11 DE DICIEMBRE DE 2017 |

El dirigente del Partido Obrero, Néstor Pitrola, encabezó ayer la columna independiente del sindicalismo clasista y la izquierda que movilizó a Congreso contra la reforma laboral y jubilatoria y denunciando el pacto Macri-CGT-gobernadores.

Pitrola dijo: “Todo lo que implicó esta movilización expresó una crisis entre la dirección de la CGT, que ha acordado con el gobierno estas reformas antiobreras, y la base de movimiento obrero, que rechaza la este ataque brutal a sus derechos y condiciones de trabajo.”

“La convocatoria de un grupo de gremios aún sin paro y mientras la dirección de la CGT la repudió, la movilización reunió cien mil trabajadores. Es indicativo de que si las centrales sindicales llamaran a movilizarse con abandono de tareas contra la reforma laboral y jubilatoria, los trabajadores desbordarían las calles de todo el país, abriendo el camino para derrotar todo este paquete de ajuste, cualquiera sea su estado parlamentario o acuerdo con gobernadores que lo pretenda imponer.”

“La columna independiente organizada por el clasismo que reclamó plan de lucha y denunció el pacto Macri-CGT-gobernadores reunió diez mil trabajadores bajo estas consignas. Esta será nuestra perspectiva, fábrica por fábrica y gremio por gremio, para poner en pie al movimiento obrero contra el paquete de reformas. El 6 de diciembre daremos continuidad con una movilización a Plaza de Mayo, en la convocatoria de los gremios del clasismo, de la izquierda y de la CTA Autónoma.”

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) se movilizará este miércoles 29 de noviembre, junto con las centrales obreras y los movimientos sociales, en repudio al intento de ajuste brutal que pretende llevar adelante el Poder Ejecutivo Nacional a través de los proyectos de reforma impositiva, previsional y laboral que envió al Senado de la Nación.

“Como un calco de los `90, este gobierno vuelve a vendernos las recetas que nos llevaron a una de las peores crisis de nuestra historia: el ataque a los trabajadores, a los jubilados y la concentración de la riqueza en pocas manos, que junto al brutal endeudamiento externo intenta someter a nuestro pueblo a la pérdida de soberanía, la pobreza, la precarización y el desempleo. Los trabajadores no estamos dispuestos a pasar nuevamente por ese infierno y por eso nos movilizamos para frenar estas leyes de ajuste”, señaló Carlos De Feo, Secretario General de CONADU.

Se trata de un paquete de normas que no son “reformas” sino un extraordinario ajuste que tiende a una redistribución regresiva del ingreso, desfinanciando el sistema previsional y los derechos laborales en favor de los sectores concentrados de la economía, en una política que constituye una constante de este Gobierno.

Por un lado, la “reforma laboral” resigna un gran número de derechos conquistados: instaurando la flexibilización de la jornada de ocho horas, eliminando las horas extras, el cálculo de la indemnización por despido, promoviendo convenios particulares a la baja –como en el caso de la UBA- y otros ítems que reducen drásticamente los aportes patronales.

Por otro lado, la modificación del cálculo del haber previsional pretende suplir lo que se dejaría de recaudar a partir de la reforma laboral. En la misma línea pretende desmantelar los regímenes especiales previsionales (donde los trabajadores aportan mucho más que la media), generando confusión al asimilarlos con las “jubilaciones de privilegio”. Y por si fuera poco, da vía libre al aumento de la edad jubilatoria y al retorno del sistema de capitalización privado.

Con esto se consolida una reforma tributaria regresiva, que sólo beneficia a los grupos económicos concentrados descargando todo el costo en los trabajadores y el pueblo argentino.

Medidas integrales que implican una regresión de derechos para jubilados y pensionados, así como para el conjunto de los trabajadores, y resultan contrarias a la Constitución Nacional, que prevé el desarrollo con justicia social y se afirma en la no regresividad de derechos sociales consagrada en los Tratados Internacionales incorporados a la misma.

Por todo ello, la CONADU convoca a la marcha contra el paquete de ajuste impulsado por el PEN a realizarse el día 29 de noviembre, desde las 13.30 horas en la intersección de Callao y Bartolomé Mitre, para marchar al Congreso en defensa de los derechos de todos los argentinos.

Realizarán el miércoles próximo una concentración frente a los tribunales porteños en repudio al fallo que aplicó el cómputo del denominado "2x1" en favor de un condenado por delitos de lesa humanidad. El jueves habrá otra marcha desde el Congreso a Plaza de Mayo.

Las distintas organizaciones de derechos humanos realizarán el miércoles próximo una concentración frente a los tribunales porteños en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicó el cómputo del denominado "2x1" en favor de un condenado por delitos de lesa humanidad, y el jueves marcharán desde el Congreso a Plaza de Mayo, con el mismo propósito.

El miércoles, una docena de organismos de derechos humanos, entre ellos Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S. Capital, convocan a concentrarse a las 18 en la plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, en la calle Talcahuano 550.

“Esperamos que el conjunto de la sociedad nos acompañe para que nunca más haya impunidad en la Argentina, porque lo que no se juzga y se condena, se repite”, afirman los organizadores en un comunicado, firmado también por Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y APDH-La Matanza, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH).

Por su parte, los organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocaron para el jueves a las 17, a una marcha desde el Congreso a Plaza de Mayo, para que “todo el país convierta ese día en una jornada nacional contra la impunidad y la represión”, dijeron en un comunicado.

"Para los genocidas que torturaron, secuestraron y desaparecieron a nuestros compañeros, pedimos cárcel común y efectiva desde hace más de 30 años" dice la declaración que define al fallo de la Corte Suprema como "una verdadera provocación" y "un verdadero mamarracho fascista, pues la regla de aplicar la norma más benigna resulta absurda, ya que la ley del 2x1 no existía en el momento de cometerse los delitos", agregaron.

El miércoles último, la Corte Suprema de Justicia declaró aplicable la ley 24.390 (conocida como ley del 2x1) derogada en 2001, en el caso del represor condenado por delitos de lesa humanidad Luis Muiña.

Los organismos cuestionaron la decisión de la mayoría, constituida por los ministros Elena Highton, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y advirtieron que abre las puertas a partir del caso Muiña para que otros condenados por delitos de lesa humanidad que no tengan sentencia firme soliciten la reducción del tiempo de prisión.

En disidencia, votaron los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes señalaron que esa reducción no es aplicable a los delitos de lesa humanidad.

Fuente: Télam

El Consejo Directivo de la CGT decidió ayer convocar a una movilización para el 7 de marzo al Ministerio de Industria en la que participarán todos los gremios productivos, y días más tarde, en la segunda quincena del mismo mes, a un paro general con movilización.

La CGT convocó una movilización el 7 de marzo y a un paro general en la segunda quincena.

Así lo confirmaron los integrantes del triunvirato de la central obrera, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, luego de varias horas de deliberaciones del consejo directivo en la sede de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra), en Combate de los Pozos 255, de la Capital Federal.

La movilización hacia Producción el 7 de marzo se realizará desde las 15 y, la huelga general nacional y la marcha de la segunda quincena de ese mes, "muy probablemente" sea fijada para el 30 de marzo, en homenaje a los trabajadores reprimidos durante el paro y movilización de 1982, convocados por el cervecero Saúl Ubaldini, entonces secretario general de la llamada CGT Brasil.

La conducción de la CGT ratificó además que "no participará" más en la Mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo -que debía reanudarse este mes- ante "la falta total de confianza en el Gobierno y la crítica situación con el sector empresario".

La reunión tuvo una asistencia casi perfecta: los únicos que no se dejaron ver fueron tres de los más encumbrados miembros de la cúpula sindical: el estatal y secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (Upcn), el mercantil Armando Cavalieri y el constructor Gerardo Martínez (Uocra); quienes presumiblemente estarían de vacaciones.

El 7 de marzo, los dirigentes sindicales difundirán "un duro y crítico" documento y "una propuesta del movimiento obrero" ante "la actual realidad nacional", en tanto Daer explicó que ambas marchas y el paro se realizarán "en defensa del trabajo y la producción, las paritarias libres, los convenios, el sistema previsional, la salud, la seguridad social y la educación" y en rechazo de "la flexibilización y el aumento de las tarifas".

La huelga general de la segunda quincena de marzo comenzará entre las 12 y las 14 para permitir la movilización y participará la totalidad de los sindicatos confederados en la central obrera.

Schmid, quien ofició de anfitrión del encuentro como titular de la Fempinra, señaló que la CGT "está disconforme con la realidad" y ratificó que "el diálogo está y continuará roto en la medida que el gobierno no reaccione y tenga otro enfoque económico", porque "no hubo aciertos en la aplicación de esas medidas".

"Continúa habiendo incertidumbre; el cuadro tarifario y los aumentos en los diversos rubros como peajes, combustibles, prepagas y educación erosiona el poder adquisitivo", afirmó.

Daer dijo que "los empresarios incumplieron las actas firmadas en la Mesa de Diálogo -el pago del bono de 2.000 pesos y el compromiso de no producir suspensiones y despidos-, lo que generó falta de confianza y la decisión de no participar más", afirmó.

El dirigente de la Sanidad acusó al gobierno de "inactividad" y señaló que en las movilizaciones participarán los movimientos sociales, en especial el Evita, y las pequeñas y medianas empresas, en tanto Schmid explicó que "se denunciará la realidad".

"El Gobierno debe tener otro enfoque porque no hubo aciertos en la aplicación de las medidas económicas. La CGT cuestiona muy dura y concretamente esas políticas oficiales", puntualizó el titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt).

Por su parte, Acuña (estaciones de servicio) aseguró que ya hubo "mucho contacto, diálogo y reuniones con los funcionarios y nada se cumplió, lo que demostró que todo lo firmado por el gobierno y los empresarios con el sindicalismo fue verborragia total".

Acuña sostuvo que gobierno y patrones "juegan en conjunto" y, ello, atenta contra "los intereses de los trabajadores, como en el caso de los bancarios, que obtuvieron un aumento paritario y la cartera de Trabajo se negó a homologarlo e impide su cobro".

Schmid adelantó que de forma previa a las movilizaciones se conversará y aunarán tareas con las delegaciones regionales y con "la totalidad de los sectores agredidos por estas políticas".

"La CGT no está conforme con la realidad", dijo Schmid, en tanto Daer explicó que el movimiento obrero acercó en su momento al Senado modificaciones adoptadas respecto de la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) aprobada por decreto oficial.
El dirigente calificó la decisión presidencial como "muy endeble" porque "le quita legitimidad de origen al obviar a Diputados".

Acuña aclaró que la decisión del consejo directivo "no fue una simple movilización o un paro sino el inicio de un plan de lucha progresivo en reclamo del cumplimiento de los compromisos contraídos y el respeto a los trabajadores y al pueblo".

"Cuando algo beneficia a los trabajadores de inmediato se veta. No hay respeto por el Congreso. Hay demasiadas pruebas sobre la mesa. No hay más tiempo de diálogo. Esta situación sólo puede revertirse modificando de cuajo la actual realidad", concluyó Acuña, quien estimó que en un año fueron casi 400 mil los despidos producidos.

Fuente: Télam

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