11 DE DICIEMBRE DE 2017 |
Deportes

El titular de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), Julio Piumato, aseguró que el traspaso "está cuestionado desde el punto de vista constitucional hasta de la realidad concreta".

Piumato destacó la necesidad de otro tipo de modificaciones "para mejorar la Justicia", entre las que valoró "las reformas en marcha en materia penal".

"La Justicia necesita un montón de cosas para funcionar mejor estos son como globos de colores", aseveró Piumato en declaraciones formuladas a la radio FM Latina, en las que remarcó que el paro de los judiciales de la UEJN comenzó a cumplirse este viernes "en todo el país".

En este sentido, argumentó que "desguazar la justicia penal no le aporta nada ni a la Justicia ni a la ciudadanía", e insistió con que "es una mentira" que el traspaso de juzgados de la órbita nacional a la porteña "vaya a mejorar la Justicia".

Por otro lado, entendió que la idea esbozada desde el gobierno nacional para reformular la feria judicial es interpretada por el gremio "como una flexibilización laboral" porque -sostuvo- "en feria se trabaja" y porque "el problema es que la Justicia está colapsada y, si eliminás la feria, no solucionás la cuestión sino que la agravás".

En este sentido, aseguró que, en los últimos años, "la conflictividad social aumentó el trabajo geométricamente y no fue acompañada por la creación de juzgados, de dependencias ni por la actualización de la planta de personal".

El paro de 24 horas de la UEJN fue dispuesto en rechazo al convenio de traspaso de juzgados nacionales de la ciudad de Buenos Aires a la órbita porteña firmardo en enero pasado entre el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que ahora debe ser ratificado por el Congreso Nacional, a través de sus dos cámaras, y por la Legislatura porteña.

A la medida de fuerza dispuesta por los judiciales se suma también una convocatoria de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) "a una reunión en la planta baja del Palacio de Justicia, con suspensión de tareas" para las 12:30 de este viernes.

Fuente: Télam

El fiscal Delgado solicitó que declare Leonardo Meirelles a raíz de sus dichos sobre transferencias bancarias de Odebrecht a favor del actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia.

El fiscal federal Federico Delgado pidió que se libre exhorto internacional a Brasil para que declare como testigo Leonardo Meirelles por pago de sobornos para la constructora Odebrecht a raíz de sus dichos sobre transferencias bancarias a favor del actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia.

El planteo fue hecho por el fiscal al juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral, quien el jueves se hizo cargo de la investigación tras retornar de la feria judicial en enero, período en el que fue reemplazado por su par Ariel Lijo.

La fiscalía pidió que se libre un "exhorto internacional a la justicia de la República Federativa del Brasil" para que se tome declaración como testigo a través de videoconferencia al detenido cambista Leonardo Meirelles, informaron fuentes judiciales.

Delgado basó su pedido en la Ley 25.095, "Protocolo de asistencia jurídica mutua en asuntos penales del Mercosur", y para agilizar la medida pidió al juez que "precise los datos personales y lugar de detención del testigo" y que fije tres fechas alternativas para la audiencia.

"Previamente, debería designarse un perito traductor del idioma portugués y un técnico especializado en informática para que participen en el acto procesal", agregó el fiscal.

También pidió diligencias para intentar ubicar al comprador de los "bienes muebles" que habría vendido Arribas en Brasil y que, según informó en la causa, dieron lugar a una transferencia bancaria por 70.475 dólares hecha por Meirelles.

El detenido por el escándalo del "Lava Jato" habría dicho ante la Justicia de ese país que hubo cinco envíos de dinero al titular de la AFI por un total de 530 mil dólares.

Pero un correo electrónico enviado por el Credit Swisse Bank al funcionario y entregado a la Justicia aludió a una sola acreditación, la de los 70.475 dólares.

Fuente: Télam

El ministro de Justicia, Germán Garavano, aclaró que “si no se logran consensos” el debate del tema quedará para después de las elecciones legislativas de octubre.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, dijo este viernes que el Gobierno quiere llevar “lo antes posible” al Congreso la reforma del sistema penal juvenil, pero aclaró que “si no se logran consensos” el debate del tema quedará para después de las elecciones legislativas de octubre.

“Se acordó trabajar intensamente durante febrero, tratar de construir consensos y llevar el proyecto al Congreso lo antes posible. Si los consensos no se logran se verá de analizarlo después de las elecciones”, dijo Garavano hoy en declaraciones a radio Mitre.

El ministro se refirió de esta manera al primer encuentro que encabezó ayer en la sede de la cartera de Justicia, al que fueron convocados unos 80 participantes entre representantes de ONG, legisladores de la oposición y otros funcionarios del gobierno nacional, como la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Fue una reunión muy auspiciosa. Estamos muy entusiasmados. Participó mucha más gente de la que teníamos previsto. Hay muchos puntos de consenso y se generaron ocho grandes ejes sobre los que versará el proyecto de ley”, según explicó el funcionario.

Garavano destacó la participación en el encuentro de legisladores de la oposición como los senadores del PJ-FPV, Pedro Guastavino (Entre Ríos) y Rodolfo Urutubey (Salta), tras la reunión que el ministro mantuvo previamente con el presidente del bloque justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, en la que analizaron los principales temas que se abordarán durante la agenda legislativa del 2017.

Fuent: Télam

El juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, opinó sobre la propuesta del Gobierno de bajar la edad de imputabilidad de los menores, de 16 a 14 años, para que puedan responder penalmente por posibles delitos.

"Responde al año electoral, y es más que nada, propagandístico", amplió el magistrado en Radio Nacional donde se pronunció además por "prevenir y resguardar los derechos de todos los jóvenes" en vez de "estar discutiendo medidas que son un clásico de la demagogia punitiva en tiempos electorales, y represivas".

"Estas ideas son un clásico de la demagogia punitiva cada vez que se acerca una elección. Los políticos empiezan a hablar de estos temas para conseguir la adhesión de la gente que necesita una respuesta para la inseguridad; e intentan demostrar que se están ocupando del problema cuando en realidad no es así. Si se ocuparan, lo que harían sería prevenir", analizó.

También convocó a "pensar todo lo que cuesta poner más policías en la calle, más armamentos y patrulleros" al sostener que "si todo ese dinero se usara, por ejemplo, para volcarlo a las escuelas donde está la primera red de contención, el resultado sería óptimo".

"El maestro sabe a la perfección qué pibe tiene violencia, qué chico sufre una adicción. Si uno le pusiera a las escuelas toda esa estructura estatal de recursos y contención para abordar estas situaciones, se estarían ocupando en serio, pero los gobiernos no lo hacen", lamentó el juez.

Arias contó que en la actualidad, en la provincia de Buenos Aires, el sistema penal juvenil establece que "los jovenes de 14 a 16 son inimputables, mientras que de 16 a 18 son imputables pero con un fuero específico, pero en la práctica esto no se cumple porque si bien no van a una cárcel, terminan igual en lugares de encierro y sin políticas de reinserción social, al igual que en el caso de los adultos".

Más temprano, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, afirmó hoy que la posición del Gobierno respecto a la edad de imputabilidad de los menores es que "hay una situación en la franja de los 15 años" que "debe ser abordada abordada por la ley pero en base a consensos con Unicef y todo el arco político", y dejó sentado que el tratamiento parlamentario para una reforma del régimen penal juvenil sería en 2018, tras las elecciones legislativas de este año.

Fuente: Télam

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