24 DE NOVIEMBRE DE 2017 |

Escándalo: el macrismo ordenó cerrar una fiscalía dedicada a investigar delitos contra la ANSES

Jueves, 08 Junio 2017 17:28

La Unidad Fiscal lleva adelante distintos trámites judiciales contra el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Además, denunció a IECSA del primo presidencial Angelo Calcaterra y otras 50 empresas por apropiación indebida de los aportes descontados a los trabajadores.

Por Redacción APU

El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Emilio Basavilbaso, dispuso no prorrogar el convenio marco firmado en 2002 entre el Ministerio Público Fiscal y la Anses por el cual se había creado la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a los recursos de la Seguridad Social, encargada de investigar los delitos relativos al amplio universo de la seguridad social. Basavilbaso consideró en la resolución 104 que “si bien el convenio aludido representa un esfuerzo e iniciativa tendientes a procurar mayores niveles de pericia en la materia aludida, resulta apropiado establecer mejores y más modernos mecanismos de coordinación”. Lo que Basavilbaso no dice es que la decisión fue tomada luego de reiteradas presentaciones de la dependencia del MPF encabezada por el fiscal federal Gabriel De Vedia contra el vaciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Además, la fiscalia especializada habia realizado denuncias contra la ex empresa del primo del presidente Mauricio Macri Ángelo Calcaterra por incumplir con el pago de los aportes. Por otro lado, impulsó y logró la baja de jubilaciones de privilegio percibidas por ex funcionarios de la dictadura y pidió la revisión de pensiones honorificas de Malvinas de acusados por delitos de lesa humanidad.

Pero el joven PRO fue más lejos: el artículo 2 de la resolución instruye “a las áreas del organismo con competencia en la materia, a los efectos de que diseñen los ejes y herramientas de gestión que tiendan a establecer un mecanismo de interrelación eficiente y eficaz”. En términos simples establece que el problema no es la UFISES sino el trabajo de la UFISES. Por lo bajo, los funcionarios de la Anses explicaron que lo que molesta es Gabriel De Vedia, el fiscal a cargo de la UFISES, quien reemplazó al operador de Comodoro Py Guillermo Marijuan. “Si hubiesen dejado al enano, esto no pasaba”, concluyeron mientras recordaban que en diciembre de 2014 la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, apartó de la Unidad Fiscal a Marijuan, quien mantenía casi paralizada a la UFISES y la aprovechaba como fuente de recursos adicionales para su fiscalía.

El convenio que ahora será dejado sin efecto había sido firmado por el actual diputado nacional Sergio Massa, cuando estaba al frente de la Anses y el entonces procurador general de la Nación Nicolás Becerra. El documento establece que la Anses debe “aportar los elementos de infraestructura edilicia e informática, así como los recursos materiales necesarios para permitir el funcionamiento” de la UFISES. El propio instrumento prevé la posibilidad de rescisión, pero aclara que ese derecho de las partes “no interrumpirá las actividades y/o proyectos que se encuentren en curso de ejecución, en tanto éstos no prevean dicha posibilidad”, por lo que las investigaciones y expedientes abiertos no caerán como pretende el macrismo.

El trabajo de la UFISES

Entre 2015 y 2016, el equipo hasta hoy encabezado por el fiscal De Vedia inició 730 investigaciones preliminares. El 51% fueron presentadas por la propia Anses y el resto por otras dependencias públicas y particulares. El punto de mayor conflicto fue en mayo pasado, cuando el fiscal De Vedia solicitó la publicación de información sobre el estado y evolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Días antes, la UFISES había remitido a la justicia un informe sobre la venta de las acciones de Solvay Indupa por parte del FGS, lo que habría implicado un perjuicio para el Estado por 1.168.502 dólares. Esas acciones, junto a otras de muchas empresas, habían quedado en poder del Estado luego de la eliminación de las AFJP y ahora el gobierno está haciendo todo lo posible para que vuelvan “a sus dueños naturales”. En febrero, realizó una presentación contra el subdirector ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Luis María Blaquier, por negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en concurso ideal con el de incumplimiento de deberes de funcionario público, por una operación con acciones de las empresas Arcor SAIC y Cablevisión S.A..

Otra de las actuaciones de la Unidad Fiscal que crispó los nervios de la alianza Cambiemos fue una denuncia presentada por la UFISES contra la empresa del primo del presidente, Ángelo Calcaterra. Según la UFISES, IECSA se apropió indebidamente de los montos que había descontado de los sueldos de los empleados durante los meses de diciembre 2015 y marzo del 2016 por un total de $8.653.861 pesos porque no realizó el depósito legal correspondiente. A los pocos días, la titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal Económico N°7, María Gabriela Ruiz Morales, formuló el requerimiento de instrucción para que se investigue a IECSA SA y sus directivos Santiago Ramón Altieri, Juan Ramón Garrone, Héctor Javier Sánchez Caballero, Alejandra Erika María Kademian y Víctor Ramón Ignacio Folch por los hechos detallados por De Vedia.

Además, entre 2016 y 2016, la UFISES encabezó un proceso de revisión de los beneficios previsionales de represores condenados por delitos de lesa humanidad. Mientras desde el Poder Ejecutivo relativizaban el terrorismo de Estado, solicitó en junio pasado la baja de jubilaciones de privilegio percibidas por ex funcionarios de la dictadura . El pedido tardó en concretarse, pero en marzo de este año esos beneficios comenzaron a darse de baja. Además, el 2 de junio pasado, a raíz de una presentación de la UFISES realizada en noviembre de 2015, la ANSES suspendió la Pensión Honorífica a Veteranos de Malvinas condenados por delitos de lesa humanidad.

Pero además, la UFISES denunció a un grupo de abogados que tramitaban jubilaciones apócrifas en Misiones y Formosa y la retención de aportes a empleados del Gobierno de la Ciudad, de OSDE, de Radio Metro y de otras 45 empresas.

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