24 DE OCTUBRE DE 2017 |

 El diario estadounidense The New York Times publicó un duro editorial contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy por la violencia utilizada por los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir la celebración del referéndum de autodeterminación en Catalunya.

"La brutalidad de la Policía española el domingo en su misión para impedir el referéndum de secesión catalán tuvo su mayor éxito profundizando la crisis política", escribe el periódico estadounidense.

"Cataluña muestra el fracaso de España en crear un Estado federal moderno".

Para el autor del artículo de The New York Times, Roger Cohen, Rajoy "tenía la ley de su lado, pero ahora Barcelona tiene las imágenes de televisión y la solidaridad y simpatía que generan, haciendo que el primer ministro parezca un matón intransigente y alejando la posibilidad de una solución política al conflicto".

La jornada electoral se saldó con 893 personas atendidas por los médicos debido a agresión policial, según el Departamento de Salud catalán; por su parte, el Ministerio del Interior de España menciona que hay 431 agentes heridos.

El diario La Nación pidió ayer el cese de la prisión que cumplen condenados por crímenes de lesa humanidad y justificó el terrorismo de estado, en un editorial que tituló "No más venganza", ásperamente criticado por referentes de derechos humanos y del que tomaron distancia partidarios del presidente electo Mauricio Macri y periodistas del matutino.

"La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos", comenzó La Nación la nota publicada un día después del balotaje presidencial y destinada a promover el fin de los juicios de lesa humanidad y liberar a los condenados.

En réplica a este editorial, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, señaló que "si pedir justicia significa (para La Nación) venganza, tienen desvirtuado el concepto de justicia", ya que en los juicios a represores la Justicia Federal "ha aplicado el debido proceso y los principios de legalidad".

En declaraciones a Télam, el funcionario recordó la nulidad de las leyes de impunidad, declarada en el 2003 por el Congreso Nacional y en el 2005 por la Corte Suprema.

Fresneda añadió que la Argentina cumple con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, como "todos los países que forman parte de este sistema, tienen la obligación de ajustarse a sus fallos".

Por su parte, consultado sobre el editorial de La Nación, el dirigente del PRO Cristian Ritondo respondió que Macri declaró esta mañana que durante su presidencia "la justicia tendrá plena independencia para que los jueces sigan trabajando en todos los juicios de lesa humanidad".

También optó por desmarcarse de la nota la senadora Norma Morandini, del Frente Cívico por Córdoba y partidaria de Macri en el balotaje.

"Es un editorial inoportuno, que no tiene nada que ver con lo que está viviendo una Argentina post electoral. Yo no tengo nada que ver. Se me pone ahí, cuando precisamente combato la idea de los dos demonios porque hay un solo demonio, el de la violencia política", dijo la senadora Morandini, invocada por el texto de La Nación como si compartieran una misma mirada sobre los derechos humanos, en lo que consideró "una utilización".

La legisladora, quien recientemente había publicado en La Nación una nota de opinión, se deslindó en forma tajante del editorial al subrayar: "yo no propicio el fin de los juicios, mucho menos cuando se ha leído el alegato sobre la desaparición de mis dos hermanos, Néstor y Cristina, desaparecidos en la ESMA".

También periodistas de La Nación como Hugo Alconada Mon, Mariana Verón, Laura Rocha y Patricio Insua, entre otros, se distanciaron del editorial y abogaron por la continuidad de las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura.

En el mismo diario, una asamblea convocada por las comisiones internas de prensa y gráficos aprobó esta tarde un repudio "al editorial contra juicios de lesa humanidad" y señaló que, desde la diversidad, rechaza "la lógica que pretende construir el editorial de hoy, que en nada nos representa".

Para el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, La Nación incurrió en "una apología del delito porque está reclamando el cese de una supuesta conducta de venganza, cuando se trata de crímenes de lesa humanidad que, bajo cualquier régimen político de cualquier país que haya suscrito los tratados de derechos humanos, que la Argentina ha ratificado e incorporado como cláusula constitucional, forzosamente debían ser juzgados bajo las mismas pautas que operaban en la Argentina".

"Es lamentable que el primer editorial (después del balotaje) de un diario que se pretende prestigioso sea la proclama del estado terrorista y su abyecta defensa", dijo Barcesat a esta agencia.

En el mismo sentido, se pronunciaron otros referentes de derechos humanos y la agrupación HIJOS de Capital escribió en la red social: "Algunos cambian. Nosotros seguimos: ¡cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas!".

El nieto recuperado y diputado nacional Horacio Pietragalla (FpV) sostuvo a su vez que las autoridades de La Nación "no anduvieron con vueltas para expresar su rechazo a nuestra política de derechos humanos" y lo hicieron "un día después del triunfo de Mauricio Macri para presionar con su posición", y advirtió: "No vamos a permitir que haya un paso atrás en la política de derechos humanos".

(Agencia Prensa Armenia) - A raíz de una carta de lectores firmada por el embajador de Azerbaiyán, Mammad Ahmadzada, en el diario La Nación el martes 2 de septiembre en respuesta a una editorial del mismo medio titulada "El futuro de Nagorno Karabaj", distintas personalidades relacionadas con los temas armenios mostraron su rechazo y repudio a los contenidos vertidos en la carta.

El embajador de Armenia en la Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, Vahagn Melikian, recordó que "en 1988, de plena conformidad con las leyes vigentes sobre la secesión de las unidades administrativas de la ex Unión Soviética, el Consejo Supremo de Nagorno Karabaj hizo uso de sus derechos constitucionales y resolvió solicitar la transferencia de la región autónoma a la República S.S. Armenia, decisión política civilizada que fue respondida por las autoridades de Azerbaiyán con los terribles pogromos de Sumgaít, con el asesinato de civiles inocentes, y la persecución y amenaza de muerte a medio millón de armenios que vivían en todo el territorio de Azerbaiyán".

"Ante el peligro de un nuevo genocidio, esta vez a manos de azeríes, la población armenia de Nagorno Karabaj, más de las tres cuartas partes del total, emprendió la autodefensa y se aseguró la victoria frente al ejército regular de Azerbaiyán, restituyendo los territorios a sus pobladores históricos", explicó Melikian, y añadió que "el 2 de setiembre de 1991 declaró su independencia y se constituyó democráticamente en la República de Nagorno Karabaj".

El Dr. Roberto Malkassian, profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la UBA, indicó que "los armenios de Karabaj ejercen su derecho a la autodeterminación conforme al derecho internacional, porque nada los une a un pueblo que los discriminó y mantuvo en el más paupérrimo de los subdesarrollos". Con relación a los principios de integridad territorial a los que hizo referencia el Embajador azerí, Malkassian destacó que, según la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (La Haya) sobre la independencia de Kosovo, "ese principio no es aplicable al caso de Karabaj".

"¿Es el choque de los nacionalismos irredentos y militarizados el modo de resolver el conflicto de Nagorno Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán? ¿Por qué molesta tanto su reconocimiento como estado independiente? Sencillamente porque pone en contradicción los dos principios que sostienen el sistema interestatal hoy en crisis: la integridad territorial de los Estados y la autodeterminación de los pueblos. Con un elemento histórico del que no se puede prescindir: no se le puede pedir al pueblo armenio, víctima del primer genocidio del siglo veinte –que aún no ha sido reconocido por el estado que lo perpetró– renunciar a su derecho a la autodeterminación en las tierras que habitó y habita", opinó Fabián Bosoer, politólogo, periodista, editor del diario Clarín y veedor internacional en las elecciones presidenciales de Nagorno Karabaj del año 2012. "En el actual contexto internacional, la soberanía de los estados adquiere legitimidad en tanto y en cuanto estos estén en condiciones de garantizar la integridad soberana de los pueblos que los habitan. Allí está esta pequeña república del Cáucaso mostrando su existencia, al cabo de más de veinte años, esperando una solución justa y pacífica a otro conflicto detrás del cual rugen los ventarrones de guerras y odios seculares".

El Consejo Nacional Armenio, que emitió un comunicado el 2 de septiembre por el 23º aniversario de la declaración de independencia en Karabaj, expresó que "la consolidación de la República de Nagorno Karabaj es un proceso irrefutable, en la medida en que a pesar de todas las dificultades ha logrado establecer no solamente mecanismos institucionales desde lo formal, sino que ha sabido comprender el rol que la voluntad popular puede tener en la construcción de un Estado".

"Todo aporte desde otras naciones a su reconocimiento pleno es una contribución a la paz en la región y a garantizar la seguridad de su población. Esto sólo será posible en la medida que Azerbaiyán abandone sus pretenciones de 'recuperar' algo que nunca ha perdido, porque nunca le perteneció. El pueblo de la República de Nagorno Karabaj defiende y construye cotidianamente su propio destino", finaliza el comunicado.

Reposo firmó un convenio con el presidente de la Asociación de Entidades Oficiales
de Control Público del Mercosur (Asur), Marco Peixoto

El síndico General de la Nación, Daniel Reposo, exigió la inmediata rectificación del diario La Nación por los agravios contra su persona en un editorial de ayer titulado "La Idoneidad en la Función Pública, Requisito Olvidado"y advierte que, en caso de no hacerlo, iniciará acciones judiciales.

En un comunicado distribuido hoy, el funcionario señala que "el diario La Nación, en su editorial de este sábado 21 de diciembre de 2013 llamada "La Idoneidad en la Función Pública, Requisito Olvidado" acusa al síndico general de la Nación, Daniel Reposo, de no tener méritos profesionales para el cargo, de incapacidad, prepotencia y servilismo".

Manifiesta que "el diario La Nación, que parece haber olvidado las más elementales reglas del periodismo que pasan por la búsqueda de la información, el chequeo de fuentes y el constatar con los implicados los datos que se disponen, jamás realizó una sola comunicación a SIGEN para solicitar detalles laborales de Reposo".

Prosigue que "si lo hubiera hecho, habría comprobado que el hoy titular de la Sindicatura ingresó a los 20 años y realizó una destacada carrera profesional en el organismo, pasando por diversas áreas, gerencias, sindicaturas jurisdiccionales, unidades de auditoría interna, es decir, conoce profundamente las particularidades del control público".

En sus 4 años de labor al frente de Sigen, Daniel Reposo impulsó una fuerte capacitación y profesionalización del personal, contando hoy con 191 profesionales que ingresaron por Concurso, lo que le permite a la Sindicatura tener recursos humanos altamente calificados y comprometidos con el crecimiento y mejora sostenida de la Administración Pública Nacional.

Reposo también estimuló nuevas herramientas de control como lo es la Red Federal de Control Público, integrada por Sigen, 47 Tribunales de Cuentas y Organismos de Control provinciales y municipales, y los Ministerios de Desarrollo Social, Salud, Educación, Trabajo, Planificación Federal y Agricultura. Próximamente se incorporará la Jefatura de Gabinete de Ministros. La competencia de esta Red abarca la totalidad del territorio nacional, lo que garantiza la correcta aplicación de los programas sociales, llegando a los que lo necesitan, concretando la inclusión y la justicia social.

En su gestión se creó y consolidó el Instituto Superior de Control de la gestión Pública, lo que permite transmitir conocimientos vitales para quienes gestionan y quienes controlan.

También llevó adelante planes anuales y quinquenales, tableros de mando, mapas de riesgo, lineamientos y normativas para el sistema de control interno, certificación de calidad avalada por norma IRAM - ISO 9001:2008, la supervisión de la aplicación adecuada de normas y procedimientos administrativos y que el Poder Ejecutivo Nacional pueda alcanzar sus objetivos de gobierno con eficiencia y eficacia.

Estos logros de gestión están marcados por una fuerte impronta de Responsabilidad Social del Funcionario Público, un valor que adoptó el cuerpo gerencial y administrativo del organismo, como así también los Síndicos Jurisdiccionales y de Empresas. Así se conformó una unidad que siente orgullo por la cosa pública y por el trabajo para el otro, porque detrás de un expediente hay un derecho, hay una necesidad.

Siendo lo anterior sólo un resumen de su gestión, el Síndico General de la Nación, Daniel Reposo, le exige al diario La Nación la inmediata rectificación de lo consignado en la editorial con respecto a su persona, ya que ha demostrado su capacidad e idoneidad a lo largo de 26 años en el ámbito del control y la administración pública.

De no rectificar el diario La Nación su postura, el Síndico General de la Nación, Daniel Reposo, le iniciará acciones judiciales por el daño que le genera en lo personal, finaliza diciendo.

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