11 DE DICIEMBRE DE 2017 |
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El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó este lunes que la Justicia "debería hacer un balance respecto a la demanda de la comunidad" y dijo que a algunos magistrados "les falta autocrítica" y "no están acostumbrados a tolerar las críticas".

"La Justicia debería hacer un balance respecto a la demanda de la comunidad. Me parece que falta autocrítica y no están acostumbrados a tolerar las críticas", dijo el ministro de Justicia en declaraciones a radio La Red, en las que señaló que, no obstante, "la mayor parte de los jueces son honestos y bien intencionados".

Garavano indicó que el hecho de que "el sistema judicial tenga deficiencias estructurales no quiere decir que haya jueces y fiscales que trabajen y lo hagan muy bien, con los pocos recursos que tienen, pero hay otros jueces a los que les gusta el protagonismo o por casos escandalosos terminan saliendo en los diarios".

En este marco, aclaró que, "por un caso de un juez con una mirada equivocada que deja en libertad a una persona, hay muchos otros que no se visibilizan desde los medios donde se resuelven bien las cosas".

"Hay que ser cuidadosos y saber que es una minoría la que ve su rol en la justicia como una cuestión revolucionaria o de discusión ideológica y no en términos del trabajo que tienen que realizar y por el cual la comunidad les paga su salario", afirmó.

Por otra parte, al ser consultado sobre el incendio que sufrió la semana pasada la sede del Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de San Martín, Garavano reiteró que "es un hecho aislado pero grave" y tiene que ver con que "las cosas están cambiando".

"Es un hecho de una gravedad muy profunda por el mensaje que implica al tribunal y hacia la gobernadora (bonaerense María Eugenia Vidal), y se da por el avance de las investigaciones. Cada vez vamos a ver más (este tipo de incidentes) en la medida que se logre avanzar sobre estas organizaciones que en los últimos años no tuvieron control", concluyó.

Fuente: Télam

La Cámara Federal rechazó reabrir la investigación de la denuncia por el presunto encubrimiento de los imputados iraníes de la causa AMIA que el fallecido fiscal Alberto Nisman había presentado contra la ex presidenta y otros funcionarios.

La Cámara Federal rechazó este martes reabrir la investigación de la denuncia por el presunto encubrimiento de los imputados iraníes de la Causa AMIA que el fallecido fiscal Alberto Nisman había presentado contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios.

La Sala I de la Cámara, integrada por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, ratificó la decisión que había adoptado el juez federal Daniel Rafecas cuando desistió de reabrir la denuncia que el ex titular de la UFI AMIA presentó el 14 de enero del 2015, cuatro días antes de morir.

Los camaristas Freiler y Ballestero emitieron un fallo de 32 páginas en el que sostuvieron que no había surgido elementos nuevos que permitieran reabrir la denuncia que ya había desestimada por "inexistencia de delito", fallo que había sido confirmado por la Cámara el año pasado.

En su voto, el juez Freiler remarcó la "inexistencia de `elementos novedosos´ idóneos para alterar el temperamento desestimatorio oportunamente adoptado" para la denuncia en la que Nisman acusó a la ex presidenta de pergeñar una maniobra para garantizar la impunidad de los ciudadanos iraníes acusados de idear el atentado contra la AMIA ocurrido en 1994.

Nisman había denunciado que para generar esa situación de impunidad se había orquestado la firma del Memorandum de Entendimiento con Irán y que del diseño y la ejecución del presunto plan delictivo habían participado, entre otros, el ex canciller Hector Timeram y el diputado nacional Andrés Larroque.

El pedido de reabrir la denuncia de Nisman fue presentado por la DAIA a partir de dos presuntos nuevos elementos: la grabación una llamada entre Timerman y el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger en la que ambos se referían a la supuesta responsabilidad de Irán en el atentado, y el hecho de que el Memorándum de Entendimiento fue declarado inconstitucional.

Al pedido de la DAIA se sumó el fiscal ante la Cámara, Germán Moldes, quien sostuvo que la decisión de la Sala I debía ser declarada "nula", entre otras cosas, porque Freiler y Ballestero habían utilizado argumentos distintos la primera vez que coincidieron en que era correcto confirmar la decisión de Daniel Rafecas de desestimar la denuncia de Nisman.

Al referirse a la inconstituicionalidad del pacto celebrado entre Argentina e Irán, Ballestero sostuvo que no modifica el escenario porque ya lo había contemplado en su primera intervención y que la confirmación no hace más que solidificar aquel voto.

"El Memorándum de Entendimiento pudo ser un fracaso para la diplomacia argentina, un error para los anales legislativos, una desilusión para quienes creyeron ver en su texto el avance de la investigación por el atentado, pero de allí a ver forjado en él un maquiavélico plan por encubrir a los responsables de las cientos de víctimas de la voladura de la AMIA existe un abismo", sostuvo Ballestero, haciendo referencia a su fallo anterior.

Sobre la conversación telefónica entre el entonces Timerman y Borger, sostuvo: "La culpabilidad
de Irán en la voladura de la AMIA no es sino la posición que la República Argentina viene sosteniendo desde hace años, no sólo en el orden interno, sino también en el ámbito internacional, ya en las gestiones del propio Fiscal Nisman ante Interpol, o bien por los Primeros Mandatarios ante las Naciones Unidas".

El camarista Freiler sostuvo que en aquel diálogo telefónico cuya grabación nadie se atribuyó "ambos polemizan en torno a la firma del Memorándum de Entendimiento, esgrimiendo, cada uno de ellos, la misma postura que luego defendieron en público, tal como lo admitió Borger" al testificar en otra causa que tramita el juez federal Claudio Bonadio.

Los miembros de la Sala I confirmaron también la decisión de Rafecas de no aceptar a la DAIA como quierellante dado que a partir de la denuncia de Nisman no se abrió una causa judicial ya que fue desestimada por "inexistencia de delito".

Fuente: Télam

La magistrada consideró que "es un fallo de un retroceso bastante importante", y cuestionó que la Corte haya basado su decisión en la falta de legitimación de las entidades que presentaron las medidas cautelares ante la Justicia de La Plata.

La jueza federal de San Martín, Martina Forns, consideró este miércoles que el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó la suba de tarifas de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires "no trata la cuestión de fondo", y manifestó su malestar porque el máximo tribunal le endilgó que está desprestigiando al Poder Judicial.

En declaraciones a radio Vorterix, la magistrada que frenó la suba de las tarifas de electricidad consideró que "es un fallo de un retroceso bastante importante", y cuestionó que la Corte haya basado su decisión en la falta de legitimación de las entidades que presentaron las medidas cautelares ante la Justicia de La Plata.

Además, objetó que el máximo tribunal le endilga que está desprestigiando al Poder Judicial, y al respecto enfatizó que "es una cuestión insólita" y que "esto no tiene precedentes en un fallo".

"Hace 37 años que trabajo en el Poder Judicial", dijo la magistrada, y agregó que "tengo mi declaración de bienes puesta a publicidad".

También dijo que "toda la prensa" conocía de antemano el fallo y, al referirse a las críticas que recibe por sus fallos. alertó que "hay todo un sector que está haciendo una caza de brujas". (Télam)

El máximo tribunal confirmó el procedimiento que estableció por la acordada 9/2014 para la consulta de las declaraciones juradas patrimoniales de sus magistrados y funcionarios, ante un pedido de los diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Sánchez.

En una resolución unánime, la Corte Suprema de Justicia recordó que las declaraciones juradas patrimoniales de sus magistrados y funcionarios pueden consultarse “exclusivamente” a través de la página de internet del Tribunal, previa identificación y justificación de quien solicite esa información.

Conocido el pronunciamiento, Carrió subrayó este martes en un comunicado que "la Corte no tiene privilegios y la Ley de Ética pública debe regir para todos los funcionarios de todos los poderes de la Nación”.

Según la legisladora, la acordada de la Corte relativa al acceso a las declaraciones patrimoniales de sus miembros implica “que hay desigualdad ante la ley, porque el resto de los funcionarios públicos y legisladores deben hacer pública toda su declaración y ponerla a disposición de cualquier persona en internet”.

"La Corte no tiene privilegios y la Ley de Ética pública debe regir para todos los funcionarios de todos los poderes de la Nación porque le ha sido vedado al Poder Judicial dictar leyes de carácter especial que impliquen un privilegio, tal como también ocurre respecto del pago de Ganancias”, añadió.

Carrió sostuvo que sólo deben ser reservados los "números privados de tarjetas de crédito" y los de "cuentas de bancos", pero no "la propiedad de los inmuebles, bienes muebles así como los depósitos en cuentas, participación en mutuales y en sociedades”.

En la presentación sobre la que se pronunció hoy la Corte, Carrió y Sánchez le habían pedido la remisión de copias de las declaraciones juradas patrimoniales y una nueva reglamentación que, según afirmaron, adecuara la acordada a lo establecido en la ley 25.188 de Ética en la Función Pública.

Esta última norma sancionada en 1999 estableció para los magistrados del Poder Judicial de la Nación, entre otros funcionarios, la obligación de presentar una declaración jurada integral patrimonial dentro de los 30 días posteriores a su designación, actualizarla “anualmente” y una última presentación al dejar el cargo.

De acuerdo al artículo 6 de la mencionada ley, la declaración jurada debe detallar todos los bienes del declarante y de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, estén radicados en el país o en el extranjero.

Con la resolución 2449/2016, la Corte indicó hoy que al dictar la acordada 9/2014 “no hizo más que poner en ejercicio facultades reglamentarias a fin de adaptar el régimen por entonces vigente a los requerimientos de la ley 26.857 y siguiendo, a este efecto, los parámetros y el espíritu establecidos por dicha ley”.

La aludida ley 26.857 establece que las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por las personas comprendidas en la normativa de ética en el ejercicio de la función pública son de carácter público, de libre accesibilidad y podrán ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a través de internet.

La acordada 9/2014 dispone que la declaración jurada integral patrimonial de magistrados y funcionarios de la Corte Suprema “podrá consultarse exclusivamente través de la página web del Tribunal”.

Contempla además que quien solicite esa información “deberá identificarse y quedará sometido a las disposiciones y sanciones previstas en las leyes 25.188 y (la de Protección de Datos Personales) 25.326”.

“El cumplimiento de estos requisitos formales será verificado por la Dirección de Recursos Humanos y la Asesoría Jurídica del Tribunal, previo al envío, por la Dirección de Sistemas, de la información solicitada al requirente”, consignó la resolución 2449/2016.

La resolución firmada por el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Héctor Rosatti y Carlos Rosenkrantz agregó que, “sin perjuicio de considerar las manifestaciones vertidas por los presentantes en su escrito”, el Tribunal “podrá adoptar las medidas que estime más convenientes en orden a afianzar el principio de transparencia que inspiran las normas en cuestión”.

La Corte sostuvo que, aun teniendo en cuenta el “alto objetivo institucional” que persigue la consulta de esa información, se deben “armonizar” distintos aspectos “que no se agotan en la publicidad” de las declaraciones juradas, sino que se requiere “la imprescindible conciliación de dichos propósitos con la debida reserva y protección que deben tener los datos personales allí consignados, también de raigambre constitucional”.

Fuente: Télam

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