16 DE ENERO DE 2018 |

La Cámpora salió a cuestionar un nuevo informe de la UIF sobre Víctor Santa María.

"El gobierno nacional a través de Clarín y del Partido Judicial vuelve a embestir contra el sindicalista, presidente del PJ porteño y titular del grupo de medios Octubre".

"Clarín publicó ayer un nuevo informe de la Unidad de Información Financiera denunciando supuestas operaciones en Suiza de lavado de dinero. La denuncia judicial no tuvo notificaciones formales sino que solamente trascendió a partir de medios oficialistas". 

"Es así como el Partido Judicial inicia un nuevo apriete contra el representante del diario Página 12 y la radio AM 750, medios que a nivel masivo encabezan la difusión del brutal ajuste que está llevando adelante el Gobierno nacional". 

"A escasas semanas del tratamiento por parte del Poder Legislativo de la reforma laboral tan ansiada por el gobierno como presionada por el FMI, no sorprende que embistan contra una figura de relevancia política tanto para el peronismo como para la dirigencia sindical que tiene bajo su cargo la definición de seguir informando e investigando de forma crítica y sin titubeos".

"Es sabido el malestar en Mauricio Macri y su equipo ante la investigación de Horacio Verbitsky publicada en Página 12 denunciando el blanqueo de 132 millones de dólares de figuras centrales vinculadas al presidente. Es así como el hermano del presidente Gianfranco Macri, el “hermano de la vida” del mismo, Nicolás Caputo, el primo del jefe de gabinete Marcos Peña, Alejandro Jaime Peña; entre otras personas del círculo íntimo del presidente, se beneficiaron con la medida que impulsó el gobierno nacional para blanquear fondos no declarados. Poco tiempo después de esa nota, Verbitsky se distanció del diario para el cual escribía desde hacía más de 30 años".

"Esta persecución es una más en la escalada contra la dirigencia política y gremial opositora, que utiliza su concentración de poder mediático-judicial en pos de intentar silenciar a los medios críticos a su gestión y a los dirigentes sindicales que no se alinean con la Rosada ante las políticas de ajuste, exclusión y represión".

Hoy fue la primera audiencia en el proceso que se sigue a 16 imputados liderados por los hermanos Ale por asociación ilícita, lavado de activos agravado y comercialización de estupefacientes.

La primera audiencia del debate oral y público a 16 imputados del grupo liderado por los hermanos Ale, por presunta asociación ilícita, lavado de activos agravado y comercialización de estupefacientes, comenzó ayer en San Miguel de Tucumán, según informó la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Hacienda y Finanzas).

La causa, que se elevó al Tribunal Oral Federal de la provincia y en la cual la UIF está constituida como parte querellante, es la de mayor envergadura en la materia hasta el presente.

Sólo por el delito de lavado el organismo individualizó en forma precisa y documentada maniobras por un total de 39,5 millones de pesos, y la utilización de diversas sociedades comerciales tales como Cinco Estrellas, Point Limits y la Trasportadora Leonel.

Las investigaciones realizadas por la Unidad surgen a partir de diversas informaciones provenientes del sistema de prevención de lavado de activos, como los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y la declaración voluntaria de Susana Trimarco, presidenta de la Fundación María de los Angeles.

El anterior titular de la UIF, José Sbatella, impulsó la denuncia en la Justicia Federal luego de una presentación que había realizado Trimarco, madre de María de los Angeles 'Marita' Verón, la joven secuestrada en abril de 2002 para obligarla a ejercer la prostitución en La Rioja, según determinó la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

La causa contra el Clan Ale se inició en febrero de 2013 a raíz de un informe de inteligencia financiera que realizó la UIF, a partir del cual el Ministerio Público Fiscal formuló una denuncia penal.

En el requerimiento del organismo antilavado se señaló la existencia de una asociación ilícita liderada por los hermanos Rubén "La Chancha" Ale -ex presidente del club de fútbol San Martín de Tucumán- y Adolfo "El Mono" Ale.

La banda se dedicaba desde el 2002 a la trata de personas con fines de explotación sexual, cobros extorsivos, defraudaciones, intermediación financiera no autorizada, usurpaciones de propiedades, extorsión, tenencia ilegal de armas de fuego, evasión impositiva y narcotráfico, entre otros ilícitos.

Entre los antecedentes de la causa, el organismo recusó por temor de parcialidad al camarista Ricardo Sanjuán, vinculado con el club San Martín.

La Unidad, que hoy preside Mariano Federici, participó activamente en la causa Ale al proponer medidas cautelares y de prueba, y producir informes técnicos requeridos como colaboración judicial.

Durante el desarrollo de la instrucción se realizaron 61 allanamientos (16 en marzo de 2013 y 45 en noviembre de 2014), declararon dos testigos de identidad reservada y se efectuaron múltiples intervenciones telefónicas.

En la causa rigen medidas cautelares respecto de 15 propiedades inmuebles, 70 vehículos, 1,5 millón de pesos y 72 armas de fuego secuestradas.

Según las previsiones, a lo largo del desarrollo del juicio oral participarán más de 450 testigos a partir de febrero próximo.
En enero pasado, después de estar dos años prófugo, Oscar Dilascio fue detenido en San Salvador de Jujuy por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Era el único de los integrantes del Clan Ale que continuaba prófugo, luego de que Víctor Alberto "Pelao" Suárez, otro supuesto testaferros, fuera atrapado el año pasado.

A la fecha se reunió a más de 450 testigos que citaron las partes, y que estarán testificando a lo largo del desarrollo del juicio oral y público a partir de febrero próximo.

Fuente: Télam

El ex candidato a vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Leandro Santoro, presentó una denuncia contra Mauricio Macri, en la cual está implicado también el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

La denuncia es por la supuesta venta ilícita de bonos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para financiar la campaña política del actual presidente, y por lavado de dinero en sociedades offshore.

La emisión de bonos se dio en 2010, sobre la que el denunciante vinculó también la actividad offshore del intendente de Lanús, en una denuncia presentada ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

El titular de la Procelac, Carlos Gonella, explicó claramente los puntos más importantes de esta denuncia, que se va a anexar a la ya realizada contra Macri por sus sociedades no declaradas en Panamá.

Los compradores de títulos públicos fueron Credit Suisse y una cuenta vinculada, KBR Corporate Finance, de capitales extranjeros. A los pocos meses, el por entonces ministro de Hacienda porteño fue nombrado autoridad de otra empresa offshore radicada en Panamá y apoderado en una cuenta de un banco suizo.

Sospechan que a través del endeudamiento de 475 millones de dólares hubo una maniobra de lavado, que fue luego destinado a financiar la campaña política del PRO.

Así lo informó el juez que entiende en la causa por la "desaparición de persona", Osvaldo Lounge. El abogado de Lázaro Báez fue detenido ayer en la ciudad paraguaya de Encarnación.

El juez misionero Osvaldo Lunge confirmó a Télam que “tras la ratificación de la identidad a través de las huellas dactilares, hemos cerrado la causa de desaparición de persona y ahora el detenido quedó a cargo del juzgado federal, que tiene competencia por los delitos federales que se lo acusa” al letrado apresado en la ciudad paraguaya de Encarnación y luego trasladado a Posadas.

Tras pasar la noche en uno de los calabozos del Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional, Chueco fue trasladado esta mañana al Juzgado Federal Penal y de Instrucción 1 de Posadas, a cargo de la jueza María Verónica Skanata.

Se estima que alrededor de las 11 la magistrada terminará con los trámites de notificación a Chueco sobre su situación judicial, solicitado por el juez Sebastián Casanello, y de inmediato se procederá al traslado vía aérea en un avión de la flota de Prefectura Naval, que ya espera en el Aeropuerto General San Martín de Posadas.

La notificación la realiza la secretaría Nro 2 de ese juzgado, a cargo de la doctora Alicia Borches.

Fuente: Télam

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