26 DE JUNIO DE 2017 |
Espectáculos

Los gremios aeronáuticos APA, APTA, UPSA, APLA y UALA presentaron un informe en el que detallan las críticas realizadas al plan “Revolución de los Aviones” que fue presentado el pasado martes 13 por el Ministro Guillermo Dietrich e impulsado por el Gobierno Nacional.

Desde las entidades apuntaron a los múltiples aspectos generales y particulares de las políticas llevadas adelante por la actual gestión que, de no mediar una pronta regularización,  afectaran sin dudas la seguridad operativa, poniendo en riesgo a los trabajadores y a los usuarios transportados. También se degradara la calidad, condiciones y fuente laboral de todos los Aeronáuticos de la República Argentina.

Los sindicatos expusieron sobre la necesidad de que el gobierno reformule sustancialmente los siguientes puntos de relevancia:

• Fuente Laboral Aeronáutica Afectada. (Regularización de la situación de Trabajadores Argentinos pertenecientes al Call Center – Grupo LATAM).

• Implementación de Políticas de Estado a favor de Empresas Nacionales consolidadas. (LATAM ARG/ANDES/ARSA/AUSTRAL/AMERICAN JET).

• Freno al Abuso de los Acuerdos Bilaterales a favor de operadores de capitales extranjeros, sin carácter de reciprocidad en pos de la industria Nacional (LATAM ARG/ARSA/AU/ANDES/American Jet, etc).

• Modificación de las Políticas llevadas adelante por el Gobierno Nacional tendientes a la apertura

indiscriminada del mercado aéreo, relegando a las Empresas Nacionales y auspiciando la modalidad de industria Low Cost.

• Impedir la Flexibilización Laboral – Mantenimiento de las Condiciones Laborales en la actividad.

• Fomentar el crecimiento genuino del Grupo Aéreo de Bandera (Aerolíneas/Austral) – Implementación de un Plan de crecimiento y expansión de Empresa (Mercado/Rutas/Flota/Personal).

• Detener la Liberalización de las Normas y las políticas llevadas adelante por la ANAC y el Ministerio de Transporte en perjuicio de la actividad aeronáutica.

• Velar e Impedir la Degradación de la Seguridad Aérea.

Norberto Alayón, Profesor Consulto de la UBA y ex vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA

El informe fue realizado por el Observatorio de las Elites Argentinas de la Universidad de San Martín coordinada por las doctoras Ana Castellani y Paula Canelo. Norberto Alayón considera en 3 puntos las derivaciones de un gobierno en el que participan más de un centenar de ejecutivos de las principales compañías y estudios de abogados que operan en el país
 
La Universidad Nacional de San Martín reveló en una investigación, coordinada por las doctoras Ana Castellani y Paula Canelo, que 114 ejecutivos de las principales compañías y estudios de abogados fueron designados en alguno de los 367 cargos de nuevos ministros, secretarios y subsecretarios que constituyen la estructura actual del Estado nacional.

Las investigadoras advierten sobre los siguientes riesgos que derivan de esta concepción neoliberal de asignar la conducción directa del Estado a los representantes y agentes de las grandes empresas: a) el sesgo antiestatal, antipolítico y pro-mercado que impregna la ideología de los CEO y gerentes; b) las deslealtades que traen al seno del Estado y del gobierno quienes desarrollaron sus trayectorias en el sector privado, aumentando la probabilidad de conflictos de intereses y la permeabilidad a las presiones de los actores económicos; c) las dificultades para cohesionar un cuerpo de funcionarios caracterizado por compromisos políticos débiles; y d) la extrapolación de criterios organizacionales propios del management a la administración pública.

Como uno de los ejemplos extremos de la pérdida de autonomía estatal, para defender los intereses del conjunto del país, se menciona a Juan José Aranguren, ministro de Energía de la Nación. Este expresidente y accionista de Shell, la gran empresa petrolera anglo-holandesa, tiene a su cargo definir el precio de los combustibles y otras variables determinantes para la actividad, donde él mismo tuvo y tiene intereses económicos que colisionan con el interés nacional de los argentinos.

Carlos Pirovano es un licenciado en Economía que fue subsecretario de Inversiones del gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Entre 1983 y 1985 fue asesor en el Congreso Nacional del diputado Alvaro Alsogaray, representante del fundamentalismo neoliberal más recalcitrante. Ya en este siglo XXI fue Gerente de Máxima Afjp, la administradora privada de fondos de jubilación y pensiones del HSBC, el banco que tenía archivos depositados en el galpón de Barracas de la empresa Iron Mountain, perdidos durante un extraño incendio en 2014 (que produjo la muerte de ocho bomberos y dos rescatistas), en cajas que llevaban denominaciones como “lavado de dinero”. Pirovano, que ingresó a la gestión macrista en la ciudad en 2007, impulsó precisamente el Distrito Tecnológico, una zona franca de impuestos y gravámenes para empresas, localizada en los barrios de Barracas y Parque Patricios. Justo en esa zona de exención impositiva se ubicó Iron Mountain, empresa a la que no le correspondía dado que no se dedicaba a ningún desarrollo tecnológico, sino al almacenamiento y depósito de documentos. En junio de 2016, Pirovano aparece como vicepresidente del Banco BICE y en enero de 2017 como director de “Garantizar”, una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) que opera en coordinación con el ministerio nacional de Producción que conduce el mendocino Francisco Cabrera.

El destacado funcionario Pirovano declaró en la Revista Energía, de octubre de 2014, que “la política de desarrollo económico de la Ciudad de Buenos Aires es antitética a las políticas económicas que desarrolla el gobierno nacional. Nosotros no creemos que sea conveniente combatir o controlar la actividad empresaria. La actividad empresaria no se controla (subrayado del autor). La actividad empresaria se estimula y en todo caso se coordina, pero no se controla de ninguna manera”. 

Previo a esto, en febrero de 2011, Pirovano también había incursionado sesudamente en el campo de la educación. En su cuenta de twitter escribió: “¿Y si asumimos que la educación pública está muerta y con esa plata le pagamos a los chicos una escuela privada?” Y añadió: “Les regalamos las escuelas públicas a los maestros, que dejarían de ser empleados públicos y podrían ser empresarios”. Este referente macrista, que propuso la abolición de la escuela pública, en su afán twittero también afirmó que Arturo Jauretche “es fascista” y se preguntó por el peor presidente de la historia. Dijo, con inimputable sinceridad, “mi gorila interior cree que Perón”.

En el mes de noviembre de 2014 se llevó a cabo en Buenos Aires un encuentro organizado por un denominado Foro de Convergencia Empresarial. En ese evento, en el que participaron los directivos de las principales compañías del país, intervino el representante de la importante empresa argentina Techint (que tiene fijado su domicilio en Luxemburgo), la cual, presidida por el ítalo-argentino Paolo Rocca, se dedica a la fabricación de caños sin costura, destinados a la industria petrolera.

Con brutal desparpajo, el representante del Grupo Techint expresó que “El mercado le va a ganar al Estado” (subrayado del autor). Fantástica convicción que revela el posicionamiento ideológico-político de este tipo de empresarios que, a la par de lucrar con el Estado, simultáneamente se proponen debilitar y “derrotar” al Estado, si éste no se somete de manera dócil y cómplice para garantizarles sus enormes ganancias.

Seguramente, esos empresarios tenían en 2014 añoranzas de otros períodos, de otros gobiernos y de otros funcionarios que servían más puntualmente a los intereses de las empresas “argentinas”. Debían extrañar al Dr. Juan Alemann, quien fue secretario de Hacienda del dictador militar Jorge Rafael Videla y del dictador civil José Alfredo Martínez de Hoz, cuando afirmaba con convicción que “… en definitiva, el Estado es el socio oculto de todas las empresas privadas”.

En algunos momentos de la historia, el Estado opera como el “socio oculto” de las empresas privadas y en otros (como en 2017) como el “socio desfachatado” que ya no necesita disimular; momentos en los cuales los sectores del gran capital despliegan obscenamente sus enormes privilegios, con toda soberbia y hasta como si se tratara de un hecho “lógico y normal”. Muchos empresarios “nacionales” se enriquecieron de manera exponencial e inimaginable con los negocios que encararon con el Estado o con la protección del Estado, especialmente durante la dictadura cívico-militar y luego con el menemismo (aunque también en otros períodos).

Sería muy ilustrativo constatar y reseñar, por ejemplo, la cantidad de empresas y de capital acumulado por parte del Grupo Techint o del Grupo Macri, antes y después de la dictadura de 1976-1983.

Estos sectores, hoy fuertemente encarnados en la conducción del gobierno nacional, no soportan la existencia de un Estado que tienda siquiera a regular los objetivos no idénticos entre el capital y el trabajo. Quieren un Estado que sólo exprese y defienda sus intereses, al cual puedan condicionar y hasta conducir para imponer con impudicia las reglas y las conveniencias del mercado. De ahí se desprende su desmedido y sistemático afán de debilitar a todo aquel Estado que intente ponerle límites a su voracidad.

Los 114 ejecutivos y CEOs que designó Mauricio Macri, no sólo convalidan la extendida expresión popular de que “Macri gobierna para los ricos”, sino que confirma lamentablemente la pérdida de autonomía política y económica que deben constituir la esencia de un país independiente.

Fuente: iade.org.ar

La Asociación de Trabajadores del Estado realiza un paro en todo el país, al que se suman cortes de calle en distintos puntos de la Capital Federal, en reclamo de la reincorporación de despedidos y reapertura de paritarias.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realiza este miércoles un paro en todo el país, con cortes de calle y movilizaciones que, en la Capital Federal, tendrán por escenario el cruce de las avenidas de Mayo y 9 de Julio, en reclamo de la reincorporación de despedidos y reapertura de paritarias.

El director de prensa de la entidad gremial, Federico Chechele, explicó a Télam:  "Estamos pidiendo la reapertura de paritarias. Hace un mes se lo solicitamos formalmente al ministro (de Modernización del Estado, Andrés), Ibarra pero nunca avanzó en este tema", indicó.

Por otra parte, destacó las reivindicaciones que vienen solicitando como "la reincorporación de los despedidos en todo el país, y la lucha contra el trabajo en negro por todos los compañeros que no están regularizados".

"Como rama nacional también exigimos a los gobernadores e intendentes que se cumpla el salario mínimo vital y móvil", destacó.

Fuente: Télam

El Gobierno Nacional propone un cambio de reglas que, según afirman, le permitiría al país desarrollarse económicamente y, en consecuencia, ser más equitativo socialmente. Ahora bien, ¿este Estado genera condiciones para conseguir ese objetivo? Mi respuesta es negativa. ¿Puede este Estado contribuir al “desarrollo”? Decididamente, no.

Por Torcuato Sozio (Director Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles)

Veamos algunos factores preliminares que aportan al respaldo de esta posición: en primer lugar, permanentemente, contraemos deuda para pagar gastos corrientes del Estado; e incluso destinamos fondos a las provincias para que ellas mismas puedan hacer frente a sus propios gastos corrientes. ¿Quién invertiría en un país donde los recursos se escurren mes a mes? Claramente, nadie.

Nuestro Estado siempre se caracterizó por ser acromegálico, ineficiente, prebendario. Durante las tres presidencias kirchneristas, el exceso fue extraordinario: entre 2003 y 2013, el empleo creció en un 71%; los salarios se incrementaron en tal magnitud que hoy cualquier actividad equivalente en el sector privado se remunera en aproximadamente un 20% o 30% menos.

Esta situación se da en los tres niveles del Estado, nacional, provincial y municipal, con normas que, ineludiblemente, llevan a la ineficiencia: existen falsas paritarias en las que el empleador no negocia para preservar un razonable nivel de remuneración y de reglas de empleo. ¿Por qué un ministro gana 160.000 pesos en un país empobrecido? Resulta casi ingenuo plantear que todos deberían dar, como servidores públicos, un ejemplo de austeridad. Y, más allá de los sectores de conducción del Estado, la postura debería derramarse hacia todos los niveles. Años atrás, el Dr. Ernesto Kritz probaba, con un interesante estudio, que el sector estatal está predominantemente constituido por personas de clase media y media alta; efectivamente, son quienes cuentan con el acceso a la red de contactos para hacerse de esas posiciones y perpetuarse en ella en todos los poderes y niveles del sector público.

Esta deplorable situación no se resuelve con despidos, mecanismo por demás incompatible con el principio constitucional de estabilidad en el empleo público, que comparto personalmente y que está basado en la idea de que cada gobierno, de no primar este principio, podría incurrir en el despido arbitrario de quien no es afín a él. Existen así medidas alternativas a tomar: fundamentalmente, hacer un verdadero congelamiento de todas las plantas con la firma de un acuerdo de amplio alcance; extender el horario de trabajo que, en la mayoría de los casos, constituye un tercio menos que el de un trabajador privado; establecer mecanismos de capacitación reales y no simbólicos, ficticios, simulados, con el solo objeto de cumplir con normas y burocracias pero sin objetivos claros. Es imprescindible que los empleados puedan desempeñarse en el puesto de trabajo en el cual se los necesita, es decir, debe instalarse con fuerza radical el principio de movilidad: cada ‘servidor público’ debe estar en el puesto donde el Estado más lo necesite y donde pueda contribuir de mejor modo a que los ciudadanos reciban buenas atenciones de salud, educación, justicia, administración.

Con certeza, muchos ciudadanos, en especial aquellos más humildes y marginados, no sepan en detalle cómo gasta el Estado en sus recursos humanos... Es hora de exigir a nuestros servidores públicos que honren su labor y contribuyan a  hacer de su fuerza de trabajo, un recurso eficiente para la sociedad que los sustenta.

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