27 DE JUNIO DE 2017 |

El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que para la remoción de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, “hay un proceso de juicio político en el Congreso”, pero aclaró: “yo creo que el juicio político no es la forma de remoción", en un repotraje que se publicó este domingo en el diario El Tribuno, de Salta.

Garavano explicó que el juicio político para la remoción de Gils Carbó "es una ley de algún modo inconstitucional, que asigna procesos de remoción que no están previstos constitucionalmente. En el caso del juicio político para la Procuradora se pudo haber incluido eso en la reforma constitucional y no se hizo".

Más allá de eso, agregó, "está en manos del Congreso, tanto el juicio político como la Comisión Bicameral de Seguimiento, como la posibilidad de modificar la ley de Ministerio Público que para nosotros sigue siendo muy importante para poder avanzar en una reforma del sistema de Justicia Penal. Yo creo que eso no es una debilidad sino una fortaleza del Gobierno el hecho de que se respeten las instituciones más allá de las críticas profundas que tenemos hacia la Procuradora”.

Por otra parte dijo que “apretar jueces fue una política del Gobierno anterior que se verificó en numerosas situaciones”.

Expresó que los términos “apretar jueces” –que se oye en una escucha a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner- es “bastante clara y no hay mucho que interpretar” y reafirmó que fue una política del kirchnerismo “que se verificó en numerosas situaciones, incluso en proyectos de ley y distintas acciones. Claramente ese no es el camino para un mejor país ni para una mejor justicia”.

Para el gobierno del presidente Mauricio Macri “no hemos hecho ni ataques ni referencias a ninguno de los magistrados, ya sean jueces o fiscales”, afirmó.

Consultado sobre las denuncias de la ex Presidenta sobre persecución política, Garavano respondió: “Eso no es así, hay una sobreactuación para tratar que la discusión sea netamente política”,  incluso –dijo- todas estas filtraciones de viejas escuchas que llevan a discutir generalidades.

Garavano advirtió luego que la Justicia “tiene problemas estructurales y tiene problemas para investigar los hechos de corrupción. El Gobierno siempre ha señalado la necesidad de que los casos judiciales se eleven a juicio, me parece que el desafío del sistema judicial es elevar los casos a juicio para que en juicio oral el fiscal demuestre la responsabilidad de los funcionarios o en definitiva queden absueltos en relación a los hechos sobre los cuales se los investigó. Esa es la gran deuda pendiente de la Justicia”, afirmó.

Sobre la detención de Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru,  en Jujuy, que ya lleva más de un año, el ministro de Justicia aclaró que “es un caso de una justicia provincial, obviamente el Gobierno no tiene injerencia ni en la justicia nacional ni en la justicia provincial. De todas formas el caso hoy ya ingresó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es ella la que ahora resolverá sobre la detención o no de Milagro Sala o la posible morigeración de la prisión preventiva; son las distintas alternativas que tiene la Corte para abordar”.

“La situación de Milagro Sala no es diferente a la de otros detenidos”, aclaró.

Por otra parte sobre el proyecto de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil afirmó que “es un tema estructural y troncal que lo venimos trabajando” como “tantas otras que tenemos vinculadas al delito y los jóvenes. Nosotros estimamos que para el mes de mayo más o menos va a haber un proyecto de ley ya finalizado. Si logramos consenso político enviaremos el proyecto al Congreso para que se debata. Nos parece central contar este año con un nuevo régimen penal juvenil”, completó.

Fuente: Télam

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, aseguró que el gobierno nacional quiere que se reforme la ley del Ministerio Público pero aclaró que "es respetuoso de los roles", y entiende que "se ha generado debate" en el Congreso, y "si no se generan los consensos, no habrá modificación a la ley", lo que consideró que "tampoco es nada grave".

Dejó claro también que las voces que se alzan en contra del proyecto, como la de la diputada de la Coalición Cívica y aliada de Cambiemos Elisa Carrió, "no son de apoyo a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sino discusiones en torno a la ley".

"Es un proyecto para discutir, y es una discusión que se está dando en la Cámara de Diputados. Hay que ser respetuosos de los distintos roles y actores. El gobierno quiere que se modifique la ley, pero el Congreso la está discutiendo", dijo el ministro en una entrevista con radio Nacional.

Agregó que la reforma del Ministerio Público Fiscal entra en la categoría de "leyes complejas" porque toca "instituciones que son muy corporativas" que tienen "su propia mirada en muchas cosas", y explicó que el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto inicial, que resultó "muy diferente" al que obtuvo dictamen en Diputados.

Garavano intentó desdramatizar la situación y dijo que desde el Gobierno están atentos a la evolución en el tratamiento del proyecto de ley pero que si no se logran generar los consensos necesarios para su aprobación "no es tampoco nada tan grave".

"Creo que estas cuestiones hay que desdramatizarlas. Son cambios de leyes muy importantes. Mi desafío desde el Gobierno es impulsar la reforma del sistema de Justicia a largo plazo, no pensando en las personas, sino en las reformas que reclama la sociedad en la Justicia, y como hay muchos intereses, siempre habrá resistencia", consignó el titular de la cartera de Justicia de la Nación.

Garavano dejó claro que "si no se generan los consensos, no habrá modificación a la ley", y agregó que "tampoco es nada tan grave".

Respecto de la posición de Elisa Carrió, el ministro señaló que la diputada quiere el juicio político a Gils Carbó para desplazarla", y no que el alejamiento se produzca por la reforma de la ley, "debido a las persecuciones que hubo dentro del Ministerio Público Fiscal y por las designaciones".

Carrió también cuestiona el proyecto de ley por las facultades que otorga a la comisión bicameral y el plazo del mandato de quien sea designado Procurador, que la ley fija en cinco años, mientras que la legisladora prefiere un mandato más extenso.

Respecto del juicio político a la Procuradora, Garavano dejó claro que "es un mecanismo que no está contemplado en la Constitución Nacional, por lo que es inconstitucional", y explicó que la nueva ley del Ministerio Público "trata de corregir la situación" para que la titular del Ministerio Público "no tenga tanto poder".

Dijo también que la discusión en torno a la nueva ley del Ministerio Público "ha generado también una discusión interna en el espacio de gobierno", y afirmó que eso era "bueno", porque habla de "un espacio democrático, con distintas voces y miradas".

"Esto me genera más o menos estrés, pero es bueno para el país porque enriquece el debate, las discusiones", concluyó Garavano.

El tratamiento del proyecto de Ministerio Público Fiscal estaba previsto para una sesión especial a realizarse mañana, aunque el nuevo escenario haría peligrar el debate.

El proyecto que busca reformar la Ley del Ministerio Público Fiscal contempla limitar a cinco años el cargo vitalicio del Procurador General de la Nación (Alejandra Gils Carbó lo ejerce desde agosto del 2012).

Una clausula transitoria del proyecto establece también que la bicameral de Ministerio Público deberá avalar los nombramientos de los fiscales de distrito, así como sus traslados, y revisar además las designaciones realizadas en las 11 direcciones generales en las que Gils Carbó apuntala su gestión.

Fuente: Télam

En la Corte confían en que el martes o miércoles la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, elevará su dictamen respecto a la suba de tarifas -que tiene carácter no vinculante- y de esa forma el máximo tribunal ya contará con todos los elementos para pronunciarse.

La Corte Suprema de Justicia podría expedirse el próximo jueves sobre el aumento en la tarifa de gas, medida que se encuentra frenada por un fallo de la Cámara Federal de La Plata.

En la Corte confían en que el martes o a más tardar el miércoles próximo, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, elevará su dictamen respecto a la suba de tarifas -que tiene carácter no vinculante- y de esa forma el máximo tribunal ya contará con todos los elementos para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.

De esta forma, la causa será tratada por el titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, y por los demás jueces que integran en la actualidad el tribunal, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, ya que el jurista Carlos Fernando Rosenkrantz jurará como nuevo ministro el lunes 22 de agosto.

La decisión de abordar el tema tarifas el próximo jueves fue dada a conocer esta tarde por una fuente cercana al máximo tribunal.

"Los secretarios letrados están trabajando desde hace semanas en el tema y seguramente la semana próxima la Corte abordará la cuestión de fondo planteada por la Cámara Federal de la Plata", dijo la fuente.

"La facultad del Poder Ejecutivo para fijar las tarifas de los servicios públicos no está en debate ni siquiera en el fallo de la Cámara platense", agregó el portavoz.

A principios de julio, cuando la Cámara Federal platense frenó el aumento de las tarifas y lo hizo extensivo a todo el territorio nacional mediante una medida cautelar pedida por una asociación de usuarios, no objetó la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo sino el hecho de que el Ministerio de Energía no haya seguido los pasos legales previstos, que incluyen una audiencia pública que no fue convocada de manera previa a la instrumentación de la suba.

El expediente llegó de manera formal a la Corte el lunes, luego que al tribunal platense diera vía libre al recurso presentado por la Procuración General del Tesoro, pero con efecto "devolutivo", lo que dejó vigente el freno a la implementación del nuevo esquema de tarifas diseñado por el Gobierno que contempla topes en las subas de hasta 400 y 500% para usuarios residenciales y pymes y comercios, respectivamente.

En ese marco, el Poder Ejecutivo presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal reclamando que se suspenda el carácter "devolutivo" del fallo platense, de manera de permitir a las empresas que comiencen a facturar bajo el nuevo esquema de tarifas, ya que los valores que se encuentran vigente por la judicialización del tema son los que regían hasta el 31 de marzo pasado.
El martes pasado, en la última reunión de acordada, los jueces de la Corte eludieron pronunciarse sobre el pedido del Gobierno y solicitaron a Gils Carbo su opinión, a lo que ahora se suma la confirmación de que el jueves venidero tratarán el tema.

Por la suba de tarifas puesta en marcha en marzo, los primeros en reaccionar ante la magnitud del aumento, de hasta el 2.000 por ciento en algunas boletas, fueron los gobiernos provinciales y municipales que apelaron a la vía judicial mientras se generalizaban las protestas.

Luego de esto, a partir de un entendimiento alcanzado con los gobernadores, anunciaron un tope máximo de 400% de aumento para los usuarios residenciales y de 500% para empresas pequeñas y medianas, siempre que el consumo de gas se haya mantenido dentro de los parámetros de igual período del año anterior.

El tema volvió a cobrar fuerza con la llegada de las nuevas boletas en usuarios que consumieron por encima del promedio del año anterior, con subas sensiblemente superiores a los topes del 400% y 500%.

El pronunciamiento de la Sala II de la Cámara Federal platense revirtió un fallo de primera instancia que dio la razón al Estado en su potestad para disponer un aumento de tarifas, si bien objetó que no se hayan realizado audiencias públicas de manera previa.

El tribunal de segunda instancia decretó la nulidad de las resoluciones tomadas por el Ministerio de Energía que dieron curso al aumento debido a que de manera previa no se realizaron las audiencias públicas correspondientes.

En la primera semana de julio, antes de iniciarse la feria judicial de invierno, la Corte demandó al Poder Ejecutivo que en un plazo de diez días le remitiera los considerandos del fuerte aumento, así como la localización de los ajustes, un trámite que se concretó la semana pasada.

Fuente: Télam

El Jefe de Gabiente, Aníbal Fernández, expresó que se está viviendo el segundo proceso tras el temporal que afectó la zona norte de la provincia de Buenos Aires y parte de Santa Fe que es el regreso a casa de los evacuados. "Se está trabajando sobre eso", afirmó

El Jefe de Gabiente, Aníbal Fernández, expresó que se está viviendo el segundo proceso tras el temporal que afectó la zona norte de la provincia de Buenos Aires y parte de Santa Fe que es el regreso a casa de los evacuados.

"El objetivo primario siempre es esperar que las aguas bajen a los niveles normales" antes de que las personas puedan "volver a sus casas".

Además, confió que "ya hay vecinos, en algunos municipios, que están volviendo a sus viviendas".

Consultado sobre la posibilidad de enfermedades dijo que el Ministerio de Salud es el encargado del relevamiento de los casos y recordó que existen "cinco Ministerios" que se encuentran trabajando en forma coordinada desde el primer día.

En declaraciones a los periodistas, a su ingreso a la Casa de Gobierno, también fue consultado sobre sobre declaraciones de Mauricio Macri, quien afirmó que en un eventual gobierno suyo tendrían que renunciar el presidente del Banco Central Alejandro Vanoli como la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. "En mi gobierno no figuraría Macri" respondió.

Explicó que se trata de las apreciaciones de la "derecha conservadora" que representa el candidato y agregó que su propuesta referida al tipo de cambio en manos del mercado derivaría en "el rompimiento de la industria textil, trabajadores en la calle y el fin de las convenciones colectivas de trabajo. Es decir, lo que él plantea a su círculo rojo: romper las conquistas y derechos obtenidos".

Consultado sobre el viaje del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli explicó que  "tenía una necesidad física, la explicación está dada por él y no tengo por qué pronunciarme al respecto si su equipo ha venido trabajando" sobre las necesidades de la gente.

Además salió al cruce de los que hablan de su relación con Scioli, señalando que ayer habló con él.  “Me llamó telefónicamente ayer y me contó lo que había pasado y que estaba bárbaro”.

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