18 DE OCTUBRE DE 2017 |

"Un paso más hacia un sistema previsional más justo"

Los miembros de la Mesa Ejecutiva de la Coalición Cívica Ari Ciudad de Buenos Aires celebraron el  fallo judicial de segunda instancia del fuero de la Seguridad Social, que declaró inconstitucional que los haberes jubilatorios estén alcanzados por el impuesto a las ganancias. Al respecto afirmaron que “el fallo da respuesta a uno de los reclamos históricos de este partido y se encuentra en la misma línea en la que trabajan nuestros diputados nacionales.”

"El proyecto de ley para eliminar el impuesto a las ganancias a jubilados, que presentaron los diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Sánchez, es oportuno ya que viene a dar el debate en el Congreso con el contexto del reciente fallo de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social. No es correcto aplicar el impuesto a las ganancias a los jubilados, ya que el mismo no es un salario, sino una prestación social para lo que el ciudadano ha realizado aportes a lo largo de su vida laboral", señalaron desde la Mesa Eejecutiva.

El proyecto presentado por Elisa Carrió y Fernando Sánchez busca derogar todo tipo de excepción al pago del Impuesto a las Ganancias, para todos los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a su vez eliminar este tributo respecto de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios. "Vemos imprescidible avanzar en las reformas necesarias para crear un sistema impositivo y previsional más justo, para lograr que los jubilados reciban una menor carga impositiva" finalizaron diciendo los referentes de la CC-ARI ciudad.

"Nuestra posición es clara: los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes", dijo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, al rechazar al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aplicó el 2X1 de reducción de penas a un condeno por la represión ilegal durante la dictadura.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró este lunes que "los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes", al inaugurar junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el intendente Jorge Macri una muestra itinerante de Ana Frank en el partido bonaerense de Vicente López.

"Nuestra posición es clara: los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes. La única forma de aliviar el dolor, de reparar en algo el sufrimiento de las víctimas, de los sobrevivientes y sus familias, es con respuestas justas. No hay otra respuesta más que la respuesta justa, no puede haber atajos para que haya alivio al dolor", sostuvo Vidal en declaraciones formuladas en ese acto, realizado el Centro Cultural Trabucco de Vicente López.

En ese marco, Vidal opinó que se debe respetar "la división de poderes, pero también nuestra propia libertad de decir lo que pensamos”.

"La memoria, para los que gobernamos, es como en la vida: defender valores, los valores que hacen que estas situaciones de horror no se repitan", prosiguió, y agregó que ”memoria es mucho más que conmemorar las fechas importantes, que incorporar discursos políticamente correctos”.

En este sentido, añadió que "el mejor legado frente a tanto horror, no sólo en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, sino en lo que también pasó en nuestro país, es el aprendizaje y la Justicia", e insistió con que "ésa es la mejor manera de sostener la memoria”.

En la inauguración de la muestra estuvieron, además de Vidal, Rodríguez Larreta y Jorge Macri, el secretario de Derechos Humanos nacional, Jorge Avruj; y el provincial, Santiago Cantón; el ministro de Cultura provincial, Alejandro Gómez; el juez federal Sergio Torres; el director del Centro Ana Frank Argentina, Héctor Shalom; y el presidente del Museo del Holocausto en Argentina, Marcelo Mindlin.

También estuvo presente Albert Gomes de Mesquita, sobreviviente del Holocausto y compañero de escuela de Ana Frank, que está visitando por primera vez el país.

En ese marco, Vidal le manifestó a Albert Gomes de Mesquita, que "el mejor legado es lo que los chicos pueden aprender, porque nadie se los va a quitar", y sostuvo que la muestra itinerante inaugurada "apuesta a un aprendizaje sobre la no discriminación, sobre el respeto hacia el otro, sobre el encuentro en las diferencias, sobre decir 'no' con firmeza y templanza ante el atropello”.

Albert Gomes de Mesquita, que nació en Ámsterdam en 1930, tiene 86 años. Vivía con sus padres y su hermana cuando las tropas del Tercer Reich invadieron Holanda, en mayo de 1940. Fue compañero de Ana Frank en el Liceo Judío. Su nombre, figura en una de las traducciones de El Diario de Ana: “Albert Gomes de Mesquita es un chico que ha venido del colegio Montessori y que se ha saltado un curso. Es muy inteligente”. Al igual que ella, debió esconderse para salvar su vida.

El proyecto es impulsado por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, en colaboración con el Centro Ana Frank Argentina y tiene como objetivo promover en los adolescentes responsabilidad ante la inclusión social, a través de muestras que reconstruyen la emblemática historia de Ana Frank.

Convoca a adolescentes, de entre 15 y 20 años, a capacitarse en un período de dos días para luego ser guías durante las muestras. Hace foco en los jóvenes que por algún motivo quedaron fuera del sistema escolar.

El proyecto dura seis meses, que se extenderán hasta octubre próximo.

Cada muestra estará presentándose de 15 a 20 días consecutivos en los municipios de Quilmes, San Isidro, Lanús, Pilar, La Plata y Tres de Febrero, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La primera de ellas se lleva a cabo en este municipio, desde hoy (lunes 8 de mayo) hasta el 22 del corriente mes.

Fuente: Télam

La decisión de la mayoría constituida por los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sostuvo que el beneficio de la ley penal más benigna resulta extensivo y se aplica "siempre" a todos los delitos, sin distinción alguna.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, declaró aplicable el cómputo del 2x1 para el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el Hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires.

VER La Corte declaró aplicable el 2X1

La decisión de la mayoría constituida por los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sostuvo que el beneficio de la ley penal más benigna resulta extensivo y se aplica "siempre" a todos los delitos, sin distinción alguna.

Con este argumento, declaró aplicable en el caso del represor condenado Luis Muiña la Ley 24.390 (conocida como 2x1), que estuvo vigente entre 1994 y 2001, cuando fue derogada, y que computa dos años por cada uno efectivamente preso a partir de los dos años de prisión preventiva.

En disidencia, votaron en minoría los jueces Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, y Juan Carlos Maqueda, quienes argumentaron que ese beneficio no es aplicable a lo condenados por delitos de lesa humanidad.

El fallo de la Corte Suprema fue dictado en el caso del represor Muiña, en la causa "Bignone, Benito A. y otro s/recurso extraordinario", por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Hospital Posadas, en el partido bonaerense de Morón.

Condenado a 13 años de prisión, Muiña integró durante la dictadura la patota parapolicial que se organizó bajo el nombre de "Swat", integrada por una decena de personas y que operó dentro del Posadas, donde creó el centro clandestino de detención conocido como "el chalet".

La sentencia condenatoria de 2011 quedó firme el 21 de agosto de 2013, cuando la Corte declaró inadmisible un recurso extraordinario de la defensa.

En setiembre de 2013, el Tribunal de primera instancia aplicó al caso el 2x1 y estableció por ese cómputo que la condena estaría cumplida el 11 de noviembre de 2016, pero esa resolución fue anulada por la Cámara Federal de Casación Penal, que consideró que el beneficio era “inaplicable” al caso, en fallo recurrido ante la Corte por la defensa de los sentenciados.

Muiña fue condenado como coautor de los delitos de privación ilegal agravada en concurso con imposición de tormentos en perjuicio de cinco víctimas: Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff.

El expediente señaló que estos delitos derivaron de una operación represiva del 28 de marzo de 1976, que empleó tanques, helicópteros y comandó en persona el genocida Reynaldo Bignone, que ocupó el Posadas y detuvo ilegalmente a cinco trabajadores del establecimiento asistencial.

Estos secuestrados fueron encerrados en el centro clandestino de detención conocido como “el chalet”, que funcionaba en el predio del hospital y donde los cautivos fueron torturados.

En el fallo divulgado por el Centro de Información Judicial (CIJ), la mayoría del Máximo Tribunal sostuvo que el Estatuto de Roma, instrumento jurídico internacional destinado a juzgar a acusados por delitos gravísimos tales como genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, "incorpora el principio de la ley más benigna" y su carácter imperativo.

Para Lorenzetti y Maqueda, en cambio, sobre los delitos de lesa humanidad "no se ha dado ningún cambio en la valoración", son de "carácter permanente" y, "si durante su lapso de consumación rigieron dos leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2 del Código Penal, donde se debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes".

En sentido opuesto al fallo de la Corte, en marzo de 2014 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación había hecho lugar al recurso del fiscal Martín Niklison contra el cómputo de la pena de los condenados Bignone y Muiña.

Según Niklison, era inaplicable el 2x1 al caso, entre otras razones, porque la ley que contempla ese cómputo "no se encontraba vigente ni al tiempo de cometerse los hechos objeto del proceso ni durante los períodos temporales dentro de los cuales los procesados cumplieron la detención preventiva". En la causa, Bignone y Muiña fueron detenidos el 30 de septiembre de 2007.

Además, recordó que durante los siete años de la vigencia de la ley del 2x1 Bignone y Muiña gozaban de la impunidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto y Final.

Fuente: Télam

La infanta Cristina fue absuelta por el caso Nóos, mientras que su marido, Iñaki Urdangarin, fue condenado a seis años y tres meses de cárcel.

La infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, fue absuelta, mientras su marido, Iñaki Urdangarin, recibió una condena de 6 años y tres meses de prisión por el histórico caso Nóos, que puso por primera vez a la Corona española en el foco de una trama de corrupción.

El fallo, publicado hoy por la Audiencia Provincial de Palma, considera que la infanta Cristina es inocente de los delitos fiscales que se le imputaron aunque deberá pagar 265.000 euros en concepto de responsabilidad civil por haberse lucrado con el dinero evadido por su marido.

Urdangarin recibió una pena de 6 años y tres meses de prisión, siete años y medio de inhabilitación y una multa de 512.553 euros por un delito continuado de prevaricación en concurso con falsedad en documento público y malversación de caudales públicos; un delito de fraude a la Administración Pública; un delito de tráfico de influencias; y dos delitos contra la Hacienda Pública.

El tribunal considera probado que Urdangarin y su ex socio Diego Torres saquearon más de 6 millones de euros públicos a través de una trama urdida por ambos, quienes utilizaron el Instituto Nóos, una supuesta fundación sin fines de lucro, para adjudicarse negocios con administraciones públicas que estaban en manos del conservador Partido Popular (PP) sin que mediara contrato alguno.

Torres, condenado a 8 años y seis meses de prisión, se lleva una pena más alta, mientras el ex presidente de las Baleares Jaume Matas, otro de los implicados en la trama, recibió una pena de 3 años y ocho meses de cárcel.

Las penas de la sentencia quedan muy lejos de lo solicitado por el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, quien pedía 19 años de prisión para Urdagarin y 16 años y medio para Torres.

La infanta sólo fue acusada por el seudo sindicato Manos Limpias, que pedía para ella una condena a ocho años de prisión, mientras la Fiscalía mantuvo en todo momento su inocencia.

Aunque el fallo no es definitivo y la sentencia no está firme, Manos Limpias, cuyo presidente está bajo investigación por extorsión, anticipó que no presentaría una apelación.

Fuente: Télam

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