11 DE DICIEMBRE DE 2017 |

La organización Barrios de Pie realiza una jornada de protesta con la instalación de una olla popular en el Obelisco porteño, sin cortes de calles, que se replica en los accesos a la Ciudad y distintos puntos del conurbano para finalizar frente al Congreso con "un llamado de atención" a los legisladores que se comprometieron a iniciar el debate del proyecto de ley de emergencia alimentaria.

La jornada organizada por Barrios de Pie comenzó frente al Obelisco porteño con una olla popular y continuará en el Puente Pueyrredón, Puente La Noria, Panamericana y 197, Acceso Oeste y Autopista Buenos Aires-La Plata, entre otros puntos según confirmó a Télam el coordinador nacional de la agrupación, Daniel Menéndez.

Luego en el Congreso los integrantes de Barrios de Pie se reunirán con diputados de los distintos bloques para comenzar a tratar en comisión un proyecto de ley de emergencia alimentaria. 

Un reciente informe de la Universidad Católica Argentina, precisa que la pobreza entre niños y adolescentes de 0 a 17 años alcanza hasta el 58,7% y que ocho millones de personas sufren carencias básicas.

"Pedimos a los diputados que salteen un tiempo la agenda de campaña y cumplan con el compromiso de tratar la emergencia alimentaria", dijo Menéndez al precisar que tanto el oficialismo como los distintos bloques opositores se comprometieron a asistir a la mesa de trabajo que se realizará en la sala I del edificio anexo del Congreso.

Fuente: Télam

Juan Carlos Juárez, referente en materia de seguridad social del GEN afirmó que el Gobierno Nacional avanza en silencio con un proyecto que buscará elevar la edad y la cantidad de años de aportes necesarios para jubilarse. Señaló que el cierre de la Unidad Fiscal que investiga a la ANSES busca reducir los controles e impedir el acceso a la información sobre esa iniciativa y otros manejos.

En primer lugar, el referente del espacio que lidera Margarita Stolbizer rechazó la decisión del Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Emilio Basavilbaso, quien dio de baja el convenio que mantenía con la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social, que recientemente había denunciado a IECSA, firma de la propiedad del primo de Mauricio Macri, y se encontraba investigando una presunta malversación de fondos del propio organismo previsional.
        
A través de una resolución fechada el 2 de junio y que lleva la firma del propio Basavilbaso, ANSES notificó a la UFISES el "no ejercicio de la prórroga" del convenio que mantenían entre ambos. Dicho acuerdo había sido firmado en el año 2002, tras haber sido impulsado por el propio Juárez (quien en esa época se desempeñaba como Gerente de Investigaciones administrativas) y por Sergio Massa (quien estaba al frente de la Dirección Ejecutiva) con el objetivo de fijar acciones conjuntas tendientes a la creación de una unidad especializada en materia de delitos vinculados a los recursos de la seguridad social.
        
Al respecto, el Secretario del Congreso Nacional del GEN, expresó que “siembra muchas dudas que el Gobierno haya decidido el cierre de dicha unidad, restando transparencia a su gestión” y denunció que “llamativamente eso se suma a una fuerte intención de Basavilbaso, junto al Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, de avanzar en silencio en un supuesto código de seguridad social para extender la cantidad de años de aportes de los trabajadores y la edad necesaria para acceder a la jubilación”.
        
Además, sostuvo que “con la desaparición de la UFISES ya no se va a poder controlar cómo se administra y a qué se destina el Fondo de garantías de Sustentabilidad que tiene ANSES y que incluye miles de millones de pesos que pertenecen a los jubilados, ni tampoco cómo se manejan los recursos del blanqueo de capitales que se utilizan para abonar las sentencias previsionales”.
        
Finalmente, Juan Carlos Juárez dijo que “esa decisión del Gobierno no hace más que cerrar cualquier posibilidad de obtener transparencia en el manejo de los fondos de ANSES y siembra muchas sospechas sobre la conducción del organismo”.

Se trata de un proyecto presentado por el Diputado Nacional Alejandro Grandinetti, del Frente Renovador UNA, que propone la creación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, tendiente a verificar a las grandes empresas formadoras de precios para evitar que constituyan abuso de posición dominante. Prevén severas sanciones y multas que van desde cien mil hasta doscientos cincuenta millones de pesos.
        
Al respecto, el referente del espacio liderado por Sergio Massa afirmó entre los fundamentos de la iniciativa que “la defensa de la competencia fue expresamente incluida en la reforma constitucional de año 1994 (art. 42), siendo un instrumento fundamental para la organización de un mercado eficiente y dinámico apto para el desarrollo económico” y agregó que “es importante que exista un organismo autónomo del Estado en defensa de la competencia y de los consumidores, mitigando el riesgo de discrecionalidad con fines de oportunismo político y fenómenos de captura de la política pública por parte del sector privado”.
        
Además, el Legislador Nacional consideró en su escrito que “es necesaria la creación de esa Comisión como un ente autárquico, con autonomía económica y financiera, el cual también actuaría como una primera instancia judicial, en materia de sanciones administrativas” a la vez que señaló que “dada la celeridad necesaria en la regulación de la actividad comercial, es de vital importancia contar con una institución especializada que pueda resolver conflictos de forma rápida y eficaz”.
        
También aseguró que “de nada sirve un mandato constitucional o un organismo de defensa de la competencia que no tenga la potestad de sancionar cuando se descubre un comportamiento de posición dominante de mercado que va en contra de los consumidores” y detalló que “la norma apunta a controlar a los verdaderos formadores de precios, que están concentrados en un 60 % en las grandes industrias y superficies de comercialización”.
        
Según el proyecto, “quienes realicen los actos prohibidos serán sancionados con una multa de cien mil pesos ($ 100.000) hasta doscientos cincuenta millones de pesos ($ 250.000.000), monto que se actualizará por las cifras de inflación. En caso de reincidencia, los montos de la multa se duplicarán. Por su parte, se detalla que “la  Comisión podrá solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, embargadas o inhibidas”.
        
Dicha moción en defensa de la competencia surge en medio del nuevo plan económico denominado “Bajemos los precios”, impulsado por Sergio Massa y que pretende reducir en un 20%, aproximadamente, el valor de los productos que se ofrecen en la góndola, ayudando a las familias a ahorrar entre $800 y $1000 en sus compras mensuales. Ese programa incluye una campaña en Change.org, que ya lleva recolectadas 348 mil firmas que avalan el proyecto que pretenden presentar en el Congreso.
        
En ese sentido, finalmente, el Diputado Alejandro Grandinetti reconoció que su propuesta actúa como “complemento del plan presentado por Massa” porque explicó que “para poder actuar y evitar el aumento indiscriminado de los precios es imperioso contar con organismos estatales que no dependan del Gobierno Nacional y que cuenten con el presupuesto y la estructura necesaria para que puedan controlar y aplicar sanciones a quienes corresponda”.

Es una medida "que puede darle previsibilidad a la actividad turística" y "ayudar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad de la misma", según coincidieron en señalar importantes referentes del sector.

El proyecto que busca eliminar los dos feriados puente vigentes desde 2010 y que propone ampliar la cantidad de fines de semana largos de tres a siete, es una medida "que puede darle previsibilidad a la actividad turística" y "ayudar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad de la misma", según coincidieron en señalar hoy importantes referentes del sector.

El proyecto, que fija en 16 los feriados nacionales más un día no laborable, será tratado en las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados y según el titular de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Oscar Ghezzi, "tiene muchas ventajas y muy pocas desventajas que se pueden corregir".

Ghezzi consideró que "tener un calendario de fines de semana largo planificado nos permite ser previsibles para organizar la oferta turística durante todo el año", y dijo que esta ventaja "es clave para que en el interior del país haya actividad turística los 360 días y se rompa el fenómeno de estacionalidad".

La iniciativa, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, del ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, propone aumentar de tres a siete los feriados trasladables, ampliando así la cantidad de fines de semana largos, y para el titular de la CAT "esto es positivo porque ayuda a ordenar la oferta turística".

Además, establece que todos los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles pasen al lunes anterior, y los que coincidan con días jueves y viernes al día lunes siguiente, exceptuando el Viernes Santo, 1 y 25 de mayo, 9 de julio, 8 y 25 de diciembre y el 1° de enero.

"Si bien desaparecen dos feriados puente, el calendario es más previsible porque dispone que los días no laborables sean siempre lunes, lo que hace aumentar la cantidad de feriados largos", explicó el reconocido referente del sector turístico.

Ghezzi estimó que la medida propuesta "debe ser analizada con tranquilidad por todos los actores del sector para ver cómo se logra que sea beneficiosa para todas las actividades".

"Sobre todo si tenemos en cuenta que el turismo es una de las actividades centrales de la economía y que los feriados puente benefician el desarrollo del resto de la actividad económica, sobre todo en economías regionales", acotó el máximo directivo de la CAT.

Por su parte, el presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), Roberto Brunello, dijo que "si la medida es útil para equilibrar las necesidades en materia de educación, producción y turismo está bien".

Brunello precisó que en la entidad que dirige analizaron la iniciativa y llegaron a la conclusión de que "la misma le otorga previsibilidad a los dueños de los hoteles y restaurantes, y eso es muy importante para su funcionamiento, sobre todo en la temporada baja".

El titular de la Fehgra afirmó que "el proyecto marca el aumento de la cantidad de fines de semana largos, que demostraron ser claves para motorizar la creación de puestos de trabajo, y por eso nos parece bueno".

En tanto, voceros del Ministerio de Turismo de la Nación deslizaron que el proyecto "fue elaborado con el consenso de los referentes del sector", quienes también trabajan "para extender las vacaciones hasta la primera semana de marzo y para que las próximas vacaciones de invierno sean escalonadas en 30 días en distintas provincias".

Los mismos voceros remarcaron que con la iniciativa en análisis "el turismo pierde dos feriados puente pero gana cuatro fines de semana largos porque aumenta de tres a siete los feriados removibles".

"Los fines de semana largos son muy positivos para el turismo y responden al nuevo formato de consumo de viajes, el de escapadas", agregaron los voceros del Mintur.

Por último, el presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), Fabricio Di Giambattista, sostuvo que "todas las provincias apoyaron el desarrollo de este proyecto, que en líneas generales resume el concepto que tiene el sector turístico sobre los feriados puente y los feriados largos".

"Desde la Faevyt vamos a apoyar este proyecto porque sabemos que aumentar la cantidad de fines de semana largos y tener un calendario ordenado y previsible de los mismos es muy importante para el turismo y el comercio", manifestó Di Giambattista.

Fuente: Télam

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