17 DE OCTUBRE DE 2017 |
Espectáculos

La diputada nacional, Elisa Carrió, los acusó de presuntas "negociaciones incompatibles con la función pública", por haber, supuestamente, beneficiado a empresas privadas de las que fueron empleados jerárquicos antes de asumir sus cargos

La denuncia quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadío, tras ser sorteada en la Cámara Federal porteña y el fiscal federal Carlos Rívolo deberá determinar si hay elementos para impulsarla.

Los denunciados son el secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda; el subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik; y el director nacional de Gas Licuado de Petróleo, Luis Barile.

Carrió pidió investigar si los tres pudieron haber firmado resoluciones, hecho gestiones o haberse interesado de manera personal "en operaciones vinculadas a empresas de las que fueron parte" antes de llegar a la función pública.

Ello habría afectado la "imparcialidad" y "fidelidad" en el desempeño de sus funciones, consideró la diputada en su denuncia, a la que accedió Télam.

En particular se refirió a la distribución entre las empresas fraccionadoras de gas licuado, de los cupos de gas propano para ser envasados, "fijando además las bocas de carga autorizadas para el aprovisionamiento del fluido".

"Esos permisos terminan definiendo la extensión de los beneficios de cada empresa, en el marco del mercado de las garrafas sociales", agregó Carrió.

La diputada argumentó que los denunciados desempeñaron "cargos jerárquicos en las principales petroleras" del país antes de ser nombrados por Aranguren en su cartera.

En este sentido, señaló el caso de Sureda, quien entre 1999 y 2015 fue vicepresidente de ventas de Pan American Energy, la mayor productora de crudo.

En tanto, sobre Popik argumentó que trabajó para Repsol YPF y, luego, en Exxon y Axion Energy.

Además, denunció que a través de resoluciones firmadas el 7 de junio y el 2 de agosto pasado, los funcionarios denunciados "habrían beneficiado directa yo indirectamente a tres empresas: Pan American Energy (PAE) y Panamerican SUR SA, eximiéndolas de sus respectivos aportes de fluidos previstos desde el año 2005, en beneficio de las garrafas sociales que se distribuyen en el mercado a menor valor".

En relación a una tercera empresa, Refinol SA, Carrió indicó que se habría beneficiado con una deducción sustancial de la carga que tenía impuesta.

"Estos posibles beneficios a las empresas mencionadas antes habrían derivado de actos administrativos en los que están directamente interesados los denunciados y en cuyas gestiones no sólo se han interesado, sino que han participado", agregó.

En ese contexto, remarcó que, en caso de que estos actos hayan sido "convalidados directamente por el propio Ministro Aranguren, no lo exime de las consecuencias del tipo penal, en tanto las jerarquías funcionales y su directo interés en ellos".

Además, en su denuncia, que primero deberá analizar el fiscal Rívolo, Carrió aseguró tener información sobre funcionarios de esa cartera que se negaron a convalidar los actos administrativos resueltos, a los que esa postura les habría valido "la inmediata separación".

"El incumplimiento en el que incurrieron las empresas habría sido subsidiado con gas importado provisto por Enarsa a las fraccionadoras", concluyó la diputada de la Coalición Cívica, aliada del frente oficialista Cambiemos.

FUente: Télam

La fundación de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) aclaró que "cumple con todas las leyes, regulaciones ministeriales y normas internas" el título universitario del ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial Daniel Scioli, en respuesta a una denuncia.

La denuncia había sido presentada por la Fundación por la Paz y Cambio Climático por supuestas irregularidades en la obtención del título universitario del ex gobernador bonaerense y ex candidato presidencial Daniel Scioli.

En un comunicado oficial la fundación indicó que "cumple con todas las leyes, regulaciones ministeriales y normas internas" y aclaró que "dentro de estas, la ley no nos permite brindar información de alumnos ni graduados, salvo requerimiento judicial".

Recordó asimismo que el año pasado "la justicia pidió información de un alumno por demanda de la fundación presidida por Fernando Míguez" y aclaró que la casa de estudios cumplió "en tiempo y forma con todos los requerimientos de la justicia".

"En el marco de la misma, en fecha 15 de abril de 2016, el Juzgado Criminal Correccional y Federal número 9, secretaría número 17 desestimó la denuncia por inexistencia de delito", según precisó el comunicado.

Asimismo, la fundación de la universidad aclaró que "la fuente utilizada en recientes notas periodísticas corresponde a un ex docente que no tuvo participación alguna en los hechos objetos de este comunicado y, que a pesar de haber sido desvinculado en el marco de denuncias de alumnos, mantiene un reclamo contra la universidad".

Por último, el comunicado indica que "hasta la fecha no hemos recibido ningún otro requerimiento ni citación judicial".

Fuente: Télam

El juez de instrucción en lo criminal Luis Zelaya desestimó por inexistencia de delito una denuncia penal y sostuvo que se trata de un tema de competencia comercial, en un fallo que ya fue apelado y debe resolver la Cámara del Crimen, informaron fuentes judiciales.

"Todo parece girar en derredor de la disconformidad de los denunciantes con la aparición de un competidor comercial. Sin embargo, todo indica también que este fuero penal no es la vía apropiada para resolver el conflicto", sostuvo Zelaya en su fallo al desestimar la denuncia penal, dijeron las fuentes.

El fallo del magistrado ya fue apelado por el estudio de abogados Cúneo Libarona, en representación de los taxistas y el tema será resuelto por la sala V de la Cámara del Crimen.

En el fallo de primera instancia Zelaya dio la razón al fiscal del caso, Jorge Ballestero, quien había dictaminado a favor de archivar la denuncia por inexistencia de delito.

“Más allá de la conflictividad que -sobre todo mediáticamente- ha desatado la aparición de UBER, lo concreto, lo real, es que, no se observa que en la vida cotidiana de los porteños se haya visto alterada la regularidad y eficiencia del servicio público de transporte individual de pasajeros ni cualquier otro, por cierto”, sostuvo el juez.

Para Zelaya los choferes de Uber realizan "una actividad comercial lícita" con posibilidad de cometer faltas administrativas o de tránsito que no son delitos penales.

Los 33 choferes de Uber habían sido denunciados por supuesto "entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita”.

“No parece lógico que la intención de los acusados esté o haya estado orientada a entorpecer el transporte al que pretenden sumar sus servicios”, concluyó Zelaya en el fallo.

Fuente: Télam

El gobernador de Formosa se desligó "cualquier tipo de vinculación" familiar en la causa judicial que investiga la detención en las rutas provinciales de un camión, supestamente propiedad de un familiar suyo, que transportaba gran cantidad de marihuana.

En una solicitada titulada "La Calumnia" y publicada en distintos matutinos porteños, Gildo Insfrán hizo su descargo sobre los acontecimientos y ratificó: "No me preocupa que se hagan operaciones de todo tipo, ya que no van a lograr que me calle ni que ceje en la defensa de los intereses de todos los formoseños".

"Ante trascendidos periodísticos que intentan vincular mi nombre a una causa judicial relacionada con un hecho de narcotráfico, ocurrido en días pasados, estimo necesario poner evidencia la falta de fundamentos y la intencionalidad política de esta operación maliciosa", comienza el texto.

"Esta práctica deleznable se ha vuelto habitual entre quienes no conocen otra herramienta política que no sea el agravio, la difamación y el daño a la dignidad de individuos y de la comunidad fomoseña general", remarcó.

Para el gobernador "a esta nueva operación no solo se suman dirigentes políticos opositores con sus mezquinos intereses y medios de comunicación afines, sino que el principal vocero de la misma es un ex intendente de la Unión Cívica Radical de la ciudad de Formosa y actual periodista de Radio Nacional que ya fuera condenado por la Justicia por mancillar la memoria de mi hijo y los sentimientos de mi familia".

Según Insfrán, "lamentablemente también forma parte activa de este accionar ruin el senador nacional de mi provincia por la minoría, quien debería obrar con mayor responsabilidad dada su investidura institucional".

"A partir de declaraciones periodísticas temerarias se pretende involucrarme con distintas personas que son objeto de una investigación judicial. Expreso enfáticamente que ni mis hermanos ni sus hijos se encuentran vinculados a causa judicial alguna. Se dan por ciertos, hechos que son falsos o circunstancias que corresponden ser investigadas por la Justicia", sostuvo.

Para el caudillo peronista, quien gobierna Formosa desde el 1995, "por todo ello espero que las instancias judiciales competentes avancen con rapidez y rigurosidad que el caso amerita, a fin de llegar a la verdad y sancionar a quienes resulten responsables con todo el peso de la ley".

"Ratifico mi compromiso personal y el de mi Gobierno de Tolerancia Cero para con el Narcotráfico, que tanto daño provoca a nuestras comunidades, y seguiremos fortaleciendo nuestras políticas integrales para la prevención y asistencia frente a la problemática de las adicciones", reafirmó.

Finalmente, reiteró "lo que expresé públicamente y frente a mi pueblo días atrás: no me preocupa que se hagan operaciones de todo tipo, ya que no van a lograr que me calle ni que ceje en la defensa de los intereses de todos los formoseños".

Fuente: Télam

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