17 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
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Jorge Ceballos hizo dos pedidos de informes para que se transparente de qué se trata la "chatarra ferroviaria" que el gobierno Nacional están subastando, además de las tierras puerto-ferrovairias de Retiro y su desmantelamiento y reciente venta

Hoy por la mañana Jorge Ceballos, abogado, director general de INNOBA y VIAS- que vuelva el tren- junto a Leandro Lando, miembro de la ONG y abogado, presentaron dos pedidos de informes para que se detalle, en el plazo de veinte días, qué materiales ferroviaros está subastando el gobierno Nacional y de qué se trata la subasta de parcelas recientemente vendidas en las tierras ferro-portuarias de la zona de Catalinas Norte, en el barrio de Retiro.

Los pedidos de informes deben ser respondidos en un máximo de vente días, en modo de pronto despacho, y fueron presentados en AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) y Trenes Argentinos Infraestructura.

“Tal como venimos anunciando desde que el presidente Mauricio Macri firmó el decreto que autoriza al Ministerio de Transporte de la Nación la clausura definitiva de ramales ferroviarios y el levantamiento de vías, hoy el Gobierno cierra la subasta de lo que llama “chatarra ferroviaria”, sin informar oficialmente qué es lo que se remata”, dijo Jorge Ceballos.

Son tres mil toneladas a las que se suman las 870 ya subastadas en agosto de este año. “El gobierno nacional dice que se trata de material en desuso no apto para su reutilización ferroviaria, cuando, por ejemplo se están rematando 10 mil durmientes de quebracho”, agregó.

“Creemos que el gobierno al no dar información detallada está ocultando que se están rematando bienes públicos y patrimonio nacional con el fin de favorecer negocios inmobiliarios”, señaló el director de VIAS, INNOBA  y secretario general de Libres del Sur.

 

El Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU (IEC-CONADU) elaboró un nuevo informe crítico sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto 2018, elevado al Congreso por el Gobierno Nacional, con el análisis de los aspectos macroeconómicos, presupuestarios, normativos y específicos del ámbito universitario. Entre los datos se destaca la continuidad y profundización del proceso de reducción del gasto social y de desfinanciamiento del sistema universitario público.

Según Carlos De Feo, Secretario General de CONADU, el Proyecto de Ley de Presupuesto 2018 confirma la política de ajuste y de achicamiento tanto de la universidad como del sistema científico y tecnológico: “Se reduce el presupuesto en forma nominal pero también real, porque está prevista una inflación que, a todas luces, va a ser mayor a la que anunció el gobierno. Eso va a generar un desfinanciamiento del sistema universitario, afectando áreas que tienen que ver con la articulación de la universidad con el territorio, la caída de programas y el desarrollo de nuevas carreras o de las creadas recientemente. Por otro lado, puesto en contexto, este ajuste afecta centralmente una premisa fundamental que es el derecho a la universidad para los jóvenes —que hoy ven limitadas sus posibilidades de ingreso— y para el conjunto de la sociedad de beneficiarse con el conocimiento que se produce en las universidades”.

En primer lugar, el Informe del IEC-CONADU señala que el retroceso del porcentaje del PBI destinado a las universidades públicas —que ya en 2016 había descendido del 0.87% al 0,81%, y llega en 2017 al 0,77%— implica un ajuste real del -11% con respecto al año 2015. Estos números confirman que la estrategia de Cambiemos es producir un ajuste sobre el gasto educativo a través de la licuación que produce adecuar salarios y otros gastos en base a una pauta estimada por debajo de la inflación real.

Con respecto a los salarios docentes, se anuncia un incremento nominal de 30,1%. Sin embargo, al compararlo con la proyección del gasto final en salarios docentes para 2017 este porcentaje se reduce a un 16%. Y si, además, se toma en cuenta el impacto pleno de la paritaria acordada en 2017 en el presupuesto 2018 sólo quedaría disponible un 4,5%.

Por otro lado, el congelamiento de la planta docente se consolida con la imposibilidad efectiva de reemplazar docentes o incorporar a nuevos en carreras en expansión, salvo autorización de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Y se sostiene la reticencia del gobierno a activar la cláusula 8 del acta paritaria 2017 para regularizar docentes contratados y ad honorem.

El Informe sobre el Proyecto de Presupuesto 2018 del IEC-CONADU también detalla la reducción prevista en el Fondo Universitario para el Desarrollo Regional (FUNDAR), fundamental para el funcionamiento de las universidades: 15,9% menos en términos nominales y 30% menos de presupuesto en términos reales con respecto a 2017.

En la misma línea se incluye la nueva actividad denominada Otorgamiento de Becas Educativas Argentina Beca (AR-BEC). Su presupuesto total para 2018 de $974,7 millones supone que los fondos destinados a financiar becas a estudiantes disminuyan un 32% en términos nominales y un 44% en términos reales. Igualmente, pueden señalarse caídas en los porcentajes previstos para Gastos de Funcionamiento, para Hospitales Universitarios y para Proyectos Especiales.

Por último, la novedad del Proyecto de Ley de Presupuesto 2018 presentado por el gobierno de Mauricio Macri es la inclusión de partidas para infraestructura universitaria —que hasta este año se asignaban al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda— por aproximadamente $3.500 millones, financiadas casi en su totalidad con créditos internacionales.

Hacer click aquí para acceder al Informe

 

El Secretario General de los Canillitas, luego de la conferencia de prensa de Cristina, denunció la persecución de la que fue objeto. “Este es un gobierno que hasta el momento no ha dado respuestas ni a los sectores más necesitados ni a los trabajadores”, afirmó. 

Por Juan Manuel Ciucci

APU: Cristina en la conferencia de prensa se refirió a la persecución por parte del gobierno contra organizaciones sociales y sindicales…

Omar Plaini: Hay cosas que son muy graves, escuché en estos días y quisiera saber de qué usina del gobierno surgen, si es de las más altas magistraturas, como es el tema de las listas negras. Lo cual es muy grave porque estamos en un estado de derecho, hablar de listas negras nos remonta al peor de los pasados en la Argentina, la época de la dictadura. Por lo cual sería bueno que  el gobierno clarificara esa situación. Me preocupa que esté sucediendo eso en un Estado democrático como es el nuestro. No tendrían que suceder estas cosas

APU: Cristina ejemplificó esto al referirse al caso del Sindicato de Canillitas...

OP: Vine a conversar con algunos compañeros en el Instituto Patria por el tema que se avecina de la campaña, y me encontré con esta sorpresa que estaba Cristina dando una conferencia de prensa. Y aproveché para agradecerle porque hizo mención a la injusta y arbitraria intervención que ha sufrido durante 35 días el Gremio de Canillitas. Donde hubo un escandaloso fallo de primera instancia de la justicia penal que luego enmendó la Cámara penal, cuando revocó esta situación que estuvimos viviendo.  

APU: ¿Cómo continúa la actividad del Gremio?

OP: Ya estamos las autoridades que corresponden, el próximo 30 de octubre tenemos elecciones, como siempre con listas opositoras participando. Esta intervención fue un escándalo jurídico que llamó la atención en todos los ámbitos, tanto políticos como sindicales, sociales y culturales. Ya estamos nuevamente a derecho, conduciendo el sindicato y preparando las elecciones.

APU: ¿Cómo ve ambas elecciones, la nacional y la de gremio?

OP: En las elecciones nacionales todos saben que Canillitas, y quien te habla a tono personal, apoyamos a Unidad Ciudadana. Este es nuestro compromiso desde siempre, y continuamos con ese mismo compromiso. En cuanto al gremio estamos muy bien, seguramente los afiliados van a elegir a quienes los han representado todo este tiempo, con la dignidad con que lo hicimos. Por eso digo que la intervención nuestra no fue gratis, así como la ex Presidenta dice “lo mío no fue magia”, lo nuestro no fue gratis al enfrentar a determinados poderes que ustedes ya conocen, que tiene que ver con los medios empresarios, con algún sector de la justicia. Pero ya estamos conduciendo el Gremio, y esperando la elección del 22 también, si podremos tener una legislatura provincial y nacional, donde se escuche una voz opositora mucho más fuerte que la que hay hoy.

APU: ¿Cómo ve las amenazas que realizan de un posible mayor ajuste después de las elecciones?

OP: Con mucha preocupación, por eso la CGT retomó el diálogo con el gobierno. Fue el propio gobierno el que llamó al diálogo después del 22 de agosto, que fue una marcha más que importante, una de las tantas que realizó la CGT en estos 22 meses. Esperamos que la agenda de la CGT encuentre una respuesta en las autoridades actuales.

APU: ¿Cómo analiza las críticas y reclamos a la CGT por su accionar?

OP: Creo que la CGT ha asumido la responsabilidad institucional que tiene, no nos olvidemos que en 20 meses hizo cuatro marchas y un paro general. No es poco, también es cierto que no encontramos respuesta y por alguna razón el gobierno volvió a retomar la mesa de diálogo después del 22 de agosto. Ahora, esperemos que eso se concrete en respuestas, porque este es un gobierno que hasta el momento no ha dado respuestas ni a los sectores más necesitados ni a los trabajadores.

Fuente: Agencia APU

La emisión de deuda a 100 años, estuvo calzada paralelamente con dos inexplicables y enormemente onerosas operaciones de venta y recompra de títulos (REPO) a cortísimo plazo, concretadas con los mismos bancos que tomaron la deuda a 100 años. Se perpetró así una maniobra, en la cual los enormes márgenes que dichos bancos obtuvieron con las REPO, hicieron que el capital realmente prestado a 100 años fuera menos de la mitad, igual que sucedió con el préstamo de la Baring durante la presidencia de Bernardino Rivadavia, 200 años atrás. Devolviendo además todo el capital recibido en préstamos en solo cinco años, en el año 2022. Elevándose así el rendimiento global para los bancos al 11 % anual, más del doble del esgrimido por el Gobierno para justificar el actual reendeudamiento.

Demoradamente a principios de agosto, el Gobierno hizo pública otra operación de venta y recompra de títulos (REPO, Repurchase  Agreement, o venta con pacto de retroventa) similar a la del mismo tipo concretada a fines de junio, simultáneamente con la emisión de la escandalosa deuda a 100 años.

La particularidad que tienen estas dos operaciones de REPO, es que fueron concretadas con los mismos grupos bancarios que colocaron la deuda a 100 años, Nomura, HSBC, CITIBANK, y Santander. Ya sea con la misma personería jurídica, o con otras firmas pertenecientes al mismo grupo.

El total de las operaciones con ellos, como se puede ver en el cuadro, sumaron nada menos que 6.950 millones de dólares. Pero en realidad a esos bancos se le entregaron títulos por 11.150 millones de dólares, siendo este el eje de la estafa financiera que se ha concretado. Que le representará al país una pérdida a valor actual de más de u$s 5.000 millones, porque lógicamente a todos esos títulos hay que sumarle sus respectivos intereses.

La cuestión parece compleja para el común de la gente, pero no lo es. Consistió por un lado en colocar una inédita deuda a 100 años por 2.750 millones de dólares, con supuestamente un interés del 7,125 % anual, que de por sí ya resulta elevado, al superar largamente los estándares internacionales. Pero si se le resta el precio de colocación y los gastos, el interés real sobre el capital neto recibido sube al 8,1 % anual, lo cual ya le da un color oscuro.

Pero a la par con esos mismos grupos de bancos, lo cual evidencia la existencia de una maniobra concretada con la complicidad de las autoridades del ministerio de Finanzas, encabezado por Luis Caputo, se hicieron dos operaciones de venta de títulos con pacto de retroventa (REPO en su abreviatura en inglés). Que es una operación en el que el Tesoro vende los títulos a un tercero, obligándose a recomprárselos en un plazo determinado, en estos casos en un año y medio, 18 meses.

Hasta aquí todo muy bien, pero acá viene la manganeta hablando en lunfardo. Que consiste en vender los bonos al valor nominal, pero pactándose además un margen de garantía o haircut (corte de pelo en inglés) que en este caso fue del 50 % del total. O sea que el Tesoro entregó una cantidad de bonos un 100 % mayor, el doble de su valor nominal.

Recibió un importe de 4.200 millones de dólares, y entregó bonos Bonar 24, por un valor nominal de 8.400 millones. Mediante ampliar el ministro de Finanzas Caputo una emisión que había dispuesto el anterior Gobierno en el año 2014, en nada menos que 13.000 millones de dólares (Resoluciones 89, 117, y 151/2017). Estando además autorizado a hacerlo por el presidente Mauricio Macri hasta 20.000 mil millones de dólares, para destinarlos a estas ruinosas operaciones de REPO (Decreto 334/2017).

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