29 DE JUNIO DE 2017 |

La coalición de izquierda ideó la iniciativa por las denuncias de corrupción contra el presidente del gobierno español, con su líder Pablo Iglesias como candidato alternativo.

La coalición de izquierda Unidos Podemos presentó este viernes su moción de censura contra el presidente del gobierno español Mariano Rajoy, con su líder Pablo Iglesias como candidato alternativo pese a que no cuenta con los apoyos suficientes para superar la votación.

"Aquí y ahora se puede echar del gobierno al Partido Popular (PP)" de Rajoy, dijo Irene Montero, vocera parlamentaria del grupo tras registrar la iniciativa en el Congreso de los Diputados español.

"Es la alternativa de un país nuevo que no tolera más las prácticas corruptas de saqueo de lo público del PP. Basta ya de corrupción, de ensañamiento y de no entendimiento de la realidad plurinacional del país", añadió la diputada morada.

Junto con la moción de censura, la formación de izquierda también convocó una concentración contra la corrupción del PP mañana en la madrileña Puerta del Sol bajo el lema "Hay que echarlos".

Aunque Rajoy y su PP están cada día más acorralados por los escándalos de corrupción, a raíz de investigaciones que pusieron bajo sospecha campañas electorales y que también apuntan a delitos graves de cohecho, salvo una sorpresa, Iglesias fracasará en su intento por desalojarlo del poder.

Montero admitió que actualmente hay más votos en contra que a favor de la moción, ya que Unidos Podemos sólo cuanta con 67 diputados, más el respaldo seguro de los cuatro diputados de Compromís, y no pudo convencer a ninguno de los otros dos principales partidos opositores, el Partido Socialista (PSOE), y los liberales de Ciudadanos, para que acompañen la iniciativa.

Para prosperar, la moción de censura necesita contar con el respaldo de al menos 176 diputados de los 350 de la Cámara Baja, y nada indica que Iglesias pueda recabar esos apoyos.

Unidos Podemos registró la propuesta apenas 48 horas antes de la crucial votación interna del PSOE en la que se elegirá al nuevo Secretario General socialista, lo que fue visto como una "intromisión" en ese proceso electoral.

La formación de izquierda también convocó una concentración contra la corrupción del PP mañana en la Puerta del Sol bajo el lema "Hay que echarlos".

Fuente: Télam

Los principales cabecillas de la trama de corrupción Gürtel, vinculada al gobernante Partido Popular (PP) español, fueron condenados a penas de hasta 13 años de prisión por irregularidades en la adjudicación de contratos del gobierno regional valenciano para la feria de turismo FITUR entre 2005 y 2009.

Diez meses después de que culminara el juicio de la rama valenciana del caso, el jefe de la red de corrupción Gürtel, el empresario Francisco Correa, recibió su primera condena de 13 años de prisión, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia (TSJV).

El número dos de la trama, Pablo Crespo, y el representante de la red en Valencia, Álvaro Pérez, conocido como "El Bigotes", fueron condenados a 13 y 12 años de cárcel respectivamente.

Entre las condenas más altas figura la de Milagrosa Martínez, ex consejera de Turismo del gobierno valenciano y ex presidenta del parlamento regional, quien recibió nueve años de prisión y 10 de inhabilitación, según la sentencia.

A la ex dirigente del PP se la considera responsable no sólo de no haber hecho un control efectivo de los pagos a las empresas beneficiadas con los contratos públicos, sino de alterar los criterios de las adjudicaciones para beneficiar irregularmente a las empresa del grupo de Correa.

La causa investigó cinco años seguidos de adjudicaciones de contratos para el diseño y montaje del pabellón valenciano de la feria internacional de turismo Fitur, y otros certámenes turísticos por un valor de cinco millones de euros.

El tribunal condenó a 11 de los 13 acusados por delitos de asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.

De acuerdo con el dictamen, la red de empresas de Correa constituía una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios.

El entramado contaba con información privilegiada, lo que les permitía conocer los contratos públicos por anticipados y, en algunos casos, incluso los modificaban a su conveniencia.

Fuente: Télam

El presidente y aspirante a la reelección adelantó que mantendrá una agenda abierta en la reunión que mantendrá con Albert Rivera para que su partido pase de la abstención al voto afirmativo.

El presidente del gobierno español en funciones y aspirante a la reelección, Mariano Rajoy, ofrecerá mañana al liberal Albert Rivera abordar "todos los temas" para lograr que Ciudadanos pase de la abstención al voto afirmativo y así poder formar nuevo gobierno, algo que por ahora se asemeja más a una utopía.

"No decimos no a nada", dijo el vicesecretario sectorial del gubernamental Partido Popular (PP), Javier Maroto, en la víspera del segundo encuentro entre ambos dirigentes políticos desde que Rajoy, vencedor de los comicios del 26 de junio, aceptó el encargo del rey Felipe VI de formar gobierno.

En la primera reunión, Rivera se comprometió a abrir un diálogo directo con Rajoy sobre temas de gobernabilidad como la aprobación de los Presupuestos del Estado, techo de gasto y senda del déficit, pero ratificó que Ciudadanos se abstendrá en la votación de investidura del líder conservador.

En los últimos días, el partido centrista insistió en que no negociará un cambio de posición al respecto, ya que el "Sí" de los 32 diputados de Ciudadanos no garantiza la reelección de Rajoy, quien con 137 diputados necesita la abstención del Partido Socialista (PSOE), con 85, para alcanzar la mayoría simple de un Parlamento con 350 escaños.

Sin embargo, en el PP consideran que el voto afirmativo de Ciudadanos hará posible la abstención del PSOE, que se mantiene firme en el "no" a Rajoy, de ahí que están dispuestos a hacer concesiones.

Uno de los principales obstáculos para la negociación con los liberales había sido la propia figura de Rajoy, al que Rivera vetó por estar manchado por la corrupción que afloró en su partido y, por lo tanto, incapacitado para presidir un gobierno llamado a regenerar la política española.

No obstante, el dirigente liberal dijo la semana pasada que en este momento no tiene sentido cuestionar a Rajoy porque no existe una alternativa. 

Fuente: Télam

Miles de “indignados” volvieron a tomar ayer las calles en distintas ciudades de España para rechazar la reforma constitucional pactada por el gobierno socialista y el derechista Partido Popular (PP) que impone un techo al déficit público, y exigieron ser consultados en referéndum.

La reforma comienza a ser debatida este martes en el Congreso de Diputados y el viernes está previsto que sea aprobada con el apoyo de los dos partidos mayoritarios.

En Madrid, entre 2.000 y 5.000 personas, según estimaciones de los organizadores y la prensa, marcharon desde Atocha hasta la Puerta del Sol, bajo el lema “No a esta reforma de la Constitución. ¡Ni un paso atrás!”.

Durante el recorrido, los manifestantes, que respondieron a la convocatoria de la plataforma Democracia Real Ya y la Asamblea de Sol, volvieron a corear el ya popular “Que no, que no, que no nos representan”.

Al multitudinario pedido a gritos de un “referéndum” se sumó también el reclamo de una “huelga general”.

Además, denunciaron al candidato socialista a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, por apoyar el acuerdo que inicialmente el presidente José Luis Rodríguez Zapatero propuso al líder del opositor PP, Mariano Rajoy.

Entre las siempre originales pancartas podía leerse algunas con frases como: “Quieren constitucionalizar la pobreza”.

En Barcelona, unas 2.000 personas, de acuerdo con los organizadores, marcharon desde Plaza Cataluña por “Las Ramblas” hasta la plaza Sant Jaume; y luego se dirigieron al Parlamento regional.

“Aprovechan agosto para cambiar la constitución”, “PP-PSOE golpistas” o “gobierno de los ciudadanos, no de los mercados”, eran algunas de las consignas que llevaban los manifestantes.

La cabecera de la marcha tenía una pancarta que decía: “No a la reforma constitucional. El Pueblo unido, jamás será vencido”.

Otra pancarta alentaba al resto de ciudadanos a sumarse a la protesta: “Como le explicaras a tus hijos que perdiste lo que ganaron tus padres. Luchando. El futuro es nuestro. Únete”.

También hubo protestas en Valencia, Santiago de Compostela, Bilbao, San Sebastián, Logroño, Málaga, Cáceres, Gran Canaria, Zaragoza, entre otras ciudades.

Los indignados advirtieron en sus manifiestos leídos en las distintas plazas de España que la reforma constitucional “atenta contra el Estado de Bienestar”. Intentan “imponer el beneficio de unos pocos sobre la voluntad de la mayoría”, subrayan.

Asimismo, sostienen que la reforma fue impuesta por los gobiernos conservadores de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para calmar a los mercados financieros.

La reforma, promovida en plena crisis de la deuda por el presidente francés Nicolás Sarkozy, y la canciller alemana, Ángela Merkel, fue anunciada el pasado martes en el Congreso por jefe del Ejecutivo español, José Luis Rodríguez Zapatero, luego de llegar a un acuerdo con el líder del PP, Mariano Rajoy.

En 72 horas, los dos grandes partido habían cerrado ya los detalles del pacto para modificar el artículo 135 de la Carta Magna para introducir el principio de estabilidad financiera en las cuentas públicas y fijar un límite al déficit en una futura ley orgánica.

El pacto PSOE y PP garantiza que la reforma sea aprobada sin referéndum, puesto que los grupos opositores no suman el número mínimo de diputados o senadores necesarios para forzar la consulta popular, que es del 10%.

La única posibilidad de lograrlo es que se produzca un quiebre en el partido socialista, donde surgieron voces disidentes.

El gobierno y la oposición aseguran que el objetivo de la reforma es “reforzar la confianza y la solvencia de España” en plena crisis de la deuda soberana que afecta a la zona euro.

Sin embargo, la izquierda, los sindicatos y los movimientos sociales advierten que el problema de la crisis no es el déficit público sino la deuda privada fomentada por los bancos. También varios Premios Nóbel y catedráticos de Economía señalaron que la reducción del déficit estrangula las posibilidades de recuperación económica y creación de empleo.

Es la primera vez en 30 años que los dos grandes partidos de España llegan a un acuerdo para reformar la Constitución de 1978, cuya única modificación se llevó a cabo en 1992 para adaptarla al Tratado de Maastricht por la incorporación de España a la UE.

Télam

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