21 DE OCTUBRE DE 2017 |
Espectáculos

El gobernador de Formosa se desligó "cualquier tipo de vinculación" familiar en la causa judicial que investiga la detención en las rutas provinciales de un camión, supestamente propiedad de un familiar suyo, que transportaba gran cantidad de marihuana.

En una solicitada titulada "La Calumnia" y publicada en distintos matutinos porteños, Gildo Insfrán hizo su descargo sobre los acontecimientos y ratificó: "No me preocupa que se hagan operaciones de todo tipo, ya que no van a lograr que me calle ni que ceje en la defensa de los intereses de todos los formoseños".

"Ante trascendidos periodísticos que intentan vincular mi nombre a una causa judicial relacionada con un hecho de narcotráfico, ocurrido en días pasados, estimo necesario poner evidencia la falta de fundamentos y la intencionalidad política de esta operación maliciosa", comienza el texto.

"Esta práctica deleznable se ha vuelto habitual entre quienes no conocen otra herramienta política que no sea el agravio, la difamación y el daño a la dignidad de individuos y de la comunidad fomoseña general", remarcó.

Para el gobernador "a esta nueva operación no solo se suman dirigentes políticos opositores con sus mezquinos intereses y medios de comunicación afines, sino que el principal vocero de la misma es un ex intendente de la Unión Cívica Radical de la ciudad de Formosa y actual periodista de Radio Nacional que ya fuera condenado por la Justicia por mancillar la memoria de mi hijo y los sentimientos de mi familia".

Según Insfrán, "lamentablemente también forma parte activa de este accionar ruin el senador nacional de mi provincia por la minoría, quien debería obrar con mayor responsabilidad dada su investidura institucional".

"A partir de declaraciones periodísticas temerarias se pretende involucrarme con distintas personas que son objeto de una investigación judicial. Expreso enfáticamente que ni mis hermanos ni sus hijos se encuentran vinculados a causa judicial alguna. Se dan por ciertos, hechos que son falsos o circunstancias que corresponden ser investigadas por la Justicia", sostuvo.

Para el caudillo peronista, quien gobierna Formosa desde el 1995, "por todo ello espero que las instancias judiciales competentes avancen con rapidez y rigurosidad que el caso amerita, a fin de llegar a la verdad y sancionar a quienes resulten responsables con todo el peso de la ley".

"Ratifico mi compromiso personal y el de mi Gobierno de Tolerancia Cero para con el Narcotráfico, que tanto daño provoca a nuestras comunidades, y seguiremos fortaleciendo nuestras políticas integrales para la prevención y asistencia frente a la problemática de las adicciones", reafirmó.

Finalmente, reiteró "lo que expresé públicamente y frente a mi pueblo días atrás: no me preocupa que se hagan operaciones de todo tipo, ya que no van a lograr que me calle ni que ceje en la defensa de los intereses de todos los formoseños".

Fuente: Télam

En la denuncia se había señalado que el Estado habría financiado mediante una contratación directa 25 capítulos de una novela protagonizada por Andrea del Boca y producida por “a+A Group”, dirigida por dicha actriz y su hermano, Nicolás del Boca.

El fiscal Federico Delgado imputó este jueves al ex ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo, Julio De Vido, y a la actriz Andrea Del Boca por destinar fondos públicos para la grabación de una telenovela que, finalmente, nunca se exhibió.

De esta forma, dio impulso a la investigación de una denuncia presentada la semana pasada por el abogado Ricardo Monner Sans, titular de la Asociación Civil Anticorrupción, que apuntaba al financiamiento y la contratación directa para la producción y grabación de 25 capítulos de una novela producida por parte de la empresa 'a+A Group' a través de un convenio con la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

Ahora, el juez federal Sebastián Casanello deberá analizar si da lugar a las medidas de prueba requeridas por el fiscal Federico Delgado, entre ellas que se cite a prestar declaración testimonial a “todas las personas que intervinieron en la novela, es decir a actores, camarógrafos, iluminadores, sonidistas, entre otros”.

Además, en el dictamen que emitió este jueves, el representante del Ministerio Público Fiscal entendió que “el juez debería convocar a expertos en derecho administrativo para determinar si la contratación se realizó conforme a la normativa vigente”.

En su denuncia, el abogado Ricardo Monner Sans había señalado que “el Estado Nacional habría financiado mediante una contratación directa 25 capítulos de una novela protagonizada por Andrea del Boca y producida por “a+A Group”, dirigida por dicha actriz y su hermano, Nicolás del Boca”.

“El dinero público, que ascendió a 36.582.468 de pesos, habría salido del presupuesto del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, por entonces a cargo de Julio De Vido, para ser entregado a la productora previa firma de un convenio con la Universidad Nacional de San Martín”, agregó.

En ese marco, al imputar a Andrea Del Boca y a Julio de Vido, entre otros denunciados, el fiscal Federico Delgado sugirió al juez Casanello solicitar a la Oficina Anticorrupción que informe “si se han iniciado actuaciones al respecto y, en su caso, remita copias”.

También, recomendó “convocar a expertos en derecho administrativo para determinar si la contratación se realizó conforme a la normativa vigente”.

A su vez, indicó que “correspondería establecer el criterio con que se decidió suministrar el dinero, las cuentas bancarias utilizadas para canalizarlo y obtener el acta constitutiva de la productora 'a+A Group'”.

En tanto, en relación a un escrito de ampliación de su denuncia presentado por Monner Sans, Delgado pidió convocar al testigo “para que ratifique la información aportada, especifique cómo la obtuvo y brinde razón de sus dichos”.

También, planteó que “debería evaluarse si corresponde reservar su identidad como lo solicita el denunciante”.

Fuente: Télam

La Cámara Federal rechazó reabrir la investigación de la denuncia por el presunto encubrimiento de los imputados iraníes de la causa AMIA que el fallecido fiscal Alberto Nisman había presentado contra la ex presidenta y otros funcionarios.

La Cámara Federal rechazó este martes reabrir la investigación de la denuncia por el presunto encubrimiento de los imputados iraníes de la Causa AMIA que el fallecido fiscal Alberto Nisman había presentado contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios.

La Sala I de la Cámara, integrada por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, ratificó la decisión que había adoptado el juez federal Daniel Rafecas cuando desistió de reabrir la denuncia que el ex titular de la UFI AMIA presentó el 14 de enero del 2015, cuatro días antes de morir.

Los camaristas Freiler y Ballestero emitieron un fallo de 32 páginas en el que sostuvieron que no había surgido elementos nuevos que permitieran reabrir la denuncia que ya había desestimada por "inexistencia de delito", fallo que había sido confirmado por la Cámara el año pasado.

En su voto, el juez Freiler remarcó la "inexistencia de `elementos novedosos´ idóneos para alterar el temperamento desestimatorio oportunamente adoptado" para la denuncia en la que Nisman acusó a la ex presidenta de pergeñar una maniobra para garantizar la impunidad de los ciudadanos iraníes acusados de idear el atentado contra la AMIA ocurrido en 1994.

Nisman había denunciado que para generar esa situación de impunidad se había orquestado la firma del Memorandum de Entendimiento con Irán y que del diseño y la ejecución del presunto plan delictivo habían participado, entre otros, el ex canciller Hector Timeram y el diputado nacional Andrés Larroque.

El pedido de reabrir la denuncia de Nisman fue presentado por la DAIA a partir de dos presuntos nuevos elementos: la grabación una llamada entre Timerman y el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger en la que ambos se referían a la supuesta responsabilidad de Irán en el atentado, y el hecho de que el Memorándum de Entendimiento fue declarado inconstitucional.

Al pedido de la DAIA se sumó el fiscal ante la Cámara, Germán Moldes, quien sostuvo que la decisión de la Sala I debía ser declarada "nula", entre otras cosas, porque Freiler y Ballestero habían utilizado argumentos distintos la primera vez que coincidieron en que era correcto confirmar la decisión de Daniel Rafecas de desestimar la denuncia de Nisman.

Al referirse a la inconstituicionalidad del pacto celebrado entre Argentina e Irán, Ballestero sostuvo que no modifica el escenario porque ya lo había contemplado en su primera intervención y que la confirmación no hace más que solidificar aquel voto.

"El Memorándum de Entendimiento pudo ser un fracaso para la diplomacia argentina, un error para los anales legislativos, una desilusión para quienes creyeron ver en su texto el avance de la investigación por el atentado, pero de allí a ver forjado en él un maquiavélico plan por encubrir a los responsables de las cientos de víctimas de la voladura de la AMIA existe un abismo", sostuvo Ballestero, haciendo referencia a su fallo anterior.

Sobre la conversación telefónica entre el entonces Timerman y Borger, sostuvo: "La culpabilidad
de Irán en la voladura de la AMIA no es sino la posición que la República Argentina viene sosteniendo desde hace años, no sólo en el orden interno, sino también en el ámbito internacional, ya en las gestiones del propio Fiscal Nisman ante Interpol, o bien por los Primeros Mandatarios ante las Naciones Unidas".

El camarista Freiler sostuvo que en aquel diálogo telefónico cuya grabación nadie se atribuyó "ambos polemizan en torno a la firma del Memorándum de Entendimiento, esgrimiendo, cada uno de ellos, la misma postura que luego defendieron en público, tal como lo admitió Borger" al testificar en otra causa que tramita el juez federal Claudio Bonadio.

Los miembros de la Sala I confirmaron también la decisión de Rafecas de no aceptar a la DAIA como quierellante dado que a partir de la denuncia de Nisman no se abrió una causa judicial ya que fue desestimada por "inexistencia de delito".

Fuente: Télam

La vicepresidenta, Gabriela Michetti, le respondió ayer al abogado Leonardo Martínez Herrero, denunciante en la causa que investiga el origen de fondos robados en su casa, al reiterar que su fundación "tiene todo correcto".

Gabriela Michetti, al término de una actividad oficial en el Salón de los Pueblos Originarios de Casa de Gobierno, donde lanzó un plan para municipios, acompañada por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, respondió a la prensa que en el escrito que presentara el viernes pasado hace "absoluta aclaración de todas las cosas y además con iniciativa personal".

"Hemos presentado una enorme cantidad de pruebas que demuestran que no hay ninguna inconsistencia. al contrario, lo que se ha conocido es un informe de la IGJ y de la UIF diciendo que está todo bien y que la Fundación Suma, que es una fundación que trabaja mucho las cosas sociales y muy bien, tiene todo correcto", señaló.

Y concluyó: "Hasta ahora toda la información es a favor de lo que yo vengo diciendo: que no hay nada incorrecto ni nada irregular".

El viernes pasado, su abogado defensor, el radical Ricardo Gil Lavedra, solicitó el sobreseimiento de la vicepresidenta en la causa que investiga el origen de los fondos robados en su casa el 22 de noviembre.

Fuente: Télam

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