11 DE DICIEMBRE DE 2017 |
Deportes

En diálogo con Télam Radio, Juan José Benítez se refirió a la reforma penal juvenil y agregó que incluye que la imputabilidad a partir de los 15 años se aplique para los que comentan violaciones, secuestros extorsivos y robos calificados por arma de fuego.

El subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y DD.HH., Juan José Benítez, se refirió a la reforma penal juvenil y contó cuál es la propuesta: “Proponemos la edad de imputabilidad comience a los 14 años para los homicidios”. Agregó que la imputabilidad a los 15 años se aplicaría para aquellos que comentan violaciones, secuestros extorsivos y robos calificados con arma de fuego, mientas que entre los 16 a 18 años se seguirá manteniendo el régimen actual.

“La Argentina está en una deuda histórica desde 1980, tenemos una ley que fue promulgada por la dictadura que no hemos podido cambiar en los 35 años de democracia”, remarcó Benítez. Y mencionó que desde el año pasado están trabajando “junto a Unicef y distintas organizaciones no gubernamentales y representantes de todas las provincias" para adecuarse a estándares internacionales.

Fuente: Télam

El juez federal ordenó una "inspección y auditoría" para relevar el flujo de dinero y determinar la "posible existencia de cuentas no registradas" o una "doble contabilidad" en la filial argentina de la constructora y otras empresas investigadas.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó una "inspección y auditoría" para relevar el flujo de dinero y determinar la "posible existencia de cuentas no registradas" o una "doble contabilidad" en la filial argentina de la constructora Odebrecht y otras empresas investigadas en el marco del escándalo del "lava jato".

La medida se dispuso para las empresas que conformaron una unión transitoria, que estuvo a cargo de la construcción de dos plantas potabilizadoras de la empresa estatal AYSA, desde 2008, según la resolución a la que accedió Télam.

El juez lo dispuso en una de las causas penales abiertas en los tribunales federales de Retiro, con relación al escándalo del "lava jato" brasileño y abarca a las empresas Odebrecht SA sucursal Argentina, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA.

Casanello ordenó que durante diez días se inspeccione y audite a la UTE conformada y a cada empresa en particular.

La medida se ordenó "con la finalidad de relevar el flujo de dinero; diseñar una estructura de costos y gastos; determinar la posible existencia de cuentas no registradas o de doble contabilidad, asientos simulados, transacciones incorrectamente identificadas o registros incorrectos", según la resolución.

En la causa que investiga si hubo sobreprecios o pago de sobornos en la construcción de plantas potabilizadoras se dispuso también "determinar la existencia de facturación sin prestación efectiva de servicios; verificar la existencia de maniobras que tengan por objeto el fraude fiscal; identificar variaciones del capital, cambios accionarios y de dirección" desde 2008 a la actualidad.

Fuente: Télam

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) celebra la decisión de la Jueza en lo Contenciosos Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Elena Liberatori, declarando la nulidad del último incremento de las tarifas de peaje en las Autopistas porteñas impuesto en el mes de febrero próximo pasado.

La medida fue tomada ante la acción de amparo promovida contra la empresa AUSA (Autopistas Urbanas S. A.) y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los legisladores porteños del Frente para la Victoria (FPV), Andrea Conde y José Cruz Campagnoli, quienes solicitaron la nulidad del Decreto que autorizó el aumento en cuestión.

Esto confirma la postura del CONADUV, quien en la Audiencia Pública llevada a cabo el 3 de febrero de 2017, expresó que el brutal incremento de las tarifas de peaje propuesto por el Gobierno Porteño, de hasta el 83 %, era claramente abusivo, injusto, inapropiado y carente de todo fundamento técnico-económico desde el punto de vista de la ingeniería económica de transporte. Es así, que el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial ha venido calificando las tarifas de peaje que se están cobrando, como de exacciones ilegales, lesivas al interés general, carentes de causa jurídica, de niveles absolutamente desproporcionados con relación al servicio, contrarias al interés general, y de beneficios abusivos para el concesionario.

La avioneta venía de Paraguay y aterrizó en una pista clandestina en San Antonio de Areco. Tras un tiroteo logró despegar y, luego, fue hallada abandonada y dañada por los balazos en un campo de San Andrés de Giles, a pocos kilómetros de distancia.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación aseguraron que en el operativo, que fue realizado por personal de Gendarmería Nacional que contó con la participación de efectivos de la policía bonaerense y de las policías de Chaco y Formosa, se logró la detención de seis sospechosos, mientras aún permanece la búsqueda del piloto de la avioneta, que sería un hombre de nacionalidad brasileña.

“Estuvimos aguardando el aterrizaje de la avioneta luego de un monitoreo controlado con las fuerzas de seguridad y logramos incautar la droga y detener a los responsables. Las tareas de inteligencia y la reserva alrededor del operativo fueron fundamentales para garantizar el éxito del procedimiento”, explicó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en un comunicado de prensa.

Según los investigadores, los gendarmes vigilaban desde hacía 10 días un campo llamado "El Grial" de la localidad bonaerense de Duggan, en el partido de San Antonio de Areco, donde supuestamente iba a aterrizar la aeronave. Pero la pesquisa se precipitó en las últimas horas cuando una aeronave no identificada fue detectada por los radares de la Fuerza Aérea que funcionan las 24 horas en el Centro de Operaciones Aeroespaciales (COAE) de la localidad bonaerense de Merlo.

Tras el alerta, se dio intervención a la Justicia Federal, que ordenó a Gendarmería llevar adelante el operativo para dar con el avión y sus tripulantes ya en tierra.

La investigación había comenzado en mayo pasado y la llevaba adelante la fiscalía federal 2 de Formosa, a cargo del fiscal Luis Benítez, quien contaba con el dato de que el cargamento iba a aterrizar en una avioneta matrícula uruguaya CX-BDR, este domingo en esa localidad a unos 25 kilómetros de San Antonio de Areco.

Así, Gendarmería Nacional dispuso un operativo que contó con la participación de personal de la Agrupación 6 “Formosa”, Región II “Rosario” y las Direcciones de Inteligencia Criminal y de Drogas "para garantizar el éxito del procedimiento y desmantelar a la organización criminal investigada". Cuando la avioneta aterrizó, un grupo de hombres salió a descargar los bultos con la droga y en ese momento aparecieron los gendarmes que se hallaban escondidos entre los pastizales. Según las fuentes de la investigación, allí se originó un tiroteo en el cual la avioneta volvió a despegar y se perdió de vista.

En el lugar se secuestraron 16 bultos con un total de 450,867 kilogramos de marihuana y se logró detener a 6 integrantes de la banda, 5 de ellos de nacionalidad paraguaya y un argentino.

Fuente: Télam

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