22 DE FEBRERO DE 2018 |
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La Legislatura porteña debatirá el miércoles los convenios de traspaso de la Justicia a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires; por lo que se buscará aprobar el de las “Relaciones de Consumo entre el Estado Nacional y la CABA”, la “Inspección General de Justicia”, el “Registro de la Propiedad Inmueble” y el fuero penal. Al respecto opinó para Télam Pablo Serdán, secretario de Cultura y Capacitación de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación.

Por Pablo Serdán (*)

La idea de una Poder Judicial que responda a los intereses del poder de turno no es una novedad dentro de la historia universal y, mucho menos, para nuestras jóvenes repúblicas latinoamericanas.

En Argentina, ha sido una tentación en la que han caído gobiernos de los más variados signos políticos.

El Consejo de la Magistratura de la Nación previsto en nuestra Constitución intenta que esa pulsión del poder político por controlar el judicial esté por lo menos reglamentada o sometido a un complejo sistema institucional.

Es este el ámbito imperfecto en el que los diferentes estamentos que componen el campo jurídico (jueces, académicos y abogados) y el Poder político representados en mayorías y minorías; dirimen la forma de nombrar y remover jueces. Para que esto ocurra, el sistema debe evitar que cualquiera de los sectores prevalezca permanentemente sobre los otros.

La independencia judicial como garantía para el ciudadano, intenta asegurarse a través de la pluralidad que surge de la negociación política permanente en el órgano de administración y gobierno del judicial.

Por otra parte, los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, como órganos extra-poder (independientes del resto de los poderes) a partir de la reforma de 1994 intentan que el servicio de justicia no responda hegemónicamente a una fuerza política en particular.

El traspaso de la Justicia Nacional al ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires atenta contra esa incipiente pluralidad construida con muchas imperfecciones, pero en un claro avance desde que se constituyó en 1998'.

En este sentido los proyectos ingresados al Congreso Nacional, pretenden que sean traspasadas una gran cantidad de competencias penales, civiles, laborales y comerciales, a una jurisdicción que posee un diseño institucional que no responde a lo que entendemos como una independencia judicial íntegra.

Me refiero en particular a lo simple que le resulta al oficialismo en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad nombrar y remover jueces con un sistema de mayoría simple, fácilmente alcanzado por la fuerza que gobierna la ciudad hace más de una década.

Ni hablar de lo que implica la completa dependencia económica y administrativa del Ministerio Público de la Ciudad respecto del Poder Judicial; en relación a las garantías previstas por la CN para todos los ciudadanos argentinos incluso los que habitan en la CABA.

La idea de aquéllos proyectos es simple: transferir competencias y estructuras sin jueces, fiscales ni defensores, para poder nombrar con mayorías propias un poder judicial íntegro de un golpe y para siempre.

Veamos las implicancias concretas para dos de los fueros que se traspasarían de prosperar las iniciativas legislativas.
Al fuero penal se trasladarían el 80% de los delitos existentes y se nombrarían titulares de las 54 dependencias que investigarían esos delitos.

Con la mayoría con la que cuenta el oficialismo en el Consejo de Ciudad, no habría un solo juez en condiciones de investigar los delitos cometidos por la administración PRO de dicha jurisdicción, máxime cuando esa fuerza también cuenta con la mayoría para remover a esos magistrados.

El panorama es más complicado si analizamos que se transfieren todos los delitos relacionados con actos de corrupción, también las escuchas ilegales, violación de correo y el accionar de la policía metropolitana, cualquiera sea el delito que cometa, incluso durante la represión de una protesta.

No es un secreto para nadie el vínculo existente entre la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y la dirigencia de diferentes clubes de fútbol de la capital.

Por eso también nos resulta preocupante que se intente transferir la investigación de todos los delitos relacionados con la realización de espectáculos deportivos, como ser partidos de fútbol de la primera división y la responsabilidad de la dirigencia en esos hechos delictivos.

En el caso del fuero laboral, no habría jueces que pudieran libremente tener una mirada progresiva del derecho laboral y oponerse a las posturas oficialistas de bajar los costos laborales, es que ningún juez que quiera seguir siéndolo asumiría el riesgo se pasar por una situación como la de los Dres. GIbert y Marino, a quienes se les inició un juicio político solo por hacer su trabajo y homologar una convención colectiva de trabajo que rompía el techo impuesto por el Gobierno.

Las políticas de bajar costos laborales aún vulnerando derechos de los trabajadores no tendrían control jurisdiccional, si todos los jueces laborales fueran elegidos por el oficialismo en la ciudad.

Otra nota de opinión merecería hablar sobre la violación de los derechos de los judiciales nacionales quienes verían perjudicadas sus condiciones laborales en un claro intento del gobierno nacional de flexibilizar el empleo público en todos sus sectores. Por razones de brevedad solo decimos que el cambio de un ámbito al otro implica reducción del salario y cambio de régimen de la obra social y jubilaciones.

El proceso de traspaso de la Policía Federal a la órbita de la ciudad y el profundo perjuicio laboral y funcional que sufrieron los agentes de dicha fuerza crea un manto de desconfianza que justifica el temor de los empleados judiciales ante el cambio de jurisdicción.

(*) Secretario de Cultura y Capacitación de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación.

La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento que pesaba sobre el ex titular del Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en el marco de la causa en la que se lo investiga por el presunto encubrimiento al detenido empresario farmacéutico.

La Sala II del tribunal de apelaciones revocó el procesamiento dispuesto por el juez de primera instancia Ariel Lijo, declaró la falta de mérito de Oscar Parrilli y encomendó al magistrado de primera instancia profundizar la investigación.

El fallo de ocho páginas al que accedió Télam fue firmado por los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun quienes, además, rechazaron los planteos realizados por la defensa de Parrilli contra las escuchas telefónicas ordenadas por el juez de la causa, algunos de cuyos audios, con conversaciones telefónicas entre el ex titular de la AFI y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, trascendieron a la prensa.

El ex titular AFI había sido procesado el 6 de febrero por el juez Lijo, que consideró que Parrilli obtuvo y ocultó información sensible sobre el paradero de Pérez Corradi mientras estaba prófugo de la justicia, por lo que colaboró para que el permaneciera lejos del alcance de quienes lo estaban buscando.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 20 de enero de 2016 por la legisladora porteña Graciela Ocaña, quien sostuvo que la AFI sabía dónde estaba el entonces prófugo Pérez Corradi -investigado por el tráfico de efedrina y como supuesto autor intelectual del denominado Triple Crimen de General Rodríguez- pero decidió no contribuir a su captura.

Fuente: Télam

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó por "falsedad ideológica" y "alteración del estado civil" de un menor a los apropiadores de Ignacio Montoya, el nieto recuperado de la titular de Abuela de Plaza de Mayo, y al médico que firmó el acta de nacimiento apócrifa que permitió el robo de identidad.

 La decisión del juez recayó sobre el matrimonio de Clemente Hurban y Juana Rodríguez y sobre el médico Julio Sacher, en un fallo en el que dictó la prisión preventiva y un embargo de 20 mil pesos a cada uno de los imputados, pero dispuso que sigan en libertad hasta que haya una sentencia firme, según la resolución a la que este miércoles accedió Télam.

"Los procesados son responsables penalmente por el ilícito atribuido", concluyó Martínez de Giorgi tras repasar lo ocurrido desde que el matrimonio de la ciudad bonaerense de Olavarría recibió al bebé recién nacido de manos de un hacendado -luego fallecido- para el que trabajaban.

"Se ha comprobado, con el grado de convicción requerido en esta etapa procesal, que el día 28 de junio de 1978 los encausados Clemente Hurban y Juana Rodríguez efectivamente hicieron insertar en el acta de nacimiento de Ignacio Hurban -a la postre Ignacio Montoya Carlotto- datos falsos con respecto a su filiación", apuntó el juez.

Así, el nieto de Carlotto, nacido en un centro clandestino de detención en la última dictadura cívico militar (1976-1983), fue hecho figurar "como hijo del matrimonio Hurban-Rodríguez cuando en realidad no lo era-, como así también, que con anterioridad a dicha fecha ambos hicieron insertar similar información en su certificado de nacimiento -el cual fue a su vez suscripto por y/o a través de la intervención de Julio Sacher", agregó.

Los procesados son responsables penalmente por el ilícito atribuido”, juez federal Marcelo Martínez De Giorgi

Todos esos documentos "sirvieron para la expedición del DNI 26.557.679 correspondiente al nombrado Ignacio, por lo que de tal forma fue alterada su identidad", puntualizó el magistrado en la resolución.

Los Hurban fueron indagados en la causa y, por escrito, negaron haber sabido el origen del bebé.

"Sin desconocerse el lugar geográfico del establecimiento rural en donde vivía en el año 1978 el matrimonio Hurban-Rodríguez y, a pesar de las explicaciones y/o asesoramiento que pudieron o no haber tenido en lo atinente al trámite de adopción, lo cierto es que, la conducta desplegada por ambos en el hecho atribuido se tornó evidente y materializada a partir de la inscripción del nacimiento ante un organismo público con datos falsos respecto de la filiación de Ignacio y la posterior expedición de un documento nacional de identidad", consideró el juez.

Acerca del médico Sacher, que en ese entonces trabajaba para la policía en Olavarría, "su participación se encuentra acreditada" por informes recolectados en la pesquisa.

Ignacio Montoya Carlotto, hijo de Walmir Oscar Montoya y Laura Estela Carlotto, fue apropiado en junio de 1978 tras nacer en el centro clandestino de detención "La Cacha" luego del secuestro de sus padres.

Se presume que el parto sucedió el 26 de junio de 1978 en el Hospital Militar Central de la Capital Federal.

Montoya Carlotto fue criado como propio por los Hurban en un establecimiento rural de Olavarría, Los Aguilares, propiedad del fallecido Carlos Aguilar, quien según ellos les entregó al bebé porque no podían tener hijos.

El joven recuperó su identidad en el 2014 tras presentarse en el Banco Nacional de Datos Genéticos y realizarse un estudio de ADN, y se convirtió así en el nieto recuperado 114.


    

Se complica la situación judicial de UBER en la Ciudad. Nuevos allanamientos dan cuenta de las maniobras financierad de la empresa.

A raíz de nuevas investigaciones realizadas por el Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, los gerentes de UBER Argentina, Diego Oliveira y Fernando Cao, ante la posibilidad de que se decretara su detención, solicitaron la eximición de prisión en el marco de esta causa por falta de pago de impuestos.

La Fiscalía de la Ciudad realizó dos allanamientos simultáneos durante este mes de marzo, con resultados altamente positivos en cuanto a la obtención de pruebas fundamentales que involucran a la empresa UBER en distintas clases de ilícitos.

Estos procedimientos se hicieron a empresas directamente vinculadas a UBER que realizan los movimientos financieros por los cuales se envían grandes sumas de dinero al exterior del país, (paraísos fiscales) sin abonar ningún tipo de impuesto ni gravámenes. Esta actividad de lavado de dinero fue  denunciada oportunamente en el Fuero Penal Económico de la Ciudad recayendo la causa Nº 1838/16 en el Juzgado Nº 8 Dr. Neirovich, Fiscalía Nº 2. Dr. Guerverof.

Uno de los allanamientos se realizó en la firma SCHWEBER SECURITIES S.A, una empresa que opera en la bolsa y que se encargaría de transferir el 100 por ciento del dinero que UBER Argentina recauda en la ciudad de Buenos Aires, a bancos ubicados en Europa, Asia y otros destinos. Una semana más tarde, UBER introduce nuevamente en el país, el 75 por ciento de ese dinero en el mercado local, a través del pago a sus socios conductores mediante diferentes empresas financieras.

Otro allanamiento fue hecho en la empresa Vuelta Group S.A verificando que esta empresa, al igual que Payment SRL,  realiza los pagos a los socios conductores de UBER Argentina.

Los allanamientos fueron solicitados por la Unidad de Investigaciones Complejas Oeste, a cargo del Fiscal de Cámara, Martín Lapadú, y fueron autorizados por la jueza titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 16.

Los procedimientos fueron hechos por la Policía de la Ciudad en conjunto con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía de la Ciudad. En los allanamientos se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, notebooks, memorias externas y documentación en papel, todo material que se encontraba relacionado con la actividad ilegal que despliega  UBER en la ciudad de Buenos Aires, sin la debida autorización.

Es importante recordar que la firma UBER Argentina continúa violando laclausura impuesta el 22 de abril de 2016 y sus directivos se encuentran investigados por evasión tributaria, delito que conlleva una pena de entre 2 y 6 años de prisión o reclusión.

UBER en números:

31 cuerpos posee la causa.

5 directivos Imputados, dos de ellos con pedido de detención.

4000 choferes investigados.

20 choferes imputados y requeridos de juicio oral  con solicitud de pena de arresto e inhabilitación para conducir.

40 allanamientos a casas particulares y empresas.

Bloqueo/Clausura  Nacional de la página web de UBER.

20 Bloqueos/ Clausura de tarjetas prepagas y de crédito.

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