24 DE MARZO DE 2017 |

El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que para la remoción de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, “hay un proceso de juicio político en el Congreso”, pero aclaró: “yo creo que el juicio político no es la forma de remoción", en un repotraje que se publicó este domingo en el diario El Tribuno, de Salta.

Garavano explicó que el juicio político para la remoción de Gils Carbó "es una ley de algún modo inconstitucional, que asigna procesos de remoción que no están previstos constitucionalmente. En el caso del juicio político para la Procuradora se pudo haber incluido eso en la reforma constitucional y no se hizo".

Más allá de eso, agregó, "está en manos del Congreso, tanto el juicio político como la Comisión Bicameral de Seguimiento, como la posibilidad de modificar la ley de Ministerio Público que para nosotros sigue siendo muy importante para poder avanzar en una reforma del sistema de Justicia Penal. Yo creo que eso no es una debilidad sino una fortaleza del Gobierno el hecho de que se respeten las instituciones más allá de las críticas profundas que tenemos hacia la Procuradora”.

Por otra parte dijo que “apretar jueces fue una política del Gobierno anterior que se verificó en numerosas situaciones”.

Expresó que los términos “apretar jueces” –que se oye en una escucha a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner- es “bastante clara y no hay mucho que interpretar” y reafirmó que fue una política del kirchnerismo “que se verificó en numerosas situaciones, incluso en proyectos de ley y distintas acciones. Claramente ese no es el camino para un mejor país ni para una mejor justicia”.

Para el gobierno del presidente Mauricio Macri “no hemos hecho ni ataques ni referencias a ninguno de los magistrados, ya sean jueces o fiscales”, afirmó.

Consultado sobre las denuncias de la ex Presidenta sobre persecución política, Garavano respondió: “Eso no es así, hay una sobreactuación para tratar que la discusión sea netamente política”,  incluso –dijo- todas estas filtraciones de viejas escuchas que llevan a discutir generalidades.

Garavano advirtió luego que la Justicia “tiene problemas estructurales y tiene problemas para investigar los hechos de corrupción. El Gobierno siempre ha señalado la necesidad de que los casos judiciales se eleven a juicio, me parece que el desafío del sistema judicial es elevar los casos a juicio para que en juicio oral el fiscal demuestre la responsabilidad de los funcionarios o en definitiva queden absueltos en relación a los hechos sobre los cuales se los investigó. Esa es la gran deuda pendiente de la Justicia”, afirmó.

Sobre la detención de Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru,  en Jujuy, que ya lleva más de un año, el ministro de Justicia aclaró que “es un caso de una justicia provincial, obviamente el Gobierno no tiene injerencia ni en la justicia nacional ni en la justicia provincial. De todas formas el caso hoy ya ingresó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y es ella la que ahora resolverá sobre la detención o no de Milagro Sala o la posible morigeración de la prisión preventiva; son las distintas alternativas que tiene la Corte para abordar”.

“La situación de Milagro Sala no es diferente a la de otros detenidos”, aclaró.

Por otra parte sobre el proyecto de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil afirmó que “es un tema estructural y troncal que lo venimos trabajando” como “tantas otras que tenemos vinculadas al delito y los jóvenes. Nosotros estimamos que para el mes de mayo más o menos va a haber un proyecto de ley ya finalizado. Si logramos consenso político enviaremos el proyecto al Congreso para que se debata. Nos parece central contar este año con un nuevo régimen penal juvenil”, completó.

Fuente: Télam

La ahora ex presidenta fue destituida por 61 votos contra 20, en el final de un largo proceso de juicio político que confirma a Michel Temer como mandatario hasta el 2018. Minutos después, el Senado de Brasil decidió mantener sus derechos políticos.

Dilma Rousseff fue destituida como presidenta de Brasil y será formalmente reemplazada por su vicepresidente MIchel Temer, quien asumirá el cargo este miércoles a las 16, según confirmó el presidente del Senado, Renan Calheiros.

La destitución fue apoyada por 61 votos contra 20 de los integrantes del Senado, que actuó como tribunal del juicio político que se le llevó adelante bajo la acusación de que había cometido alteraciones en la elaboración del presupuesto.

En cambio, el cuerpo legislativo no logró inhabilitarla, ya que en una votación posterior a la de la destitución 42 senadores apoyaron esa opción, 36 sufragaron a favor de mantenerle los derechos y tres se abstuvieron, por lo que no se alcanzaron los dos tercios (54 votos) de la Cámara Alta necesarios.

Rousseff, que había sido electa el 26 de octubre de 2014 por apenas 51,6% de los votos, la menor diferencia de la nueva democracia brasileña tras la caída de la dictadura en 1985, siempre rechazó los cargos que le formularon y denunció que su destitución constituía un golpe de estado parlamentario.

En ese sentido, afirmó que el separado presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, había impulsado el proceso en su contra como venganza porque el poder político no había neutralizado denuncias en su contra por corrupción.

La votación de hoy puso fin a un prolongado trámite que comenzó en diciembre pasado en el Parlamento y fue supervisado en cada uno de sus pasos por la Corte Suprema, como garante constitucional del proceso.

Rousseff fue hallada culpable de alterar los presupuestos mediante tres decretos no autorizados por el Parlamento y de contratar créditos a favor del gobierno con la banca pública, lo cual ha negado durante todo el proceso.

Los 81 legisladores podrán hablar 10 minutos cada uno y la acusación y defensa presentarán sus alegatos durante una hora y media cada uno. La votación se realizará mañana. Seguí la sesión en vivo.

El Senado brasileño inició este martes el debate previo a la votación final en el proceso que le puede costar la destitución a la presidenta Dilma Rousseff, que el lunes, ante la Cámara, denunció que es víctima de un "golpe" para instalar un gobierno "usurpador".

La audiencia es dirigida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, y comenzará con un debate entre la defensa y la acusación.

Según fue acordado con ambas partes, ese debate puede llegar a prolongarse durante unas cinco horas y será la última oportunidad que tanto defensa como acusación tendrán para intentar convencer de sus argumentos al pleno del Senado, constituido en tribunal.

Después, los 81 senadores podrán hablar por 10 minutos cada uno por lo que si se respetan los tiempos, el debate se puede extender por 18 horas.

Para que se apruebe la destitución, será necesaria una mayoría calificada de dos tercios (54 votos) entre los 81 senadores, una cifra que se presume accesible para los favorables a la salida de la mandataria.

Lewandowski aclaró que, cuando concluyan los pronunciamientos, la audiencia será suspendida hasta mañana, cuando el Senado se reunirá para el capítulo final de este proceso que se arrastra desde diciembre pasado.

Antes de la votación, el presidente del Supremo hará una pregunta al Senado: "¿Cometió la acusada, señora Presidenta de la República, Dilma Vanna Rousseff, los delitos de responsabilidad correspondientes a la contratación de créditos en instituciones financieras controladas por el Estado y la apertura de créditos sin autorización del Congreso Nacional que le son imputados y debe por eso ser condenada con la pérdida de su cargo y sus derechos políticos por ocho años?"..

A continuación, dos senadores inclinados a condenar a Rousseff y otros dos que se opongan a su destitución tendrán cada uno cinco minutos para exponer sus alegatos y finalmente se procederá a la votación, por medio de un sistema electrónico.

El resultado se conocerá de inmediato y, una vez proclamado por el presidente del Supremo, Rousseff estará fuera del poder o, por el contrario, si fuera absuelta, recuperaría el cargo y relegaría otra vez a la vicepresidencia a Temer.


"Estamos a un paso de la efectivización de una grave ruptura institucional. Estamos a un paso de que se concrete un verdadero golpe de Estado", dijo el lunes Rousseff en su alocución, en la que defendió su gobierno y acusó a la oposición de haber boicoteado su gestión tras la reelección en 2018.

La mandataria, suspendida en el cargo desde el 12 de mayo último, también denunció al "gobierno usurpador" de su vicepresidente MIchel Temer, y anunció que en caso de ser condenada apelará al Supremo Tribunal Federal porque según ella no cometió delito de responsabilidad contra la Constitución por haber alterado prioridades en el presupuesto 2015.

Temer, por su parte, siguió en el Palacio del Planalto la sesión, confiando en que su base aliada logrará más votos que el piso de 54 que se necesita para condenar a Rousseff, prohibirla de la vida pública durante ocho años y terminar con 13 años de gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). (Télam)

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo apeló a la "paz y el diálogo" para que el país vecino "resuelva esta discusión política compleja de la mejor manera posible".

"En lo económico, vemos con mucha preocupación por el impacto sobre nuestra industria, nuestros productos, nuestro comercio. Ahora vamos a esperar que las nuevas autoridades constituyan su gobierno y seguir trabajando como corresponde entre dos países hermanos", dijo el funcionario, luego de que el Senado de Brasil aprobara un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, quien este jueves dejará el gobierno en manos de su vice Michel Temer por 180 días.

En declaraciones a la TV Pública, Peña afirmó que Brasil "es nuestro hermano, principal aliado estratégico en lo político, lo económico, lo cultural, y todo lo que pase allí para nosotros tiene trascendencia".

El jefe de Gabinete informó que el gobierno argentino está "en contacto permanente con las autoridades brasileñas todos estos días y siempre hemos mantenido una línea de respeto al proceso institucional".

"Las instituciones democráticas están en funcionamiento, a uno le puede gustar más o menos, o tener opiniones políticas sobre cómo se ha votado, pero no es nuestro rol como gobierno opinar sino respetar la soberanía de Brasil, y apelar a la paz y al diálogo para que se pueda resolver esta discusión política muy compleja de la mejor manera posible", indicó.

Previamente, la Cancillería había manifestado esta mañana en un comunicado que Argentina "respeta el proceso institucional que se está desarrollando y confía en que el desenlace de la situación consolide la solidez de la democracia brasileña".

"En tal sentido el gobierno argentino continuará dialogando con las autoridades constituidas a fin de seguir avanzando con el proceso de integración bilateral y regional", dice el texto del Palacio San Martín.

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