24 DE ABRIL DE 2017 |

El ministro de Comunicaciones se mostró a favor de buscar "una alternativa" ante las críticas de la oposición porque, aseguró, no está dispuesto a "cajonear el expediente".

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, reiteró este viernes  que "no hay ninguna quita" en el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri por la deuda del holding por el Correo Argentino y se mostró a favor de buscar "una alternativa" ante las críticas de la oposición porque, aseguró, no está dispuesto a "cajonear el expediente".

"Es un problema y lo tenemos que resolver. No estoy dispuesto a cajonear el expediente", subrayó Aguad en diálogo con radio Mitre, al tiempo que insistió en remarcar que la posición oficial en el litigio se trató de una determinación de su ministerio que no conversó con el presidente Mauricio Macri ni con el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

"Esta es una decisión que tomamos en el Ministerio de Comunicaciones. Nunca hablé con el Presidente de este tema. Primero porque no corresponde, se trata del padre de él, y segundo porque sé la respuesta del Presidente", explicó Aguad, quien dijo que en caso de haberlo hecho, el mandatario "lo hubiera sacado volando a defender el patrimonio del Estado".

Por otra parte, el funcionario dijo estar "dispuesto a escuchar alternativas" de la oposición acerca de las diferentes opiniones y las críticas sobre el acuerdo.

"La intención es escucharlos para tratar de buscar una alternativa a lo que se está haciendo, para saber si la crítica es una crítica política o hay detrás de eso una intención para mejorar la situación del Estado", señaló.

El miércoles último, la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, rechazó el acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino -que estaba bajo el control del holding de Franco Macri hasta la quita de la concesión decidida por el entonces presidente Néstor Kirchner en 2003- por una deuda en el marco del concurso preventivo.

El acuerdo establece el pago a la administración nacional de 296 millones de pesos, que Aguad aclaró que serán "600 millones de pesos" porque "el Estado cobra en 15 cuotas el 100% del capital con un interés del 7 por ciento".

"No hay ninguna quita. Yo no puedo recuperar los 3.000 millones que se perdieron por el transcurso de casi 15 años", remarcó Aguad y agregó que como el concurso preventivo estaba "congelado" se perjudicaron también otros 600 acreedores.

El dictamen de la fiscal Gabriela Boquín es que, según los cálculos de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración, el acuerdo implicaría una quita de más de 4.000 millones de pesos ahora y de más de 70.000 millones a 2033 (año hasta el que se extiende el pago negociado).

Fuente: Télam

El organismo librará los oficios correspondientes "fundamentalmente para tomar conocimiento del expediente" y pedir "información a los funcionarios involucrados", adelantó Laura Alonso.

La Oficina Anticorrupción (OA) comenzó a analizar el acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino en el marco del concurso preventivo, y librará oficios para "tomar conocimiento del expediente" y solicitar información "a los funcionarios involucrados", y a partir del análisis, "emitir una recomendación" o realizar aportes a la Justicia en su investigación del hecho.

Así lo reveló esta mañana la titular de ese organismo, Laura Alonso, quien señaló que ayer, tras la lectura "atenta" de los dos dictámenes presentados por la fiscal Gabriela Boquín ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, resolvieron "abrir un expediente" debido a la directa alusión que allí hace la representante del Ministerio Público Fiscal a la Ley de Ética Pública y su "presunta violación".

"Obviamente, como la Oficina Anticorrupción es la autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública, decidimos abrir un expediente", consignó Alonso en declaraciones a radio Mitre.

De esta forma, el acuerdo alcanzado el año pasado entre el Estado Nacional -representado por el Ministerio de Comunicaciones- y el Correo Argentino sumó una tercera investigación, dado que, merced a las cuatro denuncias que cosechó ayer el acuerdo en la Justicia Federal, se abrirá una investigación penal, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) inició una por la vía administrativa.

En este sentido, la titular de la Oficina Anticorrupción reveló hoy que, tras leer "atentamente" los dos dictámenes de la fiscal Boquín, el equipo técnico de la OA resolvió "abrir una actuación", con lo cual "se empezarán a librar los oficios correspondientes, fundamentalmente para tomar conocimiento del expediente, hacer el análisis que corresponda, y quizás pedir información a los funcionarios involucrados".

"Como hacemos siempre, lo que haremos es estudiar el caso y emitir una recomendación o un aporte que pueda solicitar quizás la Justicia en algún momento, porque entiendo que también se han presentado denuncias penales", aseveró la titular de la OA en la entrevista que concedió esta mañana.

Allí, defendió el trabajo de la OA al destacar su "solidez técnica", y puso como ejemplo de eso el dictamen emitido en septiembre pasado en el que se le recomendó al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, que se desprendiera de su participación societaria en la empresa Royal Dutch Shell Plc, en el marco de las normas sobre posibles conflictos de intereses.

Fuente: Télam

La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, consideró "abusiva" la oferta que aceptó el Gobierno por una deuda que mantenía la empresa propiedad de Franco Macri, y dictaminó que debe rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino SA y aceptada por el Estado Nacional, en junio del año pasado, en el marco de un concurso preventivo.

La fiscal general señaló que pudo haber un conflicto de interés en el funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la negociación, al aceptar una oferta “que directa o indirectamente beneficie” a familiares del presidente de la Nación.

El acuerdo que aceptó el Gobierno nacional, a través del Dr. Mocoroa, contempla un plan de pago de 15 cuotas anuales y consecutivas y una más de intereses, y el monto total que terminará de pagar en marzo de 2033 será de $ 1436 millones de pesos.

Además de objetar la quita que aceptó el Gobierno nacional sobre la deuda de Correo Argentino S.A., la representante del Ministerio Público Fiscal advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones "sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quien recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso".

La funcionaria judicial destacó que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.

Este miércoles el presidente Macri le perdonó a su familia más de 70 mil millones de pesos argentinos (4.465 dólares), correspondientes a la deuda de la empresa familiar Correo Argentino con el Estado, la cual lleva más de 15 años varada en los tribunales esperando resolución.

El Correo Argentina S.A., la empresa de Franco Macri, el padre de Mauricio, el presidente de la Nación, quebró en diciembre de 2003. Dos años antes se había iniciado el concurso de la empresa que había sido privatizada durante la presidencia de Carlos Menem.

A mediados del año pasado, el Estado argentino aceptó una propuesta de pago de la deuda de la empresa quebrada que era de su padre, Franco.

Todavía se recuerda un vídeo de una canal de noticias, en el que aparece Franco Macri pidiendo que le estatizen la deuda del Correo porque no la podía pagar.

El Estado era el principal acreedor de Correo Argentino S.A. por la falta de pago del canon que el grupo Macri debía abonar tras hacerse cargo de la concesión del reparto de la correspondencia. Luego de la quiebra el servicio volvió a quedar en manos del Estado.

Ese acuerdo, según la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, “equivale a una condonación” de la deuda y debe considerarse "abusivo" ya que implica una quita de más de $ 4.000 millones en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos.

En otras palabras, sería una quita en la deuda que la empresa quebrada tenía con el Estado que alcanza al 98% .

La propuesta que le hizo el Estado al Gobierno de Macri fue la siguiente: una quita en la deEste miércoles el presidente Macri le perdonó a su familia más de 70 mil millones de pesos argentinos, correspondientes a la deuda de la empresa familiar Correo Argentino con el Estado, la cual lleva más de 15 años varada en los tribunales esperando resolución.

La quita de la deuda es de 70.163 millones de pesos, un 98,82 por ciento sobre el total de la deuda. Es decir, que Macri solo pagará el 1,18 porciento de la deuda que tenían con el Estado. uda de 70.163 millones de pesos, un 98,82 por ciento sobre el total de la deuda. Es decir, que Macri solo pagará el 1,18 porciento de la deuda que tenían con el Estado.

Un sano ejercicio intelectual recomendado por grandes pensadores consiste en viajar imaginariamente en el tiempo, posicionarse en el futuro y mirar al presente como si fuera pasado. A veces las urgencias del aquí y ahora o el dispositivo comunicacional diseñado para conformar “el sentido común” no nos permiten analizar con lucidez la realidad del país, por lo que si nos vamos unos años para adelante, vemos el 2016 y estos días de 2017, podremos sacar algunas conclusiones.

Por Guillermo Justo Chaves (*)

La primera de ellas es que nos encontramos frente al tercer ciclo neoliberal en Argentina. El primero comenzó en 1976 con la dictadura militar, el segundo en los noventa con la década menemista y el gobierno de la Alianza siguiendo el Consenso de Washington y el tercero en 2016  a través de esta nueva “Alianza”, parte de esta ola que abarca a la región, tal como denunció con firmeza el Papa Francisco en su entrevista reciente al diario El País. Todos sabemos de que manera terminaron las experiencias anteriores aquí. Ahora estamos siguiendo el mismo recorrido: ajuste, inflación, caída del consumo, destrucción de aparato productivo, aumento de la desocupación, ahora el decreto de ART y el camino de la flexibilización laboral, etc. El saldo de las dos primeras experiencias son conocidas: caos económico, político y social.

La segunda de las cuestiones que quedará marcada en los libros y que hoy es minimizada aquí –no en el mundo- es la cuestión de los Panamá Papers y el presidente Macri. Charlie Hebdo, la célebre revista francesa víctima del atentado en París, califica a la cuestión como “terrorismo fiscal” y pone a nuestro presidente -entre otros- en tapa. Hay mucho para decir pero la historia será implacable con esta burla a la credibilidad popular y por supuesto a la ley.

El tercer aspecto que marcará la época y que seguramente será motivo de investigaciones, pases de facturas y acusaciones, tal como ocurrió después de la dictadura y los gobiernos de Menem y De la Rúa será el endeudamiento externo sin precedentes. La toma de deuda para pagar a los buitres y tal como dijo el ministro Caputo para utilizar U$S 22.000 para financiar déficit nos ubica en ese imaginario futuro explicándoles a nuestros hijos el por qué de su destino hipotecado. A eso tenemos que sumarle los U$$ 16.000 que se fugaron en 2016, consecuencia de las políticas del Banco Central. Para colmo como una burla del destino, el buitre Singer, no sólo obtuvo lo que quería con creces sino que compró la aerolínea Avianca, que posiblemente comenzará a operar en cabotaje, que a su vez  ¡que coincidencia! había comprado MacAir la empresa de la familia del presidente.

La transferencia de recursos a los sectores más ricos y concentrados de la economía argentina será otro de los hitos recordados. La regresión o reversión en términos de distribución del ingreso ha sido fenomenal por volumen, por la velocidad y ferocidad de las medidas todas en un mismo sentido. Devaluación, quita de retenciones  a las mineras, al trigo y maíz, baja a la soja, quita de subsidios al transporte y a las tarifas de servicios públicos. De todo esto se ha hablado mucho pero ha tenido impacto directo, tiene y tendrá consecuencias indirectas continuas generando una sociedad cada vez más desigual, a contrapelo de la Argentina de clase media.

Dicho esto y volviendo al presente como hombres y mujeres de la democracia no nos permitimos dudar de la legitimidad del presidente ni del gobierno, a pesar de haber faltado a la palabra y estafado al pueblo en su contrato electoral a través de las mentiras de campaña sobradamente chequeadas. Sin embargo, viendo la ausencia de rumbo político claro -mas allá de las medidas económicas propias del más rancio neoliberalismo tomadas en un primer momento por el ala triunfante en la interna con Prat-Gay, con miras a profundizarse -aunque ahora con Gonzalez Fraga al Banco Nación el gobierno se contradice a sí mismo-, uno se pregunta cuál es el proyecto político del PRO en su versión Alianza siglo XXI, “Cambiemos”.

Podemos comenzar desde el origen sosteniendo, y no en demérito de Macri, sino todo lo contrario reflexionando juntos. Hasta que punto su recorrido no se trató de un proyecto personal sostenido en un complejo edípico resuelto finalmente -o no… “los 5 puntos de mi papá son los 10 de otro…” -, con su llegada  a la presidencia? Todos los políticos que llegan tienen mucho de esto, pero que dirían Freud y Lacan, o sus discípulos de la psicopolítica Zizek o la nueva figura el coreano-alemán Byung Chul Han sobre nuestro caso?

Es decir, un proyecto personal del cual todos conocemos la historia: Sevel (SOCMA), Boca, la Ciudad y la Presidencia. Pero un proyecto político requiere algo más que ese recorrido respaldado por el éxito electoral al que se fueron sumando en el camino muchos argentinos. Ese proyecto político donde se plasma una visión del mundo, brilla por su ausencia. Lo único que se percibe es la idea de llevar al país a un “modelo económico” que coincide con su pertenencia social y el discurso dominante del capitalismo global pero que choca con la cultura y el entramado productivo, laboral y social del país. Lo cierto es que, más allá del discurso de la muerte de los “grandes relatos”, los proyectos políticos se sostienen en una épica, un rumbo y un sujeto al cual interpelar. Al no existir eso se utilizan mecanismos vinculados a la antipolítica, algunos más conocidos como el miedo, que saca lo peor de las personas y otros métodos más actuales: el “big data”, las redes, la posverdad (versión siglo XXI de la mentira de Goebbels), el humor social volátil efímero y superficial, o el odio, pero siempre apelando a los sentimientos más egoístas.

Y como muestra clara de la falta de proyecto político lo vemos en las áreas donde el gobierno debe llevar adelante políticas públicas proactivas donde debe mostrar su sesgo o visión. Y allí encontramos la ausencia de política sanitaria, de política de identidad cultural, de industria cultural, o en materia de ciencia y tecnología. Como dijo un conocido sanitarista émulo de Carrillo -a modo de ejemplo- : “No puede haber proyecto de salud sin proyecto político”.

Lo que sí está es el intento de imponer el modelo económico neoliberal en su tercera versión vernácula. La salida de Prat Gay y la llegada de Dujovne priorizan el nuevo formato de la ortodoxia post-consenso de Washington estructurado alrededor de las “metas de inflación”. En lugar de priorizar “metas de empleo”. Sin embargo los primeros indicadores de 2017 no acompañan la predicción del presidente del Banco Central.

Con respecto a Dujovne, se presenta como un comentarista de la realidad diciendo “lo que hay que hacer” pero no de qué forma. Como diría Gramsci, “el optimismo de la voluntad”. Plantea bajar impuestos, reducir el déficit fiscal (dijo bajar el gasto público). Aumentar inversión en infraestructura (dijo gasto público en infraestructura), combatir el empleo informal. Plantear la reforma laboral, la reforma tributaria, sacar el impuesto al cheque. Muchas medidas contradictorias. En fin, lo rídiculo sería que se transforme en un comentarista de sí mismo. Todo es posible igualmente ya que haciendo gala de un doble standard moral -rasgo distintivo del gobierno- habló de reducir la planta del Estado y el mismo fue empleado del Senado sin asistencia conocida desde 2012. Por lo pronto, nadie habla más de la redistribución del ingreso, uno de los fundamentos de la presencia del Estado en las democracias occidentales hace ya casi un siglo. Ni de reducir la desigualdad, de la que, como ya dije, hubo un aumento peligroso para la estabilidad social.

Desde la oposición peronista -pese al descalabro por la derrota y algunos errores del último gobierno- en el trasfondo se ve la esencia del proyecto: una sociedad más igualitaria, con distribución del ingreso, un Estado presente, una economía sostenida por la producción y las pymes con protección del empleo, entre otras cosas. El peronismo originario y el kirchnerismo ya se encuentran unidos por un hilo de oro en la historia. Sería de necios, distraídos o malintencionados desconocerlo. Pero también es cierto que el futuro demanda renovar la  expresión. Puede ser un “peronismo francisquista” que no debe confundirse con esa versión lavada de laudatismo bobo ecologista funcional a la hipocresía de un sector de la sociedad. La “Laudato SI” es una declaración de guerra -perdón por usar esta palabra en un documento del Santo Padre-, al capitalismo en su versión depredadora: el neoliberalismo recalentado actual. Las declaraciones del Papa a El País en una entrevista internacional ratifica esa postura. También interpela con nueva agenda a las sociedades y Francisco -a la vez-, destila peronismo.

Este 2017 se inició de modo preocupante, un país en recesión con caída de la actividad económica y pérdida de empleo, un intento de rediseño de la economía hacia una matriz, como mínimo exclusiva desde lo social, un ministro de hacienda -comentarista- optimista de la voluntad, un país endeudado y con predicción de inflación más altas que las metas autoimpuestas por el Banco Central. Pero, por sobre todo, un gobierno sin rumbo político claro. Muchos especialistas llaman a este período el tercer ciclo neoliberal en la Argentina. Uno comenzó en 1976, el otro fue en los noventa. Los resultados los conocemos todos. Son parte de nuestra triste historia. El gobierno es el principal responsable que aquello no se repita. Pero desde la oposición el desafío es ofrecerle a la sociedad una alternativa viable, con liderazgo y proyecto, con épica y capacidad para convocar mayorías.

(*)   Magister en Ciencia Política. Abogado. Profesor de Derecho Político. Fue Presidente de la Operadora Ferroviaria S.E. y Director Nacional de Asuntos Políticos y Reforma Política. e/o

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