26 DE MAYO DE 2017 |
Cultura

Muy pocos portavoces del establishment reconocen el problema de la deuda pública argentina – y ahora, dentro de la misma, el del fuerte crecimiento de la deuda externa oficial – pero quienes lo hacen suelen plantear que la cuestión de la deuda es grave (en realidad, gravísima) mas la atribuyen al elevado déficit fiscal producto, a su vez, del alto gasto público.

Por Héctor GIULIANO (*)

Este planteo es parcialmente falso y en gran medida engañoso porque soslaya que la Deuda - presentada como una consecuencia o resultante del gasto público general - es precisamente uno de los factores determinantes de ese gasto y de ese déficit estatal, porque no sólo es un pasivo que se retro-alimenta sino que sigue creciendo sin solución de continuidad y en condiciones cada vez más gravosas que pesan sobre el cuadro financiero fiscal.

La falta de comprensión de este problema empieza quizás con el hecho que el Presupuesto Nacional no computa como Gasto Público la amortización de los vencimientos de capital de la Deuda Pública.

Este año los vencimientos totales por concepto de capital o principal de la deuda – tomando todas sus diferentes formas o instrumentos – suman según el Presupuesto 2017 (Ley 27.341) 1.042.500 M$ (equivalentes a 58.200 MD). 1

La totalidad de este monto no se paga o cancela definitivamente sino que se refinancia íntegramente a medida que van cayendo los vencimientos respectivos, esto es, que se paga deuda con deuda vía novación total de las obligaciones - con el mismo acreedor o con terceros – y además se toma más deuda nueva.

Así, durante el año en curso están previstas operaciones de Endeudamiento Público por un total de 1.727.200 M$ (≡ a 96.400 MD), que se usarán para refinanciar totalmente los vencimientos del ejercicio y agregar 684.700 M$ (≡ 38.200 MD) por aumento de deuda.

Ello significa que el gobierno argentino, frente a un quantum de deuda pública sin capacidad alguna de repago, prevé la renovación total de los vencimientos de capital y la toma de más deuda; y que ambas se llevan a cabo bajo la misma modalidad de deuda impagable con refinanciación total.

Esto es importante resaltarlo porque cuando en el Presupuesto se habla del gasto por Deuda Pública no se incluye aquí esta masa de capital sino sólo el pago de los intereses de la Deuda, que son gasto corriente del Estado y que este año suman unos 247.600 M$ (≡ 13.800 MD): un promedio de 680 M$ por día (≡ 38 MD).
De esta manera, el problema financiero insoluble de mantenerse dentro de un esquema de deuda impagable no sólo no se resuelve sino que se agrava sistemáticamente, contribuye a aumentar el gasto público por intereses y, consecuentemente, a incrementar el déficit fiscal.

La evolución rápida y fuertemente creciente de estos intereses de la Deuda constituye uno de los principales factores explicativos del empeoramiento de las cuentas fiscales de la Argentina.

En el corriente año el Presupuesto 2017 prevé el pago de intereses por los 247.600 M$ antes citados mientras que el año pasado éstos habrían sido de 186.500 M$; es decir, que el aumento del rubro de gastos por Intereses fue del 32.3 %, superior al aumento promedio general del gasto publico del 2016, que fue del 22.1 %.

Peor aún, si se tomaran las cifras originales del Presupuesto 2016 el aumento inter-anual habría sido mucho mayor todavía - del 138 % - porque allí los intereses a pagar estaban previstos en 104.100 M$ pero durante el ejercicio – primer año de la gestión Macri – se agregaron unos 83.000 M$ más (en gran medida producto del arreglo con los holdouts y la toma de nueva deuda a tasas más caras). 2

EL ENMASCARAMIENTO DE LA DEUDA.

Desde un punto de vista técnico el inicio de este problema en cuanto a la presentación de los datos financiero-fiscales parte de un planteo discutible.
La Argentina, desde la década de 1980, sigue la Metodología fijada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que instauró la denominada cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento (AIF), según la cual el Ejercicio Presupuestario no considera como Gasto las Amortizaciones de Deuda del período ni como Ingresos las fuentes provenientes del Endeudamiento Público, que se consignan ambas por separado (“debajo de la línea” según la terminología tradicional) para determinar el Resultado Financiero o resultado final real del año.

Esta presentación es conceptualmente confusa y prácticamente engañosa porque establece una separación de los movimientos financieros más importantes del presupuesto anual dentro de los gastos y recursos generales del ejercicio – gastos corrientes y de capital – y muestra aparte las amortizaciones y financiaciones del período, derivando el tratamiento de la Deuda del Estado a una proyección de cumplimiento incierto o conjetural, es decir, un cuadro de obligaciones financieras sujeto a negociaciones que se delegan al Poder Ejecutivo.

Otrora no era así: en los viejos manuales de Finanzas Públicas los vencimientos de la Deuda Pública se mostraban – como corresponde - como Gasto Público directo y concreto del ejercicio; y de ello resultaba la necesidad lógica de tener que demostrar cómo se preveía cubrirlos con Recursos del Ejercicio y en qué condiciones precisas.

Ahora, en cambio, se asume que tales vencimientos de deuda no tendrán amortizaciones netas, con extinción de las obligaciones de capital, sino que las mismas quedan sujetas a refinanciación – en el caso argentino, por refinanciación total, hasta el último centavo – dado que se sobrentiende que tales compromisos se cubrirán pagando las deudas con nuevas deudas.

Y esto es así porque se sigue una premisa ideológica o dogmática que sostiene que no hay problema en tomar deuda sin capacidad de repago en forma indefinida – como la que toma la Argentina – mientras haya fondos suficientes para poder vivir pagando los intereses (que son Gasto Público Corriente) y refinanciar entonces permanentemente el capital o principal; a la vez que tomando deuda adicional con el mismo criterio.

Este principio, lógica y financieramente irracional, es la clave del Sistema de Deuda Pública Perpetua que rige en la Argentina desde hace 40 años y que nos mantiene dentro de un esquema inexorable de deuda impagable.

LA DEUDA COMO CAUSA

Una de las claves del funcionamiento impune de este mecanismo de re-endeudamiento permanente es la complicidad de los gobiernos de turno, de la oposición política y de los portavoces del establishment financiero en el ocultamiento a la opinión pública de la deuda como principal factor causal del déficit fiscal.
El Sistema de la Deuda introduce y sostiene una distorsión en la estructura de gastos y de financiamiento del Estado:

En primer lugar, se soslaya la gravedad del peso del monto de la Deuda Pública y el altísimo costo de los Intereses a Pagar por la misma. Este año, los intereses son el 10.4 % del Gasto Total pero constituyen el 20.5 % del Gasto de la Administración Central (247.300 M$ / 1.205.000 M$), ya que los otros dos grandes sectores de la Administración Nacional – Organismos Nacionales e Instituciones de la Seguridad Social – no tienen deuda o bien sus montos son irrelevantes. Esto significa que 1 de cada 5 $ del Gasto Público de la Administración Central se destina a pagar servicios por intereses.

Igualmente se omite comparar el peso relativo por superioridad del gasto público por Intereses de la Deuda con respecto al de los otros rubros más importantes del Gasto Total: 97.500 M$ de Seguridad, 94.000 M$ de Defensa, 131.000 M$ de Educación, 14.000 M$ de Ciencia/Tecnología, 46.300 M$ de Salud y 153.600 M$ de Energía/Minería, entre otros.

La Ley de Presupuesto - que emite el Congreso - hace una delegación cuasi-irrestricta de las facultades de endeudamiento al Poder Ejecutivo que le permite cualquier cosa en materia de aceptación de costos, honorarios y gastos en la ejecución de la política de endeudamiento del Estado; y de cuyos montos nadie sabe o pide informaciones ni mucho menos explicaciones.

El gasto por la Deuda Pública y el costo de sus Intereses también aumenta el déficit fiscal por la aceptación de condiciones gravosas de endeudamiento y, sobre todo, por la política actual de conversión de Deuda intra-Estado en nueva Deuda Externa oficial, que conlleva la aceptación de altísimas tasas en moneda extranjera y la vulnerabilidad por riesgo cambiario de las nuevas obligaciones.

Para poder garantizar el pago de los nuevos y crecientes servicios de intereses en moneda extranjera – los correspondientes a la deuda actual y los que se prevé requerir como deuda futura - el gobierno Macri, a través del Banco Central (BCRA) mantiene una política de retraso cambiario, porque el Estado recauda en pesos pero los intereses se pagan mayoritariamente en dólares.

Tal atraso cambiario – combinado con las altas tasas de interés que promueve el BCRA – genera recesión económica, con sus secuelas directas de menor actividad y empleo; y con ello se afecta la Recaudación Impositiva y Previsional, que contribuyen también al Déficit Fiscal en forma complementaria al mayor aumento del gasto por intereses y gastos conexos del servicio de la Deuda.

Más aún, el aumento de las tasas de interés que pagan el Tesoro y el BCRA fijan un piso cada vez mayor no sólo al gasto público por este concepto (fiscal y cuasi-fiscal) sino que además su efecto se transmite a toda la Economía en su conjunto, porque la Tasa de Interés también es un factor de Inflación y, como tal, erosiona los recursos del Estado y eleva el Gasto Público.

La combinación oficial deliberada de retraso cambiario y altas tasas de interés locales induce hoy – a niveles históricos récord – el negocio financiero-especulativo que no sólo des-estimula las inversiones directas sino que contribuye a desviar el crédito con destino productivo porque es el gobierno el que absorbe la mayor cantidad de recursos para sostener así el costo del endeudamiento público.

Sintetizando lo dicho hasta aquí (porque la lista de causas y efectos podría seguir): que quienes se rasgan las vestiduras lamentándose de los altos costos reales de las remuneraciones del sector público, de la presión tributaria o de los costos logísticos y laborales existentes en la Argentina, notablemente soslayan incluir este macro-problema o problema fundamental en las finanzas públicas y en la economía nacional que es el de la deuda impagable del Estado y sus consecuencias.

Paradójica, o sintomáticamente, las autoridades gubernamentales y los portavoces del establishment se lamentan así de los costos distorsivos que pesan tanto en la Economía como en las Finanzas Públicas y Privadas pero omiten ostensiblemente mencionar el costo del Sistema de la Deuda Impagable como factor causal y no solamente como consecuencia retro-alimentaria del déficit del Estado.

(*) Asesor del FORO ARGENTINO de la DEUDA EXTERNA
Foro Regional La Plata, Berisso y Ensenada
https://www.facebook.com/foro.laplata?ref=hl
@forodeudalp
http://forodeudalp.blogspot.com.ar/
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Archivo: GIULIANO ARTICULO 2017 05 12 DP Y DEF F
1 Las abreviaturas M$/MD significan Millones de Pesos/Dólares respectivamente y se expresan siempre con redondeo, por lo que pueden darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.
Las conversiones están hechas todas al tipo de cambio de 17.92 $/US$ previsto en la Ley 27.341 de Presupuesto 2017.
2 Todos estos datos están tomados de los presupuestos nacionales respectivos y/o según los mensajes correspondientes a los Proyectos de Ley del Poder Ejecutivo al Congreso.

Hasta ahora lo mejor que recibe el Riachuelo además de buenas intenciones es el agua de lluvia.  Gestionar sus serias y profundas problemáticas siempre es como abrir expedientes en la luna …

Los integrantes del Cuerpo Colegiado creado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para supervisar el cumplimiento de su sentencia sobre saneamiento y recomposición del Río Matanza Riachuelo nos reunimos con la presidente de la Autoridad de cuenca M-R ( ACUMAR ) el martes 25 de marzo. Las expectativas no son halagüeñas. “los indicadores del plan siguen siendo de gestión y no de resultados, nos  informan que hay 5.200 millones de dólares invertidos y que  se cumplió solo el 20% de la sentencia. Seguimos sin saber donde se invirtió o gastó tanto  dinero. En el presente año ACUMAR  solo ejecutó el 4.33 % de su presupuesto, es la ejecución más baja de toda la administración pública, cuando el promedio a esta altura del año ronda el 22 %, ,  dando la pauta de la ineficiencia, del escaso  nivel de ejecutividad de la sentencia de la Corte. Un ejemplo es el traslado del mercado de Liniers que avanzó solo un ínfimo porcentaje cuando lo proyectado era completarlo en el presente año.

Ante insistentes reclamos, el reciente 23 de marzo ACUMAR aprobó la resolución 46 /2017 sobre vertidos industriales, donde se permitió poner PLAZOS de 7,15 y 20 años cuando la CSJN hace casi 9 años daba como el más extenso, 1 año. ¿ Sabrá ACUMAR que a mayor PLAZO, más enfermedades y más muertes ?,    además  autoriza  volcar al río 9 sustancias químicas que están prohibidas por nuestra legislación, y en el mundo, autorización aberrante en un organismo con centenares de profesionales que lo asesoran para  cumplir los objetivos del fallo del 8/7/2008 . Evidentemente una majestuosa incompetencia.
La sustancia más costosa que arrojamos al Río, desatendiendo las necesidades de nuestros compatriotas, es el RECURSO PRESUPUESTARIO y el contamínate mayor de la cuenca es la CORRUPCIÓN con impunidad, la indignación de los Ciudadanos y Contribuyentes al verse estafados por  la dirigencia está rebasando el límite de lo aceptable. Estaba naturalizada la contaminación, ahora están naturalizando la ineficiencia con corrupción.

Sin Organismos de CONTROL eficientes,  el PODER dilapida nuestros RECURSOS,  y prioriza según sus INTERESES.

No debemos permitir esta ineficiencia que configura abandono de personas,  causando  enfermedad  y muerte. La resolución de Acumar acá citada sumó contaminantes orgánicos a los elementos ya autorizados.

Acumar fijó límites de concentración de contaminantes sin considerar el total de descargada ni el efecto de los contaminantes.

Para ACUMAR  no será relevante monitorear la presencia de varios contaminantes orgánicos en la cuenca, como ser el arsénico total, cadmio total, o mercurio total, Y para algunos usos también considera que no es importante analizar la presencia de coliformes fecales y escherichia coli.

El análisis para medir aceites y grasas en el agua será subjetivo.. Dice la resolución que " deben estar presentes en concentraciones que sean detectables a simple vista o por el olor". Por ende, el parámetro queda supeditado a un análisis subjetivo y no científico.

Como queda expuesto, la Res. 46/2017 adoptada por ACUMAR no es un acto que contribuya a la solución de la problemática de los vertidos de sustancias contaminantes en la Cuenca Matanza–Riachuelo..

Se advierte que con los límites de contaminación que la Resolución 46/2017 considera aceptables tanto para los efluentes como para la calidad del río, no se
avisora la recomposición de las aguas como lo ha ordenado la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Se advierte asimismo la ausencia de cualquier consideración sobre el comportamiento posible de los sedimentos del lecho, en caso que se produjeran cambios en la calidad de las aguas Por lo expuesto, la Res. 46/2017 debe ser modificada a la brevedad integrando todos los aspectos expuestos en el informe presentado a ACUMAR  y a la Justica por el Cuerpo Colegiado. A esto se comprometió la Lic. Gladys Gonzalez como Presidente de ACUMAR.

Seguimos extrañando la presencia del Defensor del Pueblo de la Nación, ni el anterior gobierno ni el actual encontraron entre los 40.000.000 de ciudadanos, una persona proba, notable,  para ejercer la función, ¿ un poco raro no ? tan raro como que a casi 9 años del fallo de la CSJN estemos como si recién empezáramos la tarea, si nos enfocamos en lo que realmente da identidad a la gravedad de esta cuenca, como son los metales pesados que incluyen los vertidos industriales. Donde se avanzó,  es en lo atinente a la contaminación visual, o lo que comúnmente se denomina la cosmética y el maquillaje la cuenca ...

Estimo y dicho con todo respeto,  que los funcionarios de la Jefatura de Gabinete, el Lic. Peña, el Lic. Lopetegui, y el Lic. Quintana,  debieran comprometerse en mayor medida con esta importantísima y gravísima causa.

EL FALLO DONDE LA CSJN ORDENÓ SANEAR LA CUENCA NO SE CUMPLE ¿  Y  ?

NECESITAMOS PRISIÓN EFECTIVA PARA LOS DIRECTIVOS DE INDUSTRIAS CONTAMINANTES Y QUIENES LA PERMITAN.

RIACHUELO RECOMPUESTO PARA CRECER Y VIVIR  SANOS … JUSTICIA YA !!

SANEAR Y RECOMPONER EL RIACHUELO SE PUEDE, CAMBIEMOS !!

LA VOZ QUE MÁS HABLA DE NOSOTROS,  ES AQUELLA QUE SALE DE LA BOCA DE NUESTRO RIACHUELO.

UN RIACHUELO LIMPIO,  EQUIVALE A MUCHOS POLÍTICOS HONESTOS.

POR UN RIACHUELO SANEADO FUENTE DE VIDA Y DE TRABAJO.

Alfredo Alberti - Presidente de Asociación de Vecinos La Boca
Miembro del Cuerpo Colegiado en la causa Matanza Riachuelo designado  por la CSJN
www.avelaboca.org.ar

P/D

Copio el Link  https://www.youtube.com/watch?v=1Kq7rKuL3aQ&feature=youtu.be  con el reportaje emitido por canal Metro en el programa “ Fuera de Control”  el martes 2 de mayo 2017, al Presidente de Asociación de Vecinos La Boca  Alfredo Alberti, respecto  la situación actual del Matanza Riachuelo,  la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo ( ACUMAR ) y sus ineficientes resoluciones para controlar los vertidos industriales.

Opina sobre la medida cautelar contra Uber por la cual se bloquea en todo el país su página web y su aplicación para celulares el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Fernando Toller.

Buenos Aires, martes, 2 de mayo - En enero un juzgado contravencional de la Ciudad de Buenos Aires emitió una medida cautelar contra Uber por la cual se dispone bloquear en todo el país su página web y su aplicación para celulares. La decisión fue avalada a principios de abril por la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.

¿Puede un juez prohibir una comunicación en Internet, como ocurrió en este caso? No, porque las telecomunicaciones son materia exclusiva de la justicia federal; porque Internet está protegida por la libertad de expresión en general, por la tutela de la expresión comercial y por estándares internacionales, y porque sólo puede bloquearse sitios en casos excepcionales. Revisemos estos puntos.

Se verifica en primer lugar una seria transgresión al federalismo: jueces de una ciudad resuelven por todos, vedando el acceso a comunicaciones digitales a los habitantes de cualquier lugar del país, e impidiendo a otras autoridades locales tomar sus propias decisiones. En materia de telecomunicaciones, por su naturaleza interjurisdiccional es clara la competencia exclusiva de la justicia federal y la falta de jurisdicción de la justicia local de faltas. Como sostuvo la Corte en el caso "Deremate.com", excede al juez local decidir cuestiones sobre relaciones interjurisdiccionales, ya que sus operaciones pueden concertarse en todo el territorio e incluso en el exterior. Llamativamente, los mismos jueces de la Cámara porteña habían sostenido antes que no tenían competencia para dictar una medida de alcance naciona l, considerándolo un "desborde jurisdiccional". Además, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad se negó a ordenar este bloqueo porque existía el riesgo de invadir otras jurisdicciones, y notificó esa decisión al fuero Contravencional para evitar sentencias contradictorias. La Cámara Contravencional se desdice a sí misma y contradice a la Cámara preopinante.

En segundo término, Internet está amparada por las libertades de expresión y de prensa, al igual que otros medios no tradicionales de exteriorización del pensamiento y de las informaciones, como la radio o la televisión. Así lo ha reconocido nuestro país en el Decreto 1279/97 y en la Ley 26.032. Es la misma línea seguida por la UNESCO, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por diversos tribunales supremos. Naturalmente, no todos los países comparten esta posición: algunos, como China, han optado por bloquear sitios y maniatar el intercambio por la red. Esto no significa que Internet sea un coto vedado a la responsabilidad, pero instaura una seria advertencia sobre la naturaleza y extensión de las medidas judiciales relativas a la libertad de comunicarse en el mundo digital.

Un tercer elemento es que la página web que quiere censurarse está también protegida constitucionalmente como "libertad de expresión comercial". Así lo han reconocido la Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte Europea de Derechos Humanos, fundadas en que el interés de los consumidores en la transmisión libre de informaciones comerciales puede ser igual o incluso más intenso que su interés en el debate político del día, y que las mismas pueden involucrar directamente al interés público. En el caso de la web de Uber, esto se ve subrayado por tratarse de un discurso "mixto", donde se aúna la comunicación comercial con elementos del debate público, como es la discusión sobre prohibición, regulación y libertad constitucio nal, entre otros.

Un cuarto punto a considerar es que en pocos casos un juez podría prohibir una publicación en Internet, tras un proceso y mediante sentencia definitiva. Por ejemplo, podría exigir que se retire un libro digital que ha violado el derecho de autor, o que se desvincule a una persona de contenidos pornográficos. Podría también ordenar el bloqueo cautelar de una página web en caso de claro agravio a derechos individuales o de la comunidad, cuando sea patente la gravedad e inminencia del daño: piénsese en un sitio con instrucciones para actividades terroristas o incitando a la violencia racial. Así se ha reconocido en la "Declaración conjunta" emitida por los Relatores de la Libertad de Expresión de ONU, OEA, OSCE (Europa) y CADHP (África) para exponer los principios de la lib ertad de expresión relativa a Internet. En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el bloqueo de sitios web viola la libertad de expresión si no se dan estrictamente las circunstancias para la licitud de la acción gubernamental de acuerdo a la Convención Americana.

Se sigue un quinto elemento: el bloqueo de un sitio web de una empresa, cuando se está en medio de un debate público y de un proceso sobre la legitimidad de sus actividades, y cuando el censurado está esgrimiendo varios derechos fundamentales, no puede encontrarse entre los casos especiales que habilitan una intervención drástica. Esta afectación a la libertad de expresión pondría en crisis al principio de neutralidad en la red, por el cual los prestadores no pueden censurar contenidos salvo los casos mencionados, y los usuarios tienen derecho al acceso universal. El caso Uber no se encuentra entre los pocos casos justificados de prevención judicial de daños derivados de informaciones, sino que implica una extralimitación innecesaria.

Se impone entonces evitar sentencias como las criticadas, que mutan la acción judicial: de proteger derechos, pasa a convertirse en directa conculcación de los mismos.

El Mercosur y la Unión Europea (UE) exploran en estos días una nueva ruta que los lleve definitivamente al acuerdo comercial que persiguen hace casi dos décadas, y lo hacen exhibiendo una voluntad política pocas veces vista desde entonces.

Por Jorge Argüello

Pero como le ocurrió a Cristóbal Colón al unir a los dos continentes, en su caso gracias a los vientos alisios, los frutos de esa navegación dependen primero de las “condiciones atmosféricas”. Y si fuesen propicias, queda todavía determinar con precisión a qué puerto se pretende llegar.

La metáfora vale para las negociaciones Mercosur-UE, relanzadas tras la última reunión de cancilleres del bloque en Buenos Aires, en el contexto de un clima alterado por las amenazas proteccionistas de Estados Unidos y otros factores asociados.

Y cabe una anécdota personal. Hace 13 años, en 2004, presidía la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación, cuando el entonces representante de la UE en Argentina, el griego Angelo Pankratis, me solicitó una reunión urgente, “ante la inminencia del comienzo de la negociación UE-Mercosur”.

A la mañana siguiente iniciamos una ronda de consultas con legisladores, funcionarios y embajadores de los países miembros de la UE y el Mercosur. El tiempo fue pasando y pasando… Y así transcurrieron 14 años sin definiciones, hasta hoy.

Hoy, como entonces, no basta la voluntad política, es preciso también contar con condiciones atmosféricas propicias y una buena brújula.

“El acuerdo esta mas cerca que núnca”, resumió días atrás el Presidente del gobierno español, Mariano Rajoy y sus colegas del Mercosur reafirmaron la voluntad política de corresponder ese renovado interés europeo, y la apuesta por un bloque “dinámico, abierto al mundo”, que retome la senda de crecimiento y desarrollo esquiva durante los últimos años.

El envío por parte de la Unión Europea de una misión negociadora a Buenos Aires, en marzo, confirma que si bien el Brexit y la llegada del proteccionista Donald J. Trump a la Casa Blanca presagian nuevas barreras comerciales, otra parte del mundo planifica abrir nuevas rutas y tender nuevos puentes.

Pero como hemos explicado otras veces, el Mercosur y América Latina en general deben considerar estas oportunidades con mucho cuidado. Las ventajas de ampliar el intercambio comercial con grandes bloques no pueden terminar neutralizadas o, peor, minimizadas por las concesiones que deban realizarse. El precio de ganar nuevos socios no puede consistir en el debilitamiento de nuestra base productiva y empleo nacional.

Aires de cambio

Lo cierto es que la nueva política comercial proclamada por Donald Trump sólo profundiza una tendencia incipiente de la principal economía del mundo que exhibe, hasta hoy, aranceles comerciales promedio bajos (9%, según la OMM), pero que desde la crisis de 2008 adoptó más de un millar de medidas discriminatorias frente a la producción de sus competidores, incluyendo rescates y subsidios.

El agresivo discurso proteccionista de Trump (“comprar lo nuestro, emplear a los nuestros”) se tradujo en la retirada estadounidense del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP), que habría de reunir el 30% del comercio global, y en la suspensión de las negociaciones de otro muy similar con la Unión Europea (el Transatlántico para el Comercio y la Inversión o TTIP).

Aunque sigue siendo un enigma si Trump llegará tan lejos como amenazó respecto de China y México, la sola idea de imponer aranceles a sus productos se funde en una “tormenta perfecta” con el Brexit en desarrollo y el crecimiento de partidos anti europeístas en la UE.

Otro factor determinante de esa nueva atmósfera es China, que es la segunda economía mundial pero cuenta todavía, desde 2001, con las ventajas arancelarias de ser considerada un “país en desarrollo” por la Organización Mundial de Comercio (OMM).

China, que cuadriplica en población a Estados Unidos pero cuyos ingresos per cápita no superan la cuarta parte del norteamericano, confrontó el relato proteccionista de Trump reivindicando el libre comercio, inusual para un gobierno de Pekín hace sólo unos años. Volviendo a Europa, subrayemos que la Unión Europea no ha celebrado un tratado de libre comercio con China…

A buen puerto

La UE atraviesa sus propias conmociones, a tal punto que sus líderes debaten un régimen de “dos velocidades” que permita a Alemania, Francia y otras potencias del bloque avanzar más rápido que el resto de los 28, en este contexto mundial más volátil.

Cuando se firmó el CETA, el premier canadiense, Justin Trudeau, aseguró: “El Tratado es bueno para las pequeñas empresas y para los consumidores, para la clase media y para los trabajadores”. Estaba respondiendo a la inquietud expresada –políticamente- en el voto en contra del CETA de nada menos que un tercio del Parlamento Europeo y más de tres millones de firmas reunidas por los opositores.

Ahora, urgida por la nueva realidad, la Unión Europea puede flexibilizar las exigencias demandadas al Mercosur -sobre todo a instancia de Francia- en el rubro agrícola, pero el bloque deberá seguir atento a otras condiciones que puedan impactar negativamente en nuestros países.

En esa lista se inscriben la regulación de inversiones, capitales y patentes, una flexibilización laboral, normas ambientales y condiciones para las compras gubernamentales, todo en el contexto de la asimetría de fuerzas y posibilidades que persiste entre las grandes corporaciones europeas y el vulnerable tejido productivo de Argentina y el resto de sus socios.

Los 28 países de la UE, con 500 millones de habitantes, representan el 23,8% del PBI global y el 15% del comercio mundial. El Mercosur, que le destina a la UE un tercio de sus exportaciones, ofrece un mercado de 275 millones (el 70% de Sudamérica).

El desafío es mejorar el intercambio sin condenarnos a una economía primaria, agroexportadora y de servicios. Una apertura, si necesaria, no puede ser indiscriminada: ésa es la enseñanza de los 70 y los 90. Y es el temor que vuelve a invadirnos ahora.

Se trata de aumentar la producción regional de valor agregado con nuevas inversiones y nuevos mercados, en lugar de primarizarla, concentrarla o, incluso, extinguirla. A su vez, resulta estratégico privilegiar el mercado laboral, que puede transformarse pero no achicarse.

Cerrar este acuerdo, como ocurre con todos los acuerdos, no es bueno ni malo en sí mismo. Será bueno si se erige en una herramienta de crecimiento simétrico para las dos partes.

Con la voluntad política renovada en ambas márgenes del Atlántico y con una atmósfera global que invita a reconsiderar algunas posturas, nuestros negociadores pueden llegar a buen puerto.

Pero esta vez, a diferencia de Colón, cinco siglos después, es importante que sepamos bien a dónde queremos llegar.

Fuente: Embajada Abierta

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