24 DE OCTUBRE DE 2017 |

 El diario estadounidense The New York Times publicó un duro editorial contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy por la violencia utilizada por los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir la celebración del referéndum de autodeterminación en Catalunya.

"La brutalidad de la Policía española el domingo en su misión para impedir el referéndum de secesión catalán tuvo su mayor éxito profundizando la crisis política", escribe el periódico estadounidense.

"Cataluña muestra el fracaso de España en crear un Estado federal moderno".

Para el autor del artículo de The New York Times, Roger Cohen, Rajoy "tenía la ley de su lado, pero ahora Barcelona tiene las imágenes de televisión y la solidaridad y simpatía que generan, haciendo que el primer ministro parezca un matón intransigente y alejando la posibilidad de una solución política al conflicto".

La jornada electoral se saldó con 893 personas atendidas por los médicos debido a agresión policial, según el Departamento de Salud catalán; por su parte, el Ministerio del Interior de España menciona que hay 431 agentes heridos.

CONADU, junto con distintos gremios educativos, federaciones y centros de estudiantes de todo el país realizó este viernes una conferencia de prensa en repudio a la irrupción de la policía jujeña en la UNJu, quebrantando la autonomía universitaria, y a la detención ilegal de Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy. La conferencia se desarrolló en la Escuela Pública Itinerante instalada en la plaza de los dos Congresos de CABA.

Participaron Carlos De Feo, Secretario General de CONADU; Eduardo López, Secretario General de UTE; Alejandro “Coco” Garfagnini, coordinador de la Tupac Amaru; Jorge Calzoni, Rector de la Universidad de Avellaneda ─en representación de los rectores─; e integrantes de las federaciones estudiantiles de la FULP, a través de su presidente Marcel Aguilera, de la FUBA, Adrián Lutvak, y Daniel Fernández en representación de las conducciones de las federaciones estudiantiles de Río Cuarto, Villa María y Villa Mercedes.

Entre las innumerables adhesiones estuvieron presentes Jorge Rivas, Aníbal Ibarra, Mariano Recalde, Eduardo Jozami, Laura Alonso, Miguel Funes y Adrián Grana, además de otros referentes de organizaciones políticas y sociales.

Frente al avasallamiento a la autonomía universitaria y la represión a los estudiantes, que no se daba desde las peores épocas de nuestra historia, De Feo señaló: “Esta es la metodología que usa el gobierno para instalar un modelo de ajuste en el país en general y en la universidad en particular. Pero lejos de amedrentarnos nos fortalece, porque demuestra claramente su cara más reaccionaria que nada tiene que ver con la perorata del diálogo que tanto proclama y que incumple al negarse a llamar a la paritaria, al imponer un techo salarial y al atacar a los trabajadores que nos organizamos democráticamente en defensa de nuestros reclamos”.

La policía jujeña irrumpió en el predio universitario en la noche del 12 de abril, cuando el Centro de Estudiantes de la Facultad realizaba un asado que contaba con autorización del decanato. El operativo, que incluyó cinco móviles y numerosos efectivos armados, finalizó con la detención de dos jóvenes, uno de ellos el Presidente del Centro de Estudiantes. Ambos fueron puestos en libertad al día siguiente, luego de que el Decano de la facultad reclamara por esta situación ante las autoridades provinciales. La policía, entretanto, no sólo negó inicialmente conocer el paradero de los estudiantes detenidos, sino que alegó haber intervenido porque se estaba cometiendo una contravención.

Jujuy vive un “estado de excepción”. Es la provincia que desde enero de 2016 mantiene irregularmente presa a Milagro Sala y a un grupo de militantes de la Tupac Amaru, y en la que el hostigamiento y la persecución política han generado un clima de terror que atenta contra las libertades democráticas. Este hecho se suma a las incesantes violaciones del Estado de derecho que el abuso de poder del gobierno provincial promueve, y el discurso revanchista y violento de los funcionarios del gobierno nacional estimulan.

Exigimos al Ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, que se exprese claramente condenando la violación de la autonomía universitaria y reclamamos un urgente pronunciamiento de repudio del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Asimismo, demandamos al gobierno de la provincia de Jujuy y al Estado Nacional que, junto con el esclarecimiento de este hecho, asuman su responsabilidad de velar por el respeto de la Constitución Nacional y que respondan las demandas de cumplimiento de los Pactos Internacionales que comprometen a la Argentina en la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas en todo el territorio nacional.

El secretario de Política Criminal bonaerense, César Albarracín, y el jefe de la policía provincial, Juan Carlos Paggi, se reunieron ayer con familiares de dos jóvenes muertos durante la represión tras el descarrilamiento de un tren en José León Suárez, el pasado 3 de febrero.

"Vinimos a trabajar en la asistencia de los familiares de las víctimas y se acordó una agenda de trabajo importante sobre ciertas cuestiones relacionadas con la comisaría cuarta, que fue intervenida por disposición del ministro (de Justicia y seguridad Ricardo Casal)", contó a la prensa Albarracín.

El funcionario provincial explicó que personal de auditoría de Asuntos Internos trabaja en la investigación interna del hecho y "se va a nutrir no sólo del expediente sino de muchas de las cosas que tienen para aportar los vecinos y familiares de las víctima para que se tomen eventualmente las medidas que correspondan".

Si bien en la causa está trabajando el fiscal de San Martín Marcelo Sendot con la Gendarmería Nacional, Albarracín explicó que él y Paggi fueron "para transmitirle a las familias de las víctimas que desde la provincia y el gabinete provincial se está a su disposición para colaborar en lo que ellos necesiten".

"Los familiares solicitaron que se trabaje por esclarecimiento de los hechos y que se castigue a los culpables", agregó el funcionario.

"El interés de ellos es el nuestro", expresó Albarracín, quien aseguró que se apartará de la fuerza a quien haya cometido algún abuso.

Por su parte, Paggi dijo que le expresaron a las familias "el profundo dolor por lo sucedido" y se "articularon una serie de medidas para llevar adelante".

"Ha sido un reunión que viene a convertirse en una instancia superadora, de participación comunitaria, nos llevamos una agenda de trabajo para poder realizar algunas tareas que permitan, más allá del esclarecimiento del hecho luctuoso, poder seguir trabajando para seguir creciendo juntos", explicó el jefe policial.

Paggi aseguró que "hay una decisión muy fuenrte de ministro Casal para ir a fondo con esta investigación" El jefe policial ratificó que un policía fue desafectado de la fuerza y otros 15 están a disposición de la fiscalía por tratarse de todos los que participaron de la represión policial posterior al descarrilamiento.

El lunes, el ministro Casal había anunciado la reunión de Paggi y Albarracín con familiares de las víctimas Franco Almirón (16) y Mauricio Ramos (16).

Casal fue quien informó además sobre la "desafectación del suboficial que reconoció haber disparado con otros cartuchos a los autorizados" y de otras "quince desafectaciones pendientes a la espera de la resolución judicial".

Almirón y Ramos murieron el jueves pasado luego de que un tren del Nuevo Central Argentino (NCA), descarriló a la altura de la villa La Cárcova de José León Suárez y la policía se enfrentó con delincuentes que asaltaron la formación.

De acuerdo a los resultados de las autopsias, las dos víctimas presentaban impactos de postas de guerra (plomo) disparadas con escopetas calibre 12/70 de la policía y se cree que los disparos fueron hechos a corta distancia, informaron fuentes judiciales.

En tanto, el fiscal de la causa, Sendot, les tomó declaración a unos 50 testigos, entre ellos una mujer que bajo identidad reservada fue quien más datos aportó a la pesquisa sobre el accionar policial con proyectiles de plomo.

Otro de los datos que se pudo corroborar es que los adolescentes asesinados no estaban armados y al momento del descarrilamiento del tren iban a buscar cartones en bicicleta.

En el grupo también estaba Joaquín Romero (19), quien fue baleado en la espalda y permanece internado en grave estado.

Télam

SEGUINOS. CONECTATE

Para comunicarte con GENTE-BA:

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

facebook.com/periodicogenteba

@genteba

Fotogaleria