26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |
Deportes

Con BOCHORNOSO "reto" a la Ministra Soledad Acuña, la Justicia, ANULÓ su "Instructivo por tomas de Escuelas" emitido por el Ministerio de Educación de la CABA.

El Juez Aurelio Ammirato. del juzgado de 1ra. instancia en lo Contencioso y Administrativo Nro. 3 de CABA dispuso: "Suspender el Instructivo difundido a las autoridades educativas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los Directores y/o Rectores de establecimientos educativos de la Ciudad de Buenos Aires para “el caso de toma de establecimientos educativos por estudiantes”, relativas a la denuncia en comisaría, tal como surge de los incisos b) y d) del documento obrante a fojas 28 denominado “instructivo”.

En consecuencia, el GCBA deberá de modo inmediato dejar sin efecto los procedimientos administrativos y penales, sancionatorios, disciplinarios que se deriven de la aplicación del Instructivo suspendido, tanto en relación a alumnos como docentes."

El Fallo del Juez Ammirato, enumera una serie de actidues *BOCHORNOSAS*, *ILEGALES* y con finalidad claramente *INTIMIDATORIAS* lo que la Ministra Soledad Acuña hizo impartir desde su Ministerio a cargo.

_"de un “presunto” “documento” “carente de validez y entidad legal”, según la Dra. Colombo, se derivaron actas transcriptas, intervención policial y de fiscalías penales y surge, no menor, la evidencia que contrasta las afirmaciones de “inexistencia de órdenes o instrucciones impartidas por el Ministerio de Educación"_
"Las autoridades educativas dejaron constancia así en las Actas que debían cumplir con el protocolo y que el mismo emana del Ministerio de Educación."

"...la actitud adopta por las altas autoridades de la comunidad educativa se encuentra encuadrada dentro del supuesto del artículo 9 de la Ley de Procedimientos Administrativos, esto es “vías de hecho administrativa” con el agravante de que el colectivo afectado por tal accionar se encuentra especialmente protegido por el art. 39 de la Constitución local, en particular en tanto lo reconoce como sujetos activos de sus derechos, que deben ser informados, consultados y escuchados."

"...lo que se constata entonces son vías de hecho administrativas vedadas por el ordenamiento jurídico."

"Resulta verdaderamente ingenua la aclaración en letras mayúsculas que textualmente dice “(NO DENUNCIAR PERSONAS)” que debió decir “Niños, Niñas y Adolescentes” y como si el hecho de omitir los nombres en la denuncia impidieran material y fácilmente la identificación de los estudiantes por las autoridades policiales y hasta por las propias autoridades educativas."

"El subterfugio pueril de instruir a no tomar la lista de los nombres – como la vez anterior- no subsana la ilegitimidad formal y sustancial de la que adolece la instrucción de acudir a la comisaría."

"...e ilegitimidad sustancial por cuanto ante la presencia del conflicto -derivado de otras decisiones ministeriales- la respuesta es “castigar” y no solucionarlo."

 

Luego de esta grave iniciativa habilitada y constatada por la Justicia, de parte del Ministerio de Educación de la CABA a cargo de la Min. SOLEDAD ACUÑA, es de esperar no solo el extricto cumplimiento de lo dispuesto por la Justicia, sino que exigimos que la Ministra ACUÑA instruya sumarios administrativos a fin de determinar las responsabilidades correpsondientes; dado los actos ILEGALES y contrarias al pleno cumplimiento de los Derechos de niñas, niños y adolescentes. Que por dichas ilegales instrucciones, se vieron afectados/as por las denuncias y criminalización de sus acciones, al ser injustamente estigmatizados e identificados.

Al mismo tiempo, corresponde -dado la contundencia del Fallo del Dr. Ammirato- que la Min. SOLEDAD ACUÑA brinde públicamente las DISCULPAS corresponidentes, no solo a las Comunidades Educativas de las Escuelas Publicas de la Ciudad, sino a la totalidad de los Ciudadanos/as de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires por los incumplimientos y  arbitrariedades implementadas desde su Ministerio en este tema.

El no esclarecimiento de estos graves hechos de "criminalización de la protesta" hacia los estudiantes de las Escuelas Medias de la Ciudad, implicaría la plena responsabilidad de la máxima autoridad del Ministerio de Educación, lo cual correspondería la inmediata RENUNCIA de la Ministra Soledad Acuña o en su defecto que el Jefe de Gobierno CABA, Horacio Rodriguez Larreta proceda a su desplazamiento del cargo de Ministra.

Los derechos de NNyA no pueden ser "opciones" de cumplimiento, son "obligaciones" para todas y todos los habitantes del País, y no puede haber ambigüedades en la irrestricta vigencia y respeto de sus derechos.

Jose Machain
Consejero por Legislatura
CDNNyA - CABA

Desde este link, se puede acceder al Fallo del AMPARO y la CAUTELAR del Juez Ammirato.

Un canal de televisión de Luján, “PAREStv”, judicializó la privatización de las emisiones de televisión del fútbol y logró, a través de un amparo, que se obligue a las empresas privadas, la AFA y el Estado a explicar por qué obstaculizan las emisiones que ese canal comunitario, en forma abierta y gratuita, viene realizando en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es un precedente que puede extenderse al fútbol de primera división.
 
“PAREStv” es un canal de Luján sin fines de lucro que emite desde 2011 todos los partidos del club Flandria, juegue en la categoría que juegue y que ahora milita en la Primera B Nacional. Los derechos televisivos del ascenso fueron cedidos de forma exclusiva en 2016 a favor de la empresa Torneos y Competencias, que cursó intimaciones al canal para que cese sus emisiones, con el apoyo de la AFA, que intenta bloquear el acceso a las canchas de los equipos periodísticos del canal.
 
La ley vigente, sin embargo, protege las emisiones gratuitas del canal porque se las consideran “eventos de interés relevante” para la localidad que, según el art. 77 de la ley 26.522, deben ser emitidos por televisión de aire. PAREStv es el único canal de televisión que emite los partidos de ese club de forma abierta y gratuita.
 
 "Cuando comenzamos con las transmisiones de los partidos en 2011 el canal se hizo más visible y dirigimos gran parte de nuestras coberturas a eventos deportivos. Acompañamos a Flandria en la Primera “C”, B Metropolitana y ahora en la B Nacional. En 2015 ganamos por concurso una licencia con una propuesta de comunicación basada en las transmisiones de fútbol de Luján y Flandria, que son los dos clubes del Distrito. Nos equipamos técnicamente para transmitir de la manera más profesional posible. Es un disparate que una empresa nos prohíba trabajar, adjudicándose derechos exclusivos, cuando sólo transmitieron 6 partidos de 45 totales que jugó Flandria en la temporada pasada”, dijo Diego Gusmerini, director del canal que funciona desde 2009 y se puede ver en el 32.1  de la TDA y por streaming en www.parestv.com.ar.

La Sala I de la Cámara Federal de San Martín le ordenó que se emplace al Estado para que justifique las razones del incumplimiento de la ley vigente, en forma previa a resolver sobre la cuestión de fondo del amparo.

El  Artículo  77  de  la  Ley  26.522  garantiza  el  derecho  al acceso universal a través de los servicios de comunicación audiovisual a los contenidos informativos de interés relevante. A tal efecto, prevé que el Poder Ejecutivo está obligado a “evitar que el ejercicio de los derechos exclusivos para la retransmisión o emisión  televisiva  de  determinados  acontecimientos  de  interés  general  de cualquier naturaleza, perjudique el derecho de los ciudadanos a seguir dichos acontecimientos en directo y de manera gratuita, en todo el territorio nacional”.  El Ministerio de Modernización incumplió con esa tarea y, sobre esa omisión, las empresas ahora dueñas de los derechos intentan bloquear las emisiones de PAREStv.

La AFA cedió los derechos del fútbol de primera división a las empresas Turner y Fox. El torneo de la B Nacional está en manos de Torneos y Competencias. La ley impide que los derechos sean cedidos en bloque, sin excepciones para los eventos de interés relevante.

COMUNICADO
EL SECRETARIO GENERAL DE APTA SE PRESENTÓ ANTE EL JUZGADO DE LA JUEZA ARROYO SALGADO, DONDE SE TRAMITA EL JUICIO POR LA TRAGEDIA DEL AVIÓN LV-MCV, PARA COLABORAR CON LA INVESTIGACIÓN COMO “AMICUS CURIAE” (AMIGO DEL TRIBUNAL). Y SOLICITAR LA SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 219 CONVOCADA PARA EL 06 DE SEPTIEMBRE PRÓXIMO, POR LA ANAC POR ÓRDEN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.

El Secretario General de APTA, Ricardo CIRIELLI, se hizo presente voluntariamente junto a los letrados patrocinantes de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), ante el Juzgado Federal N: 2 de San Isidro, a cargo de la Jueza Sandra Arroyo Salgado, para ponerse a disposición del tribunal colaborando en calidad de “Amicus Curiae” o Amigo del Tribunal.

CIRIELLI expresó su decisión de cooperar en todo lo que le sea posible al igual que APTA, con la investigación que se lleva a cabo por el siniestro de la aeronave LV-MCV, extraviada durante 26 días a 5 minutos de haber despegado del Aeródromo de San Fernando, en la zona de mayor control aéreo del país, lo cual tuvo como consecuencia las muertes de sus dos tripulantes y su pasajero.

El Secretario General de APTA también solicitó ante el Juzgado, que se suspenda de inmediato la Audiencia Pública N: 219 para el próximo 06 de septiembre, convocada por la ANAC por orden del Ministerio de Transporte.

Este requerimiento a la Jueza Arroyo Salgado es a los efectos de evitar que sucedan nuevos desastres con consecuencias gravísimas e irreversibles, en perjuicio de los usuarios y trabajadores de nuestra aviación general y comercial. Dado que como resultado de la próxima Audiencia Pública, se sobre exigiría nuestro ya colapsado Sistema Operativo de Navegación y Control Aéreo, debilitado por múltiples irregularidades y falencias.

El Secretario General de APTA adjuntó numerosa documentación donde se enumeran irregularidades, falencias y deficiencias de nuestro Sistema Operativo de Navegación y Control Aéreo, que nuestra Asociación Sindical dirigió desde hace años a todos los organismos competentes, tanto de la anterior como de la actual administración nacional. Conjuntamente, con publicaciones periodísticas donde APTA formula las mismas denuncias.

Ver PDF nota presentada

Ciudadela, 31 de agosto 2017

Gabriel MORSELLI
Secretario de Prensa

El magistrado federal de Tres de Febrero fue nombrado subrogante en el Juzgado Federal de La Plata, que controla las elecciones de la Provincia de Buenos Aires. Un juez declaró inconstitucional su designación. Un repaso por sus antecedentes.

Manuel Tarricone

Juan Manuel Culotta tiene a cargo el Juzgado Federal N° 1 de La Plata. Este juzgado, que se encuentra vacante y Culotta ocupa en calidad de subrogante, tiene a su cargo el control de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 40% de los votantes del país. Sin embargo, la designación de Culotta como juez suplente no estuvo exenta de polémicas: la Justicia la declaró inconstitucional.

Culotta es titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de Tres de Febrero desde 2003, cuando se creó ese tribunal. En diciembre de 2016 solicitó su traslado al Juzgado Federal N° 1 de La Plata, que se encuentra vacante desde la muerte de su entonces titular, Manuel Blanco. Si bien el traslado definitivo no prosperó, el Consejo de la Magistratura de la Nación lo designó en ese juzgado en calidad de subrogante algunos meses después. Como ocurría desde algunos meses antes con otros suplentes, Culotta sólo se quedó con la subrogancia electoral de ese juzgado. La parte penal está en manos del juez federal Ernesto Kreplak, quien es titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, al que accedió por concurso tras ocupar una subsecretaría del Ministerio de Justicia durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Tras una denuncia de la asociación civil Abogados por la Justicia Social, ligada con el Frente para la Victoria, el juez federal de La Plata Alberto Recondo declaró inconstitucional la designación de Culotta. Señaló, en primer lugar, que el Consejo de la Magistratura no tiene atribuciones para dividir un juzgado por sus competencias (electoral y penal). Además, sostuvo que según el fallo “Uriarte” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “son los jueces de primera instancia más cercanos en la jurisdicción” los llamados a subrogar.

Antes, subrogaron este juzgado la jueza federal porteña con competencia electoral, María Servini de Cubría, y, tras su renuncia, el juez federal de La Plata Adolfo Ziulu, quien ejerció en forma interina. Si bien se encuentra en la Provincia de Buenos Aires, el Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo de Culotta, está bajo la órbita de la Cámara Federal de San Martín y no de la Cámara platense.

El fallo de Recondo fue apelado y la Cámara Federal de La Plata revocó la resolución. Por lo tanto, será Culotta quien controle las elecciones bonaerenses en 2017. Entre 2004 y 2006 el magistrado había sido subrogante en el Juzgado Federal N° 1 de San Isidro. Este juzgado también está bajo la órbita de la Cámara Federal de San Martín.

La designación de Culotta en el Juzgado Electoral de La Plata fue aprobada por mayoría en el Consejo de la Magistratura, con los votos del representante del Poder Ejecutivo Nacional, Juan Mahiques; los legisladores de Cambiemos, Pablo Tonelli, Ángel Rozas y Gustavo Valdez; y los representantes de los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes; y los representantes de los abogados Miguel Piedecasas y Adriana Donato, que suelen votar en sintonía con el oficialismo.

El magistrado, de 54 años, es egresado del colegio Cardenal Newman, igual que varios funcionarios del actual gobierno, entre ellos, el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Su esposa, Daniela Vizzón, es licenciada en Trabajo Social y empleada del Poder Judicial de la Nación. En su última declaración jurada Culotta declaró una casa en Beccar, en el Partido de San Isidro, de 220 metros cuadrados, que comparte con su esposa; un departamento en la ciudad de Buenos Aires y dos autos. Además, reportó ahorros por 360 mil pesos.

Culotta lleva más de 25 años en la Justicia Federal de San Martín y dentro de la Asociación de Magistrados está identificado con la lista Compromiso Judicial, que lidera el camarista en lo Comercial Rafael Barreiro e integran, entre otros, el consejero Leónidas Moldes. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1990, momento en el que trabajaba en la Justicia criminal ordinaria de la Capital Federal. A fines de ese año se incorporó al Juzgado Federal N° 2 de Morón, por ese entonces a cargo de Eduardo Luraschi. En ese tribunal llegó a ser secretario de Jorge Rodríguez, quien asumió al frente del Juzgado en 1994 y sigue siendo su titular.

Por esos años, fue ayudante de segunda de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Trabajó, además, en la Fiscalía ante la Cámara Federal de San Martín y en 1995 pasó a trabajar como prosecretario en la Cámara de esa ciudad. Desde 2001 se desempeñó como secretario letrado de este tribunal hasta que en 2003, concurso mediante, fue nombrado juez federal Tres de Febrero. Al momento de concursar, no acreditaba libros o publicaciones en su CV.

Como titular de este juzgado tuvo a su cargo una causa muy sensible para el mundo del espionaje. El 9 de julio de 2013, en un expediente de narcotráfico, el juez Culotta ordenó el allanamiento del domicilio de Pedro “El Lauchón” Viale, un agente de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE). La orden fue ejecutada por el Grupo Halcón de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Viale, que pertenecía al entorno del ex director de Operaciones de la SIDE Antonio Stiuso (según él mismo declaró en una entrevista con el diario Clarín), se enfrentó con los oficiales y fue asesinado de 11 tiros.

Fuente: Chequeando - http://chequeado.com

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