20 DE FEBRERO DE 2018 |

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que no podrá dictarse educación religiosa en las escuelas públicas de la provincia de Salta en horario escolar o como parte del plan de estudios.

El pasado marteS 12, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial de educación que integra la formación religiosa a los planes de estudio e incluso invalidó la obligación de los padres de manifestar si desean que sus hijos reciban educación religiosa.

“Estamos muy contentos y satisfechos con la decisión de la Corte. Es para nosotros un fallo de enorme trascendencia”, dice Torcuato Sozio, Director Ejecutivo de ADC. “Celebramos que el máximo Tribunal haya receptado nuestro argumento de base al sostener que un sistema educativo provincial que discrimina y atenta contra el principio de neutralidad religiosa, es contrario a nuestra Constitución”.

En 2010, ADC había presentado, en conjunto con un grupo de padres en desacuerdo, un amparo colectivo en contra del Estado Provincial- Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, planteando la inconstitucionalidad de la Ley Provincial de Educación en sucesivas instancias procesales. Tras distintos fallos de la Justicia salteña en favor del gobierno local, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ayer se logró un veredicto a favor.

Una de las características fundamentales que adquiere la tradición de la educación en el país, tras la sanción en 1884 de la Ley 1420 (de educación común, gratuita y obligatoria), es la de la ‘neutralidad religiosa’. Es por ello que desde ADC, resaltamos las palabras de la Corte al afirmar: “el respeto a todas las creencias –incluyendo aquellos que eligen no creer- es una base fundacional de la convivencia pacífica entre los distintos credos y comunidades que pueblan la Argentina, sin que pueda sostenerse ninguna preferencia: esta ecuanimidad del Estado frente a las creencias de sus habitantes da sentido al principio de neutralidad religiosa”.

Resulta necesario que en la escuela se pueda acceder a una formación neutral, en la que sean explicadas las religiones como fenómenos históricos y culturales, sin que en esa explicación introduzca preferencias de una creencia sobre otra. “De lo contrario, se favorecerían conductas discriminatorias hacia los niños y niñas que no integran el grupo religioso predominante ni ningún otro, generando, de este modo, mayor desigualdad”, sostiene la propia Corte en consonancia con la posición a la que adscribimos desde ADC.

En Salta, la ley provincial que regía desde el año 2008, contemplaba la enseñanza de la religión católica de forma curricular. Además de la falta de respeto por la libertad religiosa y de pensamiento, la normativa salteña generaba una fuerte estigmatización de los estudiantes que no profesan la fe católica, ya que eran excluidos de la enseñanza curricular, sin ninguna actividad sustantiva complementaria.

“La creencia religiosa es algo privado y la coerción para revelarla genera graves afectaciones de derechos humanos. En ese contexto, aceptar como principio que alguien pueda ser obligado a revelar sus creencias religiosas, por más insignificante que pudiera parecer en algunos supuestos, es abrir una grieta en el sistema de derechos fundamentales”. Desde ADC, manifestamos nuestra plena conformidad con lo dictaminado por la Corte Suprema y esperamos que su implementación subsane en lo inmediato la violación a principios constitucionales en que se ha incurrido hasta la fecha.

"Un paso más hacia un sistema previsional más justo"

Los miembros de la Mesa Ejecutiva de la Coalición Cívica Ari Ciudad de Buenos Aires celebraron el  fallo judicial de segunda instancia del fuero de la Seguridad Social, que declaró inconstitucional que los haberes jubilatorios estén alcanzados por el impuesto a las ganancias. Al respecto afirmaron que “el fallo da respuesta a uno de los reclamos históricos de este partido y se encuentra en la misma línea en la que trabajan nuestros diputados nacionales.”

"El proyecto de ley para eliminar el impuesto a las ganancias a jubilados, que presentaron los diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Sánchez, es oportuno ya que viene a dar el debate en el Congreso con el contexto del reciente fallo de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social. No es correcto aplicar el impuesto a las ganancias a los jubilados, ya que el mismo no es un salario, sino una prestación social para lo que el ciudadano ha realizado aportes a lo largo de su vida laboral", señalaron desde la Mesa Eejecutiva.

El proyecto presentado por Elisa Carrió y Fernando Sánchez busca derogar todo tipo de excepción al pago del Impuesto a las Ganancias, para todos los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a su vez eliminar este tributo respecto de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios. "Vemos imprescidible avanzar en las reformas necesarias para crear un sistema impositivo y previsional más justo, para lograr que los jubilados reciban una menor carga impositiva" finalizaron diciendo los referentes de la CC-ARI ciudad.

"Nuestra posición es clara: los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes", dijo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, al rechazar al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aplicó el 2X1 de reducción de penas a un condeno por la represión ilegal durante la dictadura.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró este lunes que "los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes", al inaugurar junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el intendente Jorge Macri una muestra itinerante de Ana Frank en el partido bonaerense de Vicente López.

"Nuestra posición es clara: los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes. La única forma de aliviar el dolor, de reparar en algo el sufrimiento de las víctimas, de los sobrevivientes y sus familias, es con respuestas justas. No hay otra respuesta más que la respuesta justa, no puede haber atajos para que haya alivio al dolor", sostuvo Vidal en declaraciones formuladas en ese acto, realizado el Centro Cultural Trabucco de Vicente López.

En ese marco, Vidal opinó que se debe respetar "la división de poderes, pero también nuestra propia libertad de decir lo que pensamos”.

"La memoria, para los que gobernamos, es como en la vida: defender valores, los valores que hacen que estas situaciones de horror no se repitan", prosiguió, y agregó que ”memoria es mucho más que conmemorar las fechas importantes, que incorporar discursos políticamente correctos”.

En este sentido, añadió que "el mejor legado frente a tanto horror, no sólo en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, sino en lo que también pasó en nuestro país, es el aprendizaje y la Justicia", e insistió con que "ésa es la mejor manera de sostener la memoria”.

En la inauguración de la muestra estuvieron, además de Vidal, Rodríguez Larreta y Jorge Macri, el secretario de Derechos Humanos nacional, Jorge Avruj; y el provincial, Santiago Cantón; el ministro de Cultura provincial, Alejandro Gómez; el juez federal Sergio Torres; el director del Centro Ana Frank Argentina, Héctor Shalom; y el presidente del Museo del Holocausto en Argentina, Marcelo Mindlin.

También estuvo presente Albert Gomes de Mesquita, sobreviviente del Holocausto y compañero de escuela de Ana Frank, que está visitando por primera vez el país.

En ese marco, Vidal le manifestó a Albert Gomes de Mesquita, que "el mejor legado es lo que los chicos pueden aprender, porque nadie se los va a quitar", y sostuvo que la muestra itinerante inaugurada "apuesta a un aprendizaje sobre la no discriminación, sobre el respeto hacia el otro, sobre el encuentro en las diferencias, sobre decir 'no' con firmeza y templanza ante el atropello”.

Albert Gomes de Mesquita, que nació en Ámsterdam en 1930, tiene 86 años. Vivía con sus padres y su hermana cuando las tropas del Tercer Reich invadieron Holanda, en mayo de 1940. Fue compañero de Ana Frank en el Liceo Judío. Su nombre, figura en una de las traducciones de El Diario de Ana: “Albert Gomes de Mesquita es un chico que ha venido del colegio Montessori y que se ha saltado un curso. Es muy inteligente”. Al igual que ella, debió esconderse para salvar su vida.

El proyecto es impulsado por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, en colaboración con el Centro Ana Frank Argentina y tiene como objetivo promover en los adolescentes responsabilidad ante la inclusión social, a través de muestras que reconstruyen la emblemática historia de Ana Frank.

Convoca a adolescentes, de entre 15 y 20 años, a capacitarse en un período de dos días para luego ser guías durante las muestras. Hace foco en los jóvenes que por algún motivo quedaron fuera del sistema escolar.

El proyecto dura seis meses, que se extenderán hasta octubre próximo.

Cada muestra estará presentándose de 15 a 20 días consecutivos en los municipios de Quilmes, San Isidro, Lanús, Pilar, La Plata y Tres de Febrero, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La primera de ellas se lleva a cabo en este municipio, desde hoy (lunes 8 de mayo) hasta el 22 del corriente mes.

Fuente: Télam

La decisión de la mayoría constituida por los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sostuvo que el beneficio de la ley penal más benigna resulta extensivo y se aplica "siempre" a todos los delitos, sin distinción alguna.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, declaró aplicable el cómputo del 2x1 para el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el Hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires.

VER La Corte declaró aplicable el 2X1

La decisión de la mayoría constituida por los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sostuvo que el beneficio de la ley penal más benigna resulta extensivo y se aplica "siempre" a todos los delitos, sin distinción alguna.

Con este argumento, declaró aplicable en el caso del represor condenado Luis Muiña la Ley 24.390 (conocida como 2x1), que estuvo vigente entre 1994 y 2001, cuando fue derogada, y que computa dos años por cada uno efectivamente preso a partir de los dos años de prisión preventiva.

En disidencia, votaron en minoría los jueces Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, y Juan Carlos Maqueda, quienes argumentaron que ese beneficio no es aplicable a lo condenados por delitos de lesa humanidad.

El fallo de la Corte Suprema fue dictado en el caso del represor Muiña, en la causa "Bignone, Benito A. y otro s/recurso extraordinario", por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas, en el partido bonaerense de Morón.

Condenado a 13 años de prisión, Muiña integró durante la dictadura la patota parapolicial que se organizó bajo el nombre de "Swat", integrada por una decena de personas y que operó dentro del Posadas, donde creó el centro clandestino de detención conocido como "el chalet".

La sentencia condenatoria de 2011 quedó firme el 21 de agosto de 2013, cuando la Corte declaró inadmisible un recurso extraordinario de la defensa.

En setiembre de 2013, el Tribunal de primera instancia aplicó al caso el 2x1 y estableció por ese cómputo que la condena estaría cumplida el 11 de noviembre de 2016, pero esa resolución fue anulada por la Cámara Federal de Casación Penal, que consideró que el beneficio era “inaplicable” al caso, en fallo recurrido ante la Corte por la defensa de los sentenciados.

Muiña fue condenado como coautor de los delitos de privación ilegal agravada en concurso con imposición de tormentos en perjuicio de cinco víctimas: Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff.

El expediente señaló que estos delitos derivaron de una operación represiva del 28 de marzo de 1976, que empleó tanques, helicópteros y comandó en persona el genocida Reynaldo Bignone, que ocupó el Posadas y detuvo ilegalmente a cinco trabajadores del establecimiento asistencial.

Estos secuestrados fueron encerrados en el centro clandestino de detención conocido como “el chalet”, que funcionaba en el predio del hospital y donde los cautivos fueron torturados.

En el fallo divulgado por el Centro de Información Judicial (CIJ), la mayoría del Máximo Tribunal sostuvo que el Estatuto de Roma, instrumento jurídico internacional destinado a juzgar a acusados por delitos gravísimos tales como genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, "incorpora el principio de la ley más benigna" y su carácter imperativo.

Para Lorenzetti y Maqueda, en cambio, sobre los delitos de lesa humanidad "no se ha dado ningún cambio en la valoración", son de "carácter permanente" y, "si durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes".

En sentido opuesto al fallo de la Corte, en marzo de 2014 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación había hecho lugar al recurso del fiscal Martín Niklison contra el cómputo de la pena de los condenados Bignone y Muiña.

Según Niklison, era inaplicable el 2x1 al caso, entre otras razones, porque la ley que contempla ese cómputo "no se encontraba vigente ni al tiempo de cometerse los hechos objeto del proceso ni durante los períodos temporales dentro de los cuales los procesados cumplieron la detención preventiva". En la causa, Bignone y Muiña fueron detenidos el 30 de septiembre de 2007.

Además, recordó que durante los siete años de la vigencia de la ley del 2x1 Bignone y Muiña gozaban de la impunidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto y Final.

Fuente: Télam

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