30 DE MAYO DE 2017 |

El planteo fue hecho en momentos en que el juez Ariel Lijo evalúa ordenar las medidas de prueba pedidas por el fiscal al impulsar la investigación e imputar a Macri y al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad.

El fiscal federal Juan Pedro Zoni pidió implantar el secreto de sumario en la causa que investiga al presidente Mauricio Macri por el convenio de pago entre el Estado y el Correo Argentino, informaron fuentes judiciales.

El planteo fue hecho en momentos en que el juez Ariel Lijo evalúa ordenar las medidas de prueba pedidas por el fiscal al impulsar la investigación e imputar a Macri y al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad.

Fuente: Télam

El ministro de Comunicaciones se mostró a favor de buscar "una alternativa" ante las críticas de la oposición porque, aseguró, no está dispuesto a "cajonear el expediente".

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, reiteró este viernes  que "no hay ninguna quita" en el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri por la deuda del holding por el Correo Argentino y se mostró a favor de buscar "una alternativa" ante las críticas de la oposición porque, aseguró, no está dispuesto a "cajonear el expediente".

"Es un problema y lo tenemos que resolver. No estoy dispuesto a cajonear el expediente", subrayó Aguad en diálogo con radio Mitre, al tiempo que insistió en remarcar que la posición oficial en el litigio se trató de una determinación de su ministerio que no conversó con el presidente Mauricio Macri ni con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

"Esta es una decisión que tomamos en el Ministerio de Comunicaciones. Nunca hablé con el Presidente de este tema. Primero porque no corresponde, se trata del padre de él, y segundo porque sé la respuesta del Presidente", explicó Aguad, quien dijo que en caso de haberlo hecho, el mandatario "lo hubiera sacado volando a defender el patrimonio del Estado".

Por otra parte, el funcionario dijo estar "dispuesto a escuchar alternativas" de la oposición acerca de las diferentes opiniones y las críticas sobre el acuerdo.

"La intención es escucharlos para tratar de buscar una alternativa a lo que se está haciendo, para saber si la crítica es una crítica política o hay detrás de eso una intención para mejorar la situación del Estado", señaló.

El miércoles último, la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, rechazó el acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino -que estaba bajo el control del holding de Franco Macri hasta la quita de la concesión decidida por el entonces presidente Néstor Kirchner en 2003- por una deuda en el marco del concurso preventivo.

El acuerdo establece el pago a la administración nacional de 296 millones de pesos, que Aguad aclaró que serán "600 millones de pesos" porque "el Estado cobra en 15 cuotas el 100% del capital con un interés del 7 por ciento".

"No hay ninguna quita. Yo no puedo recuperar los 3.000 millones que se perdieron por el transcurso de casi 15 años", remarcó Aguad y agregó que como el concurso preventivo estaba "congelado" se perjudicaron también otros 600 acreedores.

El dictamen de la fiscal Gabriela Boquín es que, según los cálculos de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración, el acuerdo implicaría una quita de más de 4.000 millones de pesos ahora y de más de 70.000 millones a 2033 (año hasta el que se extiende el pago negociado).

Fuente: Télam

El organismo librará los oficios correspondientes "fundamentalmente para tomar conocimiento del expediente" y pedir "información a los funcionarios involucrados", adelantó Laura Alonso.

La Oficina Anticorrupción (OA) comenzó a analizar el acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino en el marco del concurso preventivo, y librará oficios para "tomar conocimiento del expediente" y solicitar información "a los funcionarios involucrados", y a partir del análisis, "emitir una recomendación" o realizar aportes a la Justicia en su investigación del hecho.

Así lo reveló esta mañana la titular de ese organismo, Laura Alonso, quien señaló que ayer, tras la lectura "atenta" de los dos dictámenes presentados por la fiscal Gabriela Boquín ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, resolvieron "abrir un expediente" debido a la directa alusión que allí hace la representante del Ministerio Público Fiscal a la Ley de Ética Pública y su "presunta violación".

"Obviamente, como la Oficina Anticorrupción es la autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública, decidimos abrir un expediente", consignó Alonso en declaraciones a radio Mitre.

De esta forma, el acuerdo alcanzado el año pasado entre el Estado Nacional -representado por el Ministerio de Comunicaciones- y el Correo Argentino sumó una tercera investigación, dado que, merced a las cuatro denuncias que cosechó ayer el acuerdo en la Justicia Federal, se abrirá una investigación penal, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) inició una por la vía administrativa.

En este sentido, la titular de la Oficina Anticorrupción reveló hoy que, tras leer "atentamente" los dos dictámenes de la fiscal Boquín, el equipo técnico de la OA resolvió "abrir una actuación", con lo cual "se empezarán a librar los oficios correspondientes, fundamentalmente para tomar conocimiento del expediente, hacer el análisis que corresponda, y quizás pedir información a los funcionarios involucrados".

"Como hacemos siempre, lo que haremos es estudiar el caso y emitir una recomendación o un aporte que pueda solicitar quizás la Justicia en algún momento, porque entiendo que también se han presentado denuncias penales", aseveró la titular de la OA en la entrevista que concedió esta mañana.

Allí, defendió el trabajo de la OA al destacar su "solidez técnica", y puso como ejemplo de eso el dictamen emitido en septiembre pasado en el que se le recomendó al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, que se desprendiera de su participación societaria en la empresa Royal Dutch Shell Plc, en el marco de las normas sobre posibles conflictos de intereses.

Fuente: Télam

La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, consideró "abusiva" la oferta que aceptó el Gobierno por una deuda que mantenía la empresa propiedad de Franco Macri, y dictaminó que debe rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino SA y aceptada por el Estado Nacional, en junio del año pasado, en el marco de un concurso preventivo.

La fiscal general señaló que pudo haber un conflicto de interés en el funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la negociación, al aceptar una oferta “que directa o indirectamente beneficie” a familiares del presidente de la Nación.

El acuerdo que aceptó el Gobierno nacional, a través del Dr. Mocoroa, contempla un plan de pago de 15 cuotas anuales y consecutivas y una más de intereses, y el monto total que terminará de pagar en marzo de 2033 será de $ 1436 millones de pesos.

Además de objetar la quita que aceptó el Gobierno nacional sobre la deuda de Correo Argentino S.A., la representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones "sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quien recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso".

La funcionaria judicial destacó que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.

Este miércoles el presidente Macri le perdonó a su familia más de 70 mil millones de pesos argentinos (4.465 dólares), correspondientes a la deuda de la empresa familiar Correo Argentino con el Estado, la cual lleva más de 15 años varada en los tribunales esperando resolución.

El Correo Argentina S.A., la empresa de Franco Macri, el padre de Mauricio, el presidente de la Nación, quebró en diciembre de 2003. Dos años antes se había iniciado el concurso de la empresa que había sido privatizada durante la presidencia de Carlos Menem.

A mediados del año pasado, el Estado argentino aceptó una propuesta de pago de la deuda de la empresa quebrada que era de su padre, Franco.

Todavía se recuerda un vídeo de una canal de noticias, en el que aparece Franco Macri pidiendo que le estatizen la deuda del Correo porque no la podía pagar.

El Estado era el principal acreedor de Correo Argentino S.A. por la falta de pago del canon que el grupo Macri debía abonar tras hacerse cargo de la concesión del reparto de la correspondencia. Luego de la quiebra el servicio volvió a quedar en manos del Estado.

Ese acuerdo, según la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, “equivale a una condonación” de la deuda y debe considerarse "abusivo" ya que implica una quita de más de $ 4.000 millones en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos.

En otras palabras, sería una quita en la deuda que la empresa quebrada tenía con el Estado que alcanza al 98% .

La propuesta que le hizo el Estado al Gobierno de Macri fue la siguiente: una quita en la deEste miércoles el presidente Macri le perdonó a su familia más de 70 mil millones de pesos argentinos, correspondientes a la deuda de la empresa familiar Correo Argentino con el Estado, la cual lleva más de 15 años varada en los tribunales esperando resolución.

La quita de la deuda es de 70.163 millones de pesos, un 98,82 por ciento sobre el total de la deuda. Es decir, que Macri solo pagará el 1,18 porciento de la deuda que tenían con el Estado. uda de 70.163 millones de pesos, un 98,82 por ciento sobre el total de la deuda. Es decir, que Macri solo pagará el 1,18 porciento de la deuda que tenían con el Estado.

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