20 DE OCTUBRE DE 2017 |

Inspectores de la Agencia Gubernamental de Control realizaron un importante operativo gracias a las denuncias de vecinos del barrio porteño de Mataderos , con la participación de diferentes organismos gubernamentales.

En un galpón ubicado en Pola al 1900 se desarrollaba ilegalmente un comercio de importación de mercaderías varias. En la parte de atrás había un gran taller que realizaba bolsas de supermercados. A su vez, tenían cocina llena de alimentos de origen chino sin rotular y vencidos con los que realizaban comidas para vender. Los inspectores constataron la violación de clausura del lugar y procedieron a realizar una ampliación de la misma. Además, se constató la coexistencia con vivienda.

Ricardo Pedace, Director Ejecutivo de la AGC, explicó: “Trabajamos en conjunto con los distintos organismos para combatir estos flagelos como la explotación laboral y la trata de personas”.

Dentro del galpón se encontraron a muchas personas que trabajaban de manera irregular, de las cuales dos eran menores de edad, una de 14 y otra de 17 años. La Dirección General de Protección al Trabajo entrevistó al personal en negro. Fueron detectados 11 empleados irregulares y muchos otros que realizaban doble jornada laboral y eran obligados a facturar únicamente por medio turno.

La gran mayoría de las personas trabajaban de 8 de la mañana a 18 hs. por un máximo de $8000 y solo les daban 15 minutos para almorzar la comida que en el lugar mismo elaboraban, según explicaron los mismos trabajadores.

Asimismo, la Dirección Nacional de Migraciones comprobó que 3 personas de nacionalidad china con irregularidades en nuestro país.

El área de Trata de personas detectó a una mujer y a su hija menor de edad que eran sometidas a explotación laboral y a trata de personas ya que vivían en el lugar, trabajan allí y ni siquiera tenían llaves para salir. La Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima las asistió y se llevó a la mujer y a su hija para protegerlas.

La Dirección General de Higiene y Seguridad perteneciente a la AGC decomisó 350 kg de alimentos chinos en mal estado.

Agentes de la Policía de la Ciudad llevaron detenido al encargado del lugar por amenazar a la abogada del titular delante de todos los presentes y amenazar a los trabajadores del lugar con que no les iba a pagar.

“Es importante que ante cualquier irregularidad, los vecinos denuncien estos tipos de lugares al 147”, agregó Pedace.

Así lo advirtió Defensa al Consumidor de la Ciudad, que imputó por presunta violación a la ley 24.240 a dos complejos de cines que informan esa prohibición en su cartelería.

Buenos Aires, 5 de octubre de 2017.- Inspectores de Defensa al Consumidor de la Ciudad realizaron un operativo en los Complejos de cines CINEMARK de Abasto y Palermo, donde constataron que en ambos establecimientos se impone la restricción para los ciudadanos de ingresar con alimentos y/ o bebidas a las salas. En tal sentido, se labraron 2 actas de infracción que tramitarán en la sede del organismo.

"Limitar la libertad de elección de los consumidores es una práctica contraria a nuestro marco legal que resulta abusiva”, afirmó Vilma Bouza, Directora de Defensa al Consumidor de la Ciudad, y explicó: “Comprar una gaseosa o un alimento fuera del Complejo del cine siempre debe ser una opción viable para un consumidor, tanto por su preferencia de marca, precio y/o hasta por razones salubridad en el caso de quienes son celíacos".

La prohibición, informada a los vecinos mediante carteles exhibidos al ingreso del Candy bar, sería violatoria a la Ley de Defensa al Consumidor, que establece que se tendrán por no convenidas las cláusulas que definan una renuncia o restricción de los derechos del consumidor, o bien que amplíen los derechos de la otra parte.

Asimismo, el artículo 8 bis de la ley de Defensa al Consumidor establece para los comercios la obligación de brindar un trato digno a los consumidores. En tal sentido, la obligación de compra de productos en forma exclusiva dentro del complejo resultan contrarias y discriminatorias para los consumidores.

El nuevo código civil define que están prohibidas las prácticas que limitan la libertad de contratar del consumidor, en especial las que subordinan la provisión de productos y servicios a la adquisición simultánea de otros (bienes, productos o servicios), y otras similares que persigan el mismo objetivo.

En este marco legal, se define como abusiva la cláusula impuesta en el cartel que exhiben los complejos de cines por la que se impone la prohibición. De confirmarse la instrucción, los establecimientos podrían ser sancionados con multas de hasta 5 millones de pesos.

Los vecinos pueden reportar infracciones a sus derechos como consumidores a través de la aplicación gratuita para celulares BA 147, que permite subir fotos de las situaciones de infracción y solicitar una inspección que se realiza en un plazo de 72 horas. Estos reportes se pueden realizar también a través de la línea de atención 147.

Defensa al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, recibe las denuncias en forma personal a través de las oficinas que funcionan en las Sedes Comunales, para más información ingresa a www.buenosaires.gob.ar/consumidorconsumidor-. Para conocer más sobre tus derechos, ingresá a Facebook o Twitter y sumate a @BAconsumidor.

La Fiscalía de la Ciudad ordenó una serie de inspecciones en locales comerciales del barrio de Once, el pasado 16 de agosto, con el fin de detectar la comercialización ilegal de artículos de perfumería. Como resultado de los operativos, se secuestraron 3067 perfumes apócrifos de diversas marcas de renombre internacional.

La investigación es llevada adelante por la fiscal Celsa Ramírez, a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35, que resolvió la detención de los responsables de tres locales por comercializar productos potencialmente nocivos para la salud y que estaban infringiendo el artículo 201 del Código Penal. Dos de los locales se encuentran en la calle Paso al 100 y el restante en Bartolomé Mitre al 2300.

Los tres detenidos fueron trasladados, en primer lugar, a la Oficina Central de Identificación del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, y luego a la Fiscalía Nº 35, a fin de recibírseles declaración indagatoria.

El operativo fue realizado por la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad que secuestró 3067 perfumes apócrifos, utilizando marcas como “Giorgio Armani”, “Carolina Herrera”, “Paco Rabanne”, “Ralph Lauren”, “Nina Ricci”, “Kenzo”, “Lancome”, “Dior”, “Lacoste”, “Jesús del Pozo” y similares.

A través de las inspecciones realizadas se constató que los locales mencionados poseían en exhibición y venta perfumes con marcas falsificadas, sin los controles sanitarios adecuados ni el rotulado correspondiente expedidos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

La fiscal Ramírez ordenó el secuestro de la totalidad de la mercadería ilegal, la cual fue inventariada y colocada en bultos cerrados. Además, Intervinieron en la causa organismos como la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección General de Fiscalización del Espacio Público, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la Agencia Gubernamental de Control, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La Fiscalía de la Ciudad requirió una serie de allanamientos simultáneos, en el marco de una investigación contra el delito de la venta de autopartes ilegales, que culminó con la detención de 7 personas y el secuestro de casi 13.000 autopartes y nueve vehículos para desguace. Y 6 autos que recién habían sido robados. Link de vídeo: https://youtu.be/x1D8_WnE9r8

Los operativos simultáneos se llevaron a cabo el pasado 9 de agosto, por orden del Fiscal Miguel Kessler, titular de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 5, y fueron realizados por la División Robo Automotor de la Policía de la Ciudad junto a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana. Estos procedimientos, que lograron detener a 7 individuos integrantes de una banda que se dedicaba al robo y comercialización de repuestos y vehículos, forman parte de una investigación por posible infracción a la Ley 25.761 que regula el desarmado de automotores y la venta de sus autopartes.

El primer allanamiento fue realizado en un local comercial de la avenida Warnes al 1600, el cual no poseía habilitación. Los agentes de la Policía de la Ciudad requirieron la identificación de las personas que allí se encontraban, pudiendo comprobar que uno de ellos era el dueño de un taller ubicado en la calle Maure al 3500, y se lo detuvo.

En ese comercio se secuestraron 60 autopartes, un vehículo marca Citroën modelo Berlingo, en el cual se encontraron 6 llaves que correspondían a establecimientos que estaban siendo allanados en simultáneo. Además se secuestraron 14 celulares, una amoladora de mano, una amoladora de banco y un lápiz grabador eléctrico.

El segundo operativo se realizó en la calle Maure al 3500 y se encontraron 190 autopartes y dos vehículos con prohibición de circular.

Un tercer allanamiento se llevó adelante en un depósito de la calle Iturri al 140, en el cual se secuestró la cantidad de 6200 autopartes entre ellas, puertas, baúles y capots de marca Citroën con grabado de autopartes de provincia y pedido de secuestro.

En el cuarto operativo de la calle Seguí al 2080 se encontraron 6000 autopartes, además de un torpedo de Gol Trend con pedido activo de secuestro.

El quinto procedimiento se realizó en un depósito en la calle Potosí al 4300 y se hallaron 5 automóviles y dos motos. Dos de los automóviles, marca Audi y Ford, tenían pedido de secuestro. También se encontraron 250 autopartes.

Las siete personas detenidas tras los allanamientos fueron trasladadas a la dependencia policial de la zona y cada caso quedó en manos del Juzgado interviniente.

A comienzos de este año, el fiscal Miguel Kessler solicitó inspecciones en numerosos locales de ventas de autopartes en la calle Warnes, las cuales fueron llevadas adelante por la Policía de la Ciudad e inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad. De la investigación surgió que las autopartes que se vendían en uno de los locales de Warnes, provenían de 5 domicilios ubicados en la ciudad de Buenos Aires y otro más situado en Esteban Echeverría, a lo cual el fiscal Kessler requirió sus allanamientos.

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