24 DE ABRIL DE 2017 |

ALAI AMLATINA, 27/06/2016.- Un banquero de apellido medio oriental que trabaja en Citibank Londres acuñó en febrero del 2012 el término /Grexit/ para definit la salida de Grecia no de Europa sino de la zona euro. El /Financial Times/ y el /Economist /fueron la caja de resonancia contra eso que definieron como propio de países atrasados, que no entienden y que no se esfuerzan. Dijeron “ la posibilidad de salirse de la zone euro se convirtió en real a finales del 2011 cuando a la explosiva política griega se agregó una mezcla de una economia atrasada y finanzas públicas fuera de control.”

Por Oscar Ugarteche

Fue en la propia Gran Bretaña donde estalló no el Grexit acuñado en el 2012 sino el /Brexit/ acuñado por el /Economist /en el 2012 para describir la búsqueda de un renuncia de Gran Bretaña a la Union Europea a través de referendum. Mientras el /Grexit/ se relacionaba a la autonomía de manejo de política monetaria y fiscal en medio de una gran crisis, el /Brexit/ es la salida de británica de la Union Europea a donde ingresó en 1973, muy tardiamente dos décadas despues de formada la Comunidad Económica Europea. Mientras en Grecia era la izquierda la que buscaba la salida del euro, no de Europa, en Gran Bretaña se salían de Europa.

Las derechas fascistas europeas han reaccionado positivamente a la salida británica y los partidos fascistas de Francia, Alemania, Holanda y Dinamarca además de los paises centro europeos de Hungría y Polonia quisieran llamar a una referendum para salirse de Europa. Si el problema del 2012 era que Grecia podría salirse del Euro, el problema actual es la minimizacion de la Unión Europea. En un tablero político internacional donde Estados Unidos quiere quedarse solo con China de contrincante, este es un juego a favor de esa causa y de la desaparición de Europa como actor internacional de peso. Gran Bretaña sale del juego absolutamente y se convierte en un ejercito que puede ser llamado por la OTAN pero donde no tiene espacio ni peso.

Según el Diario /The Independent/ el objeto de llamar el referendum era unificar al pueblo británico en torno al tema de la Unión Europea, asunto que había sido espinoso para los conservadores John Major y Margaret Thatcher. Para unificar a la derecha dividida en UKIP y el Partido Conservador con la izquierda Laborista, pensó que el camino era un referendum donde por dos tercios, como en 1975, se ratificaría la pertenencia. La sorpresa fue el resultado. Votaron el 71% de los votantes que son 46.1 millones de personas. De estos, el 51.9% votó a favor de separarse de la Unión Europea, cuatro millones mas que los que votaron en contra.

*Terremoto financiero*

Un terremoto recorre el mundo financiero tras la victoria de los aislacionistas británicos por 51.9% a 48.1%. El ingreso de Gran Bretaña a la Comunidad Económica Europea fue tardío, en 1973, por iniciativa de un gobierno Conservador. Se ratificó en junio de 1975 tras un referéndum promovido por los Laboristas. Los ciudadanos votaron en 1975, 67% a favor de ingresar y 33% en contra. Así, mientras se contaba el chiste que “Hay neblina en el Canal de la Mancha. El continente está aislado” la histórica animadversión británica a los esquemas continentales fue vencida. Lo que más se parecía a Gran Bretaña en 1975 era Austria en 1922, tras el final del imperio austro húngaro. El deseo austriaco era unirse con Alemania, otro ex imperio pero una república más grande en extensión, y buscó crear una unión aduanera desde fines de los años 20. Eso les daba un mercado ampliado y un respaldo para negociar con el mundo. A diferencia del sueño austriaco, que fue impedido en 1931 por Francia y Checoeslovaquia mediante un juicio en la Corte Internacional; la posibilidad real de tener un mercado europeo ampliado tras el final del imperio le dio a Gran Bretaña oxígeno en un momento de recesión económica severa en los años 70.

La pregunta es ¿qué pasó en los 40 años entre 1975 y 2015 que terminó en que los mismos Conservadores llamaran a un referéndum? Primero está el desplazamiento de la economía británica. Está en el 39º lugar en términos de PIB per capita en el 2015 pero en términos del Ingreso Nacional Total subió del sexto al quinto lugar entre 1970 y 2015. Esta es una medición distinta del Producto Interno Bruto usado más habitualmente pero es a la que hacen referencia Nigel Farage del UKIP, porque contiene los ingresos del exterior que el PIB no contiene.Una parte grande de eso son inversiones en Europa por las condiciones de trato nacional que reciben por ser miembros.

Con una perdida en posiciones mundiales en términos de PIB pero un aumento en términos de INB hay un cambio en la economía británica. Lo que más cambió a Gran Bretaña además del fin del imperio, fueron las políticas de Thatcher que se han generalizado en el mundo, inspiradas en Hayek y la Sociedad de Monte Pelerin. Thactcher abrió la economia a niveles sin precedentes y desindustrializó el país. Polarizó los ingresos y aniquiló las ciudades del norte. Esto vino acompañado por una politica de apertura migratoria para atraer fuerza de trabajo que costara menos.

El resultado tras treinta años es que frente a una economía débil en los tempranos años 70, en la segunda década del XXI, el pueblo británico se siente fuerte, si bien hay un desplazamiento social muy importante. Tienen una tasa de crecimiento economico tenue versus la falta de crecimiento de los paises del continente y la deflación los está afectando tanto. Como siempre, se sienten distintos de los europeos continentales y les ha ido bien, aunque tienen un desempleo de 5% y una caida del salario únicamente después del 2009. Es decir hay una sustantiva mejora del salario real a partir de 1975 pero entre 2009 y 2013 (fecha de la medición fue 2014) hay una reducción de 13.2% para los trabajadores menores de 39 años y de 12.8% para los trabajadores mayores.(/UK Wages Over the Past Four Decades – 2014/. Office for National Statistics, 3 de julio, 2014). Tambien se aprecia que los que menos ganan por hora son los mayores que entraron a trabajar en 1975 a los 21 años que ganan 11.03 libras la hora versus los jovenjes que entrarn a trabajar en 1995 que tras la reducción ganan 12.72 libras la hora. Esto quizás explique en parte la razón del voto mayor contra Europa y del voto joven a favor de Europa.

Y Macri y su Gabinete "son buenos muchachos" que están aprendiendo a gestionar sobre la marcha,
y que llegaron al poder prometiendo una cosa y haciendo otra.

Al parecer la Justicia se maneja con indicios más que con certezas. O así parece. El juez federal Ariel Lijo parece haberle respondido a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien aseguró ayer que "existe un clima de persecución política y hostigamiento mediático", señalando que para él “No hay ningún tipo de persecución política al kirchnerismo o a Cristina”. Pero no. El juez se olvida o no, que sus opiniones se reproducen por distintos medios, algunos son los mismos canales de comunicación que a diario agreden a la sociedad cuando le ocultan la verdad, cuando la transforman, cuando la deforman, cuando la dirigen para sus propios intereses. El pez por la boca muere. Pero el juez le responde también a la Sociedad, que juega un rol importantísimo en ese intercambio intelectual de comunicación. Y a esta altura de las circunstancias, "la Sociedad ya no se deja convencer tan fácilmente". "Ya no se come una", como diría Majul y Niembro, "otros buenos muchachos".

Por Justino

Pero el juez se olvida de que forma parte de un Poder Judicial desprestigiado por alguno de sus miembros, por la falta de celeridad en las causas de todo tipo, y por lo cual no existe Justicia. Lo que sucede, suelen comentar en el Palacio, es que "los jueces también leen los diarios y se sienten presionados". Por lo tanto, actúan en consecuencia. Cuando no un llamado, cuando no una visita al Palacio.

En estos últimos tiempos la Sociedad ha visto con asombro y estupor, cómo algunos integrantes del Poder Judicial le hacen el juego a las corporaciones dominantes en detrimento de los intereses de la mayoría del Pueblo. Llámase jubilados, deuda externa, ley de medios, etc...

El mediatismo es más importante que el deber de otorgar un buen derecho de acceso a la justicia con prontitud, con equidad, dando a cada uno lo suyo.

Las interpretaciones de los jueces en los fallos, por la comisión de un supuesto delito, son distintas en cada caso, no por las circunstancias objetivas de los hechos sino por la importancia del sujeto que supuestamente lo cometió.

Los benditos indicios.

Si fuiste funcionario del Gobierno anterior, "Fuiste". Si sos parte del nuevo Gobierno la cosa parece distinta, "Sos" honesto, legal, derecho, incorruptible, ético, etc...

O sea, investigamos un aporte de campaña de 2007 de más de $ 800 mil pesos, porque nos da un indicio de lavado de dinero, pero no investigamos el origen de los fondos, con los que presuntamente "Paul Singer -uno de los más grandes usureros del mundo financiero mundial- financiara la campaña del actual Presidente Mauricio Macri, con un aporte de 2 millones y medio de dólares", como sostuvo el periodista Greg Palast. O si fue un retorno por el cobro de la deuda en default. O si son capitales mal habidos que ingresaron al país para blanquearlos. O al parecer nuestra Justicia no condena la usura. O los millones de dólares que se llevaron supuestos honorables señores a los paraísos fiscales, sin pagar un solo peso en impuestos, o los que a diario se fugan del País. No actuamos de oficio. No.

Pero claro, eso no es importante para este momento político. Sin embargo, "los benditos indicios", nos dan que Sí, que hay persecución y violencia política y mediática para con todo lo que rodea a la administración anterior o todo lo que se mueva o parezca K. Despidos incluídos.

O sea, no hay Justicia aunque se empeñen en hacernos creer lo contrario.

La Justicia o lo justo sería ir contra todo lo que se parezca a corrupción, malversación, lavado de dinero, a lo que se quiera comprobar que es delito. Pero NO.

Recomiendo que lean "Ojos Vendados", de Andrés Oppenheimer, que aunque no comulgue con su autor, contiene información muy interesante del negocio de la corrupción privada a nivel mundial y en especial en América Latina.

"Dura lex sed lex" - “la ley es dura, pero es la ley”.

Algunos integrantes del Poder Judicial de la Nación no pueden decir lo mismo. Porque la Justicia se pone dura con algunos y blanda con otros, y la ley no es pareja para todos. Por lo cual lo único que siembra y crece día tras día, en la percepción ciudadana, es la duda y la injusticia. Y no alcanza y no alcanzó, el discurso del Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, tratando de hacer un mea culpa al inaugar el año judicial. Lo que resultó más bien fue un discurso político vago y liviano, sin que indicara que ahora la Justicia se pondría los pantalones largos y resolvería los problemas que acarrea en la Sociedad la falta de una buena Justicia. De un Justicia digna, de calidad, que de seguridad a la Gente.

La Justicia no es mala ni buena en sí misma, es Justicia, es la que tenemos, dirán los letrados. Es lo que hay, dirá la Sociedad. Sin embargo, la lentitud o el retardo en Justicia es malo.

Fundamentar un fallo basado en investigaciones periodísticas, y apoyado en presunciones e indicios mediáticos es un mamarracho judicial.
En ese mismo sentido, se puede hablar de la oportunidad.

La oportunidad para acelerar o dormir una causa, al igual que un fallo, también hacen crecer la desconfianza ciudadana sobre una posible connviencia de la Justicia con el poder de turno y con los poderes económicos reales de las grandes corporaciones que siempre han dominado a gusto y piacere, la vida social, política y económica del País.

Para contrariar la sentencia de que la única lección de la Historia es que nadie aprende de las lecciones de la Historia, los cordobeses tenemos una oportunidad única para corregir lo que como escándalo hoy conmueve y eriza a todo el país: la obra pública construida a espaldas de la ciudadanía. Para superar el oscurantismo que ampara esos manejos, el Congreso de la Nación se apresta a sancionar, a más de tres décadas del regreso de la democracia, la Ley de Acceso a la Información Pública, un derecho postergado en nuestro país. Porque la información es un derecho, no una mercancía de propaganda, el que los funcionarios estemos obligados a dar esa información contribuirá a transparentar al Estado en todos aquellos asuntos que tienen que ver con el bien de todos. Especialmente, los temas ambientales, que demandan actitudes de prevención para evitar los daños futuros. Por eso preocupa la construcción del dique que se proyecta sobre el río Carapé, dentro de la “Reserva Natural de la Defensa Ascochinga”, una conquista de los vecinos de La Granja para todos los cordobeses, ya que con esa protección se intentó detener el proceso depredador que ha convertido a nuestra serranía en un lugar vulnerable a la desmesura de las lluvias y los vientos.

Por Norma Morandini

La obra proyectada sobre el curso del Carapé para contener las posibles crecidas del río inundará, en su cota máxima, 32 hectáreas de la Reserva. Con el mal ejemplo del Camino del Cuadrado, que permaneció más tiempo inhabilitado que útil y que hoy se encuentra cerrado por un plazo indeterminado, la nueva obra no puede proyectarse de apuro, con estudios de impacto ambiental imprecisos, sin que se escuche a la ciudadanía y las Audiencias Públicas sirvan nada más que para convalidar decisiones adoptadas de antemano.

No son pocas las irregularidades que nos preocupan. Entre ellas, que la licitación de la obra del dique se haya publicado antes de que se iniciara el proceso para obtener la Licencia Ambiental, formalizado con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental el 12 de mayo. Entre otras carencias, el Estudio no considera los impactos ambientales que generará el desvío de la ruta E 66 y si bien se establece que deben plantarse tres árboles por cada uno que destruya la construcción del dique, no se especifica dónde ni en qué condiciones se implantarán. Las contradicciones no paran ahí: se dispone que la obra demorará un año, pero en el Pliego Particular de Condiciones se fijan 540 días. Además, se le permite al oferente la posibilidad proponer cambios tecnológicos y alternativas de proyecto, lo que convierte al Estudio de Impacto Ambiental en superfluo porque analiza un proyecto que podría no ser el definitivo.
 
Todas estas contradicciones ya fueron advertidas por los vecinos de La Granja, reunidos en la Mesa del Agua, quienes tuvieron un rol relevante a la hora de conseguir que esas tierras fueran protegidas como una Reserva Natural. A la par, es comprensible y atendible la preocupación de los productores rurales de Jesus María, que reclaman obras al gobierno provincial, pero no es admisible que se haga de cualquier manera, sin atender las demandas de los ciudadanos o  vulnerando nuestras propias normas ambientales. Si la democracia es el sistema que nos hace iguales ante la ley y nos obliga a trabajar sobre los conflictos, el Estado no puede promover la disputa entre las regiones sino armonizar las diferencias. Nada muestra más el fracaso de la política que cuando los vecinos deben acudir a la Justicia, tal como sucedió con el amparo que presentaron los vecinos de Jesús María para que el Gobierno de la Provincia diseñara un plan de obras que nos protegiera de las inundaciones.
 
No se trata de no hacer las obras, se trata de no hacerlas a las apuradas, en medio de un área protegida, sin estudios técnicos sobre su viabilidad y sin que las regiones confronten cuando comparten las mismas cuencas hídricas. No deja de ser paradójico que en tanto los vecinos de La Granja debieron organizarse por causa de la falta de agua, los vecinos de Jesus María demanden un paredón que les impida el paso del agua cuando hay crecidas. El trasfondo grave de esa paradoja es que se presente como solución a las inundaciones obras que generarán, precisamente, los impactos ambientales negativos que nos condujeron hasta acá, como la deforestación irracional.

La desmesura climática nos obliga a soluciones integrales. Es la mejor forma de ayudar a los gobernantes para evitar que, tal como sucede en la actualidad, a futuro la Justicia deba juzgar y condenar lo que mal se hizo apuro.

Con nuestros bosques amenazados y nuestra provincia en penitencia por no adaptar su ley provincial al resguardo mínimo legal impuesto por la llamada “Ley de Bosques”, sancionada por el Congreso de la Nación en 2007, fue una muy buena noticia saber que Córdoba había sumado a Ascochinga a sus Reservas Naturales de la Defensa, tal como sucedió con las tierras del Tercer Cuerpo de Ejército. Si la protección de Ascochinga buscó compensar la tala de nuestros bosques serranos para proteger las especies en extinción y el agua que esconden las serranías, la construcción del dique no debiera poner en riesgo ese valor, sobre todo a la luz de lo que nuestro país revisa hoy como escándalo. El cuidado extremo, la planificación y la participación ciudadana son los que evitarán que en nuestro país a futuro se revise en la Justicia lo que mal hacemos por las urgencias y la improvisación.

La sorpresa nos invade cuando abrimos una caja y salta la cabeza de un muñeco adosada a un resorte. Así nos sentimos muchos diputados al recibir el proyecto ómnibus que presentó el Poder Ejecutivo. La razón es que bajo la aceptación general que suelen generar medidas como el pago de las sentencias a los jubilados y mejora de sus haberes, el Poder Ejecutivo presentó una ley que trata al menos cinco cuestiones diferentes: el tema de los jubilados, el blanqueo de capitales, una reforma impositiva regresiva y el acuerdo con provincias para devolverles la detracción del 15% de la masa coparticipable destinada a la ANSES.

Por su envergadura, cada uno de los temas debería tratarse separadamente como leyes particulares, para darle el necesario tiempo de discusión y que la misma se realice en las comisiones específicas. Por ejemplo, el blanqueo no pasa por la Comisión de Finanzas, o el acuerdo con provincias no ingresa por el Senado, como debería ser. Si bien algunas de estas cuestiones pueden parecer técnicas, están debilitando la calidad institucional, objetivo que los diputados de Cambiemos dicen defender y que fue uno de los ejes de su campaña electoral.

Al estudiar el texto siguen surgiendo sorpresas.

La "reparación histórica" a jubilados posee un nombre engañoso pues en el primer artículo se decreta la "emergencia en materia de litigiosidad previsional", dando cuenta de que el objetivo no es beneficiar a los jubilados, sino reducir su capacidad de litigio. Se propone así el pago a los jubilados con sentencias firmes, pero aplicándoles una actualización que vulnera el cálculo de cada juicio y reduce el valor de los retroactivos, así como el haber que cobrarán. El juez dictamina un monto y el Estado paga una suma menor. Por eso se les exige que firmen un "acuerdo transaccional". Pero la litigiosidad probablemente seguirá, puesto que los derechos previsionales son irrenunciables. Además, no se trata de un mutuo acuerdo, porque el jubilado está presionado a aceptarlo por su propia situación. O cobra con el descuento que dan hoy, o el limbo.

Por la aplicación de ese ajuste inferior al que vienen dictaminando los jueces, también se efectúan descuentos en las actualizaciones a quienes tienen juicios sin sentencia firme y a los que no iniciaron juicio pero están en condiciones de cobrar. Debe aclararse una cuestión esencial: estos recálculos alcanzarían estimativamente a sólo un tercio de los jubilados.

Para quienes no tengan los aportes necesarios para jubilarse, se establece la "pensión universal para el adulto mayor" un haber no contributivo y vitalicio, fijado en un 80% del haber jubilatorio mínimo, instalando "jubilados de segunda". La moratoria previsional es inclusiva, les da los mismos derechos a todos; no es el caso de la pensión universal macrista.

También se modifican las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y se intenta derogar la ley sancionada el año pasado, que impide la venta de las acciones en poder del FGS.

Se crea un Consejo de Sustentabilidad Previsional, para que, en tres años, elabore un proyecto de ley para un nuevo régimen previsional universal, “inclusivo, integral y solidario”. No dice estatal o público y no es un olvido.

Este “nuevo” sistema que se intenta crear, más la posibilidad de la venta de acciones del FGS, dan a entender que el gobierno desea el aval legislativo para comenzar a producir una profunda reforma previsional, de la cual no podemos descartar la posibilidad de la inclusión de los privados en distintos niveles de gestión de los recursos previsionales.

Por otra parte, el blanqueo fiscal tiene una característica única: no se requiere la repatriación de los capitales declarados, una exigencia ineludible en los últimos regímenes de exteriorización. Todos los beneficios son para los que exteriorizan, y el Estado apenas tiene como beneficio principal el cobro de la penalidad.
Se plantea, además, una reforma tributaria regresiva, puesto que se bajan las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales y se lo elimina totalmente a partir de 2019, y se exime del Impuesto a las Ganancias la renta de las acciones de empresas, entre otros. El Impuesto a las Ganancias sobre las rentas del trabajo no sufre modificación alguna. La propuesta del Ejecutivo no sólo posee una regresividad total, sino que implica una cesión de ingresos fiscales al segmento de mayores ingresos, mientras se sostiene que no había otra alternativa a los fortísimos aumentos en las tarifas (que tuvieron que sufrir algún recorte por la presión popular). Se elimina el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, tema que favorece a las PyMEs, al igual que la moratoria impositiva.

Se incluye también la aprobación del convenio entre Nación y provincias para la devolución del 15%, asunto que ya se trató en esta columna.

Imposible resumir la gran cantidad de temas que se tratan y normativa que se modifica, y no puede descartarse que surjan nuevas sorpresas. Lo que queda claro es que el gobierno de Mauricio Macri está decidido a cambiar la estructura económica y normativa, virando hacia la esencia del modelo de los noventa. El único freno a esta orientación será la voluntad popular mayoritaria.

Regreso al "primer mundo"

El gobierno se sigue moviendo intensamente para integrarse de forma plena al concierto internacional neoliberal. El presidente Macri viajará a Chile al encuentro de la Alianza del Pacífico (que, además del anfitrión, integran Perú, Colombia y México). Las actuales autoridades siguen jugando sus cartas para ingresar al bloque, en principio como observador. Según la Canciller Susana Malcorra, no existe una dicotomía con el MERCOSUR, ya que de allí parte la integración "que es central para nuestra capacidad de insertarnos en el mundo", una visión en la que prevalecen los lazos comerciales, y no de otra índole, ya que, en sus palabras, "plantearnos como mercado integrado nos da oportunidad de negociar muy grande".

No hay que perder de vista el pedido del gobierno de Brasil para que los países miembro puedan negociar por su cuenta. Con o sin MERCOSUR, la Alianza del Pacífico es una amenaza cada vez más concreta de la misma forma que también lo sería el NAFTA, por añadidura, dado que México participa de ambos acuerdos.

No deja de ser paradójico que todo lo anterior ocurra mientras el FMI sigue reconociendo los efectos de la agenda ortodoxa. En Finanzas y Desarrollo (F&D), una de sus principales publicaciones, señala: "Hay aspectos de la agenda neoliberal (así la llaman ellos) que no han resultado según lo esperado". Las principales conclusiones son: 1) “Los beneficios en términos de incremento del crecimiento parecen difíciles de establecerse”; 2) “Los costos en términos de incremento de la desigualdad son prominentes” y 3) “El incremento de la desigualdad a su vez daña el nivel y la sustentabilidad del crecimiento. Las estrategias de consolidación fiscal –cuando son necesarias- podrían estar diseñadas para minimizar el impacto en los grupos de menor ingreso. Pero, en algunos casos, las consecuencias distributivas tendrán que ser remediadas luego que ocurran, utilizando impuestos y gasto de gobierno para redistribuir ingresos”. Diagnósticos cada vez más acertados, pero que a la hora de la praxis sólo derivan en la utilización de herramientas compensatorias para morigerar los impactos de las “bombas” que lanza el aparato neoliberal. Una conclusión que explica parte de la agenda social que muestra en estos días el gobierno nacional.

(*) Diputado Nacional del Partido Solidario

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