16 DE ENERO DE 2018 |

La Cámpora salió a cuestionar un nuevo informe de la UIF sobre Víctor Santa María.

"El gobierno nacional a través de Clarín y del Partido Judicial vuelve a embestir contra el sindicalista, presidente del PJ porteño y titular del grupo de medios Octubre".

"Clarín publicó ayer un nuevo informe de la Unidad de Información Financiera denunciando supuestas operaciones en Suiza de lavado de dinero. La denuncia judicial no tuvo notificaciones formales sino que solamente trascendió a partir de medios oficialistas". 

"Es así como el Partido Judicial inicia un nuevo apriete contra el representante del diario Página 12 y la radio AM 750, medios que a nivel masivo encabezan la difusión del brutal ajuste que está llevando adelante el Gobierno nacional". 

"A escasas semanas del tratamiento por parte del Poder Legislativo de la reforma laboral tan ansiada por el gobierno como presionada por el FMI, no sorprende que embistan contra una figura de relevancia política tanto para el peronismo como para la dirigencia sindical que tiene bajo su cargo la definición de seguir informando e investigando de forma crítica y sin titubeos".

"Es sabido el malestar en Mauricio Macri y su equipo ante la investigación de Horacio Verbitsky publicada en Página 12 denunciando el blanqueo de 132 millones de dólares de figuras centrales vinculadas al presidente. Es así como el hermano del presidente Gianfranco Macri, el “hermano de la vida” del mismo, Nicolás Caputo, el primo del jefe de gabinete Marcos Peña, Alejandro Jaime Peña; entre otras personas del círculo íntimo del presidente, se beneficiaron con la medida que impulsó el gobierno nacional para blanquear fondos no declarados. Poco tiempo después de esa nota, Verbitsky se distanció del diario para el cual escribía desde hacía más de 30 años".

"Esta persecución es una más en la escalada contra la dirigencia política y gremial opositora, que utiliza su concentración de poder mediático-judicial en pos de intentar silenciar a los medios críticos a su gestión y a los dirigentes sindicales que no se alinean con la Rosada ante las políticas de ajuste, exclusión y represión".

La cotización del Bitcoin, la “criptomoneda” más famosa y de mayor capitalización del mundo, ocupa desde hace algún tiempo las portadas de los principales periódicos y sitios especializados en finanzas.

Su estrepitoso crecimiento explica este inusitado protagonismo. Tras comenzar a cotizar en 2009 con un valor de 0,0007 dólares por cada Bitcoin (el valor que por entonces representaba el costo de la electricidad utilizado por una computadora para operar la moneda), su precio oscila actualmente  entre los U$S 10.000 y los U$S 20.000 por unidad.

Un simple ejercicio sirve para dimensionar la magnitud de la suba: quien hubiera invertido diez dólares en Bitcoin al momento de su lanzamiento, tendría en la actualidad tenencias por 234 millones de dólares. Si lo hubiera hecho en 2010, un año después de su lanzamiento, tendría en la actualidad una riqueza de casi 2 millones de dólares.

Una breve cronología

Paradójicamente, Bitcoin se dio a conocer en 2008, en tiempos de crisis financiera internacional. En ese entonces, el misterioso Satoshi Nakamoto (seudónimo bajo el que se presentaba su anónimo creador), sentó las bases para el desarrollo de un nuevo sistema de pagos a partir de una moneda digital.

La creación de Bitcoin desafiaba los principios básicos de la teoría monetaria. En momentos en que los bancos centrales del mundo inundaban de dinero el globo con sus políticas de “expansión cuantitativa”, la propuesta de una moneda electrónica, de operatoria descentralizada, sin una autoridad central que la controlara y con una cantidad de monedas a ser emitidas limitada y previamente establecida congrego gran atención.

Los avances en materia de criptografía y ciencias de la computación, permitieron a la propuesta de Nakamoto resolver los principales desafíos que hasta entonces habían frenado la creación de una moneda enteramente digital. En particular, el sistema atendía los riesgos de falsificación, y permitía también salvar el denominado riesgo del “doble pago”, es decir que una misma moneda electrónica sea utilizada más de una vez. Para ello, creaba una tecnología novedosa (blockchains) que a través de la organización de un sistema completamente descentralizado realizaba los controles y administraba el ritmo de emisión, evitando la dependencia respecto de una agencia de clearing central que pudiera ser vulnerada o manipulada.

Los primeros años resultaron fundamentales para alcanzar los desarrollos del sistema a través de esquemas colaborativos y de programación abierta. A su vez, permitieron afianzar una inicialmente pequeña comunidad usuaria.

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Cambiando su destino de viviendas para las familiar del barrio Carlos Mugica (Ex Villa 31)

CASO 1

En el año 2009[1] se aprobó la Ley n° 3.343 de re-urbanización del Barrio Carlos Mugica (Ex Villa 31-31bis). En cumplimiento de dicha ley se conformó la "Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa para la Urbanización de las Villas 31 y 31 Bis“.

La Mesa trabajó durante un año y el 31 de mayo de 2011 aprobó el "Dictamen Urbanización Barrio 31 Carlos Mugica".

En este Dictamen, actualmente vigente y con fuerza normativa, se decidió destinar los predios conocidos como FlechaBus pertenecientes al Estado Nacional (de aproximadamente 1.6 ha de superficie) a la construcción de viviendas de alta densidad para las familias del barrio.

Ahora, mientras supuestamente el barrio está discutiendo y elaborando su nuevo proyecto de re-urbanización "participativamente", el Pro a través del Decreto N° 928/2017[2], firmado por el Presidente Mauricio Macri, decidió autorizar la venta del predio de Flechabus a fin de que pase a manos privados y así excluirlo del proceso de re-urbanización.

De esta forma, el Gobierno del Pro, tanto el de la Ciudad como a nivel Nacional, ha decidido no destinar estos suelos para la construcción de viviendas para el Barrio Carlos Mugica. Estos serán subastados y vendidos para que empresarios exploten esas tierras. La necesidad habitacional supeditada a la rentabilidad de futuros negocios con la tierra pública.

Además, estos predios ya tendrían comprador. Empleados de la Secretaría de Integración Social y Urbana del GCBA, que conduce Diego Fernández[3], habrían admitido que el terreno se puso a la venta para ser comprado por el Grupo América (Vila-Manzano).

1. La venta de estos predios, los de Containera y el de Libertador casi Esq. Ramos Mejía; la Resolución N° 208/2016 que creó Subprograma de Cesión de Derechos Posesorios sobre Construcción de la Villa 31 y 31 Bis y San Martín que autoriza al GCBA a dar dinero para que las familias se vayan del barrio en violación a la ley N° 3.343[4],  la construcción de viviendas con técnica constructiva que exige constante cuidado y mantenimiento (steel framimg)[5], y con alturas bajas (Pb + 2 pisos y PB + 3 pisos), la escasez de suelo para otorgar una solución habitacional a cada familia del barrio, la ausencia de mecanismos que protejan al barrio frente a la presión del mercado inmobiliaria, llevan a pensar que el proceso de integración social y urbana del Barrio Carlos Mugica está más orientado a la expulsión del mismo con el correr de los años que a su permanencia. Es decir, constituye más un proceso de gentrificación a largo plazo que un proceso de integración social y urbana sustentable por décadas.

2. La venta de este predio también forma parte del Plan Sistemático de Venta de Tierras Públicas[6] que constituye una violación grave de la Constitución porque no son autorizadas por el Congreso de la Nación, único con potestad para autorizar la venta de tierras del Estado Nacional.

CASO 2

Este decreto no sólo autorizó la venta de estos terrenos sino también los predios conocidos como "Containera".

En este predio se están construyendo viviendas para las familias de Cristo Obrero que deben relocalizarse por el cambio de la Traza de la Autopista Illia, obra que cuestionamos en su momento.[7][8] También cuestionamos la forma en que el GCBA ha presionado a las familias para que acepten un relocalización realizada prematuramente cometiendo los históricos errores del pasado[9].

Estos predios pertenecen al Estado Nacional, por lo tanto, se tuvo que firmar un Convenio entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado Nacional y el GCBA. En este el GCBA se obliga a adquirir una fracción de los predios conocidos como Containera, el que corresponde al sector dónde se están construyendo las viviendas.

Si bien la venta del predio de Containera se haría al GCBA para que luego este otorgue la propiedad del mismo a las familias relocalizadas, en la descripción del predio se está habilitando la venta de todo el predio que tiene aproximadamente de 33 ha a 40 ha y no sólo el necesario para transferir la propiedad de las viviendas nuevas.

Con la justificación de la trasferencia de la propiedad del Estado Nacional a las familias se podría estar autorizando la venta de una gran superficie de tierra pública cuyo destino excedería el de satisfacer las necesidades urbanísticas y habitacionales del barrio.

CASO 3

Se hizo referencia de la necesidad de suelo para otorgar una solución habitacional definitiva a todas las familias que viven en el barrio y también para equipamiento urbano.

Al contrario de esta necesidad, el GCBA y el Estado Nacional avanzan con la venta de tierra pública cercana al barrio.

Así el día jueves 30 de noviembre de 2017, la Legislatura aprobará[10] el Proyecto de Ley N° 2534-J-17 para destinar a emprendimientos inmobiliarios un predio del Estado Nacional ubicado sobre la Av. Libertador casi esq. Ramos Mejía (de 2,7 ha de superficie).

Allí se autorizará la construcción de edificios con una altura máxima de 45 m y una capacidad constructiva de 85.000 m2.

Estos predios podrían ser destinados al proceso de re-urbanización del Barrio pero de forma absolutamente inconsulta el PRO avanza con su venta.

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Fuente: Observatorio del Derecho a la Ciudad:
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[1]

[2] Firmado el 10 de noviembre de 2017.

[3] Propietario de la cadena de restoranes Dashi, Sushi Bar-Resto, presidente y CEO de Azist Professional Support Services y manager general de la cadena Persicc

[4] http://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=109

[5] http://www.observatoriociudad.org/panel/biblioteca/20_28_152017%20-%2010%20-%20octubre%20-%2012%20-%20viviendas%20nuevas%20para%20Cristo%20Obrero.pdf

[6] http://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=122

[7] http://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=100

[8] Esta obra ya la cuestionamos[8] por inútil, por no ser prioritaria para los habitantes del Barrio Carlos Mugica, y por tener como principal objeto continuar con el gran negocio con la obra pública. Más de 2.000 millones de pesos nos saldrá a los porteños esta obra que únicamente enriquecerá a las empresas que resultaron adjucatarias: (UTE) conformada por las firmas Panedile, Rovella Carranza y Supercemento.

Esta decisión del gobierno fue aprobada por la Legislatura a través de la ley N° 5.733.

[9] http://observatoriociudad.org/?s=noticia&n=163

[10] Despacho Nº 0645/17: Comisión de Planeamiento Urbano. Despacho de Mayoría:  Ley: Aprobación del Convenio con la AABE y modificación del CPU para diversas parcelas frentistas a la Av,. Gral Paz y otras con el objeto de financiar obras públicas para la construcción de los viaductos del Sistema de Red de Expresos Regionales -RER. Despacho de Minoría (2): Resolución: Archivo. (Exp. 2534-J-17, Jefe de Gobierno). Ley 2ª Lectura.
 
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ADC analizó la legislación y las políticas desarrolladas en el país en relación a la violencia contra las mujeres en el entorno online.

Con la presencia de la digitalización en la vida cotidiana, las maneras de ejercer violencia hacia las mujeres también adquieren nuevas formas: el grooming, la difusión de imágenes no consentidas (o el mal denominado “porno de venganza”), el acoso virtual o el sexting*, son prácticas cada vez más extendidas en la vida online. La legislación vigente, sin embargo, no contiene debidamente esta problemática y es alarmante la falta de denuncias provocada, principalmente, por la vergüenza o humillación de la víctima, la escasez de profesionales idóneos (policías, fiscales, abogados) y el limitado acceso a la justicia por parte de las mujeres.

Estas son algunas de las  conclusiones del informe “Estado de la violencia online contra las mujeres en Argentina. Informe presentado ante la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer”, elaborado por ADC con la colaboración de Fundación Activismo Feminista Digital.

“Cabe aclarar que la violencia de género existe como un correlato de una violencia que ya existe “offline”, y que se asienta sobre una distribución desigual de poder entre varones y mujeres, generando infinidad de consecuencias en nuestras pautas de socialización y el modo en que nos relacionamos”, señala Jeannette Torrez, socióloga e investigadora del área digital de la Asociación por los Derechos Civiles, a cargo de la elaboración del informe. “Es así necesario considerar a la violencia hacia las mujeres en ámbitos online como, lisa y llanamente, violencia hacia las mujeres”, aclara Torrez.

Dada la inexistencia de estadísticas oficiales en acoso virtual y difusión no consentida de imágenes íntimas, para el desarrollo de este informe, ADC contó con el valioso aporte de la  Fundación Activismo Feminista Digital, ONG que recibe y atiende denuncias al respecto. “En estas condiciones de carencia de información precisa sobre la magnitud del fenómeno, es necesario dotar a los programas actuales de lucha contra la violencia de género de una perspectiva que incluya el fenómeno digital”, concluye la investigadora Jeannette Torrez.

Por otro lado, llama la atención que la única respuesta del Estado ante la violencia hacia las mujeres en el entorno online esté orientada a la generación de soluciones legislativas punitivas. En este sentido, debe atenderse a que la mera creación de penas no puede resolver la complejidad de esta problemática. Cabe preguntarse acerca de si una polìtica estatal punitiva por sí sola puede disuadir efectivamente a los varones de ejercer una violencia arraigada en roles, estereotipos y mandatos sociales.

En este sentido, este informe busca advertir acerca de la necesaria consideración de políticas públicas que persigan objetivos adicionales a la penalización: la educación, prevención, capacitación de operadores judiciales, concientización social y empoderamiento de la mujer en el uso de las tecnologías.

*Conceptos técnicos:
 
*Grooming:
Acciones realizadas por adultos para establecer contacto con menores utilizando medios informáticos con el objeto de ganarse la confianza de los mismos y de esa manera obtener contenido personal y/o sexual o, incluso, acceder a un encuentro que posibilite la materialización de un abuso físico.
 
*Difusión de imágenes no consentidas o el mal denominado “porno de venganza”:
Divulgación sin consentimiento de material gráfico y audiovisual sexual  con la intención de humillar, intimidar o extorsionar a una persona, una mujer en la mayoría de los casos.

*Pornovenganza:
Es importante destacar que el término Revenge Porn es equívoco, pues la pornografía es una práctica sexual que no persigue el sometimiento de la otra persona a través de la difusión no consentida de las imágenes sexuales de las que fue parte. Por otro lado, tampoco es ‘revenge’ o venganza, ya que dichos términos están cargados de un sesgo que apunta a un supuesto de merecimiento por parte de la víctima.

*Sexting:
Difusión voluntaria a través de internet de imágenes o videos con contenido erótico o sexual protagonizado por quien lo envía.

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