24 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
Deportes

Un canal de televisión de Luján, “PAREStv”, judicializó la privatización de las emisiones de televisión del fútbol y logró, a través de un amparo, que se obligue a las empresas privadas, la AFA y el Estado a explicar por qué obstaculizan las emisiones que ese canal comunitario, en forma abierta y gratuita, viene realizando en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es un precedente que puede extenderse al fútbol de primera división.
 
“PAREStv” es un canal de Luján sin fines de lucro que emite desde 2011 todos los partidos del club Flandria, juegue en la categoría que juegue y que ahora milita en la Primera B Nacional. Los derechos televisivos del ascenso fueron cedidos de forma exclusiva en 2016 a favor de la empresa Torneos y Competencias, que cursó intimaciones al canal para que cese sus emisiones, con el apoyo de la AFA, que intenta bloquear el acceso a las canchas de los equipos periodísticos del canal.
 
La ley vigente, sin embargo, protege las emisiones gratuitas del canal porque se las consideran “eventos de interés relevante” para la localidad que, según el art. 77 de la ley 26.522, deben ser emitidos por televisión de aire. PAREStv es el único canal de televisión que emite los partidos de ese club de forma abierta y gratuita.
 
 "Cuando comenzamos con las transmisiones de los partidos en 2011 el canal se hizo más visible y dirigimos gran parte de nuestras coberturas a eventos deportivos. Acompañamos a Flandria en la Primera “C”, B Metropolitana y ahora en la B Nacional. En 2015 ganamos por concurso una licencia con una propuesta de comunicación basada en las transmisiones de fútbol de Luján y Flandria, que son los dos clubes del Distrito. Nos equipamos técnicamente para transmitir de la manera más profesional posible. Es un disparate que una empresa nos prohíba trabajar, adjudicándose derechos exclusivos, cuando sólo transmitieron 6 partidos de 45 totales que jugó Flandria en la temporada pasada”, dijo Diego Gusmerini, director del canal que funciona desde 2009 y se puede ver en el 32.1  de la TDA y por streaming en www.parestv.com.ar.

La Sala I de la Cámara Federal de San Martín le ordenó que se emplace al Estado para que justifique las razones del incumplimiento de la ley vigente, en forma previa a resolver sobre la cuestión de fondo del amparo.

El  Artículo  77  de  la  Ley  26.522  garantiza  el  derecho  al acceso universal a través de los servicios de comunicación audiovisual a los contenidos informativos de interés relevante. A tal efecto, prevé que el Poder Ejecutivo está obligado a “evitar que el ejercicio de los derechos exclusivos para la retransmisión o emisión  televisiva  de  determinados  acontecimientos  de  interés  general  de cualquier naturaleza, perjudique el derecho de los ciudadanos a seguir dichos acontecimientos en directo y de manera gratuita, en todo el territorio nacional”.  El Ministerio de Modernización incumplió con esa tarea y, sobre esa omisión, las empresas ahora dueñas de los derechos intentan bloquear las emisiones de PAREStv.

La AFA cedió los derechos del fútbol de primera división a las empresas Turner y Fox. El torneo de la B Nacional está en manos de Torneos y Competencias. La ley impide que los derechos sean cedidos en bloque, sin excepciones para los eventos de interés relevante.

Pasadas las 16:30 de ayer, efectivos de la PFA llegaron a las oficinas con el objetivo de buscar documentación en las empresas que comandaban los ahora prófugos Alejandro Burzaco, y Hugo y Mariano Jinkis. También hay un operativo en la empresa Full Play.

Policías federales del Departamento Interpol allanaron esta tarde las empresas de los tres acusados argentinos por el megaescándalo de coimas en la FIFA buscando datos que permitan conocer su paradero, ya que a dos días de la denuncia siguen sin aparecer y virtualmente en calidad de prófugos.

La orden de allanar las firmas Torneos, de Alejandro Burzaco, y Full Play International Television SA, de Hugo y Mariano Jinkins, emanó del juzgado federal a cargo de Claudio Bonadio, que quedó a cargo de la causa abierta por la extradición solicitada desde los Estados Unidos.

Los tres empresarios fueron denunciados como integrantes de una asociación ilícita destinada a destinada a cobrar sobornos para la comercialización de los campeonatos de la FIFA y de lavado de dinero en bancos norteamericanos.

Según trascendió, los Jinkins se encontrarían dentro del país ya que, al menos legalmente, no se registran datos de su tránsito por pasos fronterizos.

Más enigmática resulta la situación de Burzaco, quien un día antes de estallar el escándalo escribió en su cuenta personal Twitter que se encontraba en Londres, camino a Zurich, pero luego cerró su perfil en esa red social.

Agentes de Interpol de la Policía Federal ingresaron a la sede de Torneos, en Balcarce 130 del barrio porteño de San Telmo, a las 16,30 en busca de datos sobre pasajes o comunicaciones que permitan ubicar a al CEO de la compañía, que es la mayor productora televisiva de espectáculos deportivos de Sudamérica.

En simultáneo y con idéntico propósito, los policías que responden a las órdenes de Interpol ingresaron en las oficinas de Libertador 6552, en Núñez, sede Full Play, donde habrían secuestrado computadoras.

Antes de ayer, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que recibió de la Cancilleria el pedido de extradición cursado por las autoridades estadounidenses, les denegó el pedido que, a través de sus abogados, hicieron para obtener la eximición de prisión.

El juez hizo lugar al razonamiento del fiscal federal Federico Delgado, quien se opuso a permitirles que permanezcan en libertad durante el proceso aduciendo que los tres tienen medios y recursos para eludir la acción de la justicia, si así se lo proponen.

Tras resolver ese único tema, dado que se encontraba de turno, envió la causa a sorteo, y quedó a cargo de su colega Bonadío, quien ordenó los allanamientos simultáneos.

Esta noche no se descartaban nuevos procedimientos ya que, según distintas versiones, los Jinkins (Hugo y su hijo menor Mariano) podrían encontrarse en un campo propiedad de la familia.

Respecto a la situación de los empresarios, el propio Delgado aseguró hoy que "la extradición no es un juicio en el que buscar un culpable o un inocente, sino que es un sistema entre Estados por el cual bajo determinadas reglas una persona puede ser juzgada en otro país", en referencia a su decisión de rechazar las exenciones de prisión.

El juez federal Martí­nez de Giorgi compartió su criterio al rechazar las exenciones de prisión por considerar que existe riesgo de fuga ante la magnitud del delito que se les atribuye, su complejidad y la alta condición económica de los tres involucrados.

En una entrevista con Radio Vorterix, Delgado explicó que "dentro de ese esquema de colaboración entre Estados las fiscalías se ponen las banderas del Estado que pide la extradición y representan el interés de este Estado" y señaló: "en este caso nosotros representamos el interés norteamericano en este casi por lo que hay que contemplar en la extradición que la entrega de la persona buscada se ajuste a requisitos del tratado".

"El peligro mas grande es la fuga entonces tenemos que garantizar que las personas permanezcan cauteladas hasta que termine el juicio y la forma que tenemos de garantizar que la persona no se escape es la prisión, sobre todo en casos como estos con alta expectativa de pena", afirmó Delgado.

En tanto, descartó absolutamente que la denuncia por evasión fiscal y lavado de dinero que presentó la AFIP a los tres empresarios pueda complicar la extradición ya que, según contempla el tratado entre la Argentina y Estados Unidos, "aunque tengan causas acá, se pueden suspender, que los juzguen allá y después vuelvan".

"El tratado de Argentina con Estados Unidos, que es de 1999, es interesante debatirlo porque nuestro país tiene una clausula que le permite renunciar a su soberanía porque si Estados Unidos lo pide Argentina puede suspender los proceso penales para que los juzguen allá y recién ahí pueden volver a nuestro país", finalizó.  (Télam)

El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que en la denuncia por corrupción en la FIFA, el Estado, como socio minoritario del Grupo Clarín, puede pedir la intervención judicial de la empresa Torneos y Competencias y además podrá eventualmente reclamar el pago de impuestos a las Ganancias sobre los

El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que en la denuncia por corrupción en la FIFA, el Estado, “como socio minoritario del Grupo Clarín, puede pedir la intervención judicial de la empresa Torneos y Competencias” y además podrá eventualmente “reclamar el pago de impuestos a las Ganancias” sobre los montos del ilícito denunciado.

Lo expresó esta mañana, al ingresar a la Casa de Gobierno y precisó que durante la jornada, tanto la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como la Inspección General de Justicia (IGJ) “tomaran los recaudos necesarios” para intervenir en el hecho, ya que se ha perjudicado al país.

Aníbal Fernández ratificó, asimismo, que la Cancillería dio curso ayer a los pedidos de extradición de Hugo Jinkis, su hijo Mariano Jinkis y de Alejandro Burzaco. No bien llegó la solicitud, cursada por la embajada de los Estados Unidos en la Argentina, “inmediatamente procedió  como dice la ley 24767, la ley de extradición argentina”.

Como informó la Cancillería previamente, a través de un comunicado, “dichos pedidos fueron entregados en el Juzgado Federal numero 8 cuyo titular es el Dr. Marcelo Martínez de Giorgi aproximadamente a las 20.30 horas, siguiendo la normativa aplicable a estos casos”.

Más allá del trámite judicial, explicó el Jefe de Gabinete, “los hechos ilícitos pagan impuestos” y amplió: “si se comprueba que hay una pago de estas características, en algunos casos hablaban de U$S 15 millones  -no sé como es el tema realmente- el Estado a través de AFIP tiene todo el derecho a reclamar el 35% de impuesto a las Ganancias. Hay un leading case en la Corte que es gráfico al respecto”.

Además “de haber existido el pago de sobornos el Estado, como socio minoritario de Clarín puede pedir la intervención judicial de la empresa Tornos y Competencias”, ratificó.

Aníbal Fernández mencionó luego varios tweet que el grupo Clarín difundió ayer “a modo de aclaración, supongo que el objetivo ha sido ese”, dijo y agregó: “Uno de los que me llamó la atención es el que decía que el Grupo Clarín no explota el fútbol con la empresa Torneos y Competencias; no tengo porque no creerlo,  pero a renglón seguido dice que Torneos y Competencias es dueña del Canal de Deportes TYC, en un 50% y el otro 50%  pertenece a una empresa dominada por el Grupo Clarín.  Ergo, el Grupo Clarín es socio de Torneos y Competencias”.

Sostuvo seguidamente que “como el Estado es un socio minoritario de Clarín, pero socio al fin, lo que puede llegar a suceder es que en el marco de la investigación que la IGJ haga respecto de lo sucedido en la empresa por el pago de sobornos, también el Estado como socio puede reclamar la intervención judicial para la averiguación específica del pago a los sobornos”.

El departamento de Justicia de EEUU imputó a nueve directivos de la FIFA y a cinco ejecutivos de empresas por pago de coimas para la compra-venta de derechos deportivos, donde se habrían pagado sobornos por 150 millones de dólares. Los empresarios argentinos son Alejandro Burzaco, de Torneos y Competencias, y Hugo y Mariano Jinkis, de Full Play Group.

Detuvieron por corrupción a seis diregentes de FIFA y la justicia suiza prepara la extradición a EE.UU.

Los detenidos, con pedido de extradición a Estados Unidos, son el uruguayo Eugenio Figueredo (vicepresidente de la FIFA); Jeffrey Webb, de las Islas Caimán; el brasileño José María Marín, el costarricense Eduardo Li, el nicaragüense Julio Rocha, el venezolano Rafael Esquivel y el británico Costas Takkas, según informó el Ministerio de Justicia suizo.

Además, el ex titular de la Conmebol, el paraguayo Nicolás Leoz, y tres empresarios argentinos están imputados en la causa por corrupción. Se trata de ejecutivos de empresas relacionadas con la FIFA: Alejandro Burzaco, director de Torneos y Competencias; y Hugo y Mariano Jinkis, del Full Play Group.

La Justicia estadounidense no formuló cargos contra el actual presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, quien se presenta a la reelección para un quinto mandato el próximo viernes en el Congreso de la FIFA en Zurich, contra el príncipe jordano Ali Bin Al Hussein (a quien apoyó públicamente Diego Maradona).

Sobre la votación, la FIFA aseguró que se llevará a cabo pese al escándalo y también afirmó que no peligran los países elegidos como sedes de los Mundiales de 2018 (Rusia) y 2022 (Qatar).

El portavoz de la entidad, Walter De Gregorio, declaró al respecto que "es un momento difícil para nosotros, pero el Congreso tendrá lugar porque una cosa no tiene que ver con la otra. Ni el presidente Joseph Blatter, ni su secretario general, Jerome Valcke, están involucrados en tales procedimientos judiciales".

Sobre el estado de ánimo de Blatter, De Gregorio confió que "no está bailando en su despacho, pero está muy tranquilo. Ve lo que pasa, coopera con todos. No es un hombre feliz en este momento ni dice que todo es estupendo, pero está tranquilo. La FIFA es la parte dañada en todo esto. Estamos cooperando, facilitamos información y lo hacemos en nuestro propio interés. Esto es bueno para la reputación y para la limpieza de la FIFA".

El Departamento de Justicia estadounidense hizo público un comunicado en el que anuncia que han sido presentadas un total de 47 acusaciones ante el tribunal de Brooklyn (Nueva York) por "organización mafiosa, fraude masivo y blanqueo de dinero, entre otros".

Según esta investigación, los acusados estarían implicados en la obtención de sobornos por valor de más de 150 millones de dólares, a lo largo de 24 años por la corrupción del fútbol, por "lucrativos derechos de comercialización en los medios y mercadotecnia en los torneos internacionales".

"Corrupción rampante, sistemática y profundamente enraizada" es la descripción de la fiscal general Loretta Lynch, quien puntualiza que "se ha extendido en las dos últimas generaciones de federativos que abusaron de sus puestos de confianza para conseguir millones de dólares en mordidas y sobornos".

La fiscal general norteamericana señala como víctimas a multitud de competiciones y torneos de distintos países que deberían haberse beneficiado de los ingresos generados con la comercialización de los citados derechos y los aficionados en Estados Unidos y en todo el mundo.

Estados Unidos perdió la elección de la sede del Mundial 2018 con Rusia, mientras que Inglaterra pretendía organizar el Mundial
2022, aunque los directivos de la FIFA se inclinaron por Qatar.

Sobre las candidaturas, Michael García, ex presidente del Comité de Ética de FIFA y casado con una agente del FBI, realizó un informe sobre cómo se eligieron a Rusia y Qatar como anfritriones del los Mundiales de 2018 y 2022, respectivamente.

El documento cayó en manos del juez alemán Joachim Eckert, quien notó "infracciones concretas en casi todas las candidaturas".

Según el comunicado del Departamento de Justicia estadounidense, algunos de los responsables de estos delitos pueden afrontar penas de cárcel de 20 años.

Al uruguayo Figueredo, además, le podrían revocar su nacionalidad estadounidense por falsificación.

Las autoridades estadounidenses también allanaron hoy las oficinas de la Concacaf (Confederación de Fútbol del Norte, Centroamérica y el Caribe) en la ciudad de Miami, como parte de la investigación.

El estadounidense Chuck Blazer, ex secretario general de la Concacaf, fue el hombre clave, en su rol de arrepentido, que colaboró con el FBI en la investigación que desencadenó este escándalo en la FIFA.

Blazer también fue integrante del comité ejecutivo de la FIFA hasta mayo de 2013, cuando fue suspendido por 90 días por recibir una coima de más de 20 millones de dólares.

La lista completa de los 14 imputados es la siguiente:

- Jeffrey Webb: actual vicepresidente de FIFA, miembro del comité ejecutivo y presidente de la Concacaf.

- Eduardo Li: actual miembro electo del comité ejecutivo de FIFA y miembro del comité ejecutivo de Concacaf.

- Julio Rocha: oficial de desarrollo de la FIFA.

- Costas Takkas: agregado a la presidencia de la Concacaf.

- Jack Warner: ex vicepresidente de la FIFA y miembro del comité ejecutivo.

- Eugenio Figueredo: actual vicepresidente de FIFA y miembro del comité ejecutivo. Ex presidente de la Conmebol.

- Rafael Esquivel: actual miembro del comité ejecutivo de la Conmebol y presidente de la Federación Venezolana de Fútbol.

- José María Marín: actual miembro del comité organizador de la FIFA para torneos olímpicos. Ex titular de la Confederación Brasileña de Fútbol.

- Nicolás Leoz: ex miembro del comité ejecutivo de FIFA. Ex titular de la Conmebol.

- Alejandro Burzaco: ejecutivo de Torneos y Competencias (argentino).

- Aaron Davidson: presidente de Traffic Sports USA Inc.

- Hugo y Mariano Jinkis: ejecutivos de Full Play Group (argentinos).

- José Margulies: ejecutivo de Valente Corp. y Somerton Ltd.

(Télam)

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