13 DE DICIEMBRE DE 2017 |

Comunicado de la  Agrupación Naranja del  Subte

Las demoras e inconvenientes que se están produciendo ahora en el servicio del Subte son consecuencia del cambio de horario arbitrario e inconsulto por parte de Metrovias y Sbase.

El corrimiento de 30 minutos al inicio y el cierre perjudica tanto a quienes viajaban en los primeros trenes de la mañana, como al personal que ve afectada su movilidad y organización familiar.

La empresa se ha negado a tratar con la entidad gremial una verdadera extensión al horario histórico de 5 a 1 am.

Esta improvisación está provocando un caos de funcionamiento que será aprovechado por la patronal a su turno para culpar a los trabajadores y atacar a su organización gremial como lo viene haciendo con sanciones crecientes a delegados y activistas.

Que se escuche de verdad la opinión de usuarios y trabajadores.

El Bloque del Frente para la Victoria (FPV) en la Legislatura porteña votó en contra del proyecto del PRO que prorroga por un año la concesión del subte a Metrovías y autoriza el llamado a licitación para concesionar el servicio por 12 años, prorrogable por otro tres, a pesar de la prestación deficitaria del actual servicio.

Los legisladores y legisladoras sostuvieron que la movilidad es un derecho y debe estar garantizado por el Estado, no librada a los criterios del mercado. Por este motivo, el FPV presentó un proyecto en cual el Estado, a través de SBASE, sea el encargado de la administración, en conjunto con trabajadores y usuarios.

Al extender el contrato de Metrovías el proyecto del oficialismo está forzando la ley de emergencia del subte, la cual ya lleva 5 años. Por otra parte, el llamado a una nueva licitación es una muestra de que el balance que hace el Gobierno porteño sobre la gestión privada es positivo, un balance que no coincide con el de los miles de usuarios que padecen un servicio lento, inseguro, incómodo y que incumple la Ley de expansión de la red desde hace casi una década.

El diputado Javier Andrade, miembro del FPV en la comisión de Obras y Servicios Públicos, criticó la calidad del servicio: "En la línea E viajamos como sardinas, hay que dejar pasar dos o tres formaciones para poder subirse y es peor aún para las mujeres. El ruido es tan invasivo que no se puede ni mantener una conversación".

En ese sentido, Andrade señaló que "el Gobierno de la Ciudad se endeudó en U$S 1.200 millones para hacer obras pero no se ven mejoras en el servicio. Al asumir Macri en 2007 prometió construir 10 km por año y construyó un promedio de un kilómetro por año". Y concluyó: "estamos perdiendo una oportunidad histórica para mejorar el servicio del subte. No pretendemos ser revolucionarios, sólo estatizar el servicio como sucede en San Pablo, París o Nueva York."

Por su parte, la legisladora Paula Penacca, sostuvo que "el gobierno de Rodríguez Larreta  insiste con la reprivatización del subte a pesar de los pésimos resultados en términos de calidad del servicio que se obtuvieron hasta ahora bajo el manejo de Metrovías."

En cuanto al canon que cobrará la empresa recordó que "el Estado aportó sólo en 2016 $7 mil millones, sin garantizar ninguna mejora del servicio. No hubo ninguna exigencia para la empresa, ningún control sobre su funcionamiento, pero obtuvo millones de ganancias."

Metrovías y el gobierno de la Ciudad, montaron una parodia de paritaria para entretener a la AGTSyP mientras cerraba con la UTA un acuerdo de rebaja salarial, declaró Christian Paletti, paritario de base electo, que intervino en las tratativas. En la primera reunión luego de 140 días de postergación paritaria, con la Empresa, SBASE y funcionarios de gobierno porteño, la delegación gremial fue informada, verbalmente, que ya habían cerrado un acuerdo con la UTA y presentaron sin dar lugar a objeción, un acta y escala salarial con un 21% de aumento, sin consideraciones sobre condiciones de trabajo reclamadas. En su 4º punto deja establecido que estas  escalas quedarán firmes a partir de su homologación por la autoridad Laboral.

“Con esto - refirió Paletti- han ignorado a la AGTSyP, a sus afiliados y al pliego de reclamos elevado, que incluía un aumento de 35%, para imponer despóticamente las condiciones que firmaron entre gallos y medianoche con un gremio usurpador del ámbito del subte como es la UTA. Han ignorado la  genuina personería gremial que detenta la AGTSyP, a partir de la aprobación legal de su apelación a la Corte Suprema. Y lo que es más importante para la familia trabajadora, producen una rebaja de 14 puntos porcentuales de los sueldos, ya carcomidos por el injusto impuesto al salario, en un clima siniestro de devaluación del peso, naftazos y tarifazos”

El paritario rechazó los términos del acta presentada y fijó su posición no sólo de rechazo de la propuesta salarial, sino del procedimiento conspirativo, ilegal y desleal de la empresa y el gobierno contra dicha Asociación. Y propone a la base que representa, que una asamblea general extraordinaria de la AGTSyP sea convocada con urgencia para resolver el plan de acción que corresponde a semejante arrebato contra los trabajadores.

Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid, que jugó un destacado rol en la opaca operación de venta de los trenes usados que el GCBA compró para la línea B, fue detenido en el marco de una megacausa de corrupción. Se le imputa "organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo y fraude", entre otras.

El pasado miércoles, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (Partido Popular), fue detenido por las autoridades españolas en el marco de la Operación Lezo, una megacausa judicial que investiga su presunto vínculo a una trama de corrupción y financiamiento ilegal de la política.

A González “se le considera el presunto cabecilla de una trama que durante años desvió fondos públicos para su enriquecimiento personal”, según consignó el diario El País. La Justicia lo imputó por “organización criminal, prevaricación, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y falsificacion documental”.

González, en su carácter de presidente del gobierno regional madrileño entre 2012 y 2015, tuvo un papel destacado en la polémica operación de venta de los trenes CAF Serie 6000 del Metro de Madrid al gobierno porteño, concretada en 2013.

De hecho, el 27 de enero de 2014 González presidió personalmente una ceremonia en los talleres de Canillejas en la que se embarcó el primer tren rumbo a Buenos Aires. Allí, el ahora detenido funcionario alabó la operación y expresó su satisfacción por la contratación por parte de SBASE de una asesoría técnica madrileña por casi 5 millones de euros. “Esta nueva venta es un magnífico ejemplo del interés internacional que despierta Metro de Madrid”, había dicho el funcionario.


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Además, González fue durante años vice de la anterior presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, a su vez militante del PP, durante cuyo mandato se concretó la venta de la también polémica flota CAF 5000. En esa ocasión, El País consideró que Metro de Madrid “se frotaba las manos” con la venta de trenes “carne de chatarrería” con más de “32 años de traqueteo”. Algunas de las unidades que no fueron vendidas a Buenos Aires fueron, de hecho, utilizadas para pruebas con explosivos.

La compra de la flota CAF 6000 –un tercio de la cual, a cuatro años de la compra, todavía sigue sin funcionar– había sido duramente objetada por un exhaustivo informe de la Auditoría Porteña al que tuvo acceso en exclusiva este medio. Ese organismo de control había calificado de “insuficientes” tanto la “estimación de los costos” como “la fundamentación de la conveniencia de la compra”, a la vez que alertó sobre la falta de verificación de “la razonabilidad de los precios finales”.

La operación, por demás opaca, estuvo rodeada de sospechas y fue motivo de denuncias penales por fraude al Estado contra las autoridades que entonces encabezaban SBASE, que acabaron siendo desplazadas.

Fuente: EnelSubte.com

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