16 DE ENERO DE 2018 |

La Cámpora salió a cuestionar un nuevo informe de la UIF sobre Víctor Santa María.

"El gobierno nacional a través de Clarín y del Partido Judicial vuelve a embestir contra el sindicalista, presidente del PJ porteño y titular del grupo de medios Octubre".

"Clarín publicó ayer un nuevo informe de la Unidad de Información Financiera denunciando supuestas operaciones en Suiza de lavado de dinero. La denuncia judicial no tuvo notificaciones formales sino que solamente trascendió a partir de medios oficialistas". 

"Es así como el Partido Judicial inicia un nuevo apriete contra el representante del diario Página 12 y la radio AM 750, medios que a nivel masivo encabezan la difusión del brutal ajuste que está llevando adelante el Gobierno nacional". 

"A escasas semanas del tratamiento por parte del Poder Legislativo de la reforma laboral tan ansiada por el gobierno como presionada por el FMI, no sorprende que embistan contra una figura de relevancia política tanto para el peronismo como para la dirigencia sindical que tiene bajo su cargo la definición de seguir informando e investigando de forma crítica y sin titubeos".

"Es sabido el malestar en Mauricio Macri y su equipo ante la investigación de Horacio Verbitsky publicada en Página 12 denunciando el blanqueo de 132 millones de dólares de figuras centrales vinculadas al presidente. Es así como el hermano del presidente Gianfranco Macri, el “hermano de la vida” del mismo, Nicolás Caputo, el primo del jefe de gabinete Marcos Peña, Alejandro Jaime Peña; entre otras personas del círculo íntimo del presidente, se beneficiaron con la medida que impulsó el gobierno nacional para blanquear fondos no declarados. Poco tiempo después de esa nota, Verbitsky se distanció del diario para el cual escribía desde hacía más de 30 años".

"Esta persecución es una más en la escalada contra la dirigencia política y gremial opositora, que utiliza su concentración de poder mediático-judicial en pos de intentar silenciar a los medios críticos a su gestión y a los dirigentes sindicales que no se alinean con la Rosada ante las políticas de ajuste, exclusión y represión".

El juez federal Luis Rodríguez amplió el procesamiento por presunto "abuso de autoridad y violación de secretos" a raíz de la difusión de informes supuestamente reservados que involucraban al Grupo Clarín SA.

Además, el magistrado dio por cerrada la investigación y comenzó los pasos legales para enviarla a juicio oral, según su resolución difundida este miércoles.

En la causa iniciada por denuncia del Grupo Clarín en 2010, se acusó a José Sbatella por informar con un comunicado a la prensa una denuncia hecha por la UIF contra sus empresas, que supuestamente debía mantenerse en reserva y luego, ampliar esos datos en el programa televisivo "6,7,8" que se emitía por la TV Pública.

"Las probanzas reunidas permiten sostener que la real intención del imputado era precisamente la aquí denunciada: perjudicar los intereses del “Grupo Clarín S.A.”, sus sociedades controladas y sus directivos", sostuvo Rodríguez al procesar al ex funcionario.

Sbatella, quien condujo la UIF entre 2010 y 2015, ya estaba procesado por el mismo delito en relación a la divulgación de información sobre una investigación que el organismo realizaba a joyerías y ahora el juez lo amplió a los hechos relacionados con las empresas de Clarín

"El descargo presentado por Sbattella" para "afirmar su legal proceder y su imparcial objetivo de cumplir sus obligaciones como Presidente de la UIF y funcionario público, se desvanece por completo", afirmó Rodríguez.

Y reseñó que a sabiendas del secreto que amparaba la información que manejaba la Unidad de Información Financiera y que había motivado una denuncia penal, lo "vulneró" ordenando la publicación de un comunicado de prensa y luego yendo al programa televisivo "6, 7, 8" para hablar del tema.

Esas conductas, para el juez, contradijeron "el secreto impuesto por el artículo 22 de la ley 25246".

Esa norma establece que "los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia".

La información aludía a planes de la UIF para enviar exhortos a Estados Unidos en busca de cuentas bancarias adjudicadas al grupo Clarín en el marco de una pesquisa por supuesto lavado de activos en julio de 2010.

También se procesó por el delito de violación de secretos la ex responsable de prensa y difusión del organismo Fernanda Balatti.

Fuente: Télam

Lo hizo en su rol de querellante ante la fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 37 y el pedido recayó sobre Gustavo Roberto Álvarez, Daniel Ricardo García, Guillermo Eduardo Lockhart y Pedro Andrés Meierhold. Buscan determinar su responsabilidad en el incendio intencional del depósito de Barracas.

La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó a la Justicia que se cite a declaración indagatoria a todos los directores de la empresa de archivos Iron Mountain Argentina, luego de conocerse que fue intencional el incendio en el depósito del barrio porteño Barracas que en febrero del año pasado provocó la muerte de nueve bomberos y un rescatista.

La presentación del organismo que depende de José Sbattella fue elevada ante la fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 37 y abarca a los directivos Gustavo Roberto Álvarez, Daniel Ricardo García, Guillermo Eduardo Lockhart y Pedro Andrés Meierhold.

Así lo publicó hoy el diario Tiempo Argentino, que, citando fuentes de la UIF, indicó que el pedido se basa “a efectos de indagar su responsabilidad" en la generación del fuego que consumió las instalaciones del viejo depósito ubicado en calle Azara 1245 y mató a diez personas.

La empresa "no ha registrado utilidades en los últimos cinco años", indica el escrito de la UIF.

En ese marco, el organismo, que es querellante en la causa, precisó que "debe investigarse el rol que cumplió cada uno de ellos en la empresa argentina como en sus controlantes".

En el escrito la UIF afirmó también que la sede local de la multinacional de origen estadounidense "no ha registrado utilidades en los últimos cinco años y se encuentra controlada por dos empresas extranjeras, una constituida en Chile y otra en las Islas Caimán; mientras que los representantes de las mismas son, a su vez, directivos de la empresa local".

En otro punto de la nota que tuvo como destinataria a la fiscal Marcela Sánchez, el organismo solicitó que "se haga lugar a la solicitud de embargo y suspensión del pago del seguro efectuada por la UIF de conformidad a lo dispuesto por el art. 14 inc 5 de la Ley 25.246".

Asimismo, señaló que "la ingeniería desplegada para iniciar el incendio permite suponer que existía una finalidad de destruir documentación relevante que compromete la responsabilidad de empresas investigadas judicialmente y que utilizaban los servicios de guarda y archivo ofrecidos por Iron Mountain”, y concluyó que “la maniobra (...) constituía el objetivo final del plan criminal, el que se vio truncado por el descontrol que devino y provocó las lamentadas muertes". (Télam)

El juez Alberto Patricio Santa Marina avanzó en la causa donde se investiga a una organización sospechada de dedicarse al tráfico de estupefacientes radicada en Nordelta, que utilizaba empresas pantalla para darle apariencia legal a las ganancias obtenidas de forma ilícita.

Santa Marina aceptó la solicitud de la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) de ser tenida por parte querellante en la causa 10801/2012 "Sánchez Gálvez, Andrés Mauricio y otros s/ Inf. Ley 23.737", que tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 1 de Lomas de Zamora.

Además de las empresas pantalla, a través de operaciones con fideicomisos y adquisiciones de automotores de alta gama e inmuebles, se introducían en el mercado las ganancias obtenidas de forma ilegal, explicó la UIF.

La Unidad antilavado y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investigan a veinte fideicomisos inmobiliarios con negocios que suman un total de 200 millones de dólares invertidos, de los cuales se desconoce su origen.

Las investigaciones revelaron la existencia de una organización delictiva dedicada al tráfico de estupefacientes ingresados al país desde Bolivia, Perú y Colombia, acondicionados en Argentina y luego exportados a España, Australia, Estados Unidos, Holanda, Francia e Italia, entre otros destinos, a través de equipajes preparados o mediante empresas vinculadas con la exportación.

Varios de los miembros de la banda residían en Nordelta, y tenían como punto de reuniones la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional de El Talar.

La UIF informó que se investigan las vinculaciones de la banda con reconocidos personajes del narcotráfico colombiano, como Henry de Jesús López Londoño, Alejandro Gracia Álvarez (vinculado a Ignacio Alvarez Meyendorff) y las bandas de "Los Machos" y "Los Urabeños".

En octubre pasado, la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina secuestró más de cien kilos de cocaína escondidos en el piso de una de las camionetas de la banda y se detuvo a cuatro de sus integrantes.

En total ya se realizaron 42 allanamientos en distintos domicilios y se tomó declaración indagatoria a los imputados.

El 4 de diciembre el juez dictó el procesamiento con prisión preventiva de seis miembros de la banda, por el delito de comercialización de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo.

Asimismo se procesó con prisión preventiva a otros tres miembros por el delito de lavado de activos y dos por el delito de narcotráfico en concurso con el lavado, y se trabaron embargos por un total de 3,6 millones de pesos.

En su reciente resolución, el juez Santa Marina dispuso la inhibición general de bienes de 16 personas físicas y once jurídicas, que la UIF identificó como posible vehículo de lavado de activos, y ordenó el embargo sobre tres bienes inmuebles y una cuenta corriente vinculada con los imputados. (Télam)

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