26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |
Economía

El legislador del Frente de Izquierda (PO) Marcelo Ramal rechazó el convenio suscripto entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad para la venta de 5 hectáreas de tierras públicas con destino a la construcción de torres en La Boca. Lo hizo en una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano donde funcionarios del GCBA presentaron el proyecto que espera aprobación de la Legislatura para avanzar.

“Se trata de una tentativa de amputación de tierras del barrio de La Boca para continuar el eje de Puerto Madero hacia el sur” denunció Ramal.

“Esta nueva privatización de tierras públicas para la especulación inmobiliaria generará una enorme presión sobre el valor de la tierra, la vivienda y los alquileres en el barrio que resulta expulsiva de los vecinos que viven de su trabajo” continuó Ramal.

“Como ya hemos visto en el caso del playón de Colegiales, el gobierno de Cambiemos avanza en una vasta privatización de tierras de la Ciudad apoyado en la Agencia de Administración de Bienes creada por el gobierno anterior a través de un decreto inconstitucional. En efecto, el decreto de Cristina Kirchner habilita la venta de tierras sin pasar por la aprobación del Congreso Nacional” afirmó Ramal y expresó su apoyo al proyecto que impulsan los vecinos de Catalinas Sur que plantea que el terreno sea destinado a un parque verde público.

El magistrado federal de Tres de Febrero fue nombrado subrogante en el Juzgado Federal de La Plata, que controla las elecciones de la Provincia de Buenos Aires. Un juez declaró inconstitucional su designación. Un repaso por sus antecedentes.

Manuel Tarricone

Juan Manuel Culotta tiene a cargo el Juzgado Federal N° 1 de La Plata. Este juzgado, que se encuentra vacante y Culotta ocupa en calidad de subrogante, tiene a su cargo el control de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 40% de los votantes del país. Sin embargo, la designación de Culotta como juez suplente no estuvo exenta de polémicas: la Justicia la declaró inconstitucional.

Culotta es titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de Tres de Febrero desde 2003, cuando se creó ese tribunal. En diciembre de 2016 solicitó su traslado al Juzgado Federal N° 1 de La Plata, que se encuentra vacante desde la muerte de su entonces titular, Manuel Blanco. Si bien el traslado definitivo no prosperó, el Consejo de la Magistratura de la Nación lo designó en ese juzgado en calidad de subrogante algunos meses después. Como ocurría desde algunos meses antes con otros suplentes, Culotta sólo se quedó con la subrogancia electoral de ese juzgado. La parte penal está en manos del juez federal Ernesto Kreplak, quien es titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, al que accedió por concurso tras ocupar una subsecretaría del Ministerio de Justicia durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Tras una denuncia de la asociación civil Abogados por la Justicia Social, ligada con el Frente para la Victoria, el juez federal de La Plata Alberto Recondo declaró inconstitucional la designación de Culotta. Señaló, en primer lugar, que el Consejo de la Magistratura no tiene atribuciones para dividir un juzgado por sus competencias (electoral y penal). Además, sostuvo que según el fallo “Uriarte” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “son los jueces de primera instancia más cercanos en la jurisdicción” los llamados a subrogar.

Antes, subrogaron este juzgado la jueza federal porteña con competencia electoral, María Servini de Cubría, y, tras su renuncia, el juez federal de La Plata Adolfo Ziulu, quien ejerció en forma interina. Si bien se encuentra en la Provincia de Buenos Aires, el Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo de Culotta, está bajo la órbita de la Cámara Federal de San Martín y no de la Cámara platense.

El fallo de Recondo fue apelado y la Cámara Federal de La Plata revocó la resolución. Por lo tanto, será Culotta quien controle las elecciones bonaerenses en 2017. Entre 2004 y 2006 el magistrado había sido subrogante en el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro. Este juzgado también está bajo la órbita de la Cámara Federal de San Martín.

La designación de Culotta en el Juzgado Electoral de La Plata fue aprobada por mayoría en el Consejo de la Magistratura, con los votos del representante del Poder Ejecutivo Nacional, Juan Mahiques; los legisladores de Cambiemos, Pablo Tonelli, Ángel Rozas y Gustavo Valdez; y los representantes de los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes; y los representantes de los abogados Miguel Piedecasas y Adriana Donato, que suelen votar en sintonía con el oficialismo.

El magistrado, de 54 años, es egresado del colegio Cardenal Newman, igual que varios funcionarios del actual gobierno, entre ellos, el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Su esposa, Daniela Vizzón, es licenciada en Trabajo Social y empleada del Poder Judicial de la Nación. En su última declaración jurada Culotta declaró una casa en Beccar, en el Partido de San Isidro, de 220 metros cuadrados, que comparte con su esposa; un departamento en la ciudad de Buenos Aires y dos autos. Además, reportó ahorros por 360 mil pesos.

Culotta lleva más de 25 años en la Justicia Federal de San Martín y dentro de la Asociación de Magistrados está identificado con la lista Compromiso Judicial, que lidera el camarista en lo Comercial Rafael Barreiro e integran, entre otros, el consejero Leónidas Moldes. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1990, momento en el que trabajaba en la Justicia criminal ordinaria de la Capital Federal. A fines de ese año se incorporó al Juzgado Federal N° 2 de Morón, por ese entonces a cargo de Eduardo Luraschi. En ese tribunal llegó a ser secretario de Jorge Rodríguez, quien asumió al frente del Juzgado en 1994 y sigue siendo su titular.

Por esos años, fue ayudante de segunda de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Trabajó, además, en la Fiscalía ante la Cámara Federal de San Martín y en 1995 pasó a trabajar como prosecretario en la Cámara de esa ciudad. Desde 2001 se desempeñó como secretario letrado de este tribunal hasta que en 2003, concurso mediante, fue nombrado juez federal Tres de Febrero. Al momento de concursar, no acreditaba libros o publicaciones en su CV.

Como titular de este juzgado tuvo a su cargo una causa muy sensible para el mundo del espionaje. El 9 de julio de 2013, en un expediente de narcotráfico, el juez Culotta ordenó el allanamiento del domicilio de Pedro “El Lauchón” Viale, un agente de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE). La orden fue ejecutada por el Grupo Halcón de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Viale, que pertenecía al entorno del ex director de Operaciones de la SIDE Antonio Stiuso (según él mismo declaró en una entrevista con el diario Clarín), se enfrentó con los oficiales y fue asesinado de 11 tiros.

Fuente: Chequeando - http://chequeado.com

El gobierno argentino y su presidente, Mauricio Macri, serán denunciados este jueves ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por sus sistemáticos ataques a jueces, abogados y las leyes laborales.

Con ese propósito, la Asociación de Abogados Laboralistas realizará este jueves a las 12hs. un acto frente a la oficina porteña de la OIT (Avenida Córdoba 948) para acompañar la denuncia internacional, que formalmente será presentada por la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma (CTA A) y numerosos sindicatos.

La denuncia imputará al gobierno del presidente Macri responsabilidad jurídica por la violación de convenios internacionales a raíz de sus ataques a la Justicia del Trabajo y a los abogados laboralistas, a los que acusó de estar en connivencia para “armar” una “industria del juicio” destinada a “quebrar pequeñas y medianas empresas”.

Sobre la avanzada del gobierno sobre los derechos laborales, el presidente de AAL, Matías Cremonte, afirmó: “Me parece importante marcar como hito, o como primer paso de esta avanzada que denunciamos en la OIT sobre los trabajadores, el ataque a la independencia del Poder Judicial con la designación de dos jueces en la Corte Suprema, por decreto de parte del presidente Macri”.

 “Otro elemento –agregó- fue la reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, cimentando el terreno con la ficción de la ’industria del juicio’, ahora encima intentando cargarnos el sayo por el cierre de las pequeñas empresas por los juicios laborales cuando todos sabemos que las empresas cierran por las políticas económicas del país".

La presentación de la denuncia ante la OIT es el resultado del consenso alcanzado entre más de 50 sindicatos en un acto realizado el jueves pasado en el Hotel Bauen.

Además de esta nueva denuncia, AAL presentó otras dos en el plano internacional: una frente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otra ante el Alto Comisionado por la defensa de los Derechos Humanos, además de requerir una audiencia pública a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
Fuente: Asociación de Abogados Laboralistas

La Legisladora porteña y Vice Presidenta de la Comisión de Educación, Lorena Pokoik, desde el Bloque del Frente para la Victoria denunció la persecución política a la Rectora de la Escuela Normal Superior Mariano Acosta, Raquel Papalardo, quien recibió, el pasado viernes, el cese administrativo de manera compulsiva, quedando sin haberes docentes y sin jubilación.

Papalardo recibió una intimación para jubilarse al repudiar la represión contra los docentes en la Carpa Itinerante levantada frente al Congreso de la Nación. Luego la Policía de la Ciudad, portando armas, irrumpió en una clase pública que se realizaba dentro del establecimiento, en apoyo a esa lucha gremial.

“La actitud del Ministerio de Educación de la Ciudad sólo puede entenderse como represalia por su trayectoria en defensa de la escuela pública. Respaldamos a Raquel, rectora y docente de la institución desde hace 40 años. Reclamamos el cese de la persecución, el fin de las intimidaciones administrativas y policiales”, señaló Pokoik.

“Es una persecución política porque yo manifesté que iba a presentar mis papeles en julio”, afirmó Raquel Papalardo, lo que hace innecesaria la jubilación compulsiva. Ahora quedó sin su cargo de Rectora, sin sus horas cátedra y sin cobrar su jubilación hasta que el ANSES le otorgue su haber.

“Exigimos el diálogo que se pregona, en el marco de la ley, con la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente. Queremos trabajadores bien pagos, edificios dignos y una escuela pública de calidad, para todas y todos”, concluyó la legisladora.

Desde el Bloque FpV convocamos a participar del abrazo que se realizará este lunes a las 12 horas en la puerta del colegio Mariano Acosta, Urquiza 277, para exigir la continuidad de la Profesora Raquel Papalardo como Rectora de la institución.

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