11 DE DICIEMBRE DE 2017 |
Deportes

El ministro de Justicia y Derechos Humanos afirmó que la posición del Gobierno respecto al tema es que "hay una situación en la franja de los 15 años" que "debe ser abordada abordada por la ley, pero en base a consensos con Unicef y todo el arco político".

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, aseguró este miércoles que la posición del Gobierno es asumir que existe “una situación en la franja de 15 años” relacionada con el delito y que es necesaria una nueva ley que aborde el régimen penal juvenil porque la que rige es “paternalista” y de la dictadura, pero advirtió que esa ley debe ser abordada en base a “consensos” con Unicef y con todo el arco político, y debe ser tratada en el Congreso después de las elecciones.

“Hoy la posición del Gobierno es que hay una situación en esa franja de 15 años que debe ser abordada por la ley, pero en base a consensos con Unicef y todo el arco político”, dijo el titular de la cartera de Justicia en diálogo con radio Nacional.

Agregó que la idea es comenzar “una discusión seria” durante el 2017, pero que el tratamiento legislativo “se dé recién en 2018, lejos de las elecciones” legislativas.

En cuanto a que el proyecto de ley considere una baja en la edad de imputabilidad de menores, Garavano reconoció que “la gente de Unicef no coincide” con la necesidad de tomar esa medida, y señaló que respetaban esa opinión, que también “estará sobre la mesa de discusión” de la ley.

Según dijo, ya están trabajando con Unicef, así como con jueces y expertos respecto al abordaje de un nuevo régimen penal juvenil, y recordó que la ley que está en vigencia fue promulgada durante los años de la dictadura y que es “básicamente paternalista”.

El ministro asumió que si bien cuando se habla del delito que cometen los menores el foco se pone en la edad, existe un problema que es necesario abordar y que tiene que ver con la “reinserción escolar y laboral”.

Reconoció también que “el salto mayor” en el delito “se da en la franja de los 15, más que de los 14”, con lo que abrió el debate respecto de si la edad de imputabilidad debería ser a partir de los 14 o de los 15.

Asimismo, Garavano asumió que la responsabilidad del Estado es “dar respuestas tempranas” ya que “el ingreso al delito de un joven se da en forma lenta”.

“El joven no es que ingresa y mata a alguien, sino que se va dando un proceso de degradación y, al mismo tiempo, de abandono por parte de la familia, el Estado y la sociedad”, puntualizó.

Por eso, el ministro planteó un “rol activo del Estado” para que el joven “no entre en este círculo vicioso”, y llamó la atención respecto a que los jóvenes que cometen delitos además de victimarios son “víctimas”.

La edad en la que se concentran la mayoría de los delitos, dijo, es entre los 14 y 15 años y los 28, y, agregó, “tiene que ver también con el consumo de drogas”.

“Es necesario que el Estado ponga mayor cantidad de recursos en las etapas iniciales, es decir en la prevención”, y en este marco recordó que cuando trabajó en juzgados de menores recibió la visita de un juez de menores de California, Estados Unidos, al que le llamó la atención que estos juzgados de menores “estén siempre en el sótano o en la terraza” de los tribunales.

Según dijo, este lugar que ocupan físicamente también da cuenta de que “falta que sea una prioridad”.

Por eso, se comprometió a darle al tema un “abordaje integral”, para que los recursos que se destinen sean “útiles e inteligentes”, y vayan también a la prevención.


La Justicia federal intimó hoy al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para que explique por qué mantiene sin pantalla a los canales comunitarios que tienen licencias adjudicadas en la Televisión Digital Abierta (TDA), a instancias de una acción de amparo presentada por el canal Barricada Tv y respaldada por numerosas organizaciones de prensa, entre ellas, el Colectivo de Trabajadores de Prensa (CTP).
 
La acción judicial también contó con el respaldo del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y delegados y ex delegados de Tiempo Argentino, Télam, Veintitrés, Clarín, Página 12, agencia DyN, TV Pública, Radio América, Infonews, entre muchos medios más. También por académicos de las carreras de comunicación de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Quilmes.
 
La medida judicial fue ordenada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 12, a cargo de la magistrada Macarena Marra Giménez, y a partir de una acción de amparo promovida por el canal Barricada TV, que ganó un concurso para emitir desde la frecuencia 33 y sin embargo es interferido en forma total por El Trece (Grupo Clarín), que no tiene licencia para emitir en esa frecuencia.
 
Ante la dilación del ENACOM frente a las licencias otorgadas en diciembre de 2015, y en vista de que el Estado continuó adjudicando nuevas señales sin resolver las de los canales comunitarios (Perfil Tv y Caras Tv, por ejemplo), la justicia federal le ordenó al ENACOM que explique y justifique antes del viernes las causas de su irrazonable demora, previo a adoptar medidas compulsivas.
 
Barricada TV, Urbana TV y Pares TV son los tres primeros canales comunitarios en lograr una licencia en televisión digital abierta mediante concurso público de antecedentes. Sin embargo, ninguno está habilitado.
 
Barricada TV es responsable por la multiplexación de la señal y el traslado de Urbana TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El canal digital adjudicado es el 33, reservado para la baja potencia en el plan técnico aprobado en septiembre de 2014, y que salió a concurso en mayo de 2015. Pares TV emite en la ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Los tres se encuentran en proceso de habilitación definitiva.
 
Barricada TV, pese a contar con licencia, es interferida de manera total por la señal de Canal 13/Artear, que no posee título legal para emitir en TDA y cuyo permiso de prueba se encuentra vencido. Además, tiene otra frecuencia –la 35- asignada. "Es una situación sin precedentes en el país que una genuina emisora alternativa, con todos los papeles en regla y adjudicataria de una licencia, sea interferida y bloqueada por una emisora comercial que no tiene sus papeles en regla, ante la inacción del Estado. ¿Qué hubiera sucedido si el canal experimental fuera Barricada, y el 13 el canal concursado?", dijo Natalia Vinelli, una de las fundadoras de Barricada TV, canal que emite desde la fábrica recuperada IMPA en el barrio de Almagro.
 
La interferencia provocada por una señal 100 veces más potente, propiedad del grupo de medios más poderoso de la Argentina, impide que las propuestas de Barricada TV y Urbana TV se encuentren con sus audiencias, afectando el derecho a la libertad de expresión de los emisores y de sus públicos, y afectando su sostenibilidad económica.
 
Las voces de los trabajadores y trabajadoras, de los vecinos y vecinas de los barrios más pobres; los intereses de quienes llevan adelante centros culturales o comedores populares; las preocupaciones de jóvenes estudiantes o de los clubes locales son de este modo censurados del discurso público. 

Uno de los siete detenidos en la causa pidió acogerse a la "ley del arrepentido" a cambio de aportar información sobre el funcionamiento de la banda que operaba en la Aduana Nacional y en la que aún está prófugo Claudio Minnicelli.

Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Federal, y otros tres prófugos eran buscados este jueves en distintos operativos luego que el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky rechazara un planteo de exención de prisión hecho por la defensa del cuñado del ex ministro Julio De Vido, informaron fuentes judiciales.

En cuanto al detenido que pidió ser incluido en la ley del arrepentido, se trata de uno de los indagados este miércoles por el magistrado que admitió delitos luego de que se le hicieron escuchar grabaciones de sus conversaciones telefónicas incorporadas a la causa.

El pedido deberá ser evaluado por el fiscal del caso, Marcelo Aguero Vera y por el juez.

Además de Minnicelli, continuaban prófugos Osvaldo Giacumbo, quien se desempeñaba en la División Control y Fiscalización Operativa número 2, el agente aduanero Néstor Frega, y el jefe de la Terminal Portuaria número 5, Mauro Delmastro.

Aguinsky indagó este miércoles a los ya detenidos, entre ellos el empresario paraguayo Oldemar Carlos Barreiro Laborda, ex dueño de la empresa Lo Jack; Edgardo Paolucci, quien hasta hace dos meses fue una de las máximas autoridades operativas de Aduana; y Federico Tiscornia, hermanastro del ex juez del fuero penal económico Guillermo Tiscornia.

También fueron indagados los agentes de Aduana Vanesa Calamante, Martín Corral, Santiago Jiménez y Rodolfo Trebino.

Calamante se descompensó durante el trámite y fue asistida en el Cuerpo Médico Forense.

Según la acusación que derivó en las detenciones, todos ellos conformaron una asociación ilícita para contrabandear mercaderías y destrabar containers bloqueados por los controles aduaneros.

Además de ingresar mercadería de contrabando, la banda realizaba tareas de "liberación o de desbloqueo de contenedores o mercaderías cuyo ingreso a territorio nacional, según se sospecha, habría intentado concretarse entorpeciendo o aun evadiendo íntegramente el control aduanero", según la resolución donde se ordenó detener a los acusados.

Según la Justicia, se cobraba 70 mil dólares por cada contenedor con mercadería que lograba sacarse de la Aduana pese a que estaban bloqueados.

Fuente: Télam

El juez de instrucción en lo criminal Luis Zelaya desestimó por inexistencia de delito una denuncia penal y sostuvo que se trata de un tema de competencia comercial, en un fallo que ya fue apelado y debe resolver la Cámara del Crimen, informaron fuentes judiciales.

"Todo parece girar en derredor de la disconformidad de los denunciantes con la aparición de un competidor comercial. Sin embargo, todo indica también que este fuero penal no es la vía apropiada para resolver el conflicto", sostuvo Zelaya en su fallo al desestimar la denuncia penal, dijeron las fuentes.

El fallo del magistrado ya fue apelado por el estudio de abogados Cúneo Libarona, en representación de los taxistas y el tema será resuelto por la sala V de la Cámara del Crimen.

En el fallo de primera instancia Zelaya dio la razón al fiscal del caso, Jorge Ballestero, quien había dictaminado a favor de archivar la denuncia por inexistencia de delito.

“Más allá de la conflictividad que -sobre todo mediáticamente- ha desatado la aparición de UBER, lo concreto, lo real, es que, no se observa que en la vida cotidiana de los porteños se haya visto alterada la regularidad y eficiencia del servicio público de transporte individual de pasajeros ni cualquier otro, por cierto”, sostuvo el juez.

Para Zelaya los choferes de Uber realizan "una actividad comercial lícita" con posibilidad de cometer faltas administrativas o de tránsito que no son delitos penales.

Los 33 choferes de Uber habían sido denunciados por supuesto "entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita”.

“No parece lógico que la intención de los acusados esté o haya estado orientada a entorpecer el transporte al que pretenden sumar sus servicios”, concluyó Zelaya en el fallo.

Fuente: Télam

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