20 DE ENERO DE 2018 |
Economía

Cualquiera sea la nueva política monetaria que reemplace a la Taylor Rule, es indispensable que sane las cuentas del BCRA de la mochila de las Lebac. Periódicamente deben renovar su deuda y enfrentan una curva de oferta de fondos. Esa curva, en Argentina, es casi un punto: ¡le ofrecen renovar casi exactamente lo que hay a una única tasa! El Banco Central tiene que pagar la tasa que le piden “como cualquier quebrado”. Y el BCRA debe validar esa tasa y tomar lo que le ofrecen, que últimamente es menos de lo que vence.

Por Carlos Rodriguez (*)

El BCRA tiene que pagar la tasa que le piden como cualquier quebrado. Con el cuento de la Taylor Rule, el BCRA se endeudó hasta la coronilla en Lebac para subir el interés, creyendo que así bajaba la inflación.

Cautivo del mercado.

Lo está la entidad que dirige Federico Sturzenegger, en la opinión del rector de la Universidad del CEMA.

Necesito ir por partes.

Empezaré por la regla de Taylor que sigue el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La inflación ocurre porque la cantidad de dinero crece de manera sostenida más que la demanda. Hay un déficit fiscal atrás.

Ese simple hecho se esquiva poniendo una Curva de Phillips, una tasa de interés exógena que controla el BCRA, y una inflación que depende de esa tasa y de expectativas.

Se llama Taylor Rule 6i = r* + pi + 0.5 (pi-pi) + 0.5 (y-y)

Esta fórmula dice que si la inflación (pi) excede el target (pi*), el BCRA debe poner una tasa de interés (i) bastante mayor que la inflación.

La r* es una tasa real de interés que se supone constante (debatible, pero no es crucial acá). Y el termino (y-y*) es el output gap.

Hay variantes, pero todas tienen a la tasa de interés como la variable de control, del lado izquierdo.

Yo creo que la tasa de interés es endógena, por más que los banqueros centrales crean que la controlan.

Periódicamente deben renovar su deuda y enfrentan una curva de oferta de fondos.

Esa curva, en Argentina, es casi un punto: ¡le ofrecen renovar casi exactamente lo que hay a una única tasa!

Y el BCRA debe validar esa tasa y tomar lo que le ofrecen, que últimamente es menos de lo que vence.

Para el resto tiene que emitir pesos o más Lebac en el mercado secundario, al precio que determina el mercado.

Algo no tan exagerado debe pasar con la Fed de Estados Unidos: no pueden poner la tasa que se les dé la gana.

Deben hacer lo que el mercado les “sugiere”.

En síntesis, creo que toda esa línea de research toma como instrumento exógeno algo que no lo es, que en realidad es endógeno, quizá de una manera sutil.

Con el cuento de la Taylor Rule, el BCRA se endeudó hasta la coronilla en Lebac para subir la tasa de interés creyendo que así bajaba la inflación.

La inflación no bajó y ahora el BCRA está cautivo del mercado y tiene que pagar la tasa de interés que le piden, sin chistar, como cualquier quebrado.

Y la cantidad de dinero sigue creciendo por el déficit fiscal y ahora el cuasifiscal.

En esto no estoy solo.

Por ejemplo, Eugene Fama dice exactamente lo mismo en su paper: Does the Fed Control Interest Rates?

También pueden ver la excelente síntesis sobre el tema de Jeffrey Rogers: The Myth of Federal Reserve Control Over Interest Rates .

En la Argentina hay una demanda de pesos, una demanda de dólares, una demanda de Lebac (que financian los depósitos del público en los Bancos), deuda externa, tipo de cambio y casi no hay mercado de crédito.

Todo eso aparenta quedar fuera del radar con esa formulita tan simple.

Para colmo en el BCRA parece que la están siguiendo, creyéndose que controlan una cosa que en realidad se las fija el mercado

¡O sea que estamos a la merced de los vientos!

Condiciones para empezar una nueva política monetaria

Cualquiera sea la nueva política monetaria que reemplace a la Taylor Rule, es indispensable que sane las cuentas del BCRA de la mochila de las Lebac.

Dejando de lado licuaciones, planes Bonex o parecidos, corralitos, subas de encajes inviables, entre otros, sólo queda recomprarlas/servirlas gradualmente con el único ingreso genuino que dispone el BCRA: el impuesto inflacionario y un déficit fiscal decreciente, sostenible y creíble.

Cuando Cavallo en 1982 quiso desarmar la Cuenta de Regulación Monetaria -muy similar a las Lebac de ahora- bajando de golpe la tasa de remuneración sobre los pasivos del BCRA, le costó el puesto y la inflación salto a dos digitos mensuales.

Pensando alternativas de Política Monetaria si se deja la Taylor Rule

Si se termina con la tasa de interés como instrumento del Inflation Targeting, se debe hacer algo en su lugar.

Pensando un poco:

1- El déficit va a seguir por tiempo indeterminado.

Depende de la política.

Por lo tanto habrá que financiarlo, parte (la menor, espero) con deuda del Tesoro (interna y mucho menos externa) y la mayor parte con el impuesto inflacionario.

2- Lo anterior requiere una política predecible de adelantos del BCRA al Tesoro, consistentes con el déficit a ser financiado con inflación.

Eso implica:

A- Metas monetarias compatibles con las metas de déficit y tipo de cambio flexible.

O

B- Un crawling peg de tipo de cambio preanunciado mensualmente (?) que sea compatible con las metas de financiamiento al Tesoro.

Si bien la cantidad de dinero sería endógena, el peg debería generar una inflación que provoque una demanda de dinero flujo compatible con las necesidades de emisión para el Tesoro.

3- El déficit cuasifiscal ha probado ser siempre explosivo.

El BCRA no debe emitir pasivos remunerados. Las Lebac deben ser absorbidas por el Tesoro.

Los encajes no deben ser remunerados.

4- Tomar conciencia que la inflación es un impuesto más para financiar el gasto.

El problema es cuando ésta se torna impredecible y fuerza la renegociación permanente de contratos, con un alto costo social.

5- Cualquiera sea la estrategia a seguir, creo que se debe evitar al máximo todo estímulo al ingreso de capitales externos durante el proceso de estabilización: recalientan la economía, generan déficits comerciales, retrasan la necesidad del ajuste estatal y producen atraso cambiario.

Ese combo, más el aumento en deuda externa y falta de ajuste fiscal e inflacionario, aumenta gradualmente el riesgo-país y lleva al eventual fracaso de toda la estrategia.

6- Queda por decidir el instrumento de control para el target de inflación: ¿meta de expansión monetaria o cambiaria? Está claro que cualquiera sea la elegida, ésta debe ser compatible con la financiación del déficit fiscal.

El instrumento cambiario tiene la ventaja de ser el de conexión más directa con el proceso de formación de precios, la tasa de interés y formación de expectativas.

La desventaja es que si el mercado desconfía del nivel de la divisa y se genera una corrida de compra cambiaria que el BCRA no puede satisfacer, se vería forzado a devaluar mas allá de la tasa preanunciada, generando un shock de credibilidad que afectaría todo el plan.

La meta de expansión monetaria tiene la desventaja de tener relación más indirecta con el precio de la divisa o la tasa de interés.

La ventaja es que de haber una tendencia a la compra excesiva de divisas, el BCRA no tiene la obligación de vender y simplemente subiría el tipo de cambio al igual que la tasa de interés, ambos factores contribuyendo a desactivar la corrida.

(*) Rector, Universidad del CEMA

Fuente: Nac&Pop

Era algo tan inviable que le costó la intemperie y el exilio al sindicalista más poderoso de la Argentina, en el momento en que su gobierno tenía la legitimidad más alta. En el país peronista, con un gobierno de esa cuna que se abrazaba al ideario del mercado interno y la producción nacional, Hugo Moyano tuvo la osadía de pedir un sueño imposible: un trabajador en la Casa Rosada.

Por Diego Genoud

La historia ya contada es que a Cristina Kirchner no le gustó nada.  La trabajadora ya había llegado, era ella,   según dijo ante un estadio de River repleto como nunca de militancia sindical.

Se escribió mucho de las razones que llevaron a una ruptura que, vista desde hoy, empujó a todos a la derrota. Al kirchnerismo, a perder el respaldo de un aliado de peso social irremplazable que empezó a virar en busca de un puerto que le permitiera amarrar. Primero fue el massismo, después quizá fue el macrismo, hoy no se sabe.

Al moyanismo, a renunciar a ese salto a la política que se había fijado como meta trascendental.

Que la columna vertebral del peronismo pase a ser la cabeza del movimiento nacional justicialista era una idea ambiciosa y quizá más, anacrónica. Producto de la ruptura del mundo del trabajo que precedió y sobrevivió al kirchnerismo, y pese al poderío que ganaron los gremios en la la era Kirchner, al sueño de Moyano lo interrumpió rápido el despertador de un PJ gobernante que -con o sin razón- sigue relegando a los sindicatos.

Moyano se enfrentó a la ex presidenta, encabezó las huelgas por Ganancias, inauguró  una estatua con Macri, se llamó a un silencio estratégico, se convirtió en presidente de su club y le consiguió trabajo a su yerno. Recién en 2018, comenzó a ver que la paz del macrismo tenía sus limitaciones, apretado por la situación de OCA, donde nadie sabe si es sindicato o empresa.

Con Hugo, se clausuró una era que dejó a la dirigencia gremial atontada, presa de su colaboracionismo, incapaz de pegar un grito que estremeciera al poder. Tantos años reclamando un paro de la CGT y, cuando llega -el lunes último-, nadie se entera ni cambia nada.

Justo la noche de la huelga más intrascendente, después de la Intifada y la represión, las cacerolas volvieron a hermanarse con el progresismo y la izquierda.

Lo más sorprendente no fue eso, sino la consigna que alguien logró traficar en medio del ruido: “Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode”.

El coro inédito de una clase media siempre sospechosa de no reconocerse parte de la masa asalariada, en el momento en que la central sindical mayoritaria también aparece esquivando piedras y sin capacidad de conducir más que a un sector. Una clase media que ya no va en alianza con el piquete sino que se piensa distinta, con Cambiemos en el gobierno. En el mundo del trabajo astillado en mil pedazos, con casi el 40 por ciento de los trabajadores en negro, con la aristocracia obrera en problemas, en las calles el mandato dice: unidad entre los que viven de su trabajo. Como si el anhelo de Moyano -hallar al Lula aborigen- debiera cumplirse por fuera de la CGT y los altos mandos sindicales.

Un horizonte lejano. Que puede ser apenas parte de la confusión o puede ser un programa de gobierno devaluado como acto reflejo tanto por la historia como por las amplias fuerzas del cinismo. La unidad de los trabajadores para llegar a la Casa Rosada, un imposible que la Argentina no se puede permitir pensar, ni siquiera cuando todas las identidades políticas se desangran en su impotencia. Cuando en el gobierno están los CEOs y los dueños, contraparte victoriosa ante los trabajadores.

Inviable. Tanto casi como un presidente criado en el mundo de las empresas que llegue al poder por los votos, sin necesidad de travestirse en las filas del peronismo o el radicalismo.
Que venga la nochebuena. Y se cumplan nuestros deseos.

Fuente: El Canciller

Bajo el ampuloso título de  Reforma Previsional  el gobierno de Macri ha logrado la aprobación parlamentaria de una nueva fórmula de actualización de haberes jubilatorios – y beneficios sociales en general – que disminuye el aumento de los sectores pasivos de la economía.

Por Héctor Giuliano

Esto es, una ley que permite la rebaja en los incrementos de los gastos sociales del Estado  a costa de los jubilados  como uno de los componentes centrales de la contención y/o baja del Gasto Público y del Déficit Fiscal.

La clave funcional del Proyecto de Ley (PL) aprobado – que ya había tenido la media sanción del Senado sin que se armara el alboroto que, en cambio, se desató con su tratamiento en Diputados – es lograr un ahorro del Gasto Público por concepto de gastos previsionales que compense, total o parcialmente, el incremento de los pagos que el Estado tiene que realizar en otros rubros, fundamentalmente en el crecimiento de los intereses de la Deuda Pública.

Concretamente, mientras el PL de Presupuesto 2018 prevé un gasto de Intereses a Pagar por la Deuda de 406.500 M$ (Millones de Pesos) - que explican el 60 % del Déficit Fiscal del año que viene, estimado en 681.800 M$ - el saldo negativo neto del Sistema Previsional es menor que esa cifra: de unos 300.000 M$, producto de Erogaciones por 1.2 B$ (Billones $) menos 900.000 M$ de Ingresos.

Esta disposición de rebaja o freno en el Gasto Social, a su vez, es parte de toda una batería de medidas en curso por parte de la administración Macri – algunas con necesidad de convalidación por los Poderes Legislativo y/o Judicial – tendiente a materializar el Plan de Ajuste Fiscal requerido por los Acreedores de la Deuda como condicionante para mantener el flujo permanente de nuevas colocaciones de bonos contra garantía de pago de sus Intereses, que vienen creciendo aceleradamente y constituyen hoy el principal factor de desequilibrio fiscal y cuasi-fiscal de la Argentina (ya que el Banco Central – BCRA – a través del mecanismo de su endeudamiento en gran escala por Lebac y Pases Pasivos constituye el segundo nivel de importancia en la sangría financiera del Estado, pagando paralelamente otros 300.000 M$ de Intereses por año, que no están incluidos en el Presupuesto Nacional).

El logro de la aprobación parlamentaria de esta  Reforma Previsional  para reducir los aumentos a los jubilados forma parte del paquete de medidas comprometido por el presidente Macri ante los acreedores y banqueros norteamericanos durante su viaje a Nueva York, a principios de Noviembre pasado, apenas pasadas las elecciones legislativas del 22.10, durante cuya campaña notablemente tanto oficialismo como oposición política no sometieron a debate ninguna de las iniciativas que fueran sólo enunciadas por el gobierno de Cambiemos para después de los comicios.

Peor aún, el mismo gobierno – a través de su Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña – en declaraciones producidas en Agosto pasado, había desmentido en forma expresa las versiones de un proyecto de Reforma Previsional del Ejecutivo para después de los comicios de Octubre.

Esto ratificó así un procedimiento perverso, admitido por toda la Clase Política, en el sentido que los asuntos de gobierno que tocan a problemas importantes en materia económico-financiera, social y política no son materia de información y mucho menos de debate ante la Opinión Pública antes que se produzcan.

EL NUDO DE LA CUESTIÓN

El nudo de la cuestión planteada por la nueva ley sancionada por el Congreso es el uso de la fórmula de actualización jubilatoria como variable de ajuste de los gastos previsionales para disponer de más recursos para ser aplicados fundamentalmente a sufragar el aumento de los intereses de la Deuda del Estado.

En una suerte de  reduccionismo  no declarado, la administración Macri busca rebajar los nuevos aumentos jubilatorios y sociales encubriéndolo bajo el  ropaje  de Reforma del Sistema Previsional para poder pagar más Intereses.

La actual fórmula de indexación de haberes – que se usa para actualizar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y por discapacidad, AUH y otros gastos sociales (en adelante,  jubilaciones ) – toma en cuenta dos factores básicos: la evolución de los salarios activos y el ritmo de recaudación tributaria.

La nueva fórmula del gobierno Macri cambia estos factores reemplazándolos por otra cuya incidencia corresponde a la Inflación pasada en un 70 % y a la evolución del Índice Salarial o Ripte en un 30%.

Cabe recordar que la idea original era peor aún porque no contemplaba este segundo rubro, es decir, el aumento en las jubilaciones y pensiones, sino solamente el ajuste por inflación, de modo que tales haberes se mantuviesen constantes o  congelados  en términos reales.

En los hechos, y tal como está probado matemáticamente, los jubilados van a percibir así aumentos menores a los que recibirían utilizando la fórmula actual de indexación para cálculo de los incrementos de haberes.

En el próximo mes de Marzo, los jubilados – y, por extensión, todos los beneficiarios sociales – percibirán así un aumento de sólo un 5.7 % mientras que por aplicación de la fórmula de actualización hoy vigente les correspondería un 12 %, es decir, poco menos de la mitad.

Con el agravante que estas actualizaciones se calculan con valores financieramente desfasados porque mientras la inflación va carcomiendo los ingresos de la gente día por día, las actualizaciones se producen en forma diferida – en este momento, cada 6 meses y a partir de ahora cada 3 – pero la incidencia de los aumentos de precios durante el período transcurrido no se recupera.

Peor todavía – como en este caso – cuando se toma como referencia inflacionaria para la actualización de Marzo del 2018 la del Trimestre III de este año, que es menor a la esperada para el cierre del Cuarto Trimestre.

Esta pérdida en los haberes jubilatorios no se recupera tampoco con el nuevo Bono compensatorio – planteado, a último momento, como paliativo parcial para los beneficiarios más bajos – que, a su vez, es un bono de carácter discriminatorio porque se concedería sólo a personas con ingresos menores de 10.000 $/Mes y es una suma que sigue estando por debajo del valor de la Canasta Básica Total, que mide la Línea de Pobreza.

Esta medida – que saldría como Decreto del Poder Ejecutivo – no cubre la disminución producida en los nuevos aumentos y significa además que el Gobierno dispone así una medida discrecional que implica afectar la distribución de los ingresos de la gente.
Notablemente, un gobierno de línea liberal, que hace de la Libertad de Mercado una premisa doctrinal y fáctica de su permisividad frente a la Inflación sin Control de Precios sí se ocupa, en cambio, de controlar, regular y rebajar las remuneraciones del Sector Pasivo, siendo que para el Liberalismo el Salario es una Mercancía.

Este planteo está radical y sustancialmente contrapuesto a la Doctrina Social de la Iglesia en materia de Salario Digno y va contra la lógica del Derecho Laboral y Previsional Argentino e Internacional.

Probablemente no se encuentre entre los antecedentes cercanos – desde la rebaja salarial y jubilatoria del 13 % bajo el gobierno De la Rúa, en Julio del 2001 – la aplicación de una medida formal tan agraviante como ésta que ahora ha convalidado el Congreso de la Nación, con el previo acuerdo de los gobernadores provinciales y de la mayor parte de la partidocracia con representación parlamentaria.

PERSPECTIVAS DE LA LEY

Estrictamente hablando, la aprobación de la nueva ley de rebaja jubilatoria es un problema que no estaría terminado con su sanción:

Está dentro de lo más probable que este instrumento legal dé lugar a una ola de demandas contra el Estado comparable a la del fallo Badaro y conexos.

Deja abierto también el riesgo que el asunto pueda llevarse a tribunales internacionales por concepto de violación a los principios de retroactividad, progresividad y no regresividad contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (1969).

Amenaza poner en juego la opinión de la Corte Suprema de Justicia contra el Ejecutivo ante las fundadas probabilidades de apelación por inconstitucionalidad contra la nueva ley del Congreso.

El nivel de torpeza que conlleva la  ley anti-jubilatoria  que acaba de aprobarse es previsible que genere problemas de muy difícil solución en materia jurídica, económico-social y política; y esto sólo se explica en función de la grave situación fiscal argentina existente y que el gobierno Macri – con la complicidad de gran parte de la oposición partidocrática y los grandes medios de difusión afines – se esfuerza en ocultar.

La  ecuación de hierro  de bajar los aumentos a los jubilados para ahorrarse fondos que serán aplicados al pago de mayores intereses de la Deuda Pública es una de las medidas más degradantes a las que pueda apelar un Gobierno – y la Clase Política que lo apoya directa o indirectamente en tal gestión – para garantizar a los acreedores el pago de los servicios de la Deuda.

Esto desnuda qué y cómo, en lo concreto, el objetivo buscado por las autoridades es contar con un mecanismo legal que reduzca la incidencia de los gastos previsionales en las Cuentas Fiscales o – dicho en buen romance  – que permita rebajar los futuros aumentos jubilatorios y sociales conexos (que abarcan un universo de 17.4 millones de personas) para mostrar la voluntad del gobierno Macri de mantener a ultranza el pago de los Intereses de la Deuda Pública, que sigue contrayendo en gran escala y con total irresponsabilidad financiera fiscal.

Se estima que el ahorro por concepto de gasto previsional – que es la pérdida que sufren los jubilados y beneficiarios sociales en general – estaría entre los 60 y los 80-100.000 M$, según estimaciones preliminares (que sólo serían conocidas, en principio, cuando se tengan los datos del Presupuesto corregido para el 2018).

En el contexto de su  Política de Gobernar con Deuda , el presidente Macri, por razones de servidumbre y servilismo financiero, está tensando impolíticamente al máximo la cuerda con esta Ley que contrapone la relación entre el Sistema Previsional y el servicio de la Deuda del Estado.

Las migraciones, un asunto que hoy invade las agendas en todo el mundo y altera peligrosamente los rumbos políticos en el Norte desarrollado, es un desafío global en el que América Latina se erige esta vez como un ejemplo de las prácticas más avanzadas. La última evidencia de ese contraste llegó recientemente, cuando el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del proceso de firma del Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular, iniciado en la ONU a fines de 2016, antes de que el magnate y sus consignas xenófobas desembarcaran en la Casa Blanca.

Por Jorge Argüello

Desde ya, las urgencias económicas son el motor universalmente reconocido del movimiento de personas y familias de un país a otro. Nuestra región, aun siendo la más desigual del planeta, ha evitado la tentación de “securitizar” sus políticas migratorias, sin dejarse ganar por el miedo y la discriminación que domina Estados Unidos y Europa.

Como ha establecido la Confederación Sudamericana de Migraciones (CSM), “las personas migrantes, en su proceso de inserción e integración, como de vínculo, se transforman en actores fundamentales en el desarrollo humano, económico, cultural, social y político”.

La idea de un pacto de alcance universal nació de la Declaración de Nueva York que emitió en 2016 una cumbre especial de la ONU, en la que los Estados se comprometen también en lo inmediato a proteger los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes, independientemente de su condición, a condenar enérgicamente la xenofobia contra ellos, y a reforzar su contribución positiva al desarrollo económico y social de los países de acogida.

La real dimensión. Solo desde aquella tragedia del naufragio de Lampedusa (Italia), que conmovió al papa Francisco en sus primeros días de pontificado, en 2013, unas 15 mil vidas de adultos y niños se han perdido en el intento de cruzar irregularmente el Mediterráneo desde las costas de Africa, y por ahora los gobiernos europeos no han tenido mejor respuesta que invertir ingentes fuerzas políticas y dinerarias sólo en bloquear su llegada.

Aun así, según un completo informe publicado en 2016 (McKinsey Global Institute), el 90% de los 247 millones de migrantes del mundo se trasladaron ese año a través de las fronteras por su propia voluntad, en general movidos por razones económicas. De ese total, 65,6 millones de personas han decidido abandonar sus hogares a causa de conflictos bélicos y persecuciones.

Uno de cada diez del total de migrantes (24 millones) es refugiado y solicitante de asilo. En su gran mayoría provienen de Medio Oriente y el norte de Africa. Y más de la mitad de ese universo son niños y adolescentes.

Los intentos de establecimiento en Europa de estos millones de personas desplazadas dispararon las alarmas sociales primero, y políticas después, con un reverdecer de fuerzas nacionalistas, xenófobas y hasta neonazis.

Del resto, la mayor parte de los migrantes se trasladan a naciones vecinas o del mismo continente, y aunque la mitad se mueve hacia países desarrollados en busca de mejorar legítimamente sus condiciones de vida, su impacto en el PBI mundial triplica su mera dimensión demográfica, y el 90% del beneficio queda en los países de acogida.

En América Latina, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los patrones cambiaron y tendemos a movernos cada vez más en la región, en especial desde la última década, cuando países receptores como Estados Unidos y España endurecieron sus políticas migratorias mientras los nuestros las mejoraron y promovieron el regreso de sus nacionales y también los desplazamientos entre países.

Los censos nacionales realizados entre 2000 y 2010 en la región mostraron un aumento del 32% de latinoamericanos viviendo en otro país de la región, y entre 2009 y 2015 nuestros países concedieron más de dos millones de residencias temporales y permanentes a personas de naciones vecinas motivadas por la búsqueda de trabajo, el tránsito fronterizo, la movilidad indígena, la reunificación familiar, la movilidad por estudios y la búsqueda de refugio por persecución política (Cepal).

De todos modos, la mayor la cantidad de emigrantes latinoamericanos reside en países extrarregionales, muchos emigran hacia Estados Unidos (unos 20 millones), aunque México representa el 40% de la emigración regional, con 12 millones de sus ciudadanos viviendo fuera del país, sobre todo en su vecino del norte. Haití, el país más pobre de América Latina y el Caribe, vio emigrar 400 mil personas desde 2000, un tercio de ellos a la vecina Dominicana, la mayoría a Estados Unidos y algunos al Cono Sur.

Migrar con derechos. Camino a un pacto que ponga los derechos de los migrantes en el centro de nuestras leyes, con libertad de movimiento y ciudadanía ampliada, es importante tener en claro que la falta de oportunidades en los países de origen, tan determinante para las migraciones desde siempre, es efecto y no causa de la desigualdad económica y social que caracteriza esta etapa del capitalismo globalizado.

Como demostró América Latina, en particular a través de las experiencias de acuerdos subregionales en el Mercosur y la Comunidad Andina, cualquier “gobernanza migratoria” exige un abordaje integral y multilateral del fenómeno, y una valoración positiva de sus efectos a largo plazo. Las migraciones solo han consolidado el proceso de integración de nuestros países.

Además de los estamentos políticos e institucionales, el amplio arco de la sociedad civil necesita comprometerse con todos los aspectos del proceso, en particular en la lucha contra el tráfico de migrantes y la trata de personas, que sigue desafiando las mejores intenciones y leyes que podamos darnos.

El papa Francisco, comprometido hoy con el drama de refugiados rohingyás de Sri Lanka y entusiasta del Pacto Mundial por la Migración, señaló la ruta que vale la pena mantener cuando el horizonte se nubla por el temor a lo distinto: “El principio de la centralidad de la persona humana –dijo– nos obliga a anteponer siempre la seguridad personal a la nacional”.

América Latina ha sido históricamente objeto de recomendaciones de parte del mundo desarrollado, en algunos casos pertinentes, pero esta vez, ante una realidad global que excede respuestas nacionales, es la región que puede dar el ejemplo y liderar la recuperación de valores humanos sobre los que, hasta no hace mucho, recibía lecciones.

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