23 DE ENERO DE 2018 |

La Fiscalía de la Ciudad y la Policía de la Ciudad realizan un operativo de dimensiones sin precedente en el barrio de Liniers, con el objeto de desalojar de la vía pública los puestos dedicados a la venta ilegal. El procedimiento fue ordenado por el Fiscal General Adjunto, a cargo de la Fiscalía General, Luis Cevasco.
 
Es importante recordar que desde el año pasado, la fiscal Celsa Ramírez, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°21 se encuentra investigando la venta ilegal en el barrio de Liniers. La fiscal ordenó a la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad la clausura de más de un centenar de puestos que conformaban verdaderas “saladitas” en el perímetro y los alrededores de la estación Liniers, del Ferrocarril Sarmiento. También dispuso el allanamiento y clausura en el barrio más de 10 depósitos donde se guardaba mercadería destinada a la venta ilegal, que funcionaban tanto en habitaciones de hotel como en casas alquiladas en zona residencial. Y se clausuraron 7 talleres clandestinos. En los procedimientos se incautaron más de 800 bultos de mercadería, que contenían indumentaria, artículos de marroquinería, accesorios de celulares y celulares de dudosa procedencia. También se secuestraron más de 200 bultos de alimentos en mal estado, que fueron destruidos por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria del Gobierno de la Ciudad.

En diciembre pasado, la fiscal Ramírez realizó un acuerdo que homologado por el juez Pablo Casas, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10, que permitió recuperar 800 metros de veredas que se encontraban usurpadas por locales que comercializaban mercadería de dudosa procedencia. Estos locales, tenían contratos apócrifosde la empresa estatal Playas Ferroviarias de Buenos Aires que usurpaba el espacio público, cercano a la estación de tren de Liniers.

Este procedimiento, replica las exitosas acciones emprendidas por la Fiscalía porteña y la Policía de la Ciudad en los barrios de Caballito, Flores y Once, donde tras reiteradas denuncias por uso indebido del espacio público, se reubicó a los manteros y fueron recuperadas las veredas para la libre circulación.

La Fiscalía de la Ciudad desbarató, el pasado viernes 10 de noviembre, siete depósitos de mercadería destinada a la venta ilegal, ubicados en las inmediaciones de la avenida Avellaneda, en la zona limítrofe entre los barrios de Flores y Floresta. (Ver galería de imágenes al final de la nota)

El operativo fue coordinado por la Fiscal Celsa Ramírez, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°21 de la Ciudad. En el marco de una investigación por infracción del artículo 86 del Código Contravencional de la Ciudad (usar indebidamente el espacio público con fines lucrativos), la Fiscal ordenó que se realizaran tareas para determinar los lugares aledaños a la avenida Avellaneda donde era guardada la mercadería que durante el día se destinada a los llamados manteros.

Durante 2017, la Fiscal Ramírez encabezó ocho operativos contra la venta ilegal en el barrio de Liniers, desbaratando más de una docena de depósitos y una “Saladita” ubicada bajo un cruce de la Avenida General Paz, junto a las vías del Ferrocarril Sarmiento.

En esta ocasión, los resultados determinaron que dos de los depósitos se ubicaban sobre la Avenida Avellaneda, donde hasta hace dos años se congregaban masivamente manteros y puestos de venta sin autorización. Un tercer depósito funcionaba en cuatro habitaciones de un hotel familiar ubicado a escasas cuadras de la intersección de Avellaneda y Nazca. Y los cuatro restantes, a lo largo de nueve cuadras de la avenida, en un radio de menos de cuatro calles a la redonda.

Como resultado de los allanamientos realizados por un fuerte despliegue de la División de Contravención y de Faltas de la Policía de la Ciudad, a cargo del Subcomisario Sergio Herrera, se secuestraron alrededor de 400 bultos con mercadería que incluía indumentaria, perfumes, calzado, carteras, bijouterie, calzados y medias. Además de cargadores de celulares, anteojos, paraguas y selfie sticks. Para su traslado fueron necesarios tres camiones, que llevaron la mercadería para su resguardo a un depósito ubicado en el barrio de La Boca.

En los siete domicilios allanados se identificaron a unas treinta personas de nacionalidad extranjera, por lo que se dio intervención a la Dirección Nacional de Migraciones. Como parte del procedimiento, uno de los imputados fue aprehendido por tener en su poder pasaportes de Bangladesh, Senegal, India y Paquistán, con el objeto de ser peritados para constatar su autenticidad.

Ninguno de los domicilios contaba con la correspondiente habilitación para funcionar como depósito, por lo cual se procedió a su clausura. En uno de los lugares, ubicado sobre la calle Emilio Lamarca (casi Avellaneda), además del depósito con mercadería destinada a la venta ilegal también funcionaba un restaurante que tampoco contaba con permisos para su funcionamiento. Razón por la cual se procedió a decomisar y destruir en un camión compactador alrededor de 60 kilos de alimentos de dudosa procedencia.

Los allanamientos fueron realizados en forma simultánea y autorizados por el Juez Ladislao Endre (a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°25 de la Ciudad). Asimismo, contaron con la participación de personal de la  del área de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad,Agencia Gubernamental de Control y Espacio Publico del Gobierno de la Ciudad.

Según datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en el tercer trimestre de este año, la venta ilegal callejera bajó un 21,7 por ciento a nivel nacional, con "importantes reducciones" en la Ciudad de Buenos Aires.

La fiscal Ramírez destacó el trabajo conjunto y permanente de los distintos organismos, fundamentalmente la Policía de la Ciudad con la Fiscalía. "La investigación se encuentra cada vez más cerca de los organizadores de esta mafia que utilizan a las personas más vulnerables, y las someten a la explotación laboral y a vivir en condiciones miserables- sostuvo la fiscal-. Mientras que los que manejan el negocio se enriquecen de manera ilicita y generan competencia desleal con el resto de los comercios".

Buenos Aires 13 de noviembre de 2017

Artículo 86 - Usar indebidamente el espacio público -. Quien organiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, en volúmenes y modalidades similares a las del comercio establecido, es sancionado/a con multa de diez mil ($ 10.000) a sesenta mil ($ 60.000) pesos. Quien realiza actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público es sancionado/a con multa de quinientos ($ 500) a mil ($ 1.000) pesos. No constituye contravención la venta ambulatoria en la vía pública o en transportes públicos de baratijas o artículos similares, artesanías y, en general, la venta que no implique una competencia desleal efectiva para con el comercio establecido, ni la actividad de los artistas callejeros en la medida que no exijan contraprestación pecuniaria.

La CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, indicó que la venta ilegal totaliza más de $ 70 mil millones.

Además, la confederación remarcó que el dinero que moviliza el comercio ilegal es mayor a las carteras de Salud y del Interior, Obras Públicas y Viviendas. Ante estas cifras, “se necesita controlar la actividad de La Salada y saladitas para combatir a las mafias que se esconden bajo el lema de economía popular”, dijo a través de un comunicado de prensa el diputado nacional de Cambiemos, Marcelo Sorgente, autor del proyecto de ley que busca regular la actividad de las ferias.

El proyecto de ley prevé como requisito la necesidad de que existan trabajadores en blanco, normas de seguridad e higiene, controles fitosanitarios de los alimentos que se venden, procedencia de la mercadería, monotributo social.Asimismo, la iniciativa propone que el administrador de la feria tenga el deber de ser informante, aplicando la doctrina de responsabilidad compartida.

Para el diputado de Cambiemos, la solución al conflicto de La Salada es separar a las mafias de los trabajadores y ejemplificó que "un caso de éxito fue el de los manteros de Once, que gracias a la propuesta educativa se logró la inclusión social, y mediante el censo se pudo identificar en forma individual cada caso”.

La Fiscalía de la Ciudad realizó entre ayer y hoy numerosos allanamientos por venta ilegal en galerías comerciales de la calle Ramón Falcón al 7100 y 7200, en el barrio porteño de Liniers. Los locales que fueron allanados vendían productos electrónicos e indumentaria de procedencia dudosa, y se encontraban a metros de la estación de tren Liniers, de la línea Sarmiento.

El operativo fue coordinado por la Fiscal Celsa Ramírez, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Falta N°21 y realizado por la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad junto al Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía. Los allanamientos fueron autorizados por el juez Rodolfo Ariza Clerici, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 1.

Como resultado de los procedimientos se secuestraron en un depósito más de 1500 pares de zapatillas y cientos de camperas que infringían la Ley de Marcas y la Ley de Propiedad Intelectual. En otros locales se secuestraron más de 280 celulares presuntamente robados. La Fiscal probó que más de un 20 por ciento tuvieron este origen, mientras que el resto están siendo investigados por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía. También se secuestraron alrededor de 3200 fundas para celular, más de 700 protectores de pantalla, 4 tablets, 400 baterías y otros accesorios de procedencia dudosa.

Todos los locales allanados fueron clausurados por la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad por no poseer habilitación y por graves faltas en su seguridad lo que generaba un peligro para los empleados, como así para los clientes.

Asimismo, uno de los responsables de estas ferias, al no poder probar su identidad, fue trasladado a la Oficina Central de Identificación de Personas de la Fiscalía de la Ciudad.

“La investigación está dirigida a identificar a una posible organización que maneja locales  en el barrio de Liniers sin habilitación, que ofrecen mercadería de origen dudoso y se encuentran ocupando el espacio público, que pertenece a los vecinos de la Ciudad”, señaló la fiscal Ramírez.

Estos procedimientos fueron producto de la investigación iniciada el mes pasado por la Fiscal Ramírez, con la clausura de 23 locales construidos sobre el espacio público en la estación Liniers del Ferrocarril Sarmiento. Se estima que estos locales, que funcionaban sin habilitación y comercializaban mercadería de dudosa procedencia, facturaban alrededor de medio millón de pesos por mes.

Además de los operativos participaron la Dirección Nacional de Migraciones y de la AFIP, Aduana y Dirección General de Recursos de la Seguridad Social.

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