – en el caso de las Lebac que estamos tratando – las letras que no se renuevan (y que tampoco son reabsorbidas por otros instrumentos) más los intereses que se pagan por las letras que vencen mensualmente implican una gran inyección de dinero al mercado, siendo que ese dinero se emite sin respaldo para poder atender los pagos respectivos. Se trata de una típica operación de impresión de billetes sin correlato en valores y, por ende, con efectos inflacionarios; pero sobre la cual notablemente el establishment financiero no se lamenta, pese a que se está emitiendo dinero sin respaldo para pagar deudas financieras, lo que también es fuente de Inflación.

En síntesis: que por la acción especulativa de los grandes operadores financieros durante el período de las inútiles elecciones de las PASO aumentó el precio del dólar, que por este incremento del dólar el BCRA subió o mantuvo elevadas sus tasas de interés, y que por esta maniobra el BCRA perdió 1.800 MD de sus reservas internacionales y tuvo y tiene que sufragar mayores costos financieros por sus Lebac, cuyo monto – solamente por intereses – ya sobrepasa los 250.000 M$ anuales. 2

El BCRA ha sido y es cómplice de estas maniobras, que contradicen abiertamente el discurso del libre y honesto juego de Oferta y Demanda de los Mercados - Mercado de Dinero (regido por la Tasa de Interés) y Mercado de Divisas (regido por el Tipo de Cambio) - porque, caso contrario, frente a este tipo de coaliciones distorsivas debiera denunciar tales prácticas por ser tan contrarias a las reglas de competencia como perversas y costosas para el Estado Argentino; y actuar en consecuencia en lugar se someterse a dicho juego extorsivo.

El BCRA debiera dar a conocer la lista de todos los grandes operadores que hicieron estos movimientos financieros y cambiarios, antes y después de las PASO, para permitir al menos que dichos operadores sean identificados por la opinión pública y no mantenerlos en secreto amparando la in-transparencia y la corrupción de los mercados, a los que tanto se pondera.

El BCRA macrista sostiene una política de ocultamiento de estas informaciones clave inherentes al Sistema Financiero con las que encubre su manejo secreto con los grandes operadores del mercado, que son precisamente los sectores que están batiendo récords de rentabilidad especulativa en el país a costa del Estado; y lo hace a través de nuevos mitos que se tratan de instalar desde el mismo gobierno:

El mito del Tipo de Cambio Flotante, cuando el BCRA no sólo interviene para cubrir los desequilibrios provocados por acuerdos espurios de los grandes operadores del Mercado sino que lo hace permanentemente, en forma indirecta, a través de su política de altas tasas de interés, para arbitrar así el pase de dólares a pesos por medio de las Lebac; y para mantener con ello retrasado el tipo de cambio ante el ingreso de divisas.

El mito de que ahora la Devaluación no se traduce en Inflación – Sturzenegger dixit - como si el aumento del dólar y el aumento de las tasas de interés no se transmitieran a los precios, cuando ambos son justamente factores causales directos y clásicos de Inflación.

El mito de que el objetivo primario de las altas Tasas de Interés es contener la Inflación cuando, en los hechos, las tasas hoy son el instrumento básico de contención del Dólar y que esa contención responde a la política macrista de Dólar bajo o retrasado frente a la inflación interna con la finalidad elemental de garantizar el pago de intereses crecientes en moneda extranjera a los acreedores del Estado. Porque el gobierno necesita un dólar bajo debido a que recauda en pesos y cada vez tiene que pagar más servicios de deuda en dólares.

Dicho con otras palabras: el presidente del BCRA, Sturzenegger, dice que sube y mantiene elevada la Tasas de Interés como forma de lucha contra la Inflación pero, en la práctica, la realidad muestra que la Tasa de Interés – en lo concreto e inmediato – antes que un instrumento anti-inflacionario es un intento de  ancla cambiaria , que es lo que esencialmente le preocupa a la administración Macri para poder sostener el pago de intereses de la Deuda Externa, fuerte y rápidamente creciente, que su administración sigue produciendo con su Política de Gobernar con Deuda.

1  Todos los importes – en Millones de Pesos/Dólares (M$/MD) - se expresan siempre con redondeo, por lo que pueden existir mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.
2  Esto significa que, en realidad, el BCRA terminó recomprando casi toda la masa de Lebac cuyo vencimiento se producía el 15.8, con el consiguiente costo financiero.
Aceptar el pago de intereses del orden promedio de un 26 % anual sobre 500.000 M$ implica pagar en total 130.000 M$ en el año: aproximadamente 11.000 M$/Mes ó 360 M$/Día.
Siendo que esto corresponde sólo a la mitad del stock de las Lebac existentes, de modo que en total los intereses que paga el BCRA en el año son prácticamente el doble: 250.000 M$.
Un solo punto porcentual más de interés sobre los 500.000 M$ de las letras renovadas – como el caso de haber pasado del 25.5 % al 26.5 % de Junio a Julio, y haberlo mantenido ahora también para Agosto – representa unos 5.000 M$ adicionales por año (500.000 x 0.265 / 26.5): son más de 400 M$/Mes ó 14 M$/Día (solamente por ese 1 % incremental).
Estas cifras – como acabamos de decir, y precisando su cálculo - virtualmente se duplican si aplicamos la tasa promedio del 26 % a toda la deuda cuasi-fiscal por Lebac, que hoy pasa los 950.000 M$ (976.300 al 7.8): son más de 250.000 M$/Año (21.000 M$/Mes ó 700 M$/Día).
El BCRA paga así tantos intereses por su deuda en letras como paralelamente el Tesoro Nacional paga por la Deuda del Estado Central: el total de ambos está entre los 1.400 y 1.500 M$ por día; y el total anual conjunto por concepto de interés supera entonces los 500.000 M$. 

Fuente: Enviado por Info y Datas

En Latinoamérica, el apoyo a los sistemas democráticos es el más bajo observado en los últimos años. El 73 % de los latinoamericanos piensa que los gobiernos actúan en beneficio de los poderosos. La institucionalidad democrática se ha multiplicado en una región marcada por dictaduras y regímenes autoritarios. Sin embargo, esto no siempre ha significado un avance efectivo en la garantía de iguales derechos para todos. Tampoco, en el crecimiento de la representación política de los sectores más excluidos ni en la atención a sus necesidades más urgentes por parte de quienes gobiernan unas democracias que han sido secuestradas por las élites políticas y económicas. Analizar y estudiar este fenómeno resulta fundamental para la construcción de sociedades más justas en la que es hoy la región más desigual del planeta.

(Por Rosa Cañete Alonso).- El 73% de los latinoamericanos piensa que se gobierna para el beneficio de los poderosos. Hay importantes diferencias entre los países de la región, pero en 17 de los 18 países encuestados por Latinobarómetro, más del 50% de la ciudadanía piensa de esta forma. Se trata de un claro llamado de atención a las democracias de la región. Es evidente que no están cumpliendo con uno de sus principios más elementales: la representación de los intereses de sus votantes.

Esta falta de representación política efectiva de los intereses de las mayorías tiene importantes consecuencias negativas en la garantía de derechos. En América Latina la desigualdad se ha vuelto estructural: el 71% de la riqueza se concentra en el 10% más rico de la población. Solo 32 personas, en 2015, concentraban tanta riqueza como la mitad más pobre de la región: 300 millones de personas. En 2013, 80% de los jóvenes de mayores ingresos culminaron sus estudios secundarios, mientras solo el 34% de los que poseen bajos ingresos lo hicieron. Los niños pobres de Bolivia, Honduras, República Dominicana y Colombia tienen de 2 a 5 veces mayor probabilidad de morir en el primer año de vida que los niños ricos.

Los avances de la última década mostraron que cuando hay gobiernos decididos a impulsar políticas enfocadas en reducir pobreza y desigualdad, esta gravísima situación puede ser enfrentada. Lamentablemente, falta mucho por hacer: son necesarias reformas estructurales en el aparato productivo, laboral, fiscal y político. Y algunos de los avances democráticos construidos en los últimos años, ya se están perdiendo. Latinoamérica y el Caribe siguen siendo una región con sociedades fracturadas, con sectores privilegiados y excluidos, con ciudadanías de primera y de segunda clase.

Los niveles de desigualdad que exhibe la región sólo son posibles en sistemas democráticos que han sido secuestrados por quienes ejercen el poder económico y político. Son sistemas en los que las élites cooptan, corrompen o desvirtúan la naturaleza de las instituciones democráticas para impulsar políticas que mantengan su posición privilegiada. Este proceso ha derivado en democracias en las que, en ocasiones, unos pocos diseñan las políticas públicas para su propio beneficio, dando así lugar a desequilibrios en el ejercicio de los derechos y en la representación política.

Cuando hay desigualdad la gente cuestiona el sistema democrático y tiene razones para hacerlo
La calidad de la democracia y los niveles de desigualdad económica y social están íntimamente relacionados. Pero ¿la ciudadanía es consciente de la relación entre la desigualdad política y la desigualdad económica y social?

El apoyo al sistema democrático tocó fondo en la región en 2016. Sólo un 54% de los entrevistados por Latinobarómetro prefería un sistema democrático a cualquier otro. Nos debe llamar la atención también que la indiferencia hacia el sistema político alcanza su máximo histórico: un 23% de la población se muestra indiferente entre un sistema democrático o autoritario. La frase es aún más lapidaria “a la gente como uno nos da igual un régimen democrático que uno no democrático”. Tantas vidas perdidas en la región para defender las democracias y parece que, si bien hemos conseguido procesos electores más estables, aún estamos muy lejos de que los gobiernos sean efectivos y avancen lo suficiente para disminuir las injusticias sociales que se han acumulado se forma sistemática y progresiva.

Para comprobar la relación entre la desigualdad de ingresos y la opinión de la ciudadanía sobre la calidad de la democracia, desarrollamos en 2015 un análisis de correlación estadística entre la desigualdad medida por el Índice de Gini y la encuesta anual de Latinobarómetro, que evalúa la calidad de la democracia en los países latinoamericanos.

Los resultados prueban que la desigualdad económica lleva a la ciudadanía a cuestionar el sistema democrático, lo cual debería preocupar a la clase política. Cuanto mayor es el nivel de desigualdad económica, mayor es la percepción ciudadana de que algunas personas y grupos tienen tanta influencia sobre las decisiones políticas, que los intereses de la mayoría son ignorados. Las interacciones entre la desigualdad en el poder político y la desigualdad de ingresos son permanentes, y se refuerzan mutuamente afectando los niveles de satisfacción con la democracia tanto en su capacidad para garantizar iguales derechos a toda la población como en su capacidad de asegurar la representación política de los intereses ciudadanos.

Las fuertes movilizaciones ciudadanas que se han dado en la región y que expresan el descontento de la ciudadanía en los últimos años, muestran claros fallos de interrelación entre el sistema de representación electoral y los intereses de la ciudadanía.

Pese a que cada país en la región tiene dinámicas muy diferentes, estos datos obligan a preguntarse ¿por qué algunos gobiernos no toman más en cuenta el interés de sus votantes? ¿Se expresan en el voto los intereses de la ciudadanía? ¿Los partidos políticos están siendo capaces de canalizar el debate actual de las sociedades latinoamericanas?, ¿Cuáles son las relaciones entre los grupos económicos y las agendas gubernamentales? Son preguntas que las sociedades latinoamericanas, en sus contextos específicos, deben debatir para avanzar en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Esto es importante porque la lucha contra la desigualdad no es un problema técnico sino político, y es en esa arena donde debe librarse el debate si se quieren enfrentar las diferentes desigualdades que enfrenta la región.

Mecanismos utilizados por élites políticas y económicas para la captura del Estado, un terrible ejemplo

En América Latina, las políticas públicas que consiguen reducir las desigualdades, cuando han sido aplicadas, probaron de forma contundente sus efectos socialmente democráticos: acceso universal a educación y salud públicos y de calidad, sistemas de protección social, políticas de empleo digno, políticas que reducen las brechas salariales entre mujeres y hombres, políticas tributarias que exigen pagar más a los que más tienen. ¿Por qué es tan difícil que estas políticas sean priorizadas por los gobiernos de la región?

La gente parece tenerlo claro: se gobierna para los intereses de unos pocos. El secuestro de la democracia por parte de las élites impide a los sistemas democráticos garantizar iguales derechos a toda la ciudadanía, ya que los Estados y sus leyes, regulaciones, recursos y políticas son muy a menudo capturados por élites económicas y políticas.

Este proceso toma diferentes nombres y caras, que lamentablemente escuchamos demasiado a menudo en las noticias. Algunas son desarrolladas por el sector privado y otras por el sector público o la clase política que utilizan el Estado y sus recursos para permanecer en el poder; pero, en la mayoría de los casos, las élites económicas y las élites políticas operan articulándose entre sí. Algunas son legales, otras no, pero todas son ilegítimas. Estas formas son muy conocidas por la ciudadanía en general:

Influencia en la definición de políticas, que adopta la forma de lobby ilegítimo, tráfico de influencias, puerta giratoria, financiamiento partidario, entre otras.
Corrupción, que se concreta, por ejemplo, en la asignación irregular y opaca de contratos, la sobrevaluación de obras, o la entrega o venta de terrenos estatales subvaluados;
Clientelismo, que se manifiesta en compra de votos, contratación de empleados públicos sólo por su adscripción política, priorización de políticas asistenciales y otorgamiento de servicios públicos como favores.

Las formas de secuestro de la democracia a las que recurren las élites económicas y políticas alcanzan también a los medios de comunicación (https://www.oxfam.org/es/informes/privilegios-que-niegan-derechos), que son controlados y utilizados, ya sea para promocionar las ideas que los favorecen o para sancionar aquellas ideas que van en contra de sus intereses.

El escándalo del gigante de la construcción Odebrecht que está conmocionado América Latina y el Caribe pareciera un modelo del fenómeno descrito. Hace décadas que el sector privado y la clase política desarrollan todo tipo de estrategias para asegurarse privilegios a costa de los derechos de los demás. El caso Odebrecht, lo tiene todo: ha utilizado la mayoría de las estrategias descritas para capturar al Estado. Podríamos decir que desarrollaron todas las formas relacionadas con la influencia en políticas, leyes y regulaciones, así como acciones de pura y simple corrupción.

Odebrecht operó, a través de una compleja red de empresas en paraísos fiscales, la financiación de múltiples candidatos presidenciales en la región de derechas y de izquierdas. Negociaban directamente a nivel presidencial, y fueron muy exitosos colocándolos en el poder. Así aseguraban que el poder les beneficiaría.

En América Latina y el Caribe, distribuyeron 780 millones de dólares en sobornos en 10 países. Gracias a esto, Odebrecht declara haber conseguido la asignación de grandes obras de infraestrucura de manera ilícita, obteniendo ganancias que se han pagado con los impuestos aportados por toda la ciudadanía. Mientras las estadísticas nos muestran que los Estados no cuentan con suficientes ingresos para garantizarle derechos a la población, Odebrecht y sus dueños se hacían cada vez más ricos, poderosos, influyentes y privilegiados, y la élite política y sus partidos también.

El caso de República Dominicana permite hacernos una idea de lo que significa la corrupción en países pobres, desiguales e injustos. Con los 163 millones de US$ que Odebrecht confiesa haber ganado de manera ilícita en los sobrecostos de las obras, se podría:

Haber construido 158 escuelas para la primera infancia que permitan a las mujeres reducir su carga de trabajo de cuidado de niños de 0 a 5 años y tener espacio para introducirse en el mercado laboral remunerado.
Haber construido 9.140 viviendas sociales, garantizando el derecho a la vivienda a miles de personas.
Haber construido y equipado 350 centros de salud primaria, facilitando la garantía del derecho a la salud.
Haber duplicado, durante un año, el salario de 42,500 empleados públicos que ganan menos que el costo de la canasta básica familiar y, por lo tanto, garantizarles el derecho a tener un salario digno.
El huevo y la gallina: la concentración de riqueza y la concentración de poder
La concentración de la riqueza y la concentración de poder se dan simultáneamente y se retroalimentan. Para analizar este tema es importante identificar en qué sectores empresariales se concentran las personas más ricas de la región.

Cuatro sectores en los que se concentran los multimillonarios en América Latina, según la lista de Forbes en 2017: sector financiero (25%), bebidas (22%), telecomunicaciones (19%) y las industrias extractivas (15%). Juntos comprenden el 82% de la riqueza de los multimillonarios de la región.

El sector de las telecomunicaciones es paradigmático. Es uno de los que más riqueza suma de los millonarios de la región, y además la concentra casi en una sola persona: Carlos Slim, el hombre más rico de la región y el sexto más rico del mundo en 2015. Según el informe realizado por Oxfam México en 2015, Concentración del Poder Económico y Político, la OCDE concluyó que entre 2005 y 2009 el comportamiento monopólico de las empresas de telecomunicaciones de Carlos Slim se tradujo en una pérdida de bienestar para los mexicanos superior a los 129 mil millones de dólares, lo que equivale a cerca del 1.8% del PIB por año.

El sector minero, agrupa a tres de los diez empresarios más ricos de la región. Su fortuna, así como el auge del sector se cimenta en la explotación de recursos naturales concesionados por el Estado y muy beneficiados por el boom de los precios de las materias primas en la pasada década. Pero también por los grandes privilegios a los que acceden.

La degradación de las regulaciones ambientales y de los procedimientos para obtener licencias, los beneficios tributarios y el relajamiento de las sanciones aplicables por infracciones contra el medio ambiente, son otras áreas donde las élites mineras aplican su influencia con el fin de adquirir y preservar privilegios.

Este es el caso del Perú. En el informe de OXFAM, Cuando el poder extractivo captura el Estado. Lobbies, puertas giratorias y paquetazo ambiental en Perú, Francisco Duran analiza el proceso con el que lobbies y grupos de poder económico, a través de fuertes presiones, lograron que el gobierno de Ollanta Humala aprobara en 2014 la Ley 30230, conocida como el “paquetazo ambiental”. Este estudio devela la indebida influencia y las alianzas que se tejieron entre el poder económico, mediático y político, así como los costos que tuvieron para el Estado y la sociedad. Puertas giratorias, captura de medios de comunicación y think tanks, pérdidas tributarias millonarias, condonación y reducción de deudas y sanciones por contaminación ambiental, desconocimiento de los derechos propiedad de los territorios de los pueblos indígenas y, por lo tanto, de la consulta previa necesaria para dar una licitación, que contribuyeron a generar desigualdad material y afectar los derechos humanos.

Herramientas para la lucha por sociedades más justas y democráticas
Tener medios de comunicación plurales y diversos constituye una vía efectiva para luchar contra la desigualdad, en países donde las élites políticas y económicas imponen sus narrativas sobre el desarrollo y sus justificativas acerca del por qué los pobres siguen siempre siendo pobres y los ricos se vuelven cada vez más ricos. La rendición de cuentas y la participación ciudadana también pueden ser antídotos para luchar contra el secuestro de la democracia y la desigualdad económica. El control del financiamiento privado de los partidos, las leyes anti-lobby, la protección del derecho a la libre expresión, la vigilancia ciudadana y las movilizaciones populares pacíficas, así como la correcta aplicación de las leyes de función pública, son mecanismos fundamentales para frenar la captura del Estado, y asegurar que el sistema democrático nos represente mejor.

La academia y las ciencias sociales también son fundamentales para contribuir a que nuestras sociedades comprendan las complejas dimensiones de los procesos sociales, económicos y políticos que les toca vivir. Ellas aportan estudios, análisis y datos que pueden constituir insumos imprescindibles para las transformaciones que nuestros gobiernos deben promover para garantizar de forma efectiva los derechos que nuestras constituciones consagran y el poder de las élites niega a los ciudadanos y ciudadanas.

Oxfam y CLACSO han asumido este desafío, impulsando estudios sobre el comportamiento de las élites y su influencia en el diseño de las políticas públicas; investigaciones que pretenden contribuir a comprender qué procesos y políticas podrían ayudar a limitar la captura del Estado y el secuestro del proceso democrático por parte del poder económico. Nos interesa analizar no sólo cómo viven los pobres y cómo se reproducen las formas de exclusión y sufrimiento de las grandes mayorías, sino también, cómo se crean las condiciones políticas que promueven, amplían y multiplican el poder de las élites, cómo se van formulando y diseñando las estrategias de secuestro de los derechos ciudadanos y de captura del Estado en sociedades donde la democracia ha sido usada por los más ricos como una coartada para multiplicar sus privilegios.

Es hora de actuar contra la desigualdad. La lucha contra la pobreza y la exclusión no será posible, sino ponemos freno a la extrema concentración de la riqueza y del poder en América Latina. Es hora de eliminar privilegios para garantizar derechos.

Rosa Cañete Alonso, economista española. Ejerce como responsable regional de “Desigualdad y captura de la democracia para América Latina y el Caribe” de OXFAM, con sede en República Dominicana. Ha coordinado el estudio Privilegios que niegan derechos, desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina (OXFAM, 2015).

Fuente: Embajada Abierta

Conforme lo vinimos advirtiendo en nuestros dos trabajos anteriores sobre este tema 1 , el Banco Central (BCRA) concretó esta semana una de las operaciones de deuda a corto plazo más costosas de la historia financiera argentina.

Por Héctor Giuliano

El stock de la deuda cuasi-fiscal por Lebac (Letras del BCRA) era de unos 984.000 M$ (≡ 59.300 MD 2  al 30.6 pasado y este martes 18.7 le caía una mega-vencimiento por más de la mitad del total: 532.000 M$.

Esta altísima concentración de vencimientos mensuales no es ocasional sino que proviene de la política del BCRA de realizar operaciones a cada vez menor plazo, siendo que hoy la gran mayoría de tales operaciones se hacen a 28 días en el caso de las Lebac y a sólo 7 días por Pases Pasivos.

La suma de Lebac - los 984.000 M$ citados - es actualmente superior a la Base Monetaria (BM), que a la misma fecha de fines de Junio era de 833.100 M$ (≡ 50.200 MD).

El BCRA no tiene capacidad de repago sobre esta masa de obligaciones, que contrae y renueva todos los meses, como no sea la alternativa teórica de imprimir sin respaldo billetes en cantidades siderales. Pero si lo hiciera inyectaría así una masa monetaria adicional que presionaría de forma incontrolable sobre los precios - aumentando la elevada inflación ya existente – por lo que, en principio, sólo le queda la opción de refinanciar sistemáticamente los vencimientos tratando de retener si no la totalidad la mayor parte de esos fondos en pesos que, caso contrario, se desplazan en forma inmediata al mercado cambiario, provocando el aumento del dólar.

Tal es la trampa de deuda perpetua en que está metido el BCRA, una trampa perfectamente comparable con la del Tesoro Nacional y también de las Provincias, cuyo patrón común es la incapacidad de pago, la consecuente refinanciación permanente de todas las obligaciones y la toma de deuda adicional, aumentando con ello no sólo el stock de la deuda – que se recicla continuamente – sino además el quantum de los intereses a pagar, que a su vez aumentan todavía más los déficits fiscal y cuasi-fiscal argentinos.

Bajo este marco, el oligopolio 3  de los grandes bancos que manejan el negocio de la deuda pública del BCRA vía Lebac y Pases Pasivos habrían arreglado de hecho con el gobierno Macri una maniobra de suba de la tasa de interés a pagar por estos pasivos en los días previos a la nueva mega-licitación de Lebac del 18.7, una movida ésta que le dejaría al capital financiero tantas ganancias extra-ordinarias como pérdidas para el Estado Argentino.

Por qué decimos esto?

La operación técnica a través de la que se consolidó este nuevo y mayúsculo negocio financiero a costa del Estado – el primero o segundo más grande de la historia nacional - se dio en tres pasos:

A fines de Junio y principios de Julio, se produjo un aumento del dólar mayorista  piloteado  por grandes operadores del mercado cambiario que retrajeron el ingreso de divisas: se estima que los grandes grupos exportadores de granos retuvieron entre 5 y 6.000 MD y que las entradas de moneda extranjera se habrían limitado coyunturalmente por demora en desembolsos de la Deuda Externa de Nación y Provincias por otros 4 a 5.000 MD. 4  A lo que podría agregarse quizás un menor ingreso circunstancial de capitales especulativos externos o  capitales golondrina , que siguen obteniendo en la Argentina ganancias récord en el mundo a través de sus operaciones de arbitraje entre tipo de cambio y tasas de interés (carry trade), con el negocio de las Lebac a la cabeza.

El BCRA, ante esta suba sorpresiva del dólar generada no por corrida de la gente a las casas de cambio (dólar minorista) sino por movimientos deliberados de grandes operadores comerciales y financieros (dólar mayorista) - y producida esta leve  escapada  justo pocos días antes del macro-vencimiento de Lebac - respondió elevando aún más las tasas de interés que paga. Pero no lo hizo reconociendo por causa esta maniobra especulativa indirecta vía dólar sino con el argumento de una acción precautoria frente al temor de un aumento de la Inflación (en un momento en que el IPC Nacional de Junio mostraba, en cambio, un índice del 1.2 % mensual, que era algo menor a los meses precedentes).

Más aún, fue el propio BCRA el que convalidó anticipadamente esta movida interviniendo en el Mercado Secundario de Lebac 5  durante la semana previa a la gran licitación.

Todo este movimiento, que involucraba las letras, hizo que en la subasta del Martes 18.7 los grandes bancos obtuviesen por su renovación de Lebac una tasa de interés implícito un punto porcentual por encima de la licitación del mes pasado: 26.50 % contra 25.50 % en Junio para la mayoría de las colocaciones, que son a 28 días de plazo.

El incremento de un punto porcentual sobre el monto renovado significa – de un plumazo – el pago de intereses adicionales aproximados por 5.000 M$ más por año, obviamente por sobre el 25.5 % que ya se viene pagando.

O sea, que fue la  escapada  de la cotización mayorista del dólar, producida muy pocos días antes de los vencimientos del 18.7, y no una corrida del público hacia el dólar minorista la que condujo así -  muy oportunamente  para los acreedores de Lebac - a que el BCRA decidiera aumentarles las tasas para renovación de las letras.

Notablemente, nadie ha denunciado la existencia de una posible colusión en esto - ni sugerido siquiera la posibilidad de la misma – cuando se sabe que este tipo de maniobras corruptas constituyen la esencia clásica de las especulaciones financieras contra deudores que se encuentran tan impotentes frente a las condiciones de sus acreedores como la Argentina.

Por el contrario – casi como amparando o cubriendo este comportamiento - el presidente del BCRA, Sturzenegger, se apresuró a convalidar lo actuado y a restarle importancia a la nueva elevación de tasas aceptadas por las Lebac diciendo: “No voy a especular por qué el dólar se mueve para un lado o para el otro. Pero la volatilidad es sana, es la que hace que se desacoplen los precios del movimiento del tipo de cambio”. 6

Agregando que: “Le permite al tipo de cambio cumplir con su rol de reasignar los recursos y absorber los shocks externos, si cuando el tipo de cambio se mueve, los precios no se mueven” (cosa que todavía no sabemos si va a ocurrir o no).

Y terminando con una frase medio críptica: “El resultado de la licitación tiene  contenido informacional cero .” (El destacado es nuestro).

Esto es, que el presidente del BCRA hizo tres cosas a la vez: a) convalidó como algo natural y sano las sobre-tasas aceptadas por el Banco derivadas de las acciones especulativas de grandes operadores, b) soslayó la importancia de la relación tipo de cambio-tasa de interés pese a que la misma es el ABC de toda operación financiera interna o externa, y c) desvió la atención de la incidencia determinante que tuvo la artificial  escapada previa del dólar mayorista - que fue la que forzó en la práctica la elevación de las tasas de las Lebac - atribuyéndola en cambio a que tal aceptación de tasas más caras en la gran renovación de letras del 18.7 se debió a sus temores por la Inflación (precisamente en un momento en que el nuevo IPC Nacional muestra una disminución relativa de este indicador; del 1.2 % en Junio).

Aspectos básicos de la licitación de Lebac

Esta mega-operación de Lebac obliga a considerar al menos tres aspectos que están vinculados entre sí: a) Los números propios de la operación, b) El dinero no renovado y las Operaciones de Pase, y c) La relación Dólar versus tasa de Interés.

a) Los números de la operación

Sobre 532.000 M$ de vencimientos el BCRA renovó letras por 467.600 M$ (el 88 % del total).
Los montos adjudicados por las nuevas Lebac (a VN-Valor Nominal), según plazos y tasas de corte aceptadas, fueron los siguientes:

Obsérvese que:

La mayor parte de las renovaciones se ubicaron lógicamente en el plazo más bajo, que es el más corto y más rentable para los acreedores: un 66 % del total colocado a 28 días, con la consecuente continuidad de la asfixia financiera del BCRA debido a la proximidad de los nuevos vencimientos.

Las tasas de interés – tasas implícitas que surgen por diferencia entre colocaciones bajo la par y vencimientos a valor nominal – siguen bajo curva de rendimientos inversa: las letras a menor plazo pagan mayor tasa de interés que las letras a largo plazo.

Las colocaciones a 28 días eran, de hecho, condicionantes de la indispensable pero transitoria tranquilidad financiera que el gobierno Macri necesita previa a las PASO, del 13.8. Y las que vencen a 63 y 91 días – sumadas a la forzosa renovación de las de primeras (de 28) y al resto de los vencimientos que le siguen cayendo - mantienen dicha condicionalidad extorsiva de los bancos hasta las elecciones parlamentarias del 22.10.

Este cronograma y sus gravosas condiciones preanuncian la continuación y/o empeoramiento de la situación financiera del BCRA hasta después de los comicios, cualquiera sea su resultado.

Las tasas de interés de Lebac y Pases Pasivos determinan el piso de las tasas del mercado, de manera que su aumento no es neutro ya que se traslada a la Economía Física o Real, con sus tradicionales efectos recesivos.

Es la resultante clásica del  modus operandi  (modo de obrar) del Capital Financiero convalidado por las autoridades de los gobiernos de turno.

b) El dinero no renovado y las operaciones de pase

Los 64.400 M$ restantes de la operación de Lebac del 18.4, esto es, las letras no refinanciadas que da la diferencia entre vencimientos por 532.000 M$ y renovaciones por 467.600 M$, es dinero que pasa – por expansión o aumento - a la Base Monetaria (BM), presionando así sobre la inflación existente.

Se ha dicho que el BCRA tendría previsto y en curso volver a absorber la mayor parte de esta gran masa de dinero excedente  (se habló de unos 50.000 M$) por medio de los instrumentos paralelos que tiene para menores plazos todavía – Pases Pasivos a 7 días que pagan una tasa de referencia del 26.25 % - por lo que la reabsorción de pesos abonando altas tasas de interés se mantendría y agravaría; aunque esto no fue confirmado.

Sin contar aquí con el drenaje permanente de las operaciones de pase  overnight  - a menos de un día de plazo – por las que el BCRA remunera a los bancos por sus saldos de caja inactivos entre el cierre de cada jornada y el comienzo del día siguiente: un subsidio más que privilegiado e injustificable del que goza el sistema financiero en la Argentina.

Lo mismo que en el caso de las Lebac, los montos de Pases Pasivos – deudas del BCRA con los bancos por cortísimos plazos a 1 y 7 días – han crecido sustancialmente como operaciones del Banco: sumaban 67.200 M$ al 31.12.2014 (≡ 7.900 MD, con dólar a 8.55 $/US$), aumentaron a 184.900 M$ a fines del 2015 (≡ 14.200 MD, con dólar a 13.01 $/US$), pasaron a 267.300 M$ a fines del 2016 (≡ 16.900 MD, con dólar a 15.85 $/US$) y actualmente suman 348.100 M$ (≡ 21.000 MD, al 30.6.2017, con dólar a 16.60 $/US$).

Notablemente, mientras el stock de Pases Pasivos (dinero de cortísimo plazo que los bancos prestan al BCRA) es siempre menor al de su contrapartida por Pases Activos (dinero que el BCRA presta a los bancos), y pese a que la tasa de referencia pasiva es también menor que la activa (25.5 % contra 27.0 %) el saldo neto de intereses a pagar es desfavorable al BCRA: en el ejercicio 2016 fue negativo de 6.100 M$ (≡ 400 MD).

En síntesis, que el BCRA opera hoy en gran escala desde dos  ventanillas  diferentes de endeudamiento paralelo con los grandes bancos y agentes de Bolsa: las Lebac para colocaciones que van de 28 a 273 días, y los Pases, que son a sólo 7 días y pagan una tasa anual casi equivalente, que ahora es del 26.25 %.

Téngase presente que ante estas magnitudes de deuda a corto plazo el efecto de los intereses se potencia en los casos de capitalización o anatocismo (que se supone son la mayoría): una masa de 984.000 M$ de Lebac como la actual, a una tasa promedio del 26 % significa más de 250.000 M$/año de intereses a pagar, que es tanto como lo que, a su vez, paga el Tesoro Nacional por su Deuda Pública, hoy de unos 300.000 MD (≡ 5.100.000 M$): en conjunto, medio billón o millardo (mil millones) de pesos por año.

c) Dólar versus Tasas de Interés

La clave de todo el gran negocio financiero en la Argentina actual reside fundamentalmente en la relación entre Tipo de Cambio y Tasa de Interés: si el BCRA sube la Tasa de Interés – con el argumento de lucha contra la Inflación – tiende a retraer la demanda de dólares; y si baja la tasa los pesos se trasladan al dólar haciendo aumentar su cotización.

El planteo oficial de la administración Macri – que históricamente no es nuevo sino clásico en la Argentina - de usar la tasa de interés como freno inflacionario soslaya, sin embargo, que la tasa de interés es también un factor de inflación porque la retro-alimenta trasladándose a los precios a través del mayor costo financiero de las empresas. Con el agravante que lo hace más rápidamente que los costos económicos, comerciales y laborales.

Todo esto se ensambla o interactúa con el  mito del Tipo de Cambio Libre o Flotante  – hoy otra vez pregonado por la actual administración – un mito porque tal libertad de mercado no existe en la práctica frente al poder de los grandes operadores y porque el BCRA no sólo puede intervenir excepcionalmente en forma directa en el Mercado de Cambios sino que ya lo hace sistemáticamente en forma indirecta,  regulándolo  a través de la tasa de interés; con la particularidad que lo hace a favor de los grupos privados más concentrados de la Economía Financiera.
Pero volvamos al caso concreto de la licitación de Lebac del 18.7.

La escapada controlada de la cotización del dólar previa a la mega-renovación de Lebac condujo al aumento de las tasas de interés del BCRA pero no revirtió el retraso cambiario relativo que se sigue dando porque el ritmo de devaluación es inferior al ritmo de la inflación interna.

Hoy el Dólar corriente estaría estabilizado dentro de una banda de cotización que se considera controlable, el Dólar Futuro ROFEX de corto o mediano plazo se pacta a 18 $ al 31.10.2017, la Tasa Mayorista Badlar – la que se usa para operaciones superiores a 1.0 M$, a 30-35 días de plazo, entre grandes bancos – está en el orden del 20 % anual (y se mantiene alta pero estable en ese valor), las tasas de Lebac y Pases Pasivos están entre el 26 y 27 % anual y, pese a la proclamada  confianza de los mercados , la Tasa Riesgo País (RP) de JP Morgan (EMBI+) sigue por encima de los 400 Puntos Básicos (PB, que al 15.7 son 4.26 puntos porcentuales por encima de la tasa mundial de referencia, que es la de los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos y actualmente está en 2.33 %), esto es, un piso teórico del orden del 6.6 %, que sin embargo es inferior al que pagan por sus nuevas deudas Nación y Provincias.

Este último dato es relevante ya que denota que pese a todas las expresiones triunfalistas de la administración Macri en cuanto a  confianza  de los capitales internacionales y colocaciones de nueva deuda externa a tasas supuestamente algo más bajas, la sobretasa por RP sigue elevada y sin cambios, las tasas de interés locales continúan siendo un múltiplo de las internacionales – con las Lebac a la cabeza – y el dólar  flota artificialmente dentro de una banda previsible, en principio, con lo que se favorecen las condiciones de la llamada  bicicleta financiera  - por arbitraje meramente especulativo entre tipo de cambio y tasas de interés - mientras simultáneamente se des-incentiva las Inversiones Extranjeras Directas (IED), para proyectos productivos.

Empero, esta situación financiera no es genuinamente estable ni el aumento de las tasas de interés es un reaseguro frente a eventuales nuevas mini-corridas hacia el dólar mayorista.

De hecho, la  liberación  de esa masa de 64.400 M$ de Lebac no renovadas – cualquiera sea el grado de reabsorción producido vía Pases Pasivos – ya incidió sobre la cotización del dólar, llevándolo ayer 20.7 a 17.46 $/US$ contra 17.39 $ del día anterior; y ello, después de haber subido aproximadamente un peso en las últimas semanas (que fue el hecho que determinó la suba de 1 punto en la tasa de las Lebac).

Tal como fue dicho antes todo esto es, en definitiva, el producto de aceptar un determinado  modus operandi  en el funcionamiento de la política económico-financiera nacional; y ello constituye sólo un capítulo dentro del proceso de  sangría financiera  permanente y en gran escala que representan las letras del BCRA, que se renuevan todos los meses y en forma prácticamente total.
Estos hechos permiten vaticinar que el gobierno Macri no podrá liberarse del arbitraje entre Tipo de Cambio y Tasas de Interés, que el costo financiero argentino seguirá forzosamente elevado y que el tipo de cambio mantendrá su retraso relativo frente al aumento de los precios internos.

Y esto último ocurre porque la actual administración es  deuda-dependiente  y para seguir endeudándose – con total irresponsabilidad fiscal por toma sistemática de deuda pública sin capacidad alguna de repago – necesita un tipo de cambio bajo para poder comprar más dólares con la recaudación tributaria en pesos y con ello garantizar el pago de los servicios de intereses crecientes que afronta la Argentina.

De hecho, el total de Intereses a Pagar- tanto del BCRA como del Tesoro Nacional – se ha venido prácticamente duplicando en los últimos dos años.

Para asegurarse una sub-valuación del dólar para poder pagar Deuda Externa – o su equivalente contrapartida de apreciación artificial del peso – el BCRA tiene que subir y mantener altas las tasas de interés domésticas, para evitar que los capitales financieros se vayan al dólar. Y entonces el círculo vicioso recurrente entre tipo de cambio y tasa de interés deviene constante.

De allí el por qué las altas tasas de interés constituyen un requisito necesario dentro de este esquema económico-financiero macrista, ya que sirve para cumplir un triple objetivo: 1. Sostener esas altas tasas de interés – que frenan el crecimiento de la Economía - con el argumento anti-inflacionario, 2. Ofrecer con ello la mayor rentabilidad posible al sector especulativo financiero-bancario, y 3. Favorecer a los capitales golondrina externos que lucran con el diferencial de tasas de interés locales-internacionales bajo condiciones de tipo de cambio retrasado y estable.

Haber aumentado en un punto la Tasa de Interés promedio ponderada de todas las deudas a corto plazo del BCRA – entre Letras y Pases – significa que de un plumazo el país pasa a pagar unos 5.000 M$ más de intereses por año, que se suman al enorme total de intereses a pagar durante el ejercicio, del orden de los 250.000 M$/año antes citado.

Se trata probablemente del más alto costo financiero que haya pagado gobierno alguno a lo largo de la Historia Argentina, que se está dando virtualmente  bajo las narices  de la población mientras se sigue distrayendo a la opinión pública con la  venta  de expectativas a falta de poder mostrar realidades concretas y mejores que las heredadas de la administración K.

Y todo ello, con el objetivo primario del gobierno Macri de llegar de cualquier forma a las elecciones de medio término de Octubre - después de un año y medio de gestión – sosteniéndose en su Política de Gobernar con Deuda.

1  “Dólar y Deuda del Banco Central” (9.7.2017) y “La Deuda del Banco Central y su Tasa de Interés” (15.7.2017)
2  Las siglas M$/MD significan Millones de Pesos/Dólares respectivamente y se expresan siempre con redondeo, por lo que pueden darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.
3  La palabra Oligopolio significa  pocos vendedores  mientras que la palabra Oligopsonio significa  pocos compradores,  que es la que aparentemente correspondiera utilizar aquí. Pero usamos deliberadamente la primera y no la segunda acepción para enfatizar que, en realidad, los bancos prestamistas del grupo o Club de la Deuda, estrictamente hablando, no se comportan como simples demandantes tomadores de letras sino que son quienes determinan las condiciones extorsivas bajo las cuales el BCRA refinancia sus pasivos impagables.
Un título periodístico reciente lo resume adecuadamente todo: “Exceso de líquido: los bancos no saben qué hacer con la plata y cada vez dependen más de prestarle al Banco Central” (Infobae, 17.7.2017). Y el periódico lo hace citando declaraciones del titular del Banco Provincia de Buenos Aires, Juan Curuchet, que dijo, entre otras cosas: “Hoy el sistema bancario argentino tiene un excedente de 10.000 MD para prestar. Hay liquidez en abundancia.”
Algo parecido dijo el propio presidente del BCRA, Sturzenegger, al afirmar que “la liquidez de los bancos es muy elevada, quizás demasiado.”
Siendo así que frente o pese a este cuadro de excedentes financieros ociosos el BCRA aumentó más aún la tasa con que premia a los bancos por las Lebac, en lugar de disminuirla.
Bajo hipótesis teóricas de Libre Mercado este exceso de liquidez debiera llevar a una baja de las tasas de interés, pero en la Argentina acontece lo contrario: mientras sobra el dinero prestable suben las tasas. Con el agravante que quien las sube – y con ello el piso de tasas para toda la economía – es el propio gobierno a través del BCRA.
4  Artículo de Néstor Scibona en el suplemento económico de La Nación del domingo 16.7 (página 6).
5  Se denomina Mercado Primario al de la colocación inicial de los títulos y Mercado Secundario al de la posterior compra/venta de los mismos entre terceros.
No está muy claro por qué el BCRA, que es el emisor primario, interviene también operando en el Mercado Secundario.
6  La Nación, 19.7.2017 (página 16).

Fuente: enviado por Info y Datas -  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Con fecha 28.6, 10 días después de emitida una escueta  comunicación de prensa que daba cuenta del hecho y cuando crecía la inquietud por la falta de informaciones oficiales oportunas al respecto - el Boletín Oficial publicó la Resolución 97-E/2017 del Ministerio de Finanzas (MF) que respalda la colocación del Título Público a 100 años de plazo: el denominado Bono Internacional 7.125 % Vto. 2117.

Por Héctor GIULIANO

Esta resolución ministerial está acompañada por seis extensos anexos jurídico-financieros que contienen información detallada sobre la operación y cuya lectura pormenorizada – por razones de tiempo y trabajo - todavía no pudo ser completada por parte del autor.

El tema, sin embargo, en lo básico ya fue planteado y tratado en un trabajo anterior nuestro - titulado “Deuda Pública a 100 años” (del 20.6) - escrito apenas conocida la noticia y que ahora es ampliado, en función de los nuevos datos editados, a través de la presente nota, por lo que no va a repetirse aquí lo dicho en esa oportunidad ya que se da por conocido, salvo algunas ideas-eje que ameriten reiterarse o profundizarse.

ASPECTOS FINANCIEROS ESPECIFICOS

Colocar Deuda a 100 años carece de lógica y de racionalidad financiera: ¿qué significa contraer obligaciones con vencimiento a un siglo de distancia?, ¿qué explica y qué justifica una emisión de esta naturaleza hoy para la Argentina?, ¿dónde está la demostración técnica y cuál ha sido la metodología de cálculo utilizada para fundamentar la hipotética capacidad de repago de tales obligaciones dentro de un siglo?, ¿cuál es la supuesta ventaja de dicha colocación de bonos públicos en las condiciones en que se ha efectuado?, ¿con qué criterio se determina una emisión de deuda a 50, 100 ó 200 años de plazo? ..., en síntesis, ¿quién y cómo se hace cargo de demostrar debidamente la conveniencia técnica de la operación y quién y cómo se hace responsable por el cumplimiento de las obligaciones así contraídas a tan largo plazo?.

El gobierno Macri – principalmente a través del Ministro de Finanzas Caputo pero también del Jefe de Gabinete Marcos Peña y del Ministro de Hacienda Dujovne – parece creer que puede soslayar la aclaración de estos interrogantes apelando a los auto-elogios, las expresiones suficientes y genéricas (Caputo habló de un gran logro y también de un gol de media cancha), a evasión de los temas de fondo vía  referencias marginales o periféricas al contenido concreto de las operaciones concertadas y a evasión de las debidas explicaciones técnico-financieras del caso.

La síntesis de la operación de colocación del Bono 2117 es preocupante:

  1. Un título público a 100 años sin demostración alguna de capacidad de repago y sin respaldo legal específico, lo que equivale a un régimen de Bono Perpetuo, aunque con el agravante adicional que el pago de los servicios de intereses no deja  sin efecto la devolución del principal al vencimiento.  

  2. Un monto de 2.750 Millones de Dólares (MD) colocado bajo la par - al 90 % de su valor, lo que representa un ingreso neto de 2.475 MD – y a una tasa de rendimiento récord mundial del 8 % anual (7.93).

  3. Una operación realizada por Contratación Directa con cuatro grandes bancos internacionales que revestirían una condición poco clara de Bancos Agente/Colocadores y compradores del bono a la vez.

Las declaraciones de los funcionarios macristas no aportan claridad ni transparencia a lo actuado sino, por el contrario, imprecisiones e inconsistencias:

  1. Los funcionarios dicen que la Argentina se endeuda a tasas de interés bajas cuando nuestro país está colocando la deuda a largo plazo más cara del mundo (8 % anual).

  2. Se sostiene que colocar deuda a 100 años es un supuesto logro porque expresa un signo de confianza de los mercados hacia la Argentina pero prestarle al 8 % durante un siglo – cuando se trata de la tasa más alta entre los países que han colocado deuda bajo este régimen (Bélgica, Irlanda, China, México) y por el doble o triple de su porcentaje – no es precisamente una expresión de tal confianza.

  3. El ministro Caputo añade – sin aportar información desagregada en este punto - que el gobierno está colocando deuda “a las tasas más bajas de la historia argentina” cuando la tasa del bono a 100 años duplica la tasa promedio ponderada de toda la deuda en dólares hoy existente, que es del 4.08 %; dándose el hecho, por otra parte, que gran parte de la deuda que determina este nivel de tasa es producto de su política de conversión de Deuda intra-Estado en nueva Deuda Externa.

  4. El gobierno Macri esgrime que las ofertas que dice haber recibido por el Bono 2117 totalizaron 9.750 MD, de las que se aceptaron 2.750 - que en realidad lo fueron por 2.475 MD porque los bonos fueron colocados al 90 % - de modo que la relación entre lo ofrecido y lo aceptado habría sido así de casi 4 a 1. Pero si fuese cierto que a la Argentina le sobraban las ofertas de compra no se entiende por qué haber colocado el bono un 10 % bajo la par.  

  5. Igualmente, el ministro Caputo dice que la emisión del bono se hizo para aprovechar la oportunidad de las buenas condiciones del mercado internacional, pero ello no se condice con la realidad de tomar deuda cara – prácticamente la más alta del mundo - en un mercado global que hoy está barato.

  6. El ministro Caputo, hablando de su supuesto “gran logro” por la colocación del Bono 2117 dijo que “devolver 2.750 MD dentro de 100 años es equivalente a devolver 100 MD hoy” (Infobae, 22.6) pero esto no está demostrado en ninguna parte. Por el contrario, un trabajo elaborado días pasados por Javier Llorens, de Córdoba, calcula que el Valor Actual o Valor Presente de la operación muestra montos negativos, que van desde 7.800 MD (tomando la tasa de descuento de Bélgica 2016, del 2.35 %) hasta menos 3.400 MD (tomando la tasa de México 2010 del 5.75 %). Incluso tomando la tasa promedio en dólares de la Argentina (4.08 %) este Valor Actual negativo de los pagos futuros resulta de 4.800 MD (y el Valor Actual Neto – si se deduce el importe del préstamo recibido – queda en menos 2.300 MD). Es decir que – según lo demuestra Llorens – con cualquier tasa de descuento que se tome el Valor Actual Neto arroja millonarias pérdidas para la Argentina (Ver Striptease del Poder, Junio de 2017).

  7. El gobierno Macri – en el contexto de su Política de Gobernar con Deuda – sigue sin ofrecer la más mínima demostración de capacidad de repago sobre las obligaciones financieras que sigue contrayendo en gran escala mientras aumenta vertiginosamente el stock de la deuda impagable del Estado: 35.000 Millones de Dólares (MD) el año pasado y otros 38.000 MD en el 2017 según lo previsto en el Presupuesto aprobado por el Congreso.

En síntesis, la administración Macri está engañando y confundiendo muy seriamente a la opinión pública en relación a la naturaleza, características y alcance de la colocación del bono a 100 años de plazo, con consecuencias imprevisibles para las finanzas del Estado Argentino.

LA LÓGICA DE LA OPERACIÓN  

El Bono 2117 está diseñado a través de una compleja ingeniería jurídico-financiera cuyo sentido no queda totalmente claro:

  1. La operación fue concertada por contratación directa con un grupo de cuatro bancos colocadores de bonos: los bancos Citigroup y HSBC, en su carácter de Agentes de Estructuración y Colocación Conjuntos (que son las dos entidades principales) y los bancos Santander y Nomura, como co-agentes o entes secundarios; sin que se conozca si existió una compulsa previa de ofertas o se trató de un ofrecimiento de estas entidades aceptado por el gobierno Macri.

  2. Estos bancos, empero, son a la vez Compradores Iniciales de los bonos que emite la Argentina: 1.237.5 MD cada uno los dos principales y 137.5 MD cada uno los dos secundarios. En total: los 2.750 MD a valor nominal de la operación.

  3. Como los bonos se venden con un 10 % de descuento por ser colocación bajo la par, lo que el Estado Argentino recibe es 2.475 MD (2.750 x 0.9), que restándole los gastos conocidos quedarían reducidos más exactamente a 2.472 MD.

  4. Estos bonos devengarán entonces un rendimiento para los acreedores superior a la tasa de interés nominal del 7.125 %, que será del 7.93, prácticamente el 8 % anual, lo que significa que en el término de 100 años la Argentina pagará en total unos 20.000 MD de intereses (19.600) sobre un capital prestado de 2.750 MD (que, en realidad, son 2.475). Esto es, una relación de 8 a 1 entre intereses y principal (19.600/2.475 = 7.92).   

  5. A los efectos que los bancos compradores puedan revender estos bonos en el mercado el gobierno argentino asume la obligación de registrarlos en la SEC - Comisión de Valores norteamericana – para que los mismos puedan ser comercializados en la plaza de Nueva York y admitidos en el régimen internacional de transferencias de Euroclear y Clearstream; y lo hace sujeto a severas penalidades (un recargo de hasta el 0.75 % en la tasa de interés) e indemnizaciones en caso de incumplimiento de tal compromiso.

  6. La Resolución 97-E/2017 - por el artículo 5 – reconoce a estos bancos colocadores una comisión del 0.12 % sobre el monto total del capital de los bonos pero ello no tendría sentido por tratarse de una venta directa de los títulos para que luego los bancos tomadores los comercialicen por su cuenta.

  7. El gobierno contrata además como Fiduciario y Agente de Pago a The Bank of New York Mellon (el mismo que intervino en su condición de tal bajo la administración Kirchner desde el Megacanje 2005-2010).

  8. Asimismo, el gobierno Macri mantiene como Asesor Legal en Estados Unidos al estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, de Nueva York (el mismo que – desde la época del Plan Brady 1992-1993, época Menem-Cavallo –  también mantuvo la administración Kirchner hasta fin de su mandato).

  9. Además, se agregan como Coordinadores conjuntos en la recepción de Ofertas el estudio Shearman & Sterling, de Nueva York, para los trámites en Estados Unidos, y el estudio Brouchou, Fernández Madero & Lombardi, de Buenos Aires, para los trámites en la Argentina.

Todos estos intervinientes en la operación forman parte de lo que normalmente cabe denominar el Club de la Deuda: el conjunto múltiple e interrelacionado de entidades privadas que viven y/u obtienen importantes beneficios financieros merced a la colocación sistemática de Deuda Pública.

El gobierno Macri debiera explicar en forma clara y concreta cuál es la lógica de la operatoria armada en torno a su bono a 100 años. 

LA CUESTIÓN DE LA LEGALIDAD

La Resolución 97-E/2017 da por sentada la legalidad de la operación de colocación del bono a 100 años en función del artículo 34 de la Ley 27.341 de Presupuesto 2017 y éste en consonancia con el artículo 60 de la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado, que establece que toda colocación de Deuda Pública debe hacerse autorizada por ley del Congreso.

Pero ello – como ya lo hemos dicho en nuestro trabajo anterior – carece de verdadero respaldo por falta aprobación específica y, a la vez, por total carencia de razonabilidad.

El artículo 34 – en su párrafo final – dice que el Ministerio de Finanzas podrá efectuar modificaciones a las características detalladas en la planilla adjunta que detalla los montos, especificaciones y destino de las operaciones de crédito público (de lo que deberá informar al Congreso dentro de los 30 días de efectivizada cada operación), pero dicha planilla no permite la concertación de operaciones de endeudamiento a más de cuatro años de plazo.

Que el Ejecutivo utilice este párrafo del artículo como subterfugio de la colocación de deuda a 100 años de plazo constituye no sólo una interpretación carente de toda razonabilidad y un manifiesto abuso de interpretación de la Ley de Presupuesto sino, a la vez, una demostración de mala fe y extralimitación en sus facultades que  transforma esta operación en deuda irregular y/o ilegítima porque viola la letra y el sentido del artículo 4 de la Ley 24.156, que dice:

  • En el enunciado del artículo: Son objetivos de esta ley, y por lo tanto deben tenerse presentes, principalmente para su interpretación y reglamentación, los siguientes:

  • En el inciso a): Garantizar la aplicación de los principios de regularidad financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos; (el subrayado es nuestro).

  • En el inciso b): Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos del sector público nacional;

  • En el inciso d): Establecer como responsabilidad propia de la administración superior de cada jurisdicción o entidad del sector público nacional, la implantación y mantenimiento de: ...  (dos cosas)

  • En el artículo 4 d): ii) Un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias operaciones, comprendiendo la práctica del control previo y posterior y de la auditoría interna;

  • En el mismo artículo 4 d): iii) Procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los programas, proyectos y operaciones de los que es responsable la jurisdicción o entidad.

En función de estos requisitos fijados expresamente por la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado: ¿cómo se inserta el razonamiento y la justificación del comportamiento del gobierno al introducir unilateralmente modificaciones tan importantes sobre el presupuesto del Ejercicio 2017 sin más trámite que apelar a una interpretación irrestricta del artículo 34?

No se trata aquí de cambios menores o de forma sino de variaciones sustanciales que alteran la naturaleza del endeudamiento oficial: la asunción de un criterio tal de discrecionalidad absoluta por parte del Ejecutivo en las modificaciones del Presupuesto equivale a tomarlo como un cheque en blanco para hacer cualquier cosa.

Esto constituye una burla abierta a la Ley 27.341 de Presupuesto 2017 del Congreso y una transgresión al espíritu y la letra de la Ley 24.156 de Administración Financiera del Estado; y que los legisladores nacionales – si se precian de tales – no debieran permitir.

Caso contrario, en el futuro bastaría que las leyes de presupuesto se limiten a consignar una cifra global dejándole abierta a los gobiernos de turno la posibilidad que hagan cualquier cosa, sin limitaciones de ninguna clase.

Frente a la seriedad de esta cuestión planteada y por elementales razones de transparencia deviene más que necesario conocer especialmente los términos de las opiniones vertidas por la presidencia del Banco Central (BCRA, según el artículo 61 de la Ley 24.156), de la Procuración del Tesoro de la Nación y del Servicio Jurídico competente en esta materia (según la Resolución 97-E/2017).

Por eso reiteramos nuestra advertencia de que una operación de endeudamiento público que esté incursa en este tipo de irregularidades entra en los términos del artículo 66 de la Ley 24.156, que dice que: Las operaciones de crédito público realizadas en contravención a las normas dispuestas en la presente ley son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las realicen.

Y agrega, en su segundo párrafo, que: Las obligaciones que se derivan de las mismas no serán oponibles ni a la administración central ni a cualquier otra entidad contratante del sector público nacional.

Expresado con otras palabras: estamos diciendo que las irregularidades que conlleva la toma de deuda a 100 años y en estas condiciones compromete gravemente a la administración macrista y la expone con fundamento a que tales obligaciones sean declaradas nulas.

Por ende, la colocación del bono a 100 años de plazo debe ser revisada por el Congreso, investigada con urgencia por la Auditoría General de la Nación y quedar en suspenso hasta tanto el gobierno Macri no sea expresamente autorizado por el Congreso para contraer las obligaciones que de dicha operación se deriven para el Estado Argentino.

UN AGRAVANTE JURÍDICO

Como complemento de todo lo dicho hasta ahora, es pertinente agregar que hay aquí un aspecto particular muy importante dentro de la operatoria jurídico-financiera del bono a 100 años sobre el que aparentemente no se ha reparado y es el precedente legal que los documentos firmados implican para este caso y para la deuda externa argentina en general.

El volumen de la documentación parcial disponible y la falta de tiempo suficiente como para poder analizarla de inmediato hacen que no sea posible detenerse en todos los detalles del caso pero hay algunos puntos concretos que ameritan advertirse de inmediato.

En el Anexo II, que contiene la información del prospecto del Bono 2117  – páginas 40/41 – se estipulan  una serie de hechos que constituirán incumplimiento (default) de los nuevos bonos y que – textualmente - son los siguientes:

  1. Falta de Pago. Si la República no cumple con cualquier pago de capital e intereses respecto de los Bonos a su vencimiento y dicho incumplimiento continúa por más de 30 días;

Esto es, que con esta cláusula la Argentina se somete a un régimen muy estricto por riesgo de default.

  1. Incumplimiento de otras obligaciones. Si la República no cumple con cualquier otra obligación conforme a los Bonos o el Contrato de Fideicomiso ...;

Esto es, que a los condicionamientos directos se le agregan los indirectos.

  1. Incumplimiento Cruzado. Si se produce cualquier  hecho o situación que resulta en la aceleración del vencimiento de cualquier deuda pública externa en situación de pago normal de la República por un monto total de capital de 50 MD (o su equivalente en otras monedas) ...;

Ésta es, en principio, probablemente la condición más peligrosa porque expone al país a la unificación de los requisitos de cumplimiento de las obligaciones externas en su conjunto.

  1. Moratoria. Si la República declara una moratoria respecto del pago del capital o intereses de su deuda pública externa en situación de pago normal y dicha moratoria no excluye expresamente a los Bonos;

Esto es, que se configura un tratamiento especial del Bono 2117 o se incurre en una exposición equivalente a la del punto anterior.

  1. Validez. Si la República impugna la validez de los Bonos.

Esto último significa que se estaría reconociendo la inmutabilidad de la situación del Bono  aunque la Argentina tuviese motivos para impugnarlo.

Este punto es particularmente problemático incluso en caso que por cualquier razón debidamente fundada quedase sin efecto esta operación de deuda por el Bono 2117.

Pese a su importancia y gravedad – y también a sus implicancias - el gobierno Macri soslaya informar en forma directa sobre los verdaderos alcances de este tipo de condicionamientos (que son sólo una parte del paquete de documentos firmados por el Ministerio de Finanzas invocando  la autorización del Congreso).

La administración Macri acentúa así el compromiso del país a través de un paquete de cláusulas legales – relacionadas entre sí como una verdadera telaraña – que van desde la prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros a la renuncia a oponer la inmunidad soberana (exceptuando las reservas mínimas de rigor), y desde la cláusula pari passu a la de incumplimiento cruzado de todas las obligaciones externas.

Tales condiciones, asumidas por un Estado que no tiene liquidez ni solvencia fiscal demostrada frente a las obligaciones que se siguen incorporando con total irresponsabilidad financiera dejan a la Argentina en las peores condiciones posibles de exposición jurídica para la defensa de sus intereses nacionales.

Con el agravante que ahora este tipo de cláusulas comprometen a nuestro país por 100 años y, peor aún, extienden su condicionalidad no sólo al Bono 2117 sino a todos los títulos de la Deuda Externa Pública.

No puede descartarse que una de las finalidades encubiertas del bono a 100 años sea esta firma de condiciones cruzadas que encadenen de tal manera toda la deuda exterior de la Argentina por un siglo.

El hecho que la administración Macri cometa con el bono a 100 años este verdadero despropósito financiero y jurídico - dentro del ya insoluble problema de la deuda pública perpetua en que está metida la Argentina - y que además se exponga a hacerlo en un año electoral, a pocos meses de los comicios, denota no sólo su grado de desubicación política sino además la verdadera gravedad de la crisis de Deuda que vive el país y la patética situación financiera fiscal que explica tal nivel de servidumbre macrista ante el poder de la Banca Internacional que lo sostiene. 

Lic. Héctor L. GIULIANO

Buenos Aires, 1.7.2017 -  Archivo: GIULIANO ARTICULO 2017 07 01 DP 100 AÑOS MACRI

(*) Este trabajo es continuación de otro acerca del mismo tema - "DEUDA PUBLICA A 100 AÑOS" (DEL 20/6) - circularizado apenas conocida la noticia; y cuya lectura previa (que también adjunto) considero requisito indispensable del presente porque aquí no se reproduce todo lo dicho en esa oportunidad sino que ello queda asumido como base.

Acompaño además el link de un reportaje sobre el asunto grabado el lunes 26/6 en TLV1, haciendo la importante aclaración que esa entrevista fue realizada ante de publicarse la Resolución 97 E/2017, que autoriza la operación y cuyos términos son el objeto de este nuevo escrito que adjunto.

http://canaltlv1.com/macri-nos-condena-a-100-anos-de-deuda

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